Las ejecuciones hipotecarias, en tela de jucio ante el Constitucional

LAVANGUARDIA* : Cuando todavía sigue marcando la actualidad inmobiliaria el debate sobre la inclusión de la dación en pago en la Ley Hipotecaria española, un juez de Sabadell ha llevado la normativa sobre deshaucios y ejecución de hipotecas ante el Tribunal Constitucional por considerar que perjudica al ciudadano y vulnera el derecho a la vivienda. Esta semana una nueva noticia en el ámbito judicial ha irrumpido en la actualidad inmobiliaria. El titular del juzgado de Primera Instancia número dos de Sabadell ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) la normativa sobre deshaucios y ejecución de las hipotecas al considerar que los préstamos hipotecarios contienen "un intenso desequilibrio contractual" entre la entidad financiera y el cliente y que, en un proceso de ejecución hipotecaria, se perjudica a los ciudadanos embargados y se vulnera su derecho a la vivienda.

El juez, que afirma en el auto que las cláusulas hipotecarias contienen "abusos" porque "no son efectivamente negociados entre las partes sino mayoritariamente predispuestos por la entidad financiera, pide además al TC que contemple elevar el valor de la vivienda que se quedan las entidades tras la subhasta -en la mayoría de casos está un 50% por debajo de su valor inicial- así como que estudie, si es necesaria, una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria. Ante la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, con lo cual el fallo puede marcar un antes y un después.

Y todo esto ocurría el mismo día en que diputados del PSOE y del PP hicieron frente común en el Congreso de los Diputados para tumbar una propuesta de ley para pedir la inclusión de la dación en pago en el marco legislativo hipotecario y que viene avalada también por el apoyo de numerosas asociaciones de consumidores y de entidades de representación como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que anunciaba también esta semana la intención de pedir formalmente al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.

La FEMP, que ha querido mostrar con este gesto su apoyo a las familias que como consecuencia de la dura crisis económica por la actual situación de crisis se enfrentan a la pérdida de su vivienda tras un proceso de ejecución hipotecaria, se suma así al polémico debate de la dación en pago que, pese a las reticencias de algunos sectores, parece no querer dar la batalla por perdida. Por su parte el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ya ha declarado que el Gobierno "no está por la labor" de modificar la legislación hipotecaria.


* La Vanguardia - Ya encontré - 23.02.11
Foto: Hipotecas, montaje fotos - 20minutos.es

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A Coruña.- La anulación del plan de la Torre enfrenta a Xunta y Urbanismo

LAVOZDEGALICIA* : La Xunta reclamó ayer el gobierno local que asuma «por unha vez» sus competencias en materia urbanística para evitar poner en peligro la catalogación de la torre de Hércules como patrimonio de la humanidad. La amenaza de los propietarios de los aprovechamientos urbanísticos de la parcela del Agra de San Amaro dejaron entrever su intención de reclamar judicialmente la compensación económica de sus proyectos fallidos y previamente recogidos y aprobados dentro del plan general de 1998 y el estudio de detalle del año 2002, por un importe que, según sus propias estimaciones, podría alcanzar los sesenta millones de euros». A juicio del Gobierno autonómico recordó al Ayuntamiento que el veto a la urbanización del Agra de San Amaro responde a las recomendaciones fijadas por la Unesco y que desde María Pita, «no exercicio das súas competencias en materia de planeamento urbanístico, debe solucionar este problema atopando unha ubicación alternativa para estas construcións e así non incumprir as recomendacións que antes se comprometeron a cumprir».

La concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, admitió ayer la existencia de conversaciones con los propietarios, pero quiso dejar claro que «non se plantexa o pago de indemnizacións, pero en todo caso non non somos os responsables da decisión. Nós consideramos que a responsable é a Xunta». Taboadela indicó que en ningún caso supondrá merma económica para las arcas municipales, «más allá de no ingresar las cuantías económicas previstas previstas en el apartado de concesión de licencias de obra».

El delegado del Ejecutivo autonómico en A Coruña, Diego Calvo, rechazó la imputación de Taboadela y pidió «que o Concello asuma de unha vez as súas responsabilidades, xa que a competencia exclusiva de outorgar licenzas en só urbano é una competencia exclusivamente municipal».



* La Voz de Galicia - 24.02.11
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es

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Palma.- La Policía detiene a la ´número dos´ de Cerdó

DIARIODEMALLORCA* : Tres personas han sido detenidas en las últimas horas en relación con la operación anticorrupción que ha posibilitado el registro a la sede central de Unió Mallorquina (UM), en Palma, informaron a Efe fuentes de la investigación. A las detenciones de Catalina Payeras, ex gerente del IMFOF (Instituto Municipal de Formación y Ocupación), y de Paula Cortés, "número dos" de Cristina Cerdó (UM) en la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, se ha sumado el arresto de un tercer implicado en el caso, alvador Maimó, asesor de medio ambiente del Ayuntamiento. Todos ellos han sido acusados como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos, según las fuentes. El juez, la fiscalía anticorrupción y la Policía prolongan durante más de seis horas el registro a la sede central de Unió Mallorquina (UM), en Palma, en una operación que deriva de diversos casos de corrupción ya abiertos en los últimos meses relacionados con este partido político.

El titular del juzgado de instrucción número 8 de Palma, Antonio Rotger, ha ordenado el registro de UM, que comenzó a las 8:30 horas, y se encuentra en el interior de la sede política.

Tan solo un dirigente de UM ha podido acceder a su sede. Se trata del secretario general del partido Joan Monjo.

En relación con este caso, la policía detuvo también anoche e interrogó a la exgerente del IMFOF del Ayuntamiento de Palma Catalina Palleras, han informado fuentes jurídicas.

Tras su declaración ante la policía, que la preguntó sobre la supuesta contratación irregular en empresas municipales controladas por Unió Mallorquina, Palleras quedó en libertad con cargos, indicaron las fuentes.

La Policía ha detenido hoy a Paula Cortés, que fue coordinadora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma y supervisaba funciones de los informadores medioambientales del Ayuntamiento (IMAS), que eran contratados a través del IMFOF.

Un tercer implicado ha sido detenido a lo largo del día de hoy, según fuentes de la investigación.



* Diario de Mallorca - 25.02.11
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com

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Piélagos.- Pacheco, condenado a año y medio de cárcel, agotará la legislatura

ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, que hoy mismo ha sido condenado a año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por prevaricación urbanística, acaba de anunciar su intención de no presentarse a las elecciones del mes de mayo aunque sí agotará la legislatura. Asegura que ha tomado esta decisión "por una cuestión personal" y de la que ya está al corriente el presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego. Una decisión irrelevante porque desde el mismo momento en que se ha anunciado esta sentencia, Pacheco quedaba excluido por ley para poder presentarse a las elecciones. Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado, son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".

Pacheco ha lamentado que su despedida de la política sea "tan manifiestamente injusta" como, a su juicio, resulta con la sentencia que le condena a año y medio de cárcel por prevaricación urbanística y le inhabilita por otros nueve. El alcalde subraya que su decisión de abandonar la política no se debe a esta resolución judicial, sino a una decisión "personal". "Quien me ha apuntado con una escopeta, no solo ha fallado sino que se lo podía haber ahorrado".
Terminará su mandato
No obstante, ha dejado claro que terminará su mandato, y ha recalcado que la decisión de no presentarse a las elecciones la tenía "tomada y medida", porque su edad y "alguna" situación personal (fue operado del corazón recientemente) le aconsejaban que era "momento" de "dejar la vida política".
En una rueda de prensa en el Ayuntamiento en la que estuvo acompañado de su abogado, Andrés de Diego, y del resto del equipo de Gobierno, el alcalde ha hecho una "valoración positiva" de la sentencia conocida este viernes, en la medida en que le ha "herido" a él, pero no afecta a las alrededor de 200 familias propietarias de las viviendas.
Pacheco ha reiterado que recurrirá la sentencia y confía en que la Audiencia Provincial "aclare definitivamente su actuación" ya que, según dice, si se aplicara el mismo criterio seguido con él, "todos los alcaldes de España deberían ser condenados".
Lo que ocurre, a su juicio, es que en este país ser alcalde del PP con mayoría es "un riesgo" frente a "aquellas instituciones que dependen del poder político". De hecho, ha cuestionado la "curiosa utilización de los tiempos" en este proceso judicial, porque la sentencia se conoce a tres meses de las elecciones y transcurridos ya nueve meses desde la celebración del juicio.
De todas maneras, tiene la "absoluta certeza" de que el PP volverá a obtener mayoría absoluta en Piélagos en las elecciones del próximo 22 de mayo y los votos del municipio contribuirán también a la victoria de Ignacio Diego a nivel autonómico. "Si algunos pretendían pinchar el globo electoral de Piélagos, se confunden", ha apostillado.
"Completa tranquilidad"
Pacheco ha manifestado su "completa tranquilidad" al respecto, asegurando que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial, ante la que cabe recurso de apelación. Pacheco ha calificado esta decisión judicial como una "estrategia política de cara a las próximas elecciones, repetida hace cuatro años con el tema del Cuco". De esta forma, el regidor explica que "sólo hay que ver que han tardado nueve meses en emitir esta sentencia, comunicada ahora, a apenas varios meses de los próximos comicios".
Respecto al contenido de la sentencia, ha asegurado que "no deja de ser sorprendente en muchos aspectos", que se argumentarán en el recurso de apelación del que el abogado no ha adelantado detalles porque es "prematuro".
En cualquier caso, lo que sí ha señalado el alcalde es que aplicando el mismo criterio por el que se le condena a él, "la totalidad de los alcaldes de España deberían ser condenados" e incluso algunos magistrados de lo Contencioso-Administrativo.
Así, ha puesto el ejemplo de otras dos licencias en el municipio que denegó el Ayuntamiento por falta de servicios --que es lo que faltaba también en las licencias por las que se le condena--, y en aquellos casos un Juzgado de lo Contencioso concedió las licencias.
Además, ha hecho hincapié en que no se le condena por un "enriquecimiento personal" o por un "perjuicio" al patrimonio municipal, sino por "infracciones del procedimiento"; y ha afirmado que actuó con "todos los informes favorables". Es más, ha opinado que si no hubiera dado las licencias se habría tenido que sentar igualmente ante la justicia porque los propietarios de los terrenos "tenían sus derechos".
La condena
El Juzgado de lo Penal número 3 comunicó esta mañana que ha condenado al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), a un año y medio de cárcel y a no poder desempeñar cargos públicos durante nueve años como autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística.
La sentencia considera probado que Pacheco concedió entre 2004 y 2005 quince licencias de construcción a sabiendas de que "vulneraban la normativa urbanística vigente, por basarse en interpretaciones declaradas formalmente contrarias al ordenamiento urbanístico, según reiterada jurisprudencia", algo de lo que le advirtieron "expresamente", el arquitecto municipal y los servicios jurídicos.
El Ayuntamiento de Piélagos ha recibido en los últimos años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ponen en cuestión su gestión del urbanismo y que han ordenado la demolición de varias urbanizaciones en Liencres y el Alto del Cuco.


* El Diario Montañés - 25.02.11
Foto: Piélagos (Cantabria), urb. Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com

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Valencia cambia el uso escolar de un solar a petición de la Universidad Católica

ELPAÍS* : El barrio valenciano de Campanar, una zona de fuerte crecimiento urbanístico, se queda sin otra parcela de uso escolar pese al déficit de plazas educativas que arrastra el distrito. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia informó favorablemente el lunes del cambio de uso de una parcela de 12.965 metros cuadrados, calificada de escolar, a petición de la sociedad Inversiones Sociosanitarias (Inverso), participada por la Fundación Universidad Católica San Vicente Mártir. Esta universidad quiere construir en esa parcela, donde en principio iba un instituto, un hospital y una facultad privada. Este cambio de uso irá al pleno municipal de mañana, luego se expondrá al público y, salvo complicaciones, se aprobará definitivamente.

No es la primera vez que se pide un cambio de uso de esta parcela situada entre las calles de Rafael Alberti, Sierra Calderona, Jorge Comín y Pío Baroja, pero antes no se ha autorizado. El primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, aseguró ayer que el cambio de uso cuenta con el informe favorable de la Consejería de Educación.

Pero el concejal de la oposición Juan Soto enseñó un informe de este mismo departamento y fechado en 2009 que consideraba todo lo contrario. Es decir, esa parcela era imprescindible que conservase su destino escolar por la falta de plazas.

En su último informe, Educación dice que existen otras parcelas en el distrito -aunque algunas están a dos y tres kilómetros de varios sectores nuevos de viviendas, en los que edificar posibles centros escolares. Ninguno de ellos reúne, replicó Soto, las medidas estándar para su construcción -son más pequeñas- y se han "trampeado" los cálculos.

Los socialistas urgirán en este pleno a que se amplíe la remodelación del colegio público Giner de los Ríos, un centro saturado y donde proliferan los barracones.


* El País - 24.02.11
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org

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Quinientos barrios ilegales en Quito luchan por lograr servicios básicos

DIARIOLASAMÉRICAS/Ecuador* : Quito tiene casi 500 barrios ilegales, construidos en terrenos no urbanizables, cuyos habitantes luchan para que el Ayuntamiento regule su situación y les proporcione servicios básicos como luz, agua o alcantarillado. El fenómeno es fruto de la codicia de traficantes de tierras y afecta a miles de familias desde hace décadas, pero ha cobrado especial interés tras las recientes invasiones de terrenos en Guayaquil. El Gobierno de Rafael Correa respondió con el despliegue de las fuerzas armadas en la zona para frenar las invasiones. Los traficantes de tierras, conocidos como “lotizadores”, se aprovechan de la ignorancia y la necesidad de los más pobres para vender terrenos sin permiso de urbanización y que en ocasiones tan siquiera son de su propiedad.

“El traficante nos engañó y nos vendió unos terrenos sin legalizar, cobrándonos plata para la apertura de vías y el alcantarillado”, dijo Leonor Chela, vicepresidenta del Comité de La Garzota, un barrio ilegal de Quito, quien se negó a dejarse fotografiar “por miedo a represalias”.

Y es que estos estafadores usan la extorsión para cobrar la deuda.

“Un grupo de gente está siempre cobrando a los habitantes bajo formas de violencia bastante altas. Si no puedes pagar, trabajas para el traficante: ayudándole en el tráfico de tierras, mejorando los servicios del barrio, e incluso vinculándote al sicariato”, explicó Fernando Carrión, profesor de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Unas 150 familias compraron a un traficante en los años 90 una parcela en la Garzota, barrio asentado en las laderas del volcán Pichincha, pensando que dispondrían de asfalto, luz y agua en poco tiempo.

Hace nueve años, el lotizador desapareció tras cobrar la deuda a sus moradores, dejando el barrio con graves deficiencias, que incluso causaron la muerte de una familia el pasado diciembre cuando un alud de tierra sepultó su casa.

La Garzota sigue con las calles sin pavimentar y tanto el agua como la luz la toman del barrio colindante y legal de Cristo Rey.

En la Garzota hay desde casitas de adobe donde viven familias numerosas, hasta viviendas de dos plantas y con mejores infraestructuras, todas construidas por sus moradores sin planos ni conocimientos de urbanismo.

El fenómeno de las invasiones no es nuevo en Ecuador. Hubo dos oleadas en los 40 y los 70, marcadas por el éxodo rural, y ... una tercera en el 2000, fruto del encarecimiento del centro de la ciudad, que obligó a los más pobres a desplazarse a la periferia.

Consciente de la problemática, el Ayuntamiento de Quito en 2010 regularizó 86 barrios y reubicó a decenas de familias que vivían en zonas declaradas de peligro ecológico.

“Este año esperamos relocalizar a por lo menos 500 familias de barrios en peligro inminente, por vulnerabilidad física o social”, dijo a Efe la secretaria de Seguridad de Quito, Lourdes Rodríguez.

La alcaldía dispone de un plan para reubicar a las familias, que implica el desalojo de la vivienda actual, un bono de 200 dólares al mes para alquiler y una ayuda económica para comprar una nueva casa.

Para 2011 tiene prevista la regularización de 106 barrios, frente a los 20 barrios por año de la primera década del 2000, según datos del consistorio.

Los vecinos de estos barrios esperan con ansia, aunque algunos achacan a la municipalidad lentitud en las obras y permisividad con los lotizadores.

“El alcalde brilla por su ausencia tras muchas promesas. Estamos desamparados de todo. La luz y el agua potable se nos va a ratos, con el pretexto de que el barrio no está legalizado”, denunció Gonzalo Vargas, albañil y poblador de la Garzota, mientras colocaba bloques de adobe, a 23 centavos la pieza, para ampliar su casa.

La reubicación, sin embargo, no es del agrado de estas familias, las cuales han invertido en la construcción de su vivienda gran parte de su vida y su pequeño salario, que en la mayoría de casos ronda los 300 dólares mensuales.

“No aceptaríamos que nos cambiaran de casa porque somos pobres y tenemos muchos hijos. ¿A dónde vamos a ir? El señor alcalde no nos va a dar lo que hemos gastado en esta casa”, sentenció Blanca Usiña, mientras preparaba a sus seis hijos para ir a la escuela.


* Diario Las Américas - EFE - 23.02.11
Foto: Quito (Ecuador), vista - estoesquitopapito

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Gallardón ha subordinado el bienestar de los ciudadanos a los intereses de las grandes empresas

REBELIÓN* : Asociaciones de vecinos de diez distritos de la ciudad de Madrid (Arganzuela, Centro, Hortaleza, Fuencarral, Ciudad Lineal, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Latina) han hecho público un balance de la gestión llevada a cabo por el PP en la ciudad de Madrid durante 8 años de gobierno del equipo del actual alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que accedió “prometiendo descentralización, participación ciudadana en la gestión, democratización de la gestión pública, etc. Transcurrido ese tiempo, Madrid es una ciudad prácticamente en quiebra económica, los distritos de la ciudad han sido olvidados, los impuestos han subido indiscriminadamente y el modelo de ciudad para el ciudadano ha sido sustituido por el modelo autoritario de ciudad para los negocios”. Critica el comunicado la “nefasta gestión presupuestaria”, con derroche en inversiones y gastos innecesarios, y el castigo a los ciudadanos con abusivas e injustas tasas e impuestos. “Los vecinos de Madrid sufrimos las consecuencias de esta gestión que se puede resumir como una situación de quiebra técnica y presupuestaria, un deterioro y recorte de los servicios más importantes, la ruina de pequeños proveedores de bienes y servicios, la destrucción de empleo directo e indirecto, el abandono de las inversiones necesarias en barrios desfavorecidos o la gestión hipotecada para las próximas décadas”.

Las AAVV denuncian también “la política liberal, que subordina el bienestar de los ciudadanos a los intereses de las grandes empresas”. “Esta política –afirman- ha llevado a una eliminación y precarización del empleo generado por el Ayuntamiento y a un deterioro de los servicios, que ahora son de peor calidad por la degradación de las condiciones de trabajo, y más caros porque se trata de garantizar los beneficios a las empresas antes que el servicio a los vecinos”. El urbanismo especulativo y la política de agresión medioambiental ha convertido a la ciudad en un espacio hostil a los ciudadanos.

Denuncia también el comunicado la “centralización y falta absoluta de participación”, vaciando absolutamente a las Juntas Municipales de competencias y presupuesto.

Finalizan las Asociaciones de Vecinos con la apuesta “por una ciudad habitable, fiscalmente más justa, solidaria, descentralizada y participativa”, en la que existan unos “ayuntamientos de distrito” que puedan establecer una verdadera democracia participativa y de manera directa.

Consultar la versión completa del documento

Además estas Asociaciones de Vecinos llaman a los madrileños a participar en la manifestación convocada por los bomberos de la capital de este domingo 27, para apoyar su lucha por unas mejores condiciones laborales y de los medios, lo que redundará en una mejora del servicio y la seguridad de los ciudadanos.

* Rebelión - 25.02.11

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Los vecinos denuncian que el plan de Montjuïc permite construir en zonas verdes

ELPAÍS/Barcelona* : El miedo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) a que se construya más en Montjuïc tiene nombre: 6c/mj. Esta es la nueva calificación con la que el Ayuntamiento busca denominar la mayoría del área de la montaña. Según la FAVB, se trata de un "ejercicio de creatividad urbanística" con la que el Consistorio pretende "colar" más urbanización de áreas verdes. Esta es una de las alegaciones que ayer presentó la federación al proyecto de modificación del Plan General Metropolitano (PGM), con el que se reordenará el parque. Según el escrito, el Ayuntamiento equipara espacio libre a zona verde mediante la nueva denominación. Así, por ejemplo, el mirador del MNAC, la explanada de la fuentes mágica y algunas calzadas de la parte superior de la montaña contarían como tales, según la modificación prevista. Para la FAVB, "plantar árboles no cambia la naturaleza urbanística" de los espacios.

El Consistorio dice que con la modificación se aumenta en 93.691 metros cuadrados el área de parques y jardines. Muchos de esos metros cuadrados se ganan a costa de algunas carreteras de las cotas altas que dejarán de serlo y de algunos edificios de equipamientos que serán deconstruidos. Es el caso del pabellón de Italia de la Fira, que se derribará, las instalaciones del tiro olímpico y la hípica.

Ricard Fayos, de los servicios de Urbanismo, alega que la nueva clave urbanística de la que desconfían los vecinos es, en realidad, la forma de blindar la montaña de recalificaciones urbanísticas, es decir, evitar que haya "cambio de cromos" con otras zonas de la ciudad y que se pueda construir en Montjuïc. Asegura que salvo los equipamientos ya previstos, entre ellos la perrera y el centro de interpretación de los acantilados, no se levantarán más edificaciones allí. De esta afirmación desconfían profundamente los vecinos, que no han visto con buenos ojos que el Consistorio decidiera, sin debate, que la perrera irá a Montjuïc. "Ha sido un seudoproceso participativo, nos ha ocultado información técnica", aseguró Ana Menéndez, presidenta de la asociación de vecinos de La Satalia.



* El País - 24.02.11
Foto: Barcelona, aérea Montjuic - bcnhoy

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Correa blanqueó dinero en una urbanización de Granada

PÚBLICO/Salobreña* : La compañía británica Rustfield, de la que Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, es el beneficiario económico, blanqueó 240.000 euros en el residencial Alminares en Salobreña (Granada), según se afirma en un auto del martes pasado del magistrado Antonio Pedreira, instructor de la rama del caso radicada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Rustfield aportó 240.000 euros "de procedencia ilícita previamente sacados al exterior" a la cuenta de Lujeca, una sociedad patromonial administrada por Jesús Calvo Soria, según escribe Pedreira en el auto en el que rechaza levantar el embargo que pesa sobre una cuenta de Lujeca. La Fiscalía asegura que Calvo Soria conocía sin duda alguna la procedencia ilícita de esos fondos.

El juez Pedreira detalla en su auto los pasos que se siguieron para el blanqueo. En noviembre de 2002, Calvo Soria constituyó la sociedad Nuevos Proyectos Inmobiliarios (NPI), que estaba participada por su patrimonial Lujeca, para edificar el residencial Alminares. Posteriormente, NPI acordó en junta general vender parte de las acciones de Lujeca a Rustfield. Los accionistas financian la compra de la finca mediante un préstamo de 900.000 euros. Rustfield aporta para ello 240.000 euros (225.000 suyos más 15.000 en nombre de Lujeca) mediante un ingreso en efectivo en la cuenta de NPI en Caja Madrid.

La Oficina de Investigación contra el Fraude, en un informe, consideró que se había producido una repatriación de fondos. La Fiscalía asegura que el dinero se transfirió desde la cuenta de Rustfield en el Barclays Bank de Londres, "por lo que ninguna duda puede albergar Calvo Soria de que se trataba de un ingreso del extranjero para deslocalizar una inversión de Correa".
Conexión con Bormujos

En el proyecto de Salobreña participó además la sociedad Bratelk SL, cuyo administrador único es Máximo González Jurado, quien aportó 330.000 euros. González Jurado, que no está imputado en el caso, es el presidente del Consejo de Enfermería y, según una grabación incluida en el sumario, fue quien movió los hilos que llevaron a la moción de censura en Bormujos.

Así lo transmitió el propio Correa en un almuerzo en octubre de 2006 cuando le cuentan que Calvo Soria declaraba ante un juez de Sevilla por la moción de Bormujos. Preguntado por Público, González Jurado manifestó sobre Bormujos que nada tuvo que ver, que fue allí porque le invitaron a tomar un café. Sobre Salobreña indicó que invirtió allí porque le pareció "un proyecto interesante". Su intención, agregó, era comprar tres viviendas de la promoción para revenderlas y obtener una plusvalía y que no sabía que Rustfield era de Correa ni que hubiera dinero negro en la operación.

Calvo Soria, además de socio de Correa en Salobreña, fue el muñidor junto a Tomás Martín Morales de la moción de censura que desbancó en enero de 2005 al PSOE de la alcaldía de Bormujos (Sevilla). Tanto Calvo Soria como Martín Morales están imputados en la causa Gürtel. La justicia investigó entonces un presunto soborno, pero archivó el caso por falta de pruebas. Dos ediles independientes habían denunciado que un grupo de Madrid les había ofrecido 840.000 euros si votaban a favor del cambio en la alcaldía, que logró Baldomero Gaviño, un concejal independiente aliado con la edil del PP, Ana Hermoso, actual alcaldesa.



* Público - 24.02.11
Foto: Caso Gürtel, el jefe Correa en coche - EFE

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La Oliva.- El Tribunal Supremo considera nulo el Plan Parcial de Majanicho

LAPROVINCIA/Fuerteventura* : El Tribunal Supremo también considera que el Plan Parcial Casas de Majanicho es nulo y avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había fallado en su día la nulidad de esta actuación urbanística en el municipio de La Oliva. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por la entidad Nombredo SL promotor de la citada urbanización que contemplaba la construcción de 4.000 plazas hoteleras y residenciales, de las que ya están finalizadas 748 villas rodeadas de zonas deportivas y de ocio, piscinas y pistas de tenis. El Ayuntamiento de La Oliva, siendo alcalde Domingo González Arroyo, aprobó en sesión plenaria, en diciembre de 2000, con los ocho votos favorables del PP y cinco en contra de los ediles de Coalición Canaria (CC) y PSOE, declarar aprobado el plan parcial Casas de Majanicho, SAU-12, promovido por la empresa Nombredo y redactado por los arquitectos Lluis Serra y Carles Espinos.

La decisión municipal fue recurrida ante el TSJC por los ecologistas de Agonane. El Alto Tribunal canario dictamina, en noviembre de 2006, a favor de las tesis ecologistas al entender que el plan parcial no cumplía con las Normas Subsidiarias de La Oliva, que solo permite el uso turístico y no el desarrollo residencial; que la entonces Cotmac había informado de forma desfavorable el proyecto urbanístico, que no contaba con los informes técnicos pertinentes y que se había vulnerado la participación pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación.

Ante esta situación, la entidad Nombredo SL, promotora del citado plan parcial, presentó un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que cuatro años más tarde falla a favor de las tesis que han venido manteniendo los ecologistas.

Preocupación

La alcaldesa de La Oliva, Rosa Fernández, mostró ayer su preocupación por la nueva sentencia judicial que declara nulo la aprobación de la urbanización de Majanicho "no hay que olvidar que está terminada y con esto se viene todo abajo". La regidora agregó: "Hemos pedido un informe jurídico a Carmelo Padrón porque Nombredo nos ha denunciado por responsabilidad patrimonial. Hay que esperar el informe para poder valorar la actual situación".

El Cabildo majorero y el Consistorio de La Oliva, siendo alcaldesa Claudina Morales, renegociaron el proyecto con los promotores, reduciéndose el numero de camas a 1.500 y obligando a Nombredo a la realización de ciertas inversiones en infraestructuras.

Fuentes cercanas a la promotora señalaron ayer que la sentencia del Supremo "solo anula la aprobación del plan parcial y no hace mención a aspectos urbanísticos, medioambientales o ecológicos".


* La Provincia - 22.02.11
Foto: El Tribunal Supremo considera nulo el Plan Parcial de Majanicho - laprovincia

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Palma.- La juez abre juicio oral contra Cardona y otros 17 acusados

DIARIODEMALLORCA* : La juez de instrucción nº4 de Palma, Piedad Marín, ha abierto juicio oral (pase a procedimiento abreviado) contra el ex conseller de Comercio e Industria en el anterior Govern del PP, Josep Juan Cardona, y otros 17 imputados en el caso Scala, la presunta trama de expolio organizado del consorcio público CDEIB. La juez da pie a la fiscalía anticorrupción y al actual Govern a formular sus escritos de acusación, que para los principales imputados podrían suponer peticiones de condena próximas a los 25 años de cárcel. La magistrada Piedad Marín ha estudiado a fondo el voluminoso sumario en las últimas semanas y ha dictado un auto de casi 200 folios, donde refleja con minuciosidad los hechos que ella estima delictivos. Básicamente, la juez desgrana en su relato cómo Cardona y otros dos altos cargos de la conselleria de Comercio –Kurt Viaene, director general de Promoción Industrial, y Antònia Ordinas, directora-gerente del Consorci Per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears– encabezaron una presunta asociación ilícita dedicada, con denuedo, a desviar fondos públicos a sus bolsillos particulares o a los de sus allegados.

Los otros encausados que serán juzgados en este sumario son: Felip Ferré, exedil del PP de Lloseta y sobrino político del anterior president del Govern Jaume Matas; Arnaldus Van den Hurk, socio de Ferré; Isabel Rosselló, esposa de Ordinas; Jaime Fernández Abad; Joan Rosselló; Francisco García Cerrato; Sergio Pereletegui; Jaume Gil; Manuel Saez Vidal; Pedro Veny; Juan Simonet; Antoni Vicens; Antonio Munar y Francisco Mauri.
La fiscalía, y la acusación particular en nombre del actual Govern, ejercida por la letrada María Ángeles Berrocal, no se reprimen a la hora de calificar a los principales encausados, con el ex conseller de Comercio Josep Juan Cardona, a la cabeza, de "una asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos que tenían a su disposición por razón de su cargo".
Las acusaciones hablan, sin tapujos, de "creación de una estructura jerárquica y perfectamente organizada"; diseño que permitió "el saqueo sistemático de las arcas públicas". El presunto botín ascendió a 3,7 millones de euros; los acusados causaron, presuntamente, otro quebranto de 3,3 millones de euros de los sobrecostes que el Govern tuvo que pagar por sobrasadas, quesos y otros productos con denominación de origen, así como por todo tipo de servicios contratados a las empresas del entramado. En total, 7 millones de euros.

Sensación de impunidad
Cardona "ocupó la posición de líder o jefe director de la presunta trama. El ex presidente del PP de Eivissa "impartió las instrucciones a sus subordinados"; "se ocupó como conseller de Comercio de nutrir económicamente al CDEIB de fondos públicos, mediante el trasvase de dinero de la propia conselleria o desde del Instituto de Innovación Empresarial (IDI)".
Para las acusaciones, la banda de saqueadores escogió el CDEIB para enriquecerse porque su actividad como organizadora de ferias y otros eventos promocionales "era idónea para enmascarar el continuo y sistemático desvío de fondos públicos". Además, no había "controles previos administrativos, ni financieros sobre la gestión de ese consorcio público", que recibió en la pasada legislatura unos 25 millones de euros. Eso les dio una sensación de "total impunidad".


* Diario de Mallorca - 23.02.11
Foto: Palma, conseller Cardona imputado - diariodemallorca

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Un juez salva 'in extremis' el lujoso complejo Marina Tarraco

ELPAÍS/Tarragona* : Una resolución dictada ayer por el juzgado de lo contencioso administrativo nº2 de Tarragona abre la vía para salvar in extremis Marina Tarraco, complejo de lujo del puerto tarraconense valorado en 50 millones de euros y sobre el que pendía una orden de derribo dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El nuevo fallo reconoce la legalidad del complejo por primera vez desde que Rafael Pérez, empresario que participó en su construcción, denunció en 2005 que este carecía de permiso de obras como represalia porque los promotores, International Marina Tarragona, se negaron a pagarle unos servicios. La decisión judicial avala ahora la legalidad del centro al estimar las modificaciones urbanísticas y otras actuaciones llevadas a cabo desde 2009 por el Ayuntamiento para tratar de legalizar el complejo. Algunas de estas modificaciones fueron adoptadas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba el derribo de Marina Tarraco.

El fallo no es firme pero salvará los 15.000 metros cuadrados que acogen oficinas, restaurantes y establecimientos comerciales si el denunciante no lo recurre, lo que evitaría que la causa acabara otra vez en el TSJC. Para lograrlo, International Marina Tarraco negocia desde diciembre con Pérez para cerrar un pacto extrajudicial que zanje el conflicto y que contemplaría una compensación económica al denunciante, señalan fuentes municipales.

El empresario, que ayer evitó aclarar a este diario si ha pactado algún acuerdo en este sentido, envió un escrito al juzgado el mes pasado notificando que ya "no se opone a la legalización de los edificios". Ello supone que se conforma con una sentencia favorable a sus intereses sin que esta deba comportar la demolición del complejo, derribo que Pérez reclamaba desde que en 2007 la primera sentencia del juzgado consideró probada la ilegalidad del centro.

"Si el denunciante insiste en reclamar el derribo tiene muchos números de que el Tribunal Superior le dé la razón", advirtió José Antonio Sánchez, abogado experto en derecho urbanístico. "El criterio del juzgado contencioso administrativo es correcto, porque derribar todo el complejo puede suponer un perjuicio para terceros", añadió para estimar que la nueva interpretación de la juez responde a que "tendrá cierta seguridad en que el denunciante no pretende recurrir la sentencia".

El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Félix Ballesteros, no se refirió a la posible reacción del denunciante pero saludó la sentencia como si fuera definitiva. "La recibimos con mucha satisfacción. Quiero felicitar a nuestros servicios jurídicos", dijo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Josep Andreu la calificó de "una noticia excelente".

Estas celebraciones chocan con las críticas de la juez a un embrollo que ha destapado inexplicables errores burocráticos del gobierno municipal de CiU, en el poder cuando se construyó el complejo inaugurado en 2006, y del PSC, en el Ayuntamiento desde 2007. "Resulta a todas luces reprochable que las Administraciones públicas no hayan actuado de forma diligente y que con su actuación -o, más bien, con la falta de ella- hayan propiciado el presente recurso", subraya la sentencia. El Ayuntamiento de CiU consideró innecesario que el complejo solicitara licencia municipal de obras por entender que este se ceñía al ámbito portuario pese a que un informe municipal ya alertó de que los permisos eran necesarios.

El gobierno socialista tampoco actuó con celeridad hasta que el TSJC reclamó el derribo del complejo: inició los trámites para emitir la licencia de obra a finales de 2009, unos dos años después de la primera sentencia sobre el asunto; aprobó dos modificaciones urbanísticas para legalizar el complejo a lo largo de 2010, y cuando finalmente legalizó los edificios afectados por el posible derribo, no lo notificó al TSJC. "Resulta cuando menos sorprendente que ninguna parte hubiera puesto en conocimiento del Tribunal Superior que se aprobó la legalización de los edificios", concluye la magistrada.



* El País - 23.02.11
Foto: Tarragona, marina Tarraco (archivo) - diaridetarragona

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El Colectivo Ecoloxista aboga por evitar el modelo urbanístico de Sanxenxo

FARODEVIGO/Arousa* : El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) remite estos días unas propuestas a los partidos políticos para que las incorporen a sus programas electorales. Una de ellas hace hincapié en la necesidad de conservar los valores ambientales del territorio. "Varios concellos de O Salnés están en vías de aprobar nuevos planes urbanísticos (PXOM), como Meaño y Ribadumia, y todos quieren seguir el modelo de Sanxenxo, basado en la construcción excesiva en lugares inapropiados", dice el CES. Para los ecologistas, los avances en materia ambiental más importantes de los últimos años se produjeron a instancias de administraciones superiores –sobre todo, la europea–, y creen que los concellos toman muchas decisiones sin pensar en realidad en los beneficios de lograr un desarrollo sostenible. Para el colectivo, "en los últimos años asistimos a una urbanización caótica y desmesurada" en O Salnés, pero "aún podemos cambiar las políticas urbanísticas si queremos dejarles algo de patrimonio natural a las generaciones futuras".

Por ello, plantean a los alcaldes que clasifiquen el suelo "con criterios de consumo racional, estableciendo unos topes máximos de suelo urbano y urbanizable, y adaptándolos a las normas ambientales y paisajísticas".
Los ecologistas arousanos opinan que "en el caso de Sanxenxo se debería modificar el PXOM para rebajar el exceso de suelo urbanizable".
El CES plantea a los partidos políticos que "el suelo y el paisaje son recursos limitados y por lo tanto deben ser gestionados con responsabilidad, para no hipotecar el futuro de las próximas generaciones". Los conservacionistas opinan que los ayuntamientos "deben intentar diversificar las actividades económicas y no enfocar toda la creación de empleo y riqueza cara la construcción de segunda residencia".
Las propuestas de los ecologistas sobre urbanismo, gestión del agua y de los residuos o la educación ambiental pueden consultarse en el blog cesalnes.wordpress.com.


* Faro de Vigo - 22.02.11
Foto: Ribadumia (Pontevedra), urbanizaciones anuladas - farodevigo

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La Plataforma por una Vivienda Digna presenta la “Guía de denuncia para una vivienda digna”

La asociación Plataforma por una VIVIENDA DIGNA*, ha presentado esta semana desde su web (www.viviendadigna.org) y desde su espacio en Facebook (www.facebook.com/viviendadigna), la "Guía de denuncia para una vivienda digna", documento que se puede descargar de forma gratuita y que está editado bajo la licencia creative commons para que se pueda compartir libremente y se asegure así, su máxima difusión. Esta guía nace con una doble finalidad. Por una parte, pretende explicar de manera sencilla cuál es el alcance de nuestro “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y cómo se formula en la práctica, tratando de arrojar algo de luz sobre el complejo entramado burocrático al que habrá de enfrentarse todo aquel que se proponga hacer llegar a las administraciones públicas sus quejas, sugerencias, peticiones, solicitudes, reclamaciones, recursos o denuncias en relación con ese derecho. Por otra parte, pretende estimular la participación política por medio de la utilización de todos los instrumentos legales y cívicos con los que contamos para reclamar el derecho a una vivienda digna, sin obviar el oscurantismo y la complejidad que supone todo lo que rodea a esta reivindicación pero asumiendo al mismo tiempo que este ejercicio de defensa, siempre será más provechoso que la apatía y el escepticismo.

Siguiendo esa filosofía, la guía -que consta de más de 170 páginas- está dividida en dos bloques. En el primer bloque, se explora el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se habla de cómo se formula a través de los distintos textos legales y también de cómo está organizada la distribución competencial del mismo entre estado, comunidades autónomas y entidades locales.

En un segundo bloque, se indica cómo defender el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Dentro de esta parte se enuncian nuestros derechos frente al mercado, frente a la administración, las vías de participación ciudadana de las que disponemos y la normativa básica sobre vivienda y ordenación territorial y urbanística.

Algunas de las preguntas a las que puede responder esta guía son:

- Si sois un grupo de vecinos afectados por una decisión administrativa y queréis defender vuestros derechos, ¿cómo podéis constituiros en asociación? ¿Qué ventajas tiene constituirse como asociación de vecinos?

- Si un inquilino recibe una demanda de desahucio, ¿qué debe hacer y a quién puede acudir en busca de asesoramiento?

- Si eres un inquilino de ‘renta antigua’ y sospechas que el propietario está haciendo todo lo posible para que te vayas de tu vivienda, ¿cómo puedes defenderte y a quién puedes pedir asesoramiento?

- ¿Qué gastos debe asumir obligatoriamente el inquilino de una vivienda? ¿Hasta qué límites puede el propietario elevar la renta y el resto de gastos?

- Si la administración te ha provocado un daño, ¿cómo puedes reclamar una indemnización?

- Si crees que la empresa que te suministra la electricidad o el agua ha aumentado injustificadamente el importe de la última factura o realiza lecturas ‘estimadas’ que consideras desproporcionadas, ¿cómo puedes reclamar una rectificación? ¿Puedes presentar una denuncia?

- Etc.

La guía se acompaña de un anexo que contiene una colección de modelos de diferentes formularios que el ciudadano puede tomar como ejemplo para realizar sus denuncias ante la administración. Entre otros, hay formularios de denuncia administrativa (consumo), de denuncia por coacción (acoso inmobilario), de solicitud de documentación pública, de queja al defensor del pueblo, de recurso de reposición, de recurso de alzada, o de solicitud de planeamiento urbanístico.

* Guía completa en formato PDF Creative Commons

* Anexo: Formularios en Word para rellenar

* Portada de la guía en .jpg


* Rebelión - Vivienda Digna - 24.02.11

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Cómo vivir sin ladrillos y sin hipoteca

ELPAÍS/Reportaje* : Imagínese las próximas vacaciones de verano. Primero, decidir el sitio; luego la casa o el hotel y, además, hacer la reserva con antelación. A la hora de fantasear con la futura casa suele ser inevitable pensar en unas cuantas paredes, ventanas... y en la hipoteca. La exposición Efímeras alternativas habitables rechaza estos esquemas tan poco flexibles y parte de una idea sugerente y optimista: existen otras maneras de construir (con cartón, con plástico), otras propuestas de viviendas (fáciles y rápidas de hacer, desmontables y baratas) y otras filosofías de vida. O sea, otros mundos después del ladrillo y la deuda con el banco. Esta exposición, que da a conocer los grandes ejemplos de esta arquitectura, supone una de las pocas veces, por no decir la única, que se cataloga la obra efímera, a la que incluso los propios profesionales han prestado poca atención. A pesar de que no surgió precisamente ayer. Parte de postulados (la ecología, sostenibilidad, atención al paisaje) que ya se debatían hace 80 años: fueron las reivindicaciones del movimiento moderno de finales de los veinte y principios de los treinta. Luego la idea de una vivienda asequible recibió un impulso -obligado- tras las cenizas de la II Guerra Mundial, que exigía casas para todos, y su proceso se industrializó.

La idea de esta muestra, a la que también se puede acceder en www.efimeras.com, partió de Carmen Blasco, la comisaria y profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y la ha montado con el grupo de alumnos con el que investiga. Cada una de las seis salas de exposición responde a un apartado. En Hazlo tu mismo está la Tenda rosa (1974- 1975), del arquitecto italiano Franco Raggi, una especie de templo romano de tela que quiere reflejar la estabilidad de lo sagrado y lo provisional de la residencia del nómada contemporáneo. Las Casas de cartón (1969), diseñadas para durar tres meses y ser quemadas tras las vacaciones, de Guy Rottier. O la Ciudad instantánea, en Ibiza, que el impulsor de la arquitectura hippie, José Miguel Prada Pool, construyó para el Congreso Internacional de diseño ADI-FAD en 1971.

Bajo el epígrafe de Emergencia, se encuentran dos llamativos proyectos: Casas de cartón, Paper Log House (1995), de Shigeru Ban, que se hicieron tras los terremotos de Kobe (Japón), Turquía e India. Son autoconstruidas, con cajas de refrescos llenas de arena como cimentación y paredes de tubos de cartón. No superan los 2.000 dólares (1.500 euros). Sirvieron de vivienda para los damnificados durante seis meses hasta que les construyeron las suyas. El otro proyecto es el Pink proyect (2008) o ciudad virtual de la esperanza, levantado en Nueva Orleans tras el Katrina y que es parte del proyecto solidario de Brad Pitt. Ha estado en la Bienal de Venecia y ahora llega a España.

La exposición, en la que han participado otros arquitectos como Juan Herreros, Alejandro Zaera, Ecosistema Urbano o Ángel Borrego, también echa mano de los recursos audiovisuales. El alumno José Díez del Corral ha ingeniado una mesa de cristal donde se pueden destripar todos estos proyectos... ¿utópicos? "En absoluto", responde la comisaria. "Ikea, empresas de ropa y la industria del automóvil ya se ha lanzado a hacer las cosas más sencillas y asequibles a todo el mundo".

* Efímeras alternativas habitables. Hasta el 29 de mayo en La Arquería de Nuevos Ministerios.


* El País - 23.02.11
Foto: Tree Tent' (1998), proyecto de gran éxito de Dré Wapenaar, una caseta transportable concebida para apoyar acciones ecologistas.- elpais

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Medio Ambiente impide la ampliación del puerto de Tarifa

DIARIODECÁDIZ* : Las causas del rechazo no se conocerán hasta su próxima publicación en el BOE. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha emitido una resolución desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de ampliación del puerto de Tarifa. Una noticia que ha traído frustración a técnicos, estudiosos, a quienes veían en este relleno portuario una fuente de empleo y al presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Manuel Morón, que dejará en manos del consejo de administración de la entidad la decisión de abandonar un proyecto en el que llevan trabajando desde 2004 y que ya sufrió grandes modificaciones para minimizar el impacto ambiental sobre las mareas y la Isla de las Palomas.

El presidente contó ayer la noticia a la prensa local, aunque el máximo representante del Organismo Público Puertos del Estado, Fernando González Laxe, se la comunicó el pasado lunes en Madrid. "Es una resolución que acatamos pero no compartimos", declaró Morón, que explicó que en su experiencia en la Autoridad Portuaria no conoce proyecto que se haya realizado con "tantísimos estudios" como éste. Han sido un total de 26, en los que han participado las universidades de Cádiz, Málaga y Sevilla, "y ninguno de los estudios concluye con que el proyecto no sea viable". El presidente de la APBA se refirió a felicitaciones de científicos participantes en estos estudios por la innovación en el planteamiento del dique de abrigo, curvo y permeable, que permitía la navegación segura dentro de la dársena comercial y la renovación de las aguas a la Isla de Las Palomas. Además, recordó que el Centro de Estudios de Puertos y Costas (Cepyc) verificó con un modelo reducido recientemente la operatividad del diseño.

El MARM ha rechazado así las 22 hectáreas de relleno y las 14 de dársena con cuatro atraques de fast-ferries y otras de cruceros que, según el estudio de la Universidad de Cádiz podría haber creado en 2015 unos 2.652, entre directos, indirectos e inducidos. Un proyecto que queda en el aire y que surgía ante el incremento de tráfico de pasajeros. Morón manifestó ayer, además, que de octubre a enero, fechas fuera de la conocida Operación Paso del Estrecho, el tráfico de pasajeros desde Tarifa ha crecido un 17% y el de vehículos, un 15%. Datos que ensalzan a Tarifa como el tercer puerto peninsular de España en tráfico de viajeros, y el segundo en cuanto al transporte de vehículos en régimen de pasaje y que se alejan de las acusaciones que hablaban de un puerto nuevo para unas semanas al año.

Las causas por las que el MARM ha decidido rechazar el proyecto se conocerán cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Antes, el presidente agradeció el apoyo de los ciudadanos que se mostraron a favor del proyecto, así como a las instituciones, palabras que suenan a abandono del proyecto. "No se nos ocurren qué más estudios hacer. Pero no quisiera tomar una decisión personal sobre la continuidad del proyecto. Lo que he comentado con la Junta de Andalucía y con Puertos del Estado es que vamos a someter la situación a la consideración de nuestro consejo de administración, donde están representadas las dos administraciones y ahí se adoptará la decisión que convenga", declaró Morón.



* Diario de Cádiz - 23.02.11
Foto: Tarifa (Cádiz), aérea - diariodelviajero

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Un juez plantea la inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias por generar "exclusión social"

COTIZALIA/Barcelona* : Un juez de Sabadell ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) la normativa actual sobre desahucios y ejecución de las hipotecas por considerar que perjudica a los ciudadanos embargados al vulnerar la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda, según el auto al que tuvo acceso Europa Press. El titular del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Sabadell, Guillem Soler, pide así al TC que estudie si es necesaria una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria. El juez considera que la legislación debe adaptarse a las condiciones sociales y económicas actuales para evitar que los numerosos desahucios "generen exclusión social". Además, en el auto se pide también al TC que contemple elevar el valor de la vivienda que finalmente se quedan las entidades financieras, dado que actualmente, después de la subasta, bancos y cajas adquieren el inmueble por el 50% de su valor inicial.

Esta práctica obliga a los ciudadanos desahuciados a seguir endeudados para cubrir la diferencia entre el valor de la vivienda y el importe total de la hipoteca que firmaron. Contra el auto no cabe recurso alguno, por lo que se espera ya una resolución por parte del Tribunal Constitucional, que no cuenta con un plazo determinado para dictar sentencia. El magistrado de Sabadell considera que las cláusulas hipotecarias contienen un "intenso desequilibrio contractual" entre la entidad y el cliente, y, considera, que éstos contienen "abusos" porque "no son efectivamente negociados entre las partes sino mayoritariamente predispuestos por la entidad financiera".

El juez, además, pone en cuestión que se decrete que el ciudadano haya incumplido su obligación de pago si ello no va acompañado del contexto en que se produce el impago. "Las garantías que ofrece al ejecutado la remisión legal al juicio declarativo correspondiente son tan frágiles e insubstanciales que no permiten superar el referido juicio de proporcionalidad constitucional", concluye el magistrado. De esta forma, el TC tendrá que dirimir la contradicción creada por dos secciones de la Audiencia Provincial de Navarra, que emitieron un auto a favor de la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria y otro que concluyó lo contrario.

Por último, en un comunicado, la asociación de consumidores Adicae aplaudió esta iniciativa, que "pone de manifiesto la sensibilidad de algunos jueces con el grave problema hipotecario que atraviesa una buena parte de la sociedad española". "Se espera que sean muchos más magistrados los que se unan a este camino, en pos de una reforma justa de la legislación vigente en materia de embargos y ejecuciones hipotecarias", pidió Adicae.


* Cotizalia - EP. - 22.02.11
Foto: Tribunal Constitucional - publico

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Axarquía.- Alertan de la ‘perversa’ aplicación del urbanismo en algunos municipios

INFOAXARQUÍA/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), ha dirigido un escrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el que alerta de la “perversa” aplicación que, a su juicio, están haciendo algunos ayuntamientos andaluces del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. El presidente de Gena, Rafael Yus, ha puesto como ejemplo de esta situación al municipio de Almáchar, donde el Ayuntamiento aprobó en junio de 2010 una ordenanza municipal de disciplina urbanística, cuyo objetivo, según sospechan los ecologistas, sería aprovechar los resquicios de la normativa autonómica para legalizar, bajo la calificación de fuera de ordenación, muchas de las construcciones ilegales en suelo rústico del municipio. En un comunicado, Yus ha explicado que el contenido de esta ordenanza “se centra exclusivamente en el proceso administrativo de asimilación a la condición legal de fuera de ordenación, desentendiéndose de los restantes elementos que prevé el reglamento autonómico, tales como el sistema de sanciones y los expedientes de reposición de la legalidad urbanística”.

Así, la ordenanza se refiere de forma “muy exhaustiva” a los requisitos para poder declarar las viviendas con una antigüedad superior a cuatro años bajo el estatus de “fuera de ordenación”, pero no establece “medidas contundentes” para impedir el proceso urbanizador espontáneo en suelo rústico.

“Si, tal como suponemos, este ayuntamiento abre Expedientes de Protección de la Legalidad Urbanística (EPLU), pero finalmente las viviendas siguen en pie y los expedientes prescriben al superar los cuatro años previstos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se estaría incurriendo en un delito de prevaricación omisiva, incluido tras la reforma del Código Penal como una forma de delito contra la ordenación del territorio”, ha añadido Yus.

Gena considera que es “casi obligado” entender que existe una relación entre la “parcializada ordenanza” de disciplina urbanística del Ayuntamiento y el interés de legalizar viviendas, “a las que de manera intencionada no se les quieren aplicar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, y de este modo se les otorga el premio de su legalización, aunque sea con las limitaciones del estatus de fuera de ordenación”.

De este modo, a juicio de Gena, el Ayuntamiento “también elude la espinosa responsabilidad de dictaminar órdenes impopulares como la demolición de viviendas, posiblemente por el precio electoral que ello comportaría”.

El colectivo ha mostrado su “firme convencimiento” de que la aprobación de esta ordenanza “es una estrategia encubierta para soslayar la obligación de aplicar la disciplina urbanística desde los entes locales que, a la larga, supondrá la total reurbanización del campo, justamente en el orden inverso al efecto disuasorio con que fue concebido el reglamento autonómico”.

Del mismo modo, Yus ha indicado que esta ordenanza puede tener “un perverso efecto llamada” para futuros constructores de viviendas en suelo rústico, “a los cuales parece garantizársele la hibernación durante cuatro años de su correspondiente EPLU, para posteriormente legalizarlo mediante esta ordenanza”.

En este sentido, ha asegurado que otros ayuntamientos andaluces, como los de Marchena (Sevilla), Vejer de la Frontera y Barbate (Cádiz), e incluso el de Sevilla capital, utilizan “el mismo criterio” que Almáchar para aplicar el reglamento autonómico de disciplina urbanística, “y tenemos fundamentada inquietud de que tal estrategia se está difundiendo entre consistorios como vía de escape para las presiones urbanizadoras del campo en toda Andalucía”.

Ante lo que considera una “perversa” aplicación del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, GENA ha anunciado que recurrirá a sus servicios jurídicos “para interponer las correspondientes denuncias por presuntos delitos penales”.



* InfoAxarquía - 21.02.11
Foto: Almáchar (Málaga), vista - multimania

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¿Se cobran las sanciones urbanísticas?

FARODEVIGO* : Hace justo ahora dos años, Cangas tenía abierto un proceso de embargo por 55.000 euros, por multas por infracciones urbanísticas. Los afectados debían abonar el dinero que reclamaba el Concello en 20 días. Pero no se sabe si este proceso concluyó. Tampoco nada de las otras deudas que el exconcejal de Urbanismo Mariano Abalo había paralizado, pendientes de un informe jurídico. El Concello había remitido al ORAL 16 sanciones; una de 9.000 euros, 10 de 6.001 euros, 2 de 3.150 y de 300 euros y una de 60 euros. Hubo otras que nunca llegaron hasta el ORAL, el concejal Mariano Abalo estaba convencido de que durante el gobierno del Partido Popular que presidía José Enrique Sotelo se habían impuesto sanciones que no se corresponden con la categoría de la infracción. La propia Ley del Suelo señala que todos los expedientes que concluyen con que la infracción cometida no es legalizable es tipificada en la propia ley como grave, de ahí que la cuantía mínima sea de 6.001 euros.

El candidato a la alcaldía de Cangas por el Partido Popular, José Enrique Sotelo, exigió, en su momento, acceder a los datos relacionados con las sanciones urbanísticas que fueron remitidas al ORAL para su puesta al cobro y que se encontraban en fase de embargo. Sotelo acusó a Mariano Abalo e actuar con imparcialidad y pretendía saber porque unas sanciones urbanísticas sí se pasaron al ORAL para su cobro y otras no. Todo este conflicto quedó sepultado por los conflictos políticos y nada se sabe de todos estos embargos. Nadie arroja una luz sobre todos estos datos. La recaudación de sanciones por infracciones urbanísticas en Cangas sigue siendo una verdadera incógnita.



* Faro de Vigo - 22.02.11
Foto: Cangas (Pontevedra) - farodevigo.es

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Qué fue de la ética

JOSÉ MANUEL ATENCIA* : No tengo certeza de cuándo se produjo ese momento. El caso es que llegó un día en que la mujer del César dejó de importarnos lo que pareciera. Y la moral y la ética, esas normas de convivencia tan difíciles de definir, dejaron de tener importancia en política. De un tiempo a esta parte la mujer del César, e incluso el César, puede hacer lo que le venga en gana, ya que pocos van a censurárselo, y muchos, van a salir en su defensa. Hubo una vez una época donde un político inmerso en una polémica presentaba su dimisión para defender su honorabilidad y no poner en duda la institución a la que pertenecía con una maraña de acusaciones. Algunos de los afectados, años después, recuperaban su honor, pero casi nunca retornaban al cargo. Era el precio a pagar por la decencia personal y por la defensa de los valores democráticos, entre ellos, el de su propio partido. Había una clara línea que separaba la presunción de inocencia desde el punto de vista de la Justicia de la presunción de decencia en la política. Porque las cosas pueden ser legales y no éticas, e incluso éticas pero poco estéticas. Todas, sin embargo, provocaban una reacción de rechazo moral de los ciudadanos. Y de los políticos.

Aunque la reflexión sobre la ética viene de la antigua Grecia, no ha sido hasta hace unos años cuando se ha desarrollado una práctica en los partidos políticos que parte de una premisa intolerable: la Justicia, además de velar por la legalidad, es la única que, con sus sentencias, puede establecer la medida de la moral, de la ética e incluso de la estética. Por ello, la mujer del César ya no tiene que parecerlo, tiene que estar condenada para no serlo. Y ni tan siquiera vale una condena cualquiera. Hoy en la política, hay condenas asumibles y hasta condenas tolerables.

El día que dejó de importar lo que pareciera la mujer del César, muchos políticos establecieron una vara de medir para los suyos y otra para los demás, al igual que optaron por establecer una unidad de medida para la ética y para la estética. Desde ese instante, en cuestiones de decencia dejaron de ser lo mismo cuatro trajes que cuatro coches, los ERE que los seres, e incluso las verdades que las mentiras. Por las rendijas de esta práctica política tenemos en España a Francisco Camps, presidente de la comunidad autónoma de Valencia y autoproclamado candidato a la reelección, supeditando su ética a la lentitud de la Justicia y a la importancia de unos regalos. O a un partido político, el PSOE, que sustenta el Gobierno de Andalucía, manteniendo en sus cargos políticos a unos dirigentes que, en su etapa de miembros del Ejecutivo, no lograron descubrir una trama de falsos prejubilados pagados con dinero público que se coció en sus propios departamentos. Y eso, por ponerme en el mejor de los casos.

Por los agujeros de la estética se ha colado también, en los últimos días, el concejal de Urbanismo de Málaga que adjudicó la gestión de una piscina a dos empresarios. El primero, un amigo íntimo de su hermano. El segundo, un constructor al que le compró, a buen precio, su vehículo todoterreno. Como no hay dos sin tres, en la historia aparece otro empresario, presunto mediador del concurso, que le facilitó los trabajadores que luego hicieron unas obras de remodelación en su vivienda. El edil afectado ha hecho público los pagos que acreditan la supuesta legalidad de todo, pero no tiene un único argumento que avale la estética en nada.

Los tres casos relatados tienen un denominador común, las centurias de romanos que han salido para defender la honorabilidad del César, de la mujer del César, y de la tropa que rodea al César. Alguien me podrá reprochar que estos asuntos no son comparables. Pero entonces, ese alguien tendrá que admitir que ha aceptado medir la ética. Y que la moral y la estética han pasado a depender de la administración de Justicia.

* El País - Opinión - 22.02.11

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