Junto al antiguo regidor, la Guardia Civil ha imputado a otras 34 personas más en la denominada 'operación Suministro' por presunta prevaricación, falsedad documental y contra la ordenación del territorio, según confirmaron fuentes judiciales. La lista de implicados recuerda mucho a la de otras investigaciones que comenzaron a desarrollarse, impulsadas por la Fiscalía, desde 2007, cuando se destapó la primera trama de profesionales que habrían estado legalizando por la puerta de atrás viviendas en suelos no urbanizables.
Así, el titular del juzgado de Instrucción nº 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, citará como imputados al exregidor que sustituyera a Hernán Díaz tras su inhabilitación, Fernando Gago; al jefe de Disciplina Urbanística del Consistorio portuense, Fernando Jiménez Fornell; al exconcejal Juan Carlos Rodríguez y a otros nombres menos conocidos, pero que ya se han visto implicados en casos similares como los promotores profesionales Abraham B. L. o María de los Ángeles G. U. y el ingeniero técnico industrial Diego G. G. El resto de sospechosos son particulares que construyeron en suelos no permitidos o que se valieron de autorizaciones irregulares para obtener los suministros de agua y luz en fincas que atentan contra el planeamiento urbano.
Ese último aspecto de las pesquisas es quizás el menos conocido. Y es que en el proceso para regularizar fincas ilegales, los responsables del Ayuntamiento que ahora están imputados concedieron supuestamente permisos para que los dueños de esas viviendas firmaran contratos con empresas de suministro que solo autorizan enganches de luz y agua si hay una licencia oficial de primera ocupación.
Detrás de esta nueva macroactuación del Instituto Armado está la Fiscalía de Medio Ambiente y el magistrado López Marchena que ordenó al Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz que indagará en una serie de denuncias formuladas por el Ministerio Público. Algunas de esas denuncias están firmadas por el anterior fiscal delegado, Ángel Núñez, quien abandonara la Fiscalía a mediados de 2009 para incorporarse al equipo de asesores del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. También hay otras que ya han sido planteadas por su sucesora, Patricia Navarro. Las mismas fuentes señalaron que esta primera fase de pesquisas han tardado meses y meses, entre otras razones, porque el volumen de trabajo que tiene encima el único equipo especializado de los cuerpos policiales en esta materia es ingente. Un equipo que ha llevado las principales operaciones contra la corrupción vinculada al ladrillo en esta provincia, pero que cuenta con apenas dos agentes.
Nueve procedimientos
Esta nueva investigación que sale a la luz tendrá un derrotero procesal diferente. Pese a que se trata de la misma operación policial, el juez instructor la ha dividido en nueve procedimientos distintos, que tendrán su propia tramitación. Por cada denuncia recibida del Ministerio Fiscal ha abierto diligencias previas. De esa manera se evita que un mismo caso, que aglutina a casi cuarenta personas, pueda atascarse en el juzgado como ha ocurrido con la primera operación contra el uso fraudulento de certificados de antigüedad en Chiclana, desarrollada en 2007 y que sigue empantanada en la fase de instrucción.
Las supuestas irregularidades que ahora se investigan están relacionadas con edificaciones levantadas en distintos diseminados del municipio portuense. Y el periodo de tiempo investigado abarca desde 1993 a 2006, cuando Independientes Portuenses mantuvo el control de la Alcaldía hasta que fue derrocado por el PP. Cuando en 2008 comenzó la Fiscalía a elevar las primeras denuncias de estas características, el Gobierno local responsabilizó en exclusiva a la formación política que lideró Hernán Díaz, pese a que el actual alcalde Enrique Moresco perteneció a ese mismo equipo al que se le acumulan los casos judiciales en su contra.
* El Correo - 08.07.11 - SILVIA TUBIO
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
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