Sevilla.- Protesta para reclamar la urbanización de sus viviendas

ELCORREOWEB* : Los socios de la cooperativa de viviendas Sol del Sur, adjudicataria en 2007 del concurso promovido para enajenar diversas parcelas del Polígono Aeropuerto (Sevilla Este), llevarán a cabo mañana una concentración a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para reclamar a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) que finalice la urbanización de las parcelas donde han sido levantadas sus viviendas. El objetivo es lograr la pertinente de autorización que les permita habitar sus pisos, cuyas obras ya están terminadas.
El abogado del colectivo de afectados informó en un comunicado de que EPSA tenía la obligación de hacerse cargo de la urbanización de las fincas, pues estas "se vendieron como urbanizadas y así se pagaron, ya que hasta en el pliego de condiciones del concurso estaban descritas como urbanizadas". Sin embargo, la realidad con las que se han encontrado, según explicó el letrado del colectivo, es que las obras de urbanización "ni siquiera habían empezado a la fecha de la compraventa".

A tal efecto, el colectivo de cooperativistas advierte de que, mientras en mayo de 2011 finalizó la construcción de las viviendas en cuestión, "la entrega de las mismas no es posible, puesto que la Gerencia de Urbanismo, cumpliendo con la legalidad, no concede la licencia de primera ocupación hasta que no estén terminadas las obras de urbanización" del solar en el que está ubicada la promoción. Es decir, la Gerencia no permitirá la ocupación del inmueble si no están las calles y las acometidas de agua y luz terminadas.

"Tenemos las viviendas terminadas y no podemos acceder a ellas porque EPSA, desde 2007, no ha sido capaz de concluir la urbanización. Mientras, nosotros hemos ejecutado en su totalidad la construcción de 117 y 104 viviendas respectivamente, debiendo asumir los gastos financieros y demás sobrecostes derivados de dicho retraso, cosa inadmisible en los tiempos en los que estamos". A tal efecto, los cooperativistas celebrarán a partir de mañana una movilización a las 9 horas ante el Palacio de San Telmo, que se repetirá todos los martes. "Nos parece lamentable que se llegue a dar esta situación, generada por quien debe velar por los derechos de los ciudadanos y que desde sus despachos no ven nuestras necesidades", añade el comunicado.


* El Correo de Andalucía - 11.07.11
Foto: Sevilla, palacio-san-telmo - urbesevilla

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El TSJ ordena demoler el edificio Bernat de Orpesa

LEVANTE/Castelló* : El TSJ requiere al Ayuntamiento de Orpesa a informarle de la fecha de demolición del edificio Bernat, situado frente la playa Morro de Gos. El auto del tribunal es claro y rechaza los incidentes de nulidad planteados por algunos de los afectados en los juzgados de Castelló. Recalca que "ningún juzgado o tribunal, salvo el Supremo o el Constitucional, pueden suspender la ejecución de la presente sentencia". Y ésta "ordena al ayuntamiento que proceda a la demolición del edificio". El auto del pasado 15 de junio ya es firme al no haberse presentado recurso alguno. La resolución del alto tribunal valenciano se produce de forma simultánea a la inadmisión por parte del Tribunal Constitucional del recurso de amparo presentado por los propietarios de los apartamentos hace más de un año. El TC notifica a las partes que no se ha conculcado ningún derecho constitucional, según el abogado de los vecinos de los Rosales, que presentaron la demanda.

Derribo inminente

Desde el momento en que la resolución del TSJ es firme el derribo debe producirse sin dilación, entiende el citado letrado, Miguel Carceller, porque entiende que al haber sido orden ejecutiva el consistorio debe cumplirla y, de no poder, tiene la opción de recurrir a la policía judicial. El derribo deberá producirse en el plazo de un mes, de acuerdo con la memoria y proyecto de demolición aprobado por el ayuntamiento en 2010 y encargado a la constructora Piaf. El derribo afecta a la totalidad del inmueble, cuya licencia de obras decretó nula el Tribunal Supremo. Así, se derribarán las 127 fincas catastrales del inmueble, incluidos los garajes y trasteros.
El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ratifica la sentencia emitida por él el 4 de febrero, instando a la ejecución de la sentencia que ordena el derribo del Bernat.
En ella tan sólo salva "la cimentación de pilotaje, la superficie de soleras". Fija en 24.000 los metros cúbicos a derribar. Indica que ninguna parte se puede salvar, puesto que el Tribunal Supremo, anuló en sentencia todas las licencias otorgadas, por lo que "la ilegalidad debe de ser proclamada de la totalidad de lo construido en base a las citadas licencias anuladas".
Mientras tanto, los propietarios de los apartamentos ocupan sus viviendas para pasar el verano y se muestran perplejos ante la posibilidad de que el desalojo y derribo se produzca en plenas vacaciones. Como último recurso han enviado al Tribunal Europeo una petición de amparo para intentar evitar la demolición de sus viviendas.


* Levante - 10.07.11
Foto: Orpesa (Castelló), edificio Bernat a demoler - levante

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Caso Brugal.- Un año que cambió Alicante

ELPAÍS/Reportaje* : Hace un año, en la madrugada del 6 de julio de 2010 esperaban, en pijama pero ya desperezados, en su chalé de Alicante a la policía. Los inquilinos de la lujosa vivienda eran el histórico líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y su mujer Margarita de La Vega. Y los agentes, la Brigada de Blanqueo de Capitales, que se disponían a desarrollar la segunda fase del caso Brugal. Este sumario se incoó tres años antes en pos de la estela de una trama de corrupción gestada a la sombra del negocio de la basura y el urbanismo en Alicante.
El escándalo que ha aflorado tras levantarse el secreto del voluminoso sumario (40.000 folios) ha tambaleado los cimientos del partido hegemónico en Alicante en los tres últimos lustros, el PP, y ha dejado al descubierto las ilícitas prácticas de sus dos empresarios de cabecera: el promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. Ambos controlan decenas de contratas adjudicadas por instituciones gobernadas por el PP.

La investigación sostiene que Ortiz y Fenoll han coronado sus imperios económicos a base de sobornar a los cargos del PP, bien en especies (las diligencias incluyen un torrente de regalos, desde lujosos relojes hasta viajes en jet privados) o en metálico. Ortiz optaba por los regalos; y Fenoll, por la entrega de sobres repletos de billetes.

El sumario ha puesto al descubierto la connivencia entre los empresarios y la clase política.

"Tú mandas", comenta en una de las escuchas de la causa la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al promotor Ortiz; O, "¿Qué pisos quieres?", pregunta el intermediario clave de la trama, Rafael Gregori, a Ripoll.

El 6 de julio de 2010, la policía arrestó a 11 personas, incluidos Ripoll, Ortiz y Fenoll. Éste y su clan empresarial (seis personas más), ya habían sido detenidos en mayo de 2007 en la primera fase policial de Brugal.

La génesis de este escándalo está en una insólita iniciativa de Fenoll. En marzo de 2006, el industrial puso en manos del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, un DVD que contenía un supuesto soborno por la basura de Orihuela. La grabación fue el hilo del que tiró Briones para desentrañar la que, cuatro años más tarde, se reveló como una gran madeja corrupta.

Con motivo del primer arresto de Fenoll, la policía se incautó en su empresa de centenares de grabaciones que delataban las prácticas del empresario. Fenoll, con ayuda de un detective, grababa todos los encuentros con políticos e intermediarios en los que amañaba contratas.

La investigación, dirigida por el Juzgado número 3 de Orihuela, completó las pruebas a base de escuchas telefónicas, entre marzo de 2007 y junio de 2010. El objetivo inicial de las intervenciones era el soborno de la basura de Orihuela. Pero las escuchas ofrecieron una montaña de réditos a la fiscalía y al juzgado. La trama no sólo pugnaba por ese contrato, sino también por el de la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja, y otra decena de contratas en diversos municipios alicantinos.

Las escuchas destaparon que no sólo era la basura el objeto de deseo de los supuestos corruptos. El urbanismo estaba también en su punto de mira. En este apartado, destaca el supuesto trato de favor por parte de la alcaldesa de Alicante y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tras los arrestos de julio de 2010, el instructor general en la recta final de la investigación, Carlos San Martín, imputó a 18 personas por dos de las piezas centrales de la investigación (la basura de Orihuela y el Plan Zonal), entre ellos, Ripoll, Ortiz y Fenoll. Al primero, el juez le atribuye cinco delitos. El más destacado es un supuesto soborno de dos pisos o su equivalente en metálico -un millón de euros- por el plan zonal. La policía sostiene que Ripoll generó 1,3 millones de euros sin justificar tras adjudicar la contrata. San Martín se inhibió del resto de las piezas. La causa del PGOU de Alicante recayó en el juzgado número 5 de la capital. Su titular ha imputado a siete de los 21 acusados por el fiscal.

En este primer año desde que trascendió el contenido del sumario de caso Brugal la instrucción ha estado mediatizada por el aluvión de recursos de las defensas, con el objetivo de tumbar las escuchas. El instructor les ha abierto la puerta al anular parte de las intervenciones. El futuro del caso está ahora en manos de la Audiencia de Alicante que tendrá que validar o revocar el sorpresivo auto del juez.

Síntesis del 'caso Brugal'

- ¿Qué es el caso Brugal? Una investigación judicial sobre una supuesta trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en la provincia de Alicante.

- Origen de la Investigación. La investigación comenzó en marzo de 2006 a raíz de la denuncia de supuesto soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela por parte de Fenoll. Este entregó, en persona, un DVD que recogía el supuesto soborno (de la firma Urbaser a concejales de Orihuela, unos 200 millones de las antiguas pesetas) al fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. La investigación judicial la ha dirigido el juzgado número 3 de Orihuela.

- ¿Qué hechos delictivos investiga? La causa general se abrió por cohecho, tráfico de influencias y fraude. El sumario tiene tres piezas centrales y una veintena de ramificaciones. La primera indaga un supuesto cohecho por la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja, adjudicada por la Diputación de Alicante, que preside José Joaquin Ripoll. El juez sostiene que Ripoll adjudicó la contrata a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) por parte del promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. La segunda, indaga otro soborno a ediles del PP de Orihuela por la basura de Orihuela. Y la tercera, cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información en el trámite del Plan General de Alicante

- Imputados. Entre imputados, acusados e implicados el caso Brugal afecta a más de dos centenares de personas. Por el plan zonal hay 18 imputados. El de mayor calado es el líder de PP de Alicante a quien el magistrado atribuye cinco delitos, entre ellos, los de cohecho y tráfico de influencias. Junto a Ripoll, el juez también ha imputado a los tres ediles del PP Oriolano. También están imputados Ortiz y Fenoll y otro tercer empresario del sector de la automoción de Alicante, Rafael Gregori. Por el Plan General de Alicante hay ya siete imputados, entre ellos, el redactor del PGOU, Ortiz y su mujer. El fiscal acusa a otras 14 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, del PP, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi. En otra pieza separada que investiga un soborno por la basura de Calp hay 11 imputados.

- Muñidores. La policía y el fiscal sostienen que en la trama de la basura (contrata de Orihuela y plan zonal) los cabecillas son Ripoll, Fenoll y Ortiz. Y en el caso del PGOU de Alicante, el exalcalde Alperi, Ortiz y Castedo.

- Dádivas. El modo de operar de los dos empresarios de la trama para ganarse los favores de los políticos era a base de entregas de dinero en metálico o colmándolos de lujosos regalos. La lista en este segundo apartado es kilométrica, y destaca el viaje a Creta de Alperi y una concejal del PP de Alicante en un jet de la familia del exconsejero Cotino, por 40.000 euros.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 10/07/2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es

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Cazalla.- La Fiscalía pide inhabilitar al ex alcalde una década después de ser denunciado

DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha solicitado una condena de dos años de suspensión y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla (PSOE), al que imputa sendos delitos de falsedad documental y prevaricación por haber actuado supuestamente como regidor sobre una finca de su propiedad ubicada en suelo rústico pero que se vendió como si fuera urbano.
La acusación del Ministerio Público llega con un grave retraso debido a las paralizaciones que sufrió la causa en el juzgado al que correspondió la investigación, lo que podría incluso incidir en la posible prescripción del delito, ya que la petición de apertura de juicio oral se produce más de una década después de que se iniciara la investigación judicial en el año 2001.

El relato de hechos del Ministerio Público señala que siendo alcalde Ángel Rodríguez de la Borbolla se inició la construcción de la urbanización Olivar de la Vega, en la que el Ayuntamiento propuso la creación de un acceso que atravesaba una finca rústica privada de la que el regidor era copropietario. El alcalde cedió 693 metros cuadrados, valorados en 1.455,30 euros, y a cambio se le eximió del pago de los costes de urbanización que le correspondieran y que ascendieron a 17.578,69 euros.

Como compensación por la cesión, se acordó también "recalificar un trozo de terreno" propiedad del imputado y su familia, un terreno de 3.000 metros cuadrados que tenía como suelo rústico un valor de 6.300 euros, pero que pasarían a valer como urbano 187.920,99 euros.

Los acuerdos, que "recibieron la firma y visto bueno del alcalde, que era el propio beneficiario de los mismos", fueron certificados por el entonces secretario municipal, Jaime F. F., a quien la Fiscalía también imputa un delito de falsedad documental y reclama una condena de dos años de suspensión para empleo o cargo público.


* Diario de Sevilla - 9.07.11
Foto: Cazalla de la Sierra (Sevilla), ayuntamiento - turismorural

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El 15-M vuelve al lugar donde empezó todo

PÚBLICO* : Indignados de todo el país marchan en dirección a Madrid. La expedición, de unas 500 personas, llegará a la capital el próximo 23 de julio y tiene previsto realizar ese mismo día una manifestación delante del Congreso. Los primeros caminantes se verán en la periferia de Madrid el viernes 22, para entrar en la ciudad el sábado y unirse a otros indignados que llegarán en autobuses para recorrer el último tramo del itinerario.
La iniciativa surgió en Barcelona, pero fue en Valencia donde se lanzaron primero a la carretera el pasado 20 de junio. Después le siguieron muchas más ciudades que habían albergado acampadas del 15-M en sus plazas. La marcha se divide en seis rutas: sureña, suroriental, nororiental, norteña, este y la noroeste [ver gráfico]. La ruta extremeña comenzó su camino pero se volvió pronto a casa.

La rutina del caminante

La jornada comienza para la mayoría de los viajeros a las cinco de la mañana. Tras levantar el campamento y desayunar algo se preparan para realizar el itinerario marcado: 20 ó 22 kilómetros cada día.

"Es una paliza, pero ya hemos acostumbrado el cuerpo a ese ritmo", dice Aldo, que participa en la marcha que salió de Barcelona. En total caminan cada día aproximadamente seis horas por la mañana y dedican la mayor parte de la tarde a hablar con la gente de las localidades por donde pasan.

"Salimos con una mentalidad y hemos tenido que cambiar el chip. Al principio íbamos con el megáfono, gritando consignas. Pero conforme nos adentrábamos en los pueblos, aplicamos un trato más cercano, más familiar y, al final, más productivo", explica Guzmán desde la marcha que partió de Valencia.

Los que iniciaron la caminata saben que no es fácil animar a la gente a unirse a la marcha. Jorge, de Murcia, explica: "Llevamos 16 días de viaje y más de 200 kilómetros a nuestras espaldas. Cada pueblo nos motiva a seguir. Saben lo que estamos haciendo y nos apoyan".

Uno de los aspectos que más les está llamando la atención es el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Hace tres días, la Guardia Civil nos escoltó porque caminábamos por la autovía, nos acompañaron hasta un camino de servicio y no multaron a nadie", relata David, de Bilbao.

La nota peculiar llega desde la marcha que viene del noroeste. Pablo Novoa, caminante gallego, comenta que durante cuatro horas tuvo unos singulares compañeros de viaje. "La televisión pública de Corea del Sur nos acompañó para entrevistarnos. Estaban interesados en el movimiento de los indignados porque en su país hay manifestaciones de universitarios".

Una experiencia irrepetible
"Lo más impresionante es que desde distintos puntos de España la gente ha decidido echar a andar hacia Madrid, rechazando la corrupción, con el deseo de mayor transparencia y pidiendo una democracia más participativa", expone Pablo. Para Daniel, de la marcha asturiana, participar supone un desafío: "Es una experiencia increíble y para mí, con mis muletas, es un reto. A nivel colectivo está siendo muy gratificante, nos complementamos y hacemos que esto funcione".

El movimiento cuenta con diversas plataformas de difusión en redes sociales que se actualizan con frecuencia. Tienen un blog donde comparten la aventura a través de un Diario de ruta, en el que relatan su experiencia, el lugar en que se encuentran, las incidencias surgidas y exponen sus necesidades.

Todas las marchas tienen necesidades similares: comida, agua, material sanitario, coches de apoyo, pero, por encima de todo, la solidaridad. Buscan personas dispuestas a colaborar ofreciendo un lugar de descanso o ayudando a montar las tiendas y, por supuesto, participando con sus ideas. Como cuenta Enrique, de la marcha riojana, los objetivos de la marcha son fundamentalmente dos. Se trata de "extender e informar sobre las ideas del movimiento a la gente que no puede acercarse a las capitales de provincia, y recoger propuestas, ideas y quejas para ponerlas en común y seguir trabajando."

Aunque quedan menos de 100 días para la manifestación del 15 de octubre, los planes de futuro van más allá y comprenden la creación de un foro social con todos los participantes del movimiento español y otro foro a nivel europeo. El proyecto de la marcha incluye la elaboración de un libro que recogerá las inquietudes, reivindicaciones, experiencias y luchas que se hayan reunido a lo largo del camino.

"Decimos a los pueblos que no están solos"

Carlos Pinto. Caminante de la ruta suroriental

1 - ¿Desde cuándo forma parte del Movimiento 15-M?
Desde el primer día. Estuve acampado dos semanas en Málaga, pero tuve que volver a casa por temas de estudios. Me identifico plenamente con los ocho puntos que reclama Democracia Real Ya.

2 - ¿Qué motivos le llevaron a unirte a la marcha?
Siempre me había hecho ilusión la idea de recorrer España con la mochila. Ya en la acampada habíamos hablado, medio en broma, de ir a Madrid. Cuando realmente se planteó la posibilidad de ir me hizo doble ilusión.

3 - ¿Cuál es su aportación a este proyecto?
Organizar la ruta de Málaga, después Granada se unió a la marcha y hubo que adaptarla variando un poco el itinerario.

4- ¿Cómo es el día a día?
Somos un grupo completamente dispar. Casos significativos de esa diversidad pueden ser la chica de 17 años que venía con nosotros, que ya abandonó la marcha, y un hombre de 71 años que aún continúa, y somos amigos. Es un movimiento apartidista, nos une una causa común. Aunque también es muy duro, el calor es a veces excesivo y el agua escasea, pero la hospitalidad de los pueblos es enorme.

5 - ¿Qué objetivos persiguen los indignados?
Buscamos explicar el modelo participativo del movimiento y recoger propuestas y demandas. Se trata, en definitiva, de demostrarle a los pueblos que no están solos.


* Público - MAITE INIESTA - 10/07/2011
Foto: Mapa rutas - publico

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Estepona.- El director comercial de Aifos también está imputado en el caso Astapa

MÁLAGAHOY* : El juez instructor del caso Astapa ha imputado en esta causa por corrupción política y urbanística en Estepona al director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón. La imputación se formalizó el pasado 15 de junio después de que el magistrado firmara un auto en el que incluía a 21 personas más entre las investigadas en esta macrocausa, en la que ya hay 94 implicados. Además de García Lebrón también se ha visto involucrado en esta última fase de Astapa Eusebio Sierra, directivo de la promotora Proincosta. Tanto García Lebrón como Sierra figuran entre los 95 procesados del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación en Malaya que García Lebrón, junto al presidente de la promotora, Jesús Ruiz, y los directivos Jenaro Briales y José Andrés León presumiblemente pagaron sobornos al ex asesor de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca por importe de 4,8 millones de euros.

Las supuestas comisiones ilegales, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, se aportaron entre el 22 de enero de 2004 y marzo de 2006. Para el fiscal los posibles sobornos están relacionados con "ciertos convenios" suscritos entre la promotora y el Ayuntamiento de Marbella, entre los que figura el referido al hotel Guadalpín Banús para "legalizar" un aumento de edificabilidad de 2.000 metros y el relativo al proyecto Guadalpín Village, que también preveía incrementar el volumen edificable en 4.000 metros. "Como contrapartida" a ambos acuerdos, según Anticorrupción, Aifos debía abonar 4,5 millones de euros, de ellos dos millones al Ayuntamiento y los 2,5 restantes "directamente al señor Roca".

La investigación de los excesos urbanísticos en el Guadalpín fue, precisamente, lo que detonó el caso Malaya al hablar el director de los servicios jurídicos de urbanismo, Jorge González, ante el juez del poder que Juan Antonio Roca ejercía sobre los concejales y de sus manejos en el urbanismo. La Fiscalía pide para García Lebrón en el caso Malaya cinco años de prisión y ocho millones de multa por presunto delito de cohecho, mientras que para Eusebio Sierra reclama otros dos años de prisión y 120.000 euros de multa, porque supuestamente pagó un soborno de 60.000 euros a Juan Antonio Roca. La dádiva, de acuerdo con la documentación hallada por la Policía en las oficinas de Maras Asesores, vinculadas a Roca, se produjo el 4 de diciembre de 2002.


* Málaga Hoy - 10.07.11
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org

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El Rosario.- El Supremo ratifica la sentencia de 2007 que anuló el Plan de El Varadero

ELDÍA/Tenerife* : El proceso contencioso -administrativo abierto por la anulación del Plan Parcial de El Varadero, núcleo de El Rosario que se pretendía urbanizar pese a que el PIOT clasificaba esta zona como suelo rústico de protección ambiental, está próximo a su fin, a espera únicamente de que la parte que se considere perjudicada (el ayuntamiento o la empresa promotora de la urbanización) decidan interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Ello es así porque el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia dictada el pasado 27 de junio, rechaza la causa de inadmisibilidad que planteaba la promotora Amador Díaz Ramos SL y, por lo tanto, ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 17 de julio de 2007 que declaró nulo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Rosario de 29 de julio de 2004 por el que se declaró aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan Parcial de El Varadero.

El Supremo sí estima el recurso de casación del promotor de la urbanización, presentado el 8 de octubre de 2007, al considerar que la sentencia del TSJC no se pronunciaba sobre la posible inadmisibilidad del recurso interpuesto por IR-Verdes que conllevó la anulación del Plan (incurriendo así en lo que se denomina "incongruencia omisiva" al no dar respuesta a alguno de los planteamientos que aducen las partes litigantes). Sin embargo, el alto tribunal, después de admitir el recurso de casación, pasa a analizar la pretendida inadmisibilidad del recurso, rechazándola y, por lo tanto, ratificando la cuestión de fondo que establece la sentencia del TSJC.

Dicha sentencia consideraba estimado el recurso interpuesto por IR-Verdes contra la aprobación del Plan de El Varadero, anulando al mismo tiempo el acuerdo plenario impugnado por el citado grupo político de la oposición del Ayuntamiento de El Rosario, liderado por Escolástico Gil.

Con el pronunciamiento del Tribunal Supremo son ya seis las sentencias favorables a la anulación del Plan Parcial tramitado favorablemente por el Ayuntamiento de El Rosario y la propia Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), después de otras cinco resoluciones del TSJC recaídas en 2005 (1), 2006 (1), 2007 (2) y 2009 (1), que señalan lo mismo: la urbanización prevista no sería legal porque la zona es una ladera con máxima protección ambiental en el PIOT.

Aún queda por dirimirse la parte penal del proceso después de la denuncia formulada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra el anterior Grupo de Gobierno de El Rosario por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por la tramitación, en 2002, y la aprobación por silencio administrativo en 2004 del Plan Parcial de El Varadero.

La investigación judicial la lleva a cabo el magistrado Juan Carlos González Ramos y en ella se ha declarado imputados a los miembros del anterior gobierno en una causa en la que también se ha personado IR-Verdes ejerciendo la acción popular. El alcalde, Macario Benítez, acudió al juzgado a declarar el pasado 19 de febrero de 2009 y el 7 de mayo de ese mismo año lo hizo la primera teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Ana Lupe Mora.


* El Día - 10.07.11
Foto: El Rosario (Tenerife) - adelur.org

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Ferrol.- El Supremo anula los chalés de la fraga de Menáncaro

ELPAÍS/A Coruña* : La fraga de Menáncaro será un búnker ecológico contra el cemento. El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación del plan de sectorialización del Ayuntamiento de Ferrol que en 2007 promovió la construcción de una urbanización de lujo sobre un bosque centenario de gran valía ambiental. Con este último dictamen, el Alto Tribunal ratifica una sentencia previa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, en 2009, ya se había pronunciado del mismo modo sobre la anulación del plan sectorial estimando el recurso de los vecinos contra el acuerdo plenario que amparaba la construcción.
Fue el gobierno popular de Juan Juncal quien promovió la urbanización de Menáncaro, un gran pulmón verde en la parroquia ferrolana de Serantes durante el mandato 2003-2007. Uno de los propietarios de los terrenos recalificados era su aliado político, Juan Fernández, ex conselleiro de la Xunta de Manuel Fraga y líder de Independientes por Ferrol.

El actual alcalde
La firma Agropino, propiedad de Amando Romero , pretendía talar grandes árboles y robles centenarios y desalojar a centenares de animales para construir una urbanización con 69 chales adosados y pareados, además de un hotel de lujo en pleno corazón de un bosque centenario. El proyecto recibió el visto bueno del ejecutivo local en un polémico pleno celebrado el 20 de abril del 2007, poco antes de los comicios municipales de aquel año y con decenas de vecinos y ecologistas clamando contra lo que consideraban "un atentado ambiental". Juan Fernández, propietario de algunas de las parcelas afectadas, se ausentó durante la votación, pero el proyecto fue aprobado de forma definitiva.

Entre los ediles populares que se pronunciaron a favor de aquel proyecto estaba José Manuel Rey Varela, actual alcalde de Ferrol, y otros dos concejales de su nuevo equipo, José Manuel Vilariño y Guillermo Evia, además de su asesor de Medio Ambiente, Amador Rodríguez Silvar. La Comunidad de Menáncaro, integrada por vecinos y grupos ecologistas que se atrincheraron en la defensa de la fraga ferrolana, mostraron ayer su satisfacción por una decisión del Supremo que supone "la protección de uno de los lugares más singulares del municipio". "Esto refuerza nuestro objetivo de lograr la protección integral de Menáncaro", señalan.


* El País - 10.07.11
Foto: Ferrol (A Coruña) - ferrol.es

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La Fiscalía se querella contra el exalcalde de Benalmádena por delito urbanístico

SUR/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha interpuesto una querella contra el exalcalde independiente de Benalmádena Enrique Bolín y el que fuera primer teniente de alcalde del municipio entre 2003 y 2007, José Nieto, por un delito continuado contra la ordenación del territorio.
El fiscal mantiene que los querellados aceleraron diversos expedientes de licencias de obras y primera ocupación a sabiendas de que resultaban contrarias a las determinaciones urbanísticas del municipio, como constaba en todos los informes técnicos aportados, según el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso Efe.
Para agilizar la tramitación de las licencias, ambos se pusieron previamente de acuerdo, ante la inminencia del cambio de responsables políticos en la localidad, que se produjo el 16 de junio de 2007 con la toma de posesión del cargo del socialista Javier Carnero.

En concreto, el fiscal cita cinco expedientes en los que las licencias se concedieron entre el 16 de mayo y el 15 de junio, en los que figura escrito a mano que se otorgasen los permisos firmado por Nieto, y en tres de los casos constan las resoluciones de Bolín para la concesión material de las solicitudes.


* SUR - 9.07.11
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)

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C.Valenciana.- Empresas privadas crearán cinco colegios en suelo público y los explotarán 75 años

LEVANTE* : A lo largo de 2012 se iniciará el procedimiento para la creación de un mínimo de cinco Centros de Iniciativa Social (CIS) en la Comunitat Valenciana o, lo que es lo mismo, empresas privadas se beneficiarán de la nueva iniciativa del Consell por la cual podrán disponer de suelo público para construir edificios escolares que serán concertados progresivamente por etapas educativas. El nuevo conseller de Educación, José Císcar, anunció ayer, en un encuentro con periodistas y acompañado por su equipo, que ya "tenemos el pliego" de condiciones y "se está estudiando el modelo de convenio, muy avanzado, con los ayuntamientos" que serán los que cedan el terreno a la Generalitat para que luego ésta licite su concesión.
La cesión del suelo público será para 75 años y el colegio, a la vez que recibirá la subvención por el concierto educativo, pagará un canon por el terreno. Pasado ese tiempo, volverá a disposición de la Generalitat que será la propietaria del suelo más lo construido aunque no haya pagado la obra.

La medida supone "un ahorro" para la conselleria, según un estudio económico, afirmó su titular, quien puntualizó que "para la concesión hay una pliego de condiciones. Se adjudicará en cumplimiento del baremo. No se discriminará a nadie. Se tendrá en cuenta el proyecto educativo". La previsión del conseller es que en 1012 se inicie el proceso y se firmen los convenios, pero no será hasta el curso 2013-14 cuando alguno de estos o los cinco colegios puedan ponerse en funcionamiento.

La intención es concertar desde Infantil a Bachillerato aunque "estudiaremos las necesidades de cada sitio" apuntó Císcar. La construcción se realizará en donde haya demanda y, según un informe de la misma conselleria, en "poblaciones medias, de 10 a 15.000 habitantes, podrían acogerse. No sería estrictamente para prestar servicio a esa localidad sino, también, a las de los alrededores. Y no tiene por qué ir, necesariamente, a grandes ciudades" matizó.

El conseller añadió que con esta política "pensamos que complementamos nuestra red educativa, lanzamos una oferta que muchos padres demandan y nos ayuda a conformar nuestro mapa escolar. Defendemos al máximo la libertad de elección de centro y con éstos ayudamos a que los padre tengan mayor oferta y libertad a la hora de elegir. Recalcar que eso no será en detrimento de todos los padres que quieren que su hijo estudie en un colegio cien por ciento público".

"Se encuentra en una situación en la que no se descarta un ERE"
El nuevo conseller de Educación, José Císcar, fue comedido ayer al hablar sobre la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa), encargada de la edificación escolar, pero no eludió reconocer la "situación en que se encuentra". Además, indicó que ya no se construirá al mismo ritmo de ahora.
"Tenemos que ver cómo queda Ciegsa en relación al "holding" y luego tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. No quiere decir que sea un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) pero tampoco se tiene que descartar. Somos conscientes de la situación en la que se encuentra, no lo vamos a ocultar, y alguna medida tendremos que tomar para mejorar su viabilidad" afirmó Císcar.
Al ser preguntado el conseller por la elevada deuda de la empresa afirmó que "si" pero matizó que "la deuda esta ahí en forma de colegios. Pocas inversiones han sido más productivas"

"Un borrador que no
es cerrado y en el que caben acuerdos"
Menos visceral que su antecesor Alejandro Font de Mora, quien le ha dejado en herencia un proyecto de decreto sobre el trilingüismo para ponerlo en marcha en esta legislatura, el actual titular de Educación, José Císcar, aseguró ayer que éste "no es un borrador cerrado" y mostró su intención de "llegar a acuerdos de tipo parcial".
Su voluntad es la de "ver todas las aportaciones que se nos puedan hacer y vamos a ver qué margen de maniobra tenemos. Creo que lo habrá para intentar, sino llegar a acuerdos porque será muy difícil cerrar acuerdos al cien por ciento, llegar a acuerdos de tipo parcial y que modifiquemos alguna cosa porque o bien son aportaciones interesantes o porque pensemos que se pueden aceptarlas sin distorsionar el concepto"
Así, "en eso vamos a trabajar y calculo que ya después del verano, en cuanto pongamos en marcha el curso, vamos a entrar en reuniones" informó el conseller.


* Levante - 9.07.11
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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El 15-M: defensa radical de un moderado

JOAN ROMERO * : Ahora que arrecia la tempestad contra el Movimiento del 15-M, cuando todas las baterías mediáticas ultraconservadoras apuntan contra este movimiento ciudadano justamente indignado, cuando ya se les califica abiertamente de izquierdismo radical incluso desde posiciones templadas, ahora que el sistema se pone en marcha para estigmatizarlo, para calificarlo de movimiento antisistema o para devaluarlo, precisamente ahora, quiero manifestar mi público apoyo a este movimiento social. Porque creo honestamente que vale la pena hacerlo. Porque sus razones son decentes y justas. Porque con voluntad y liderazgo político creo que hay otros guiones posibles al dictado desde el pensamiento único. Porque participo de su nivel de indignación. Porque muchos días yo también tengo la sensación de que mis representantes en los Gobiernos no me representan.
Lo verdaderamente sorprendente es que haya tardado tanto en cristalizar, en mitad de tanta injusticia, de tanta contradicción, de falta de referentes, de liderazgos políticos claros y de una quiebra moral sin precedentes. El epicentro ha estado en las plazas públicas, pero el hipocentro, que es lo importante, tiene causas más profundas. Básicamente, exigen reformas políticas y más democracia. Transparencia, participación, defensa del interés general y que la política se entienda como un servicio y no como un oficio. Lo mismo que pensamos millones de españoles y de europeos. No tiene nada que ver con Mayo del 68. No es un movimiento antisistema, sino todo lo contrario. Tampoco es solo un movimiento de jóvenes. Y no creo que sea un movimiento efímero.

¿Cuáles son las causas que explican este movimiento? En primer lugar, hay que buscarlas en las rupturas del modelo productivo y en los efectos sobre el empleo del proceso de globalización de la economía. Se ha iniciado una espiral hacia abajo en las condiciones laborales y salariales en Europa, una "carrera hacia el fondo" que se concreta en precariedad laboral e incertidumbre. Y uno de los rasgos más destacables de esta nueva geografía de los "superfluos", como diría Ullrich Beck, es que aunque se produzcan mejoras en las condiciones de vida de amplias capas de población, una parte significativa queda extramuros. Se van prefigurando "sociedades sin asiento", "sociedades rotas" en las que se empobrecen las clases medias y se amplía la distancia entre los "incluidos" y los "excluidos", entre el "centro" del sistema social y la "periferia", al tiempo que se reducen las posibilidades de movilidad social.

La gran novedad del siglo XXI es que estos procesos son estructurales y nada tienen quever con la situación y los mecanismos de solidaridad orgánica del capitalismo industrial. La exclusión social y la precariedad es amplia y no hay perspectivas de que puedan mejorar sus vidas. En lacerante contraste, muchos ciudadanos comprueban entre impotentes, irritados y desconcertados, cómo se amplía la brecha de las desigualdades y las diferencias salariales dentro de cada país, cómo se intentan imponer como inevitables las soluciones neoliberales y cómo muchos de quienes provocaron la quiebra moral del capitalismo y nos han llevado hasta el abismo (que pagaremos los de siempre) siguen en sus puestos, sin responder de su actuación criminal y con sus salarios obscenos incrementados. Por eso tenemos derecho a preguntarnos ¿Quiénes han vulnerado realmente las líneas rojas?

En segundo lugar, no está claro para muchos ciudadanos dónde está el poder, qué capacidad tienen hoy los Estados frente a los mercados y cómo la democracia representativa, a escala estatal, puede contrarrestar procesos globales que no conocen fronteras. Muchos ciudadanos experimentan sensación de incertidumbre, indefensión, soledad y temor. Que han quedado a la intemperie y que los Gobiernos y los partidos no tienen respuestas. Y en gran medida así es. En menos de 20 años han cambiado muchas de nuestras preguntas, no tenemos todavía las respuestas adecuadas y ya no es posible resolverlas con respuestas de los años ochenta.

En tercer lugar, quieren evidenciar el descrédito de la política y la endogamia de los partidos políticos. Desde hace más de dos años, las encuestas oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas indican que los partidos son percibidos como el tercer problema de los españoles, después del desempleo y la economía. La brecha entre los ciudadanos y los partidos políticos se amplía a medida que la crisis económica se hace más profunda y duradera. Este desapego se ha hecho más profundo debido a los numerosos casos de corrupción política, mala gestión de las cuentas públicas, deterioro de servicios y manipulación de la información.

Esta situación no es exclusiva de España, y las reacciones sociales son muy distintas. En este caso, el movimiento español del 15-M creo que ha focalizado muy bien la naturaleza de los problemas y ha planteado una agenda de reformas políticas y de innovaciones democráticas que merecen atención y que tienen recorrido. Básicamente, exigen la reconstrucción de algunos conceptos fundamentales: el funcionamiento de los partidos políticos, la democracia, el interés general y la ética pública. En definitiva, reclaman más y mejor democracia, desde la escala local a la global, y mayor autonomía de la política frente a los mercados. Ninguna de las medidas cuesta dinero. Solo se requiere voluntad política.

Por todo ello han contado hasta ahora con una amplia corriente de simpatía entre casi el 80% de la sociedad española. Hasta ahora se ha tratado de un movimiento crítico, disidente, cívico y ejemplarmente democrático que ha hecho de la red su mejor instrumento. Si son capaces de evitar expresiones de coerción y violencia, si saben gestionar su enorme potencial con inteligencia, no será un movimiento efímero y pueden contribuir a que se inicien algunas reformas políticas en España e incluso ser efecto demostración para otros países europeos.

Pero que nadie se equivoque. Aunque este movimiento desapareciera, las causas del malestar social persistirán, porque son reales, profundas y estructurales. Atención, porque cuando las personas no encuentran respuestas adecuadas pueden surgir movimientos sociales de interés y capaces de focalizar bien los problemas y sus causas, como el del 15-M. Pero también son posibles otras opciones, como por ejemplo, la tentación de buscar salidas populistas, abrazar expresiones políticas xenófobas, apoyar posiciones de violencia o, sencillamente, dar una patada al tablero de ajedrez. La historia de Europa durante todo el siglo XX está llena de enseñanzas al respecto. Y la historia reciente de muchos países europeos, desde Finlandia, hasta Suecia o Francia, también. Sin perder de vista los 65.905 votos de Plataforma per Catalunya, básicamente procedentes de los barios urbanos más castigados por la exclusión, y su representación en 39 municipios.

* Joan Romero es catedrático en la Universidad de Valencia.


* El País - Opinión - 7.07.11

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Valencia.- El Supremo ratifica la paralización del plan del Cabanyal

LEVANTE* : El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Valencia contra la suspensión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal ordenada por el Ministerio de Cultura, según indica una sentencia facilitada por este departamento. El Ministerio de Cultura dictó una orden el 29.12.2009 declarando que la citada actuación urbanística, que prevé el derribo de viviendas para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, constituía un acto de "expoliación" del patrimonio histórico, por lo que decretó su cancelación "inmediata". El Ayuntamiento de Valencia interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la misma ante la Audiencia Nacional en el que pedía, como primera medida, su suspensión cautelar. La Audiencia rechazó esta petición provisional -a falta de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión-, y el Gobierno local lo recurrió ante el Supremo, que ha ratificado su decisión.
Al igual que dictaminó la Audiencia Nacional, el Supremo mantiene que la orden es un acto de "carácter negativo" que obliga al Gobierno local a suspender el plan, y también cree que "no concurren los requisitos" para anularla. Además, señala que el "interés general" en este asunto reside en la "conservación del interés cultural", y eso requiere que se mantenga la orden.

La sentencia impide al Ayuntamiento de Valencia reanudar las demoliciones de viviendas proyectadas por el plan e impone las costas de este recurso al consistorio, según precisa un comunicado del Ministerio.

La orden del Ministerio se basó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en otra del Supremo que ratificaron la competencia del Estado en la protección del Patrimonio Histórico.

Entre otros puntos, esta orden declaraba la suspensión inmediata del plan hasta que el Ayuntamiento lo reformara para garantizar la protección de los bienes histórico-artísticos afectados.

También requería a la Generalitat para que suspendiera todas las actuaciones administrativas relacionadas con esta actuación urbanística.

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno autonómico presentaron una querella ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, al entender que cometió prevaricación con esta orden.


* Levante - 8.07.11
Foto: Valencia, protesta vecinos Cabanyal (archivo) - levante-emv.com

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Amnistía pide "que no quede impune" la carga de los 'mossos'

ELPAÍS/Barcelona* : Amnistía Internacional (AI) envió ayer desde Londres una carta al consejero de Interior, Felip Puig, en la que le reprocha "el uso excesivo de la fuerza" en la actuación del pasado 27 de mayo en la plaza de Catalunya de Barcelona contra los acampados del 15-M y le exige que abra una investigación independiente. "No puede quedar impune" el uso de una "fuerza excesiva" por parte de la policía en contra los indignados, recoge en su misiva.
Jezerca Tigani, vicedirectora del Programa Regional para Europa y Asia Central de AI, aseguró ayer en un comunicado oficial que son "motivo de especial preocupación los informes y las evidencias del uso de fuerza excesiva en la plaza de Catalunya, cuando los Mossos d'Esquadra intervinieron para dispersar a los manifestantes". Esta organización internacional ha dedicado "varias semanas" a investigar los hechos, durante las que ha visionado "las imágenes de vídeo de la operación policial, a las que se puede acceder fácilmente en Internet".

También ha tenido en cuenta la versión oficial de los hechos y los testimonios de las personas presentes, entre ellos abogados del Legal Team de los indignados de la plaza de Catalunya.

Tras esta investigación, AI ha llegado a la conclusión de que "hubo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en actitud pacífica" y que "los agentes antidisturbios de los Mossos no iban debidamente identificados durante el operativo".

En este sentido, AI exigió a la Generalitat que lleve a cabo "una investigación independiente, exhaustiva y eficaz de todas las denuncias, así como que adopte medidas disciplinarias y, si es necesario, que inicie actuaciones penales contra los agentes de policía que hicieron un uso excesivo de la fuerza".

AI también expresó su "profunda preocupación por los repetidos informes sobre un uso desmesurado de la fuerza en otros casos, como el 15 de mayo en Madrid, el 27 de mayo en Lleida, el 9 de junio en Valencia y el 15 de junio nuevamente en Barcelona". En consecuencia, AI ha remitido una carta al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en los mismos términos que la misiva enviada a Felip Puig.

Interior recordó ayer que hay ya un proceso judicial abierto por la operación de limpieza en la plaza, que acabó con 121 heridos (36 de ellos, mossos).


* El País - 8.07.11
Foto: Un momento de la carga en la plaza de Catalunya.- elpais

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Dos exalcaldes de El Puerto de Santa María, entre los 34 imputados por corrupción

ELCORREO/Cádiz* : La cúpula de Independientes Portuenses, cuando este partido gobernaba con holgura en El Puerto, vuelve a ser señalada en otra investigación judicial y policial por supuesta corrupción urbanística. La melodía es la misma que la de otros tantos casos que se acumulan en los juzgados portuenses: otorgar licencias para edificar en suelo no urbanizable, permitir la inscripción de fincas inexistentes mediante documentos falsificados para burlar responsabilidades (los conocidos certificados de obra nueva) o legalizar viviendas en suelos no autorizados, entre otros supuestos delitos. Un compendio de irregularidades que han hecho del exalcalde portuense, Hernán Díaz, el nombre político más citado judicialmente y no precisamente como testigo.
Junto al antiguo regidor, la Guardia Civil ha imputado a otras 34 personas más en la denominada 'operación Suministro' por presunta prevaricación, falsedad documental y contra la ordenación del territorio, según confirmaron fuentes judiciales. La lista de implicados recuerda mucho a la de otras investigaciones que comenzaron a desarrollarse, impulsadas por la Fiscalía, desde 2007, cuando se destapó la primera trama de profesionales que habrían estado legalizando por la puerta de atrás viviendas en suelos no urbanizables.

Así, el titular del juzgado de Instrucción nº 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, citará como imputados al exregidor que sustituyera a Hernán Díaz tras su inhabilitación, Fernando Gago; al jefe de Disciplina Urbanística del Consistorio portuense, Fernando Jiménez Fornell; al exconcejal Juan Carlos Rodríguez y a otros nombres menos conocidos, pero que ya se han visto implicados en casos similares como los promotores profesionales Abraham B. L. o María de los Ángeles G. U. y el ingeniero técnico industrial Diego G. G. El resto de sospechosos son particulares que construyeron en suelos no permitidos o que se valieron de autorizaciones irregulares para obtener los suministros de agua y luz en fincas que atentan contra el planeamiento urbano.
Ese último aspecto de las pesquisas es quizás el menos conocido. Y es que en el proceso para regularizar fincas ilegales, los responsables del Ayuntamiento que ahora están imputados concedieron supuestamente permisos para que los dueños de esas viviendas firmaran contratos con empresas de suministro que solo autorizan enganches de luz y agua si hay una licencia oficial de primera ocupación.
Detrás de esta nueva macroactuación del Instituto Armado está la Fiscalía de Medio Ambiente y el magistrado López Marchena que ordenó al Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz que indagará en una serie de denuncias formuladas por el Ministerio Público. Algunas de esas denuncias están firmadas por el anterior fiscal delegado, Ángel Núñez, quien abandonara la Fiscalía a mediados de 2009 para incorporarse al equipo de asesores del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. También hay otras que ya han sido planteadas por su sucesora, Patricia Navarro. Las mismas fuentes señalaron que esta primera fase de pesquisas han tardado meses y meses, entre otras razones, porque el volumen de trabajo que tiene encima el único equipo especializado de los cuerpos policiales en esta materia es ingente. Un equipo que ha llevado las principales operaciones contra la corrupción vinculada al ladrillo en esta provincia, pero que cuenta con apenas dos agentes.
Nueve procedimientos
Esta nueva investigación que sale a la luz tendrá un derrotero procesal diferente. Pese a que se trata de la misma operación policial, el juez instructor la ha dividido en nueve procedimientos distintos, que tendrán su propia tramitación. Por cada denuncia recibida del Ministerio Fiscal ha abierto diligencias previas. De esa manera se evita que un mismo caso, que aglutina a casi cuarenta personas, pueda atascarse en el juzgado como ha ocurrido con la primera operación contra el uso fraudulento de certificados de antigüedad en Chiclana, desarrollada en 2007 y que sigue empantanada en la fase de instrucción.
Las supuestas irregularidades que ahora se investigan están relacionadas con edificaciones levantadas en distintos diseminados del municipio portuense. Y el periodo de tiempo investigado abarca desde 1993 a 2006, cuando Independientes Portuenses mantuvo el control de la Alcaldía hasta que fue derrocado por el PP. Cuando en 2008 comenzó la Fiscalía a elevar las primeras denuncias de estas características, el Gobierno local responsabilizó en exclusiva a la formación política que lideró Hernán Díaz, pese a que el actual alcalde Enrique Moresco perteneció a ese mismo equipo al que se le acumulan los casos judiciales en su contra.


* El Correo - 08.07.11 - SILVIA TUBIO
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org

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Deterioro patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea

MADRIDIARIO* : Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente, tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes. El punto partida de la investigación son los recientes e intensos procesos de transformación de los regadíos tradicionales en el mundo mediterráneo y su incidencia en la degradación de unos paisajes valiosos desde el punto de vista productivo, patrimonial e identitario. La investigación aborda la relación entre agua y paisaje en las huertas, así como el tratamiento de sus valores patrimoniales en las actuaciones públicas. "Resulta imprescindible que la política hidráulica y los proyectos de modernización de las infraestructuras de riego, se diseñen partiendo del principio de la multifuncionalidad de los regadíos, asumido que la eficiencia económica no debe ser el único parámetro para evaluar las decisiones públicas. Se ha de tener presente el valor cultural, patrimonial e incluso ecológico de las redes de distribución de agua", concluye el profesor de la UC3M, Santiago Fernández Muñoz, autor del estudio junto al catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Mata.

La investigación, surgida tras la creación de un panel científico de seguimiento de la política del agua por iniciativa de la Fundación Nueva Cultura del Agua, se ha publicado recientemente en Scripta Nova, la revista de geografía en castellano con mayor índice de impacto en el JCR. En el artículo, tras realizar una propuesta tipológica de los paisajes de regadío tradicional en España, se caracteriza su evolución contemporánea tomando como ejemplo la huerta de Murcia. Los investigadores han identificado un intenso proceso de transformación de las huertas mediterráneas consecuencia de la reducción de superficie cultivada y una creciente urbanización. Se ha producido al tiempo, señalan los profesores, una pérdida del patrimonio cultural y ecológico que constituían las redes de riego y drenaje, lo que conlleva en su conjunto un fuerte riesgo de desaparición de espacios de grandes méritos de conservación desde la perspectiva cultural, territorial, productiva e incluso biológica.

Un paisaje identitario
Los regadíos históricos constituyen un excelente ejemplo de los paisajes agrarios de los valles mediterráneos en medios secos y semiáridos. "Han sido auténticos oasis agrícolas, uno de los tipos de paisaje más representativos de los espacios mediterráneos españoles, que deben ser incluidos entre los paisajes agrícolas de mayor significado a escala europea, junto con los bocages atlánticos o los open fields del interior del continente", comenta Santiago Fernández Muñoz, del departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte de la UC3M. Y añade: "Para determinadas regiones, l’horta de Valencia o la huerta de Murcia, son además paisajes tan identitarios como lo puede ser el Retiro para Madrid o Montserrat para Cataluña".

En la última parte del estudio los investigadores caracterizan algunos impactos de las políticas de modernización sobre los valores patrimoniales de los paisajes regados históricos y apuntan propuestas para la gestión y salvaguarda de estos ámbitos. "Dicha conservación ha de realizarse a través del instrumento de planificación territorial o urbanística que sea de aplicación, o, en su caso, de la figura de patrimonio histórico o de conservación de la naturaleza que, eventualmente, se decida aplicar", indican los investigadores, que destacan además la "necesaria consideración de determinadas áreas de los regadíos mediterráneos como zonas de 'protección especial' (previstas en el Reglamento de Planificación Hidrológica; artículo 23) y que deberían ser incorporadas a los planes hidrológicos de las demarcaciones actualmente en redacción", concluyen.


* Madridiario - 8.07.11
Foto: Huerta mediterránea - madridiario

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Del 11-M al 15-M

JOSÉ MANUEL FAJARDO* : Las movilizaciones del 15-M parecen haber pillado por sorpresa a la clase política española. Aunque se repita que la indignación de los ciudadanos es comprensible ante la gravedad de la crisis económica, se percibe claramente que el 15-M es visto por la mayoría de los políticos como un fenómeno inexplicable pues, con sus aciertos y sus errores, ¿no vivimos ya en democracia? ¿A qué pues eso de "Democracia real ya"? El conformismo con el orden establecido ha calado, al parecer, tan profundamente en nuestros dirigentes, incluso en quienes se proclaman de izquierdas, que se ha abandonado todo análisis histórico. Si no, resulta difícil de explicar que no se haya puesto en perspectiva histórica lo ocurrido en este último mes en España para intentar comprender por qué los ciudadanos de una democracia reclaman a gritos precisamente eso que se supone que ya tienen: democracia.
El 15-M no nació el día 15 de mayo de 2011, aunque a ese día deba su nombre, sino que su historia se puede rastrear, como mínimo, a lo largo de la última década de protestas sociales en España. La suya es pues la crónica de un estallido anunciado. Basta tomarse la molestia de buscar en youtube.com las imágenes de las protestas populares tras los atentados del 11 de marzo de 2004. En las concentraciones que tuvieron lugar entonces ante las sedes del PP, para denunciar la manipulación informativa que seguía intentando achacar a ETA los atentados con la vista puesta en las elecciones a punto de celebrarse, se pudieron escuchar muchos de los gritos que en este último mes se han oído en toda España. En particular uno que se ha convertido en verdadero mantra del 15-M, el que dice: "Lo llaman democracia pero no lo es".

Las movilizaciones del 11-M, como las del 15-M, tuvieron lugar en pleno periodo electoral. Ambas fueron recciones ante situaciones de crisis y perturbaron ese monumento a la inutilidad que es el llamado "día de reflexión", un concepto con más tintes de ejercicios espirituales que de capítulo democrático. Pero lo han hecho dándole, paradójicamente, un valor reflexivo. Porque lo que reclamaban los manifestantes del 11-M era precisamente información veraz para poder reflexionar de verdad. Y lo que han pedido los del 15-M ha sido una reflexión que fuera más allá del sentido del voto en una elección concreta, que tomara en cuenta el rumbo emprendido por nuestra sociedad tras la crisis de 2008. Nada más lógico que uno de sus carteles anunciara, tras decidir abandonar la Puerta del Sol, que "nos trasladamos a tu conciencia".

Sin embargo, tanto unas protestas como otras han sido interpretadas casi exclusivamente en clave electoral (¿a quién favorecen, a quién perjudican, quién las provoca, para qué lo hace?), con una falta de miras y de proyección estratégica de la vida común que resultan desoladoras. ¿Es esa toda la reacción de que son capaces nuestros dirigentes? ¿De veras que la única autocrítica posible es la de decir que no se ha sabido explicar a la ciudadanía las políticas emprendidas? ¿De verdad se piensa, en este mundo hiperconectado y denominado de "la información", que los ciudadanos son tan estúpidos como para no comprender lo que sus gobernantes hacen?

Si algo, precisamente, ha llamado la atención en las maratonianas asambleas de la Puerta del Sol y en los documentos esgrimidos por el 15-M ha sido precisamente el nivel de los debates y la calidad de los análisis y las propuestas (vale la pena leer el documento contra el Pacto del Euro en www.democraciarealya.es/tmp/19j/DRYcontraelPactodelEuro.pdf). No estamos, pues, ante un movimiento de indignados desde la ignorancia sino desde el conocimiento. Indignados con conocimiento de causa.

Se trata de personas que están poniendo en cuestión, en mayor o menor medida, el sistema económico establecido (el lema de la manifestación del pasado 19 de junio fue elocuente: "Contra la crisis y el capital") y que lo están haciendo precisamente en nombre de la democracia. Los mercados aparecen como el mayor enemigo de la soberanía popular, que es la base de la misma. Y así se rompe con el sofisma que identifica democracia con sistema capitalista (por si no bastara el hecho de que la democracia naciera en la Grecia clásica, 2.000 años antes de la aparición del capitalismo).

Lo que las movilizaciones del 15-M vienen a señalar, en mi opinión, es la rebelión de una buena parte de la sociedad contra una nueva forma de despotismo que, utilizando las elecciones, reformula la vieja máxima del despotismo ilustrado ("todo para el pueblo, pero sin el pueblo") para gobernar en nombre del pueblo, pero sin el pueblo. Más aún, haciendo muchas veces exactamente lo contrario de aquello que se prometió al pueblo para conseguir su voto legitimador.

Es ese divorcio entre discurso y práctica, esa reducción de los ciudadanos a convidados de piedra de la democracia, la que cabe pensar que ha ido germinando el proceso histórico de creación del 15-M. Un proceso lleno de desencuentros sonados: el referéndum para integrarse en la OTAN convocado por el PSOE tras oponerse antes a esa integración; el apoyo del Gobierno del PP a la declaración de guerra a Irak, en la célebre reunión de las Azores, con un 90% de la población en contra de la guerra; la manipulación de los atentados de 2004 por el PP para intentar ganar las elecciones y para desgastar después al PSOE, tras tanto pregonar la unidad antiterrorista; la sumisión del Gobierno del PSOE al dictado de recortes sociales promovido por los mercados internacionales; la entrega de gobiernos y alcaldías al PP por parte de Izquierda Unida después comprometerse a cerrar el paso a la derecha... La palabra de los políticos ha perdido toda credibilidad, malbaratada en el puro oportunismo y en la incapacidad de desarrollar las políticas necesarias para mantenerla.

El 15-M ya ha demostrado que critica por igual a los partidos de derechas y de izquierdas, pero en tanto que movimiento de masas y por su puesta en cuestión del orden económico establecido su existencia afecta especialmente a la izquierda.

El castigo al PSOE no ha sido pues por sus pecados ideológicos, como algunos pretenden interpretar, sino por sus pecados materiales: por convertirse en el ejecutor de los recortes sociales dictados por los mercados. Y bien se lo han recordado al invocar la actitud islandesa de consultar al pueblo y de negarse a pagar las deudas contraídas por los especuladores.

La democracia nunca ha entrado en la esfera económica. A los trabajadores se les da el derecho a intentar defender sus salarios y condiciones de trabajo, pero no a participar en las decisiones que después van a redundar en la existencia misma de esos derechos o de ese trabajo. Algo sobre lo que el 15-M también ha insistido al plantear la necesidad no solo de controlar a la clase política sino también de avanzar hacia una democracia social y económica.

El problema es que el triunfo de un capitalismo despiadado y sin límites ha terminado por integrar la totalidad del sistema político como un elemento más del juego de los mercados. Ya no se especula solo con mercancías y dinero, también se especula con naciones enteras, con Gobiernos y derechos. Y la construcción de organizaciones supranacionales está ofreciendo el marco para que dicha integración especulativa se convierta en ley.

A este paso, la puesta en cuestión del orden económico puede terminar suponiendo la puesta en cuestión del orden político y legal. Es decir, la puesta en cuestión de todo el sistema. Por eso no es extraño el recurso a la desobediencia civil. Es el instrumento lógico para romper la lógica de un sistema.

Que se haya optado por la "no violencia" refuerza la sensación de estar ante una indignación con conocimiento de la propia historia de las protestas sociales, que ha sacado lecciones de las dañinas consecuencias de emprender vías violentas. Pero la violencia es compañera frecuente de la desesperación y si el 15-M ya ha empezado a tomar nota de eso, sería bueno que la clase política española la tomara también, porque una sociedad a la que no se ofrece más salida que la aceptación del sufrimiento y cuyas reivindicaciones no son atendidas está condenada a hundirse en el desespero. Pedir democracia real es un grito de alerta y un gesto de responsable participación en la vida política, un ejemplo de esa responsabilidad ciudadana que, desde la transición, es el gran tesoro de la maltrecha democracia española.

* José Manuel Fajardo, escritor, es autor de la novela El converso.


* El País - Opinión - 08/07/2011

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Detenidos un funcionario de Alicante y dos promotores por supuesto cobro de comisiones en obras del Plan E

ELPAÍS* : La Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha arrestado a un funcionario y dos promotores por el supuesto cobro de comisiones en obras que encargó el Consistorio financiadas con fondos del Plan E. La Fiscalía Anticorrupción acusa a los arrestados, que hoy declararán ante el juez de guardia, de los supuestos delitos de cohecho y malversación. El PP gobierna el Ayuntamiento de Alicante con mayoría absoluta.
Este posible escándalo de corrupción en el Ayuntamiento alicantino se suma a la investigación, incluida en el "caso Brugal", de un presunto trato de favor por parte de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. En esta causa hay ya siete imputados, entre ellos Ortiz. El fiscal acusa de cohecho a otras 14 personas, entre las cuales se encuentran Castedo y Alperi.

La investigación sobre el supuesto cobro de comisiones vinculados a las obras del Plan E se remonta a 2006, a raíz de una denuncia de la exconcejal del PSOE Carmen Sánchez Brufal ante el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El fiscal observó indicios de delito y remitió el caso al Juzgado número 2 de Alicante, que ayer ordenó los tres arrestos y, en paralelo, acordó el registro de las empresas de los promotores implicados y reclamó los expedientes de las obras a la Concejalía de Atención Urbana, donde desarrolla sus funciones el técnico municipal detenido.

Según fuentes del caso, el empleado municipal, José L. M., ingeniero técnico de obras públicas, asumía como suyos los proyectos presentados por los promotores para agilizar el expediente y asegurarse la adjudicación a cambio de dádivas.

Los dos proyectos del Plan E objeto de la investigación fueron sendas obras para remodelar la plaza de La Montañeta y el emblemático paseo de la Explanada, por un monto global de 3 millones de euros. Las firmas adjudicatarias fueron la mercantil Becsa y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios S.L (CCMS). La concejalía de Atención Urbana, que el número dos del gobierno de Castedo, el edil Andrés Llorens, ha estado implicada en el anterior mandato en tres supuestos casos de ilegalidades al adjudicar proyectos. En concreto, Víctor López, jefe de servicio de este departamento fue imputado en tres ocasiones. También estuvo imputado el propio Llorens por adjudicar una obra después de haber sido ejecutado. El juez, no obstante, archivo la causa.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 08/07/2011
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org

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Ingresa en la cárcel de Palma el quinto condenado por corrupción

ELPAÍS* : A los cuatro expolíticos corruptos presos en la cárcel de Palma, con condena firme (tres del PP y uno de UM), se acaba de unir una funcionaria, la recaudadora de Sineu, Mallorca. Ingresó ayer con una condena de cuatro años y medio de prisión y diez de inhabilitación por malversación de caudales públicos.
Martina Gelabert se apropió de 880.000 euros de fondos municipales para efectuar negocios particulares inmobiliarios, tras manipular las cuentas bancarias y desviar los ingresos de tributos y tasas. Asumió los hechos ocurridos entre 1999 y 2005, fue encarcelada 60 días y, finalmente, logró rebajar la pena de 13 años que la fiscalía reclamaba y evitar la condena por blanqueo de capitales contra su hijo. El Ayuntamiento recuperó casi 400.000 euros del Banco de Crédito Balear, del Banco Popular, condenado por su responsabilidad pasiva en la tutela de los fondos malversados.

En el centro penitenciario de Palma figuran como internos, reos por corrupción, el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el exdirector general del Gobierno de Baleares de Jaume Matas y jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, del PP. Están condenados en diferentes piezas penales del caso Andratx de corrupción urbanística.

Entre rejas está también el exnúmero dos del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, que también era del PP. Fue condenado por malversación de caudales por el uso de la tarjeta bancaria y cumple prisión por los delitos de abusos sexuales a menores. Finalmente, está preso el exdiputado Tomeu Vicens, exsecretario general de Unió Mallorquina (UM), por malversación de caudales y prevaricación.


* El País - 7.07.11
Foto: Palma, palau consell insular Mallorca - trivago.com

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Vivienda Digna califica las propuestas del Gobierno sobre hipotecados de muy insuficientes

KAOSENLARED* : La Plataforma por una Vivienda Digna califica las recientes propuestas para proteger a los hipotecados con problemas como muy insuficientes, y exige a Zapatero que promueva los cambios necesarios para que la entrega del piso conlleve la cancelación completa de la deuda. El colectivo pide también que las soluciones para las personas en riesgo de desahucio no afecten a las correcciones de precios, y que se tomen de una vez medidas estructurales.
La Plataforma por una Vivienda Digna afirma que las propuestas del Gobierno para proteger a hipotecados con problemas tales como subir el salario no embargable y elevar al 60% el valor al que el banco se puede quedar el piso son positivas, pero muy insuficientes. En este sentido el colectivo pide eliminar por completo los injustos privilegios de los bancos en la tramitación de ejecuciones hipotecarias, en especial el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y buscar una vía que permita al desahuciado saldar su deuda íntegramente con la entrega del piso.

La PVD critica además que el Gobierno sobreactúe con este tema para aparentar que se están aplicando soluciones, cuando sólo se trata de propuestas que no cambian nada si no son aprobadas por el Congreso. Además, reclama que se aproveche la tramitación para incorporar cambios que acaben con la arbitrariedad en los tipos de interés que se aplican en las ejecuciones hipotecarias, pues es escandaloso que puedan acercarse al 30% en algunos casos. También deben reformarse la cuantía y asignación de las costas judiciales, que en el caso de deudores de buena fe y sin otras propiedades deberían ser asumidas por las entidades financieras.

La PVD, que comparte los principales objetivos de movimientos como el 15M o Democracia Real Ya, quiere recordar a todos los hipotecados con problemas de pagos que con las leyes actuales los procedimientos de embargo y desahucio son tremendamente injustos y dañinos para el deudor, por lo que es importante intentar buscar cualquier solución antes de permitir que la hipoteca sea ejecutada.

En ese sentido, y como sugiere también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los afectados deben buscar vías como activar el seguro de desempleo si la hipoteca lo tuviera contemplado, renegociar con el banco, o acudir a los servicios sociales. Para la PVD es incluso interesante intentar vender el piso por un precio menor al de compra si el contrato lo permitiera, ya que el precio de venta probablemente sea algo mayor al 50% por el que se lo puede quedar la entidad financiera (a falta de consolidación de las propuestas del Ejecutivo) y el deudor cancelaría así más deuda. La PVD pide al Gobierno y las Comunidades Autónomas que desarrollen canales de información y asesoramiento sobre este asunto para personas en riesgo de desahucio, incluyendo también a personas en alquiler.

En cualquier caso, esta asociación quiere alertar de que según sus previsiones, además de unos 90.000 desahucios por impago de hipotecas se producirán este año cerca de 60.000 desahucios por impago del alquiler y sin embargo, por alguna razón sobre la que merece la pena reflexionar, éstos últimos no están teniendo la misma cobertura mediática.

La PVD, que lleva desde 2003 trabajando por el objetivo de una vivienda digna, advierte además de que hay muchos tipos diferentes de hipotecados con dificultades, y una detención generalizada de desahucios hipotecarios podría trasladar a la sociedad la idea de que “hipotecarse a cualquier precio sale bien”, y suponer el fin de las caídas de precios, lo que en vez de solucionar un problema, sólo lo cambiaría de personas. Según el Observatorio Joven de Vivienda (OBJOVI), en España hay más de 2 millones de jóvenes de entre 25 y 34 años que siguen viviendo con sus padres, y la continuidad en la corrección de los precios es imprescindible para facilitar su derecho a disfrutar de una vivienda digna en un futuro cercano.

En ese sentido, la PVD pide al presidente Zapatero que si se dan nuevas medidas para proteger a los hipotecados, además de no suponer más gasto público para beneficiar a los bancos, no acaben siendo la excusa para nuevas hipotecas temerarias o el fin de las correcciones de precios. Debe ser posible conciliar el derecho a techo de las personas desahuciadas o en riesgo de desahucio que no tengan a dónde ir, muchas necesitadas de una solución urgente, con un marco que no infle de nuevo la burbuja, para que el derecho a una vivienda digna y asequible pueda convertirse un día en una realidad para todos.

La plataforma recuerda también que las principales causas del problema de la vivienda en España siguen “escondidas bajo la alfombra”, y exige que se produzcan de una vez los cambios estructurales para garantizar el derecho a la vivienda de forma generalizada. Entre estos cambios: el fin de las desgravaciones por compra y de las ayudas directas (que acaban pagándose a través de un mayor precio); limitación de cuantía y plazos de hipotecas; tasación pública independiente; penalización de la vivienda vacía (en vez de ocultarla en las nuevas estadísticas); parque público de alquiler a precios bajos y sin impacto ambiental (nuestro parque público de alquiler es de los más pequeños de Europa); reforma de la ley del suelo para evitar la especulación; bajadas de los módulos VPO; separación del urbanismo de los ingresos de los ayuntamientos; control estricto de la corrupción, especialmente la que afecta a la toma de decisiones; y una transparencia total en la financiación de los partidos políticos.

Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
info@viviendadigna.org
http://www.viviendadigna.org


* KaosEnLaRed - Vivienda Digna - 6.07.11

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Nueva Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo

AGENTESFORESTALES* : La Memoria 2010 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente Urbanismo, certificó en 2010 la existencia de 5.284 procedimientos judiciales con 687 sentencias condenatorias. De los delitos, 596 lo fueron en Medio Ambiente, 1.710 en Ordenación del Territorio y Urbanismo, 231 en Patrimonio Histórico, 786 en Flora y Fauna, 1.7807 en Incendios Forestales y 181 relativos al Maltrato de Animales Domésticos. Cifras que constatan especialmente el crecimiento de los procedimientos relativos a Flora y Fauna y Patrimonio Histórico, registrándose en el resto ligerísimas disminuciones respecto al año precedente.
Respecto a las sentencias condenatorias, en 2010 se tiene constancia de un total de 687 sentencias, de las que 31 lo fueron en Medio Ambiente, 426 relativas a la Ordenación del Territorio y Urbanismo, 10 a Patrimonio Histórico, 96 a Flora y Fauna, 96 a Incendios Forestales y 28 a Malos Tratos a Animales Domésticos.

A estas cifras habría que añadir igualmente 4 sentencias de condena dictadas por el Tribunal Supremo, de las que 1 es en incendios forestales, 2 en medio ambiente y 1 sobre ordenación del territorio y urbanismo. Destaca el incremento de las sentencias condenatorias en prácticamente todas las materias y, especialmente en Ordenación del Territorio y Urbanismo en 2010 respecto a 2009.

Por lo que a sentencias absolutorias se refiere, en 2010 se dictaron 282 sentencias absolutorias, de las que 32 lo fueron por delitos relativos al Medio Ambiente, 165 por delitos sobre la Ordenación del Territorio, 16 relativas al Patrimonio Histórico, 23 por delitos relativos a la Flora y Fauna, 34 relativas a Incendios Forestales y 12 a Malos Tratos a Animales Domésticos. En este caso, no hay constancia de sentencias absolutorias en la materia de dictadas por el Tribunal Supremo.


* Agentes Forestales - 7.07.11
Foto: Contaminación ríos, peces muertos - agentesforestales

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