La denuncia de la Fiscalía, fruto de las diligencias abiertas a raíz de las informaciones publicadas por LA OPINIÓN sobre la construcción de edificios sin licencia en la Universidad, se extiende a dos construcciones. Una, ya terminada, es el primer módulo del área científica del parque tecnológico, en el campus de Elviña, que, denuncia la Fiscalía, está "erigido en un espacio libre destinado para aparcamiento". La otra, un edificio de apartamentos sin concluir en el aparcamiento situado detrás de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, en el campus de A Zapateira, "ejecutado sin licencia" en "suelo calificado en parte como viario y en parte como zona verde". A juicio de la Fiscalía, ambas obras son "ilegales e ilegalizables".
El Ministerio público, en la fase de diligencias, solicitó los expedientes administrativos sancionadores y de reposición de la legalidad instruidos por el Ayuntamiento, que se dirigen, según consta en la denuncia, contra el exvicerrector de Infraestruturas, los tres directores de las obras y la empresa constructora, Dragados. Tras analizarlos, la Fiscalía concluye que los hechos son, "por sí mismos, suficientemente indiciarios" de la existencia de "supuestos delitos urbanísticos" según "los artículos 319 y siguientes del Código Penal". Este artículo determina que "se impondrán penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, e inhabilitación especial para profesión de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o considerados de especial protección". Ante estos delitos, el Código Penal establece, además, una multa de doce a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito cometido superase el importe de la sanción, en cuyo caso la multa será igual a ese beneficio o hasta tres veces más.
La Fiscalía solicita al juzgado que requiera a la Universidad "la totalidad de los expedientes" de que disponga sobre ambas construcciones, entre los que cita las resoluciones para la ejecución de los edificios, la identidad de quienes "resolvieron realizar la construcción", los contratos con la constructora, e informes sobre "la existencia de solicitud de licencia" y sobre la concesión de los permisos.
La Universidad rehusó ayer hacer declaraciones sobre la denuncia de la Fiscalía y esta redacción intentó, sin éxito, contactar con Xosé Lois Martínez y César Portela. En sus últimas declaraciones públicas sobre este caso, después de que LA OPINIÓN informara de la remisión del proceso del Ministerio público al juzgado, el rector, Xosé Luis Armesto, se declaró confiado de que la "colaboración máxima" con el Ayuntamiento a raíz de que se destapara la construcción de edificios sin licencia permita encontrar "una solución razonable". "La aprobación del nuevo Plan General (de Ordenación Municipal) facilitará la resolución del problema", afirmó.
Xosé Lois Martínez, al que el anterior rector, José María Barja, destituyó como vicerrector por estas obras sin permiso, fue quien admitió estas irregularidades, que justificó por ser, dijo, la única opción de acometerlas. Martínez reconoció que la Universidad no había solicitado las licencias al Ayuntamiento "porque no las iba a conceder" y alegó que la institución académica había pactado con la Administración municipal una revisión del plan general para permitir estas construcciones. Ese cambio no ha llegado a entrar en vigor.
En las diligencias abiertas de oficio por la Fiscalía a raíz de las informaciones de LA OPINIÓN, el Ministerio público requirió al Ayuntamiento que acreditara si existían "construcciones realizadas sin licencia urbanística municipal" en los campus de Elviña y de A Zapateira, y, de ser así, que informara de las "fechas de realización" y de "la clasificación urbanística del suelo". Además, la Fiscalía demandaba al Ayuntamiento que concretara "la existencia de expedientes de reposición de la legalidad urbanística quebrantada". El Ayuntamiento incoó "expedientes administrativos sancionadores y de reposición de la legalidad" por las construcciones acometidas por la Universidad.
La Administración local ha remitido esos expedientes, seis según el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, entre cuyas competencias figura ordenar la reposición de la legalidad urbanística ante obras sin licencia en zonas verdes, espacios libres, dotaciones o equipamientos públicos. La Fiscalía solicita al juzgado que recabe de la Axencia "todos los datos técnicos" de las dos construcciones objeto de denuncia y un exhaustivo informe en el que consten la superficie ocupada en suelo destinado a viales o zonas verdes, el importe de la obra realizada en esas superficies, el valor de la demolición, y la fecha de inicio y conclusión de la edificación.
* El País - MARCOS MOSQUERA - 19.2.12
Foto: Xosé Lois Martínez (izquierda) y César Portela, ante uno de los edificios que el fiscal cree ilegales. / víctor echave
1 comentarios :
Pués se dice que van a construir otra fase de este proyecto, que fue licitado como un edificio único y se construye por partes. ¿Será posible?
Madre del amor hermoso, hasta aquí podríamos llegar!!!
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