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ELPAÍS* : En principio, no parece un buen negocio. El Ayuntamiento de Madrid cede suelo público a la Comunidad para hacer equipamientos educativos (colegios e institutos) y luego el Gobierno regional vuelve a ceder esas parcelas a colegios privados concertados que se encargan de construir los edificios y gestionarlos. A cambio, la Comunidad recibe un canon anual que pagan los centros, que varía según la zona y los metros construidos. Es decir, que al final la Comunidad de Madrid está recibiendo un dinero anual por una parcela que era de propiedad municipal, y el Ayuntamiento no saca nada en limpio de esa cesión.
Esto es lo que ha venido sucediendo desde el año 2005 con al menos 13 de las 40 parcelas que el Consistorio ha cedido a la Comunidad para la construcción de colegios, situadas mayoritariamente en los nuevos ensanches de la capital, como Vallecas, Sanchinarro, Las Tablas, Barajas y Carabanchel.
Esas 13 parcelas han acabado siendo concedidas por la Comunidad de Madrid a empresas privadas. En algunos casos, el dinero que pagan los centros al Gobierno regional cada año asciende a una cantidad considerable: 120.000 euros abona el colegio concertado Valdefuentes, situado en Sanchinarro. En total, la cantidad que recibe la Comunidad anualmente por la cesión de estas 13 parcelas ronda los 250.000 euros.Otro de los colegios que se ha hecho con una parcela cedida en origen por el Ayuntamiento es el CEU San Pablo Sanchinarro, de nueva construcción, que abrirá sus puertas en septiembre de este año. El canon que abona a la Comunidad es de 35.000 euros al año.
Algunos pagan cantidades más modestas, como los 8.000 euros del colegio concertado Santa María la Blanca, en Montecarmelo; los 7.500 euros del centro Valverde, en las Tablas, o los 6.000 del Gaudem, en el ensanche de Barajas, y del Villamadrid, en la Colonia Marconi.
Las cesiones de terreno a estos colegios suelen ser de 75 años, plazo tras el cual vuelven a ser de propiedad del Ayuntamiento de Madrid.
En fin, una cantidad de dinero, modesta si se quiere, pero que no revierte en las arcas municipales que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, la política de cesión gratuita de este tipo de suelo a la Comunidad de Madrid no sucedía (o no siempre) con el equipo de Gobierno anterior, que presidía José María Álvarez del Manzano. Este alcalde, también del Partido Popular, sí cedió directamente suelo de titularidad municipal a empresas privadas que construyeron centros educativos, por lo que el Ayuntamiento percibe anualmente el citado canon. Como ejemplo, cuatro colegios (Las Rosas, Gredos de San Diego, Siglo XXI y El Valle) ingresan anualmente en el Consistorio una cantidad cercana a 190.000 euros.
Y es que, aunque la Comunidad de Madrid tiene las competencias en educación, es legal que los Ayuntamientos decidan ceder suelo directamente a los centros privados a través de un convenio, como asegura un portavoz de la Consejería de Educación. La potestad de hacerlo o no ya depende de cada municipio. Y no siempre lo hacen Ayuntamientos gobernados por el PP. A principios de este año Parla, gobernada por el PSOE, sacó a concurso la adjudicación de una parcela de 22.000 metros cuadrados a un colegio privado concertado.
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid asegura que no cobra dinero porque son parcelas cedidas gratuitamente por los propietarios de los nuevos desarrollos para que las Administraciones cuenten con suelo que se utilice en nuevas dotaciones, en este caso colegios. "Estos equipamientos solo se pueden hacer por la Administración competente, en este caso la Consejería de Educación. Ante ello, es lógico que los derechos se cedan gratuitamente", aseguran en Urbanismo. "Es una filosofía del equipo de Gobierno actual, que evita asumir más competencias impropias, como es la educación", afirma un portavoz municipal.
El grupo socialista en el Ayuntamiento considera que con el sistema actual de cesión se está perdiendo el control y los derechos sobre el patrimonio del suelo municipal, y de paso dinero, ya que se cede gratuitamente unas parcelas por las que la Comunidad recibe ingresos.
"En el fondo no es una cuestión de que se pierda más o menos dinero por el canon que no se cobra", asegura el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, David Lucas. "Es más preocupante que esas parcelas de titularidad municipal, que deberían transformase en colegios públicos y para eso se cedieron, acaben siendo gestionadas por empresas privadas, con lo que se está favoreciendo claramente a la enseñanza concertada", añade Lucas.
Querencia por unos ideales
La política de la Comunidad de Madrid de favorecer la educación concertada tiene como uno de los beneficiarios principales a los centros con vocación católica. También en el caso de algunos que ocupan parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Madrid desde 2005.
Un simple repaso en Internet a las páginas web de estos centros sirve para confirmarlo. El colegio Valdefuentes, en Sanchinarro, señala que sus valores fundamentales se corresponden con los de la doctrina cristiana. "Por ello tomaremos siempre como punto de referencia, para todas las ramas del saber, la orientación de la Iglesia católica".
No le anda a la zaga el CEU San Pablo Sanchinarro, promovido por la Asociación Católica de Propagandistas, que incluye en su decálogo "el reconocimiento de un orden natural y sobrenatural superior e inviolable y el reconocimiento de la libertad del hombre en la respuesta a la altísima vocación a la que ha sido llamado". También afirma: "La doctrina de la Iglesia, y en particular su magisterio social, ofrece criterios seguros para los campos del saber humano. Tales criterios guiarán la actividad académica de nuestros centros en la enseñanza e investigación".
El colegio Santa María la Blanca de Montecarmelo tiene hasta un himno dedicado a esa virgen, con versos como: "Haz de nosotros, devotos tuyos, un germen nuevo de esta ciudad. Haznos conscientes de que tu Hijo, vino a traernos la libertad". El arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, bendijo el jueves la primera piedra de la parroquia de Montecarmelo, a la que está vinculada el colegio.
* El País - 17.07.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Madrid.- La Comunidad cobra a colegios privados por usar suelo municipal
A Coruña.- Greenpeace considera Langosteira como la mayor destrucción costera de la provincia
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LAOPINIÓN* : El "mejor ejemplo de la falta de planificación" del Ministerio de Fomento y la "destrucción costera más destacable" de la provincia de A Coruña. Así define la organización ecologista Greenpeace el puerto exterior de punta Langosteira, un proyecto que nació y se justificó a raíz del accidente del Prestige con su inclusión en el Plan Galicia del año 2003 y que desde entonces, ha estado permanentemente en cuestión y rodeado de polémica. El informe anual de Greenpeace Destrucción a toda costa carga las tintas contra el puerto coruñés por la "falta de planificación" que demostró el Gobierno al anunciar el proyecto "cuando ya estaban en marcha las obras" en Ferrol y a pesar de que "carecía de viabilidad técnica", al proyectarse en el punto "con el oleaje más agitado de toda Galicia".
Además, el inicio de las obras supuso para los ecologistas la "destrucción costera más destacable" de A Coruña y "en la mejor zona litoral de la provincia". "A escasos 20 km del puerto exterior de Ferrol, se aprobó en 2005 la construcción del puerto exterior de Langosteira, que carecía y carece de viabilidad técnica, ambiental y económica a pesar del gran negocio especulativo ideado por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria en los terrenos del actual puerto", resume el informe, que añade que las obras ya han destruido 3 km de costa, se han cobrado cinco muertos y acumulaban en 2009 un sobrecoste de 100 millones "achacados al efecto del mar".
Las decisiones de Fomento en materia portuaria han contribuido al deterioro de la costa gallega pero no han sido las únicas. El boom del ladrillo llegó un poco más tarde a Galicia, que solo en la última década "recalificó más suelo que en toda su historia". En 2007, en plena fiebre urbanizadora y justo antes de la prohibición de la Xunta de construir a menos de 500 metros del mar, había proyectadas 800.000 nuevas viviendas en la costa gallega, una cifra casi idéntica a lo que se había construido en toda la historia (816.000 residencias). Aunque algo más tarde que las comunidades del sur de España, Galicia se sumó a la "marbellización" y no le salió gratis: en 2005 ya había perdido 6.000 hectáreas de bosques y espacios naturales por el cemento. La lista de amenazas y agresiones contra el litoral gallego es larga y Greenpeace encuentra ejemplos de todo tipo en la última década.
. Urbanismo sin control. Siete concellos costeros coruñeses destacan por su "urbanismo salvaje" en los últimos años. A Pobra, Ribeira, Outes, Mugardos, Sada, Ortigueira y Pontedeume aumentaron su edificabilidad en más de un 200% para atender la demanda del ladrillo a pesar de que había 300.000 viviendas vacías en Galicia. La situación ha provocado que en Barreiros, por ejemplo, "haya más construcciones paralizadas por la Justicia que obras en marcha".
. Nuevas infraestructuras. Tampoco el puerto exterior de Ferrol convence a Greenpeace que critica las nuevas instalaciones porque "actúan como barreras, alterando las corrientes marinas, cerrando la boca de la ría un 60% y afectando a espacios Red Natura", lo que transforma la zona en "una costa ocupada y contaminada". Además, los ecologistas denuncian la "avalancha de puertos comerciales y deportivos" en la última década, una auténtica "plaga" en este último caso que situó a Galicia en 2008 con más de 11.000 amarres y un ratio de plazas por cada embarcación "diez veces superior al de Italia". Greenpeace critica asimismo a Medio Ambiente por alterar la costa construyendo decenas de paseos y a la Xunta, tanto por el anterior plan de acuicultura como por retomar el proyecto de Touriñán.
. Contaminación costera. El informe destaca "la especial condescendencia" de Galicia "con las industrias más contaminantes" y en especial, con Reganosa, en Mugardos, y ENCE en Pontevedra. La recuperación de ambas rías es, según el informe, "una incertidumbre", aunque "los vertidos industriales, las aguas residuales urbanas y el tráfico marítimo" son una amenaza para todas. A Coruña y Ferrol, además, suspenden con nota en depuración de residuos y alcanzarán los requisitos fijados por la UE con 10 años de retraso.
. Políticas. Hasta 14 municipios gallegos se han visto implicados recientemente en procesos judiciales por irregularidades urbanísticas. Greenpeace critica el papel municipal en el deterioro de la costa, cuya "permisividad y anarquía urbanística" permitieron durante los últimos años una construcción "sin control". Pero también critica a la Xunta, tanto por "asfixiar" actividades ligadas a un litoral sano, como por rebajar la normativa de protección ambiental o reclamar competencias estatales sobre el dominio público marítimo-terrestre para "legalizar miles de viviendas ilegales en el litoral". "Es paradójico que tanto los grupos políticos de derechas como los nacionalistas pretendan privatizar la costa", lamentan los ecologistas, que creen que el resultado de tantos años de políticas "de espaldas al medio ambiente" es una "costa contaminada y cada vez más desfigurada".
* La Opinión A Coruña - 17.06.10
Foto: Ferrol (A Coruña), puerto - laopinioncoruna.es
La Eurocámara exige la descontaminación de la ría de Huelva y un estudio epidemiológico en la zona
HUELVAINFORMACIÓN* : La Eurocámara ha exigido este jueves la descontaminación de la ría de Huelva y recomendó nuevas evaluaciones independientes sobre el estado del suelo y el agua de la zona, así como la realización de un estudio epidemiológico para aclarar si hay relación entre los altos índices de cáncer en la población y los vertidos tóxicos de empresas fertilizantes. La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha confirmado este jueves por unanimidad el informe de la eurodiputada francesa Pascale Gruny (PPE) en el que se reclama que las empresas responsables asuman los costes de la contaminación y que se ponga en marcha un plan de rehabilitación.
También propone introducir un sistema para informar a los ciudadanos en tiempo real sobre la contaminación en esta zona.
El documento ya contó con el apoyo de todos los grupos en un primer debate el pasado mes de mayo, pero ahora incluye algunas modificaciones a petición del eurodiputado español Willy Meyer (IU) para pedir "el traslado de las cenizas radioactivas de Acerinox" y que se realice un estudio "sobre las enfermedades relacionadas con el Síndrome de la Fatiga Crónica" (Sensibilidad Química Múltiple, SQM).
El informe también ha sido enmendado para hacer referencia a que "existen 120 millones de toneladas de fosfoyesos y 7.000 toneladas de cenizas radioactivas de Acerinox que fueron traídas de la Bahía de Algeciras".
El informe adoptado este jueves es el resultado del viaje de un grupo de eurodiputados el pasado mes de febrero para conocer de primera mano la versión de los ecologistas que denuncian el impacto medioambiental y los riesgos para la salud de los vertidos tóxicos de varias industrias de fertilizantes y los niveles radioactivos en el estuario de Huelva.
* Huelva Información - EP. - 16.07.10
Foto: Vista aérea de la ría de Huelva.- huelvainformacion.es
Baleares es la región que más territorio de costa ha ocupado en la última década
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ELMUNDO* : Greenpeace denuncia que la destrucción de la costa en Baleares "ha sido demoledora" con las características naturales del archipiélago durante los últimos diez años, dado que es la región de España que más territorio ha ocupado en la última década con un 41,4%. Además considera que la ampliación del puerto de Ibiza es "innecesaria" y representa una "grave amenaza" para los ecosistemas marinos motivando el interés de la UNESCO sobre las consecuencias de de este proyecto. También censura que el Ayuntamiento de Calvià continúe con sus pretensiones de hundir una fragata militar junto a las islas Malgrats y reclama al consistorio que deje de recurrir a la Audiencia Nacional la negativa del Ministerio de Medio Ambiente a esos planes.
Así lo expone la última edición del informe 'Destrucción a toda costa' que recopila una evolución de los diferentes estudios realizados por la ONG y las consecuencias del desarrollo urbanístico en el entorno medioambiental de las comunidades. De hecho, tras diez años vigilando el litoral, destaca que "el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día".
El estudio incluye datos del impacto urbanístico en las islas y señala que sólo entre el año 2000 y 2002 se presentaron 31 proyectos para pavimentar 26.458 metros de costa y que en 2007, en "el cénit de la burbuja inmobiliaria", se proyectaba la construcción en la costa balear de 171.900 viviendas, 21 campos de golf y cinco nuevos puertos deportivos o ampliaciones para 2.092 amarras.
Por otro lado, el estudio revela que dos años más tarde "se cementaban" en Baleares 1,4 hectáreas de territorio al día, una cifra que a juicio de Greenpeace resulta "desproporcionada" si se tiene en cuenta que más del 40% de las viviendas de esta comunidad están vacías la mayor parte del año. Este informe se muestra también crítico con el ex presidente del Govern y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, al que achaca que, bajo un supuesto impulso del turismo, aumentaran las emisiones de C02 y la mala gestión de los residuos generados en la comunidad.
"El legado del paso del ex ministro de Medio Ambiente por el Govern balear también incluye la reforma de leyes como la Ley de Espacios Naturales para permitir la construcción de viviendas unifamiliares en espacios protegidos o la posibilidad de recuperar la condición de urbanizables de aquellos espacios costeros que limitaban al menos en un 50% con suelos urbanos. También hizo desaparecer la moratoria sobre nuevos campos de golf en las Pitiusas y la moratoria urbanística que se aplicaba desde hacía tres años", sostiene el estudio de Greenpeace.
La Justicia Actúa
No obstante, el informe elaborado por la ONG destaca que la actuación de la Justicia en tramas urbanísticas, como la acaecida en Andratx, "han supuesto un punto de inflexión sobre la impunidad que se estaba viviendo en las islas". Como ejemplo de ello, Greenpeace recuerda que si en 2007 había 16 casos de corrupción en Baleares, en 2009 eran 79 los casos detectados.
Otro de los aspectos que critica el estudio es que el Ministerio de Fomento "no ha cumplido" sus promesas de racionalizar los proyectos de puertos o aplicar la sostenibilidad en la ampliación de los mismos. Al respecto, indica que en la última década la ampliación de los puertos de Palma, Ibiza o Maò ha sido constante.
En esta materia, Greenpeace también critica "la fiebre imparable" de los puertos deportivos y resalta que, con 1.428 kilómetros de costa, las islas acumulan el 12% de la oferta total de amarres de barcos de todo el mediterráneo. Como dato, se indica que tan sólo en Mallorca existían en 2005 cerca de 13 proyectos de instalaciones náutico-deportivas y la previsión de la Ley de Puertos de Baleares señalaba como previsión en 2006 de casi 5.000 nuevos atraques.
Consecuencias en el ecosistema balear
Sobre las consecuencias de esta evolución en el ecosistema, la ONG advierte del impacto del cambio climático en el litoral balear y recalca que los últimos datos prevén una subida del nivel del mar en 20 centímetros en esta cosa, lo que significará un retroceso de la línea de costa de 15 metros para el año 2050. Además, sostiene que el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) "augura mayores sequías, huracanes y grandes temporales para el archipiélago balear", unos datos que a juicio de Greenpeace debe hacer reflexionar a las instituciones.
Por otro lado, el informe de esta organización asegura que el crecimiento urbanístico mal planificado ha tenido su efecto en la contaminación de las aguas. Según este estudio, Mallorca ha sido la que "mayor intensidad ha padecido" los problemas de una mala depuración de aguas residuales que ha tenido un reflejo directo en las playas.
Además, Greenpeace entiende que las islas pitiusas también presentan problemas crónicos en esta materia con "numerosos vertidos" de aguas residuales de núcleos urbanos no conectados a las redes de saneamientos.
* El Mundo - E.P. - 16.07.10
Foto: Imagen de la costa de Andratx. | C. Cladera - elmundo.es
Reinicio de las obras del Puerto de Granadilla
Ante el comunicado de prensa emitido ayer martes, 13 de julio, en el que Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife informa sobre el reinicio de las obras del proyecto portuario de Granadilla, desde la Ben Magec-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* se considera totalmente increíble la desfachatez de reiniciar un proyecto tan polémico, irracional, costoso, innecesario y sobre todo, ilegal como es éste. En este sentido, queremos manifestar lo siguiente:
1. El proyecto ha demostrado ser el que suscita mayor oposición por parte de la ciudadanía en la historia de Canarias. Seguimos afirmando que es mayoritaria la oposición al mismo, por lo que estamos hablando de un hecho antidemocrático sin precedentes.
2. En un momento de tan grave crisis del sector turístico, convertir en chocolate las aguas del sur de Tenerife y arruinar la mejores playas naturales que hay en la Isla es una irresponsabilidad de la que habrá que pedir responsabilidades, en el supuesto de que se reinicien las obras
3. Todo el discurso de Zapatero y el PSOE sobre la crisis general y la forma de luchar contra ella perderán cualquier sentido si desde el Gobierno central se permite el reinicio de estas obras, que sin duda, de todas los disparates de infraestructuras proyectado en Canarias, es el más irracional de todos (recordar, una vez más, el proyecto gemelo y fantasma del puerto de Arinaga en Gran Canaria)
4. El empecinamiento de CC+PP en este proyecto únicamente responde a la prepotencia de no digerir que los movimientos ciudadanos tienen la razón, y aún a sabiendas de que el proyecto es ilegal y nunca se terminará, básicamente por falta de fondos, prefieren hacer el destrozo en la zona con esta reanudación que dar su brazo a torcer frente a los ciudadanos y los ecologistas
5. Queremos aclarar, una vez más, que este proyecto es absolutamente ilegal y que sólo las más asquerosas triquiñuelas políticas (la última, el nuevo catálogo de especies aprobada por ley del parlamento canario), típicas de auténticos gobiernos despóticos, es lo que permite la reanudación de estas obras
6. Por tanto, estamos plenamente convencidos de que estos enemigos declarados del medio ambiente no se saldrán con la suya, y alguna de las múltiples actuaciones jurídicas que están ya en marcha, junto con las otras nueva y muy importantes que pondremos en marcha en los próximos días, acabarán dándonos la razón y finalmente prevalecerá el Estado de derecho en el que supuestamente vivimos.
* Ecologistas en Acción - Canarias - 14.07.10
Cada día se arrasan 7,7 hectáreas de costa en España, según Greenpeace
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PÚBLICO* : La organización ecologista denuncia la connivencia de las administraciones públicas con el boom inmobiliario que depredó el litoral español. Durante los últimos 20 años se destruyeron más de 50.000 hectáreas de costa, a un ritmo de 7,7 hectáreas al día. Aún hoy, en algunas zonas como Alicante o Málaga, más del 75% del terreno colindante al mar, es urbano o urbanizable. Asturias y Cantabria tampoco se libran del maltrato a sus costas y ocupan los primeros puestos del ránking que evidencia el décimo informe anual "Destrucción a toda costa 2010 ", realizado por la organización ecologista Greenpeace.
Este estudio que lleva realizándose diez años, pone de manifiesto el deplorable estado de las costas españolas y sirve de denuncia contra el urbanismo salvaje que va reduciendo el espacio del litoral. En esa línea, Juanjo López de Uralde, director de Greenpeace en España , ha ofrecido datos que evidencian el crecimiento desproporcional del urbanismo frente al de la población en España. Como ejemplo ilustrativo ha indicado que entre los años 1990 y 2000, la urbanización aumentó en un 25% mientras que la población lo hacía en un 5%.
Uralde ha presentado una hoja de ruta para evitar el saqueo del litoral español y en ese sentido ha puesto varias propuestas sobre la mesa. En primer lugar, ha remarcado la importancia de tener una "estrategia de sostenibilidad de la costa" ya trabajada con ayuda del Gobierno pero que ahora según Uralde "el proyecto del ministerio está abandonado". En ese sentido, Greenpeace propone fortalecer la red de reservas naturales marinas, otorgando un alto nivel de protección a los "tesoros" marinos y gestionar eficazmente la preservación de los mismos.
La organización ecologista insiste en que se cumpla la ley de Costas , pero que no se utilice de forma "demagógica", ya que esta ley se pensó para evitar "grandes aberraciones como el caso del hotel Algarrobico", asegura Uralde, y contra esas grandes construcciones de debe aplicar la ley "con toda su fuerza, y no así contra los chiringuitos playeros".
Dentro de la mencionada hoja de ruta, se plantean la necesidad de fortalecer los planes de vertidos al mar. Manifiesta el director de Greenpeace en España, que existen proyectos de apertura de nuevos pozos petrolíferos a lo largo del litoral, y pide una moratoria en la aplicación de los mismos para replantearse un proyecto que sea 100% renovable.
Ayuntamientos "ladrillo- dependientes"
Para cambiar la situación del litoral, declara Uralde que es preciso "resolver el problema de la financiación de los municipios españoles". La dependencia que tienen de la construcción, como su principal fuente de financiación, supone un problema que Uralde invita a plantearse. Las imágenes que comparan la costa actual con la de hace unos años, dan cuenta del salvaje cambio producido en el litoral español en los últimos tiempos.
Cambio climático, otra amenaza de nuestras costas
Que el nivel del mar está subiendo de forma alarmante es una realidad que muestra un último informe del Centro Tecnológico del Mar y los Alimentos (AZTI), que advierte de una subida de medio metro en el Cantábrico. Así lo ha recordado Uralde, para avisar que si esto se produjera, ciudades enteras como Bilbao, que se encuentra en plena ría del Nervión, podrían desaparecer. Por último ha realizado una crítica a los que insisten en perseguir al que manifiesta las injusticias, ya que por denunciar cuestiones similares (como en el caso de La Manga del mar menor ), acabaron enfrentándose a la justicia.
Las cifras de la destrucción en la costa española
Según este informe, el 44% de la población española vive en la costa, la cual apenas representa el 7% del territorio.
En los últimos 20 años se ha destruido en el litoral español una superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día.
En algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral, es costa artificial. En un análisis por Comunidades Autónomas Greenpeace destaca:
Andalucía: 59% de su costa ya urbanizada. Es una de las comunidades autónomas que más han maltratado su litoral en la última década.
Asturias: ocupa el tercer puesto en el ránking de cambio de uso del suelo. En dos décadas el incremento de superficie artificial fue del 50,5%, es decir, se dobló la superficie no natural de la costa.
Cantabria: en 2008 ya se habían rellenado con hormigón y desecado el 50% de su costa.
Catalunya: tan solo el 11% de su litoral no protegido está libre de edificaciones.
Urbanismo
En España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas. Entre 1990 y 2000 la urbanización en España aumentó un 25,4%, la población, un 5%.
En 2006 se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1.479.000 nuevas viviendas.
En 2007 los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3.000.000 de nuevas viviendas. La construcción robaba a la costa era el equivalente a tres campos de fútbol al día.
En 2008 España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero entre 2003-2007 se llegó a triplicar esta cifra. Ese mismo año la venta de pisos en la costa descendió un 30%.
En 2009 había un millón de viviendas sin vender, casi la mitad en la costa mediterránea. España es el país que más dinero público ha destinado en los últimos meses a sostener el sector inmobiliario.En España hay 416 campos de golf. Cada uno necesita al año una cantidad de agua equivalente al consumo de una población de 10.000 habitantes.
* Público - 16.07.10
Foto: Roses (Girona), 50 años de urbanismo salvaje - greenpeace.org
El puerto de Málaga renuncia al nuevo plan por "la deslealtad" del alcalde
ELPAÍS* : El plan especial del puerto de Málaga se desarrollará como se aprobó en 2004, sin cambios. El pretendido consenso para rediseñar la esquina entre los muelles 1 y 2 ha resultado tener pilares de barro y se ha hecho añicos dejando una fuerte contestación ciudadana con una extendida sensación de frustración en el empeño de conseguir que el puerto se abra a la ciudad, el desconcierto de la empresa concesionaria, y la ruptura de relaciones entre la Autoridad Portuaria y el alcalde, que durante años se movieron en la cuerda floja.
Apenas 23 días después de anunciar el pacto con el Ayuntamiento, la concesionaria y Unicaja para modificar el plan especial, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, compareció ayer en la misma sala para informar de que renuncia definitivamente a los cambios y culpó al alcalde, Francisco de la Torre (PP), a quien atribuyó una "absoluta falta de respeto y de mínima lealtad institucional". Linde se refería al anuncio realizado hace dos días por De la Torre de suspender la tramitación del nuevo plan para abrir un periodo de "reflexión" y estudiar otras alternativas, una decisión unilateral y sin consultar. "Hablé con el alcalde el viernes, el lunes y el martes, y me decía algo muy distinto de lo que esos mismos días decía en la prensa", se quejó Linde.
El presidente de la Autoridad Portuaria, se confesó "indignado", aunque no sorprendido por la decisión del alcalde, porque dijo que ya está acostumbrado a sus permanentes dudas. Tan cabreado que llegó a afirmar que la ciudad está vacía de liderazgo. "Pide reflexión y digo no gracias, le conozco y sé que cuando dice eso nos puede llevar tres o cuatro años. No vuelvo a negociar con el alcalde, lo considero inútil".
La modificación del plan, que ha tenido una fuerte y sonora contestación ciudadana, consistía básicamente en dar una altura de 13 metros al edificio de uso cultural proyectado inicialmente bajo rasante en la esquina de los muelles 1 y 2, con lo que sobresaldría de la cuota del Paseo de la Farola. Añadidamente suponía una redistribución de la ubicación de los edificios de uso comercial, de forma que el supermercado de 2.000 metros cuadrados de Carrefour -uso muy criticado- podría localizarse en el muelle 2, entre el Palmeral de las Sorpresas y la esquina.
Según relató ayer Linde, la definición de estos cambios llevó año y medio de trabajo y discusión entre las partes implicadas, en las que se ponderó y reflexionó lo suficiente, porque además insistió en que advirtió siempre que los cambios iban a ocasionar la polémica que de hecho han generado. Detalló que en este tiempo se ha reunido cinco veces con el alcalde, tres con el presidente de Unicaja y una con el director general, que se han producido siete reuniones técnicas y dos encuentros entre representantes del puerto, ayuntamiento, concesionaria y Unicaja. "El alcalde ha hecho saltar por los aires en un fin de semana el trabajo de un año y medio", se quejó Linde.
El presidente de la Autoridad portuaria informó de su decisión a la concesionaria y a Unicaja, pero no al alcalde, porque explicó que "no merece ese detalle de lealtad". Tras conocer las declaraciones de Linde, De la Torre dijo que no va a romper relaciones por ello, pero sí se desmarcó de los cambios que se iban a introducir al plan. "No me miren a mí, yo no he hecho el cambio", dijo y reivindicó mantener el plan de 2004. "Yo he invitado a una reflexión para ir a los planteamientos de 2004, que fueron muy trabajados, muy negociados y muy estudiados".
La empresa adjudicataria del plan del puerto, que dice sentirse "sorprendida" y "descolocada" por la actitud del alcalde, ya sabe que debe seguir las obras tal y como estaban previstas. Ahora tendrán que ver cómo la rentabilizan.
* El País - 16.07.10
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org
Vigo.- El TSXG obliga al Concello a una nueva tasación del suelo que expropió en Bembrive
FARODEVIGO* : Los terrenos que expropió el Concello a la Entidad Local Menor de Bembrive en 1994 para ampliar el campus de la Universidad pueden costarle más caros de lo que ha pagado por ellos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso de la pedanía, que reclamó en 2006 una nueva tasación ya que la indemnización, que ascendía a 440.000 euros, quedó fijada en mayo de 2002, pero no se había hecho efectiva cuatro años después. El Ayuntamiento desembolsó la cantidad en 2007 y desestimó la petición. Los jueces ordenan ahora otra valoración en el plazo de veinte días. El alcalde pedáneo de Bembrive, Benito Pérez, defendió ayer que "el terreno vale mucho más". Según los estudios que encargó el ente la cantidad se elevaría a 12 millones "con precios actualizados".
Bembrive y las comunidades de montes y Zamáns y Beade mantienen, cada una por separado, largos litigios con el Concello por la valoración y el pago de los terrenos expropiados hace 16 años para construir la segunda fase del campus. En la primera parroquia citada se ocuparon 160.000 metros cuadrados en los que había 8.639 pinos, un ámbito en el que ahora se ubican el pabellón de deportes, el edificio de la piscina, dos campos de fútbol, –uno de ellos con pista de atletismo–, canchas de tenis, viales y zonas de aparcamiento .
El Jurado Provincial los valoró en 440.000 euros, pero estimó el recurso posterior de la entidad menor y elevó el precio a 2,8 millones. El Concello acudió entonces a los tribunales, que le dieron la razón y ratificaron en 2006 la primera cifra. Como habían pasado cuatro años, los representantes vecinales pidieron la actualización de la tasación, pero el gobierno local pagó la cantidad en agosto de 2007 y desestimó su solicitud en julio de 2008.
Ahora la sala establece el derecho de la Entidad Local a una segunda valoración al haber con el fundamento de que han "transcurrido dos años desde que el justiprecio quedase definitivamente fijado en vía administrativa sin que el mismo hubiera sido satisfecho o consignado en legal forma por la administración", reza la sentencia, que se lleva hoy al consejo de la Gerencia de Urbanismo. El fallo anula el acuerdo municipal por el que se desestimó la solicitud y obliga a un nuevo justiprecio.
Intereses
El metro cuadrado de los terrenos de Bembrive fue tasado a menos de tres euros en 1994. El alcalde pedáneo afirma que el retraso en el pago "ya genera por sí solo unos intereses de 350.000 euros", pero la entidad reclama mucho más, ya que considera que los precios deben ser actualizados y están ahora muy por encima del valor inicial. "Nos expropiaron recientemente un terreno para un vial a 60 euros el metro y lo hemos recurrido porque es bajo. La valoración que hacemos es de 75 euros para el suelo del campus" argumenta Benito Pérez.
El regidor pedáneo celebra que el alto tribunal gallego "haya dado la razón a la parroquia en su petición lo que demuestra que no había ninguna actuación fraudulenta ni antisocial, como nos acusaron". "Defendemos los intereses de los vecinos; lo contrario sería hacer dejación de funciones", añadió.
* Faro de Vigo - 15.07.10
Foto: Los terrenos fueron ocupados para construir la zona deportiva del campus de As Lagoas-Marcosende.- farodevigo.es
Entregan el informe “Banderas Negras 2010: Caos Costero” al Ayuntamiento de Cartagena
MURCIA.COM/Cartagena* : Ecologistas en Acción ha hecho esta mañana entrega del Informe Banderas Negras 2010 de la Región de Murcia: “Caos Costero” al Ayuntamiento de Cartagena, para que la alcaldesa Doña Pilar Barreiro conozca de forma más precisa el estado real de deterioro de la costa murciana en el que esta administración toma parte. Por duodécimo año consecutivo, Ecologistas en acción ha presentado su informe de Banderas Negras que analiza el estado de las costas en base a criterios ambientales, observando aspectos como el urbanismo, vertidos industriales, vertidos orgánicos, actuaciones en playas y puertos de interés general o interés particular.
En el marco de este análisis se conceden los galardones de banderas y puntos negros. Con el objetivo de divulgar este análisis entre la ciudadanía y entre las Administraciones públicas de la Región de Murcia, la organización ambientalista ha hecho hoy entrega al Ayuntamiento de Cartagena de una copia del particular “Caos Costero” que atañe a nuestras costas.
La asociación ecologista ha denunciado que el Ayuntamiento de Cartagena lleva años gestionando de forma inadecuada la parte que le compete de la costa murciana, sin una planificación real y sostenible, y aprobando nuevos proyectos que van esquilmando cada vez más nuestros recursos naturales.
Natalia Martín, responsable del área marina a nivel regional, valoraba que “nuestros dirigentes no han sabido planificar ni gestionar con vistas a un mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales”. En cambio, se ha impuesto un modelo apoyado en un hipotético crecimiento sin límites, y centrado en el interés particular de unos pocos, olvidando el interés general de la ciudadanía. Esto, según Martín, “nos conduce a una situación donde los límites de carga del territorio pronto serán sobrepasados, lo cual limitará las posibilidades de alternativas sostenibles para el municipio”.
Para la organización, el Ayuntamiento de Cartagena, incomprensiblemente, continúa en su avance depredador, cómo demuestra la ya histórica ocupación urbanística de la Manga del Mar Menor, y las pretensiones de nuevos proyectos como Lo Poyo y Novo Carthago. Estos proyectos continúan con el modelo de Resorts y Campos de Golf, y afectarían de forma más grave si cabe, a la laguna costera del Mar Menor que cuenta con 5 figuras de protección a nivel nacional e internacional (LIC, ZEPA, RAMSAR…). Estas razones no parecen ser suficientes para que la administración regional apruebe definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor, documento base imprescindible para una buena gestión de los Espacios Protegidos. Los proyectos urbanísticos que pretende el Ayuntamiento de Cartagena amenazan con seguir con el grave proceso de desnaturalización del Mar Menor, poniendo en situación límite a este espacio de tan alta singularidad. Esto demuestra claramente como el Mar Menor para nada está “salvado”, al contrario de lo que declaraba la alcaldesa Pilar Barreiro el pasado verano.
En lo que respecta al Mediterráneo cartagenero, se destaca la reciente amenaza sobre Cala Reona, cala virgen situada en el límite del Parque Regional de “Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas”. La propuesta del Ayuntamiento de Cartagena pretende recalificar unas 60 ha de terreno para permitir una urbanización de entre 500 y 1.000 viviendas; cambiando la actual calificación de Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental y Forestal a Suelo Urbanizable de mínima densidad. Prosigue así este Ayuntamiento en su escalada de no dejar un sólo tramo de costa sin urbanizar, basando su desarrollo en un modelo de turismo residencial de sol y playa nada sostenible, y amenazando los tramos de elevada biodiversidad que aún posee la costa del municipio.
Ecologistas en Acción ha destacado también que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena, aprobado en 2009, contempla la urbanización de 110.000.000 m2, que sumados a los 50.000.000 m2 ya construidos suponen urbanizar un tercio del término municipal de Cartagena; duplicándose así la superficie urbanizada actual, otro paso atrás más en ocupación del suelo y creación de viviendas que para nada cumplen con una necesidad real de crecimiento demográfico natural del municipio, implantándose un modelo insostenible que exporta en mayor medida a las zonas costeras.
Como muestra de que aún se puede cambiar el rumbo, Ecologistas en Acción le entrega a la alcaldesa Pilar Barreiro su informe Banderas Negras 2010 de la Región de Murcia: “Caos Costero”, para que analice el estado de las costas desde una perspectiva real del grado degradación medioambiental, y que pueda cambiar el modelo de su planificación y gestión hacia otro más coherente y sostenible en esa franja de territorio tan frágil que es la costa.
Alguna de las reivindicaciones concretas que Ecologistas en Acción ha trasladado a la alcaldesa de Cartagena ha sido la solicitud de que se desechen definitivamente los aberrantes e insostenibles proyectos de Lo Poyo y Novo Carthago, la pretensión de urbanizar Cala Reona y los crecimientos urbanísticos desmesurados que poco a poco nos van dejando una costa gravemente esquilmada en favor de los intereses privados de unos pocos.
La asociación ecologista ha solicitado también a la alcaldesa de Cartagena que se lleve a cabo un mayor control sobre las construcciones ilegales en los entornos naturales del municipio, paralizando y demoliendo esas obras ilegales en sus fases iniciales, para mandar un mensaje claro a la sociedad en general y a los infractores en particular. Se trata de evitar a toda costa la actual sensación de impunidad que reina en el municipio, que en gran parte es debida a la actitud permisiva del propio Ayuntamiento, que en el pasado ha realizado “legalizaciones” de las viviendas ilegales.
Ecologistas en Acción ha manifestado que precisamente ahora es un buen momento para replantearse el futuro del municipio.
La asociación ecologista cree por tanto que se deben promover iniciativas que beneficien al conjunto del municipio, tanto social como ambientalmente, y dejar de lado el actual expolio del territorio en aras de intereses privados, que limita gravemente las posibilidades de desarrollo a las generaciones futuras.
* Murcia.com - 15.07.10
Foto: Cartagena, urbanización Novo Carthago - JM.Rodríguez, laverdad.es
La Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil tramitó 20 expedientes relativos a Viveiro y Foz desde 2007
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COPE/Lugo* : El Gobierno acaba de informar a la senadora popular mariñana Carmen Gueimunde que la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, desde que comenzó a trabajar en la provincia de Lugo, ha confeccionado una veintena de informes, a instancias de la Fiscalía o de la autoridad judicial, relativos a delitos urbanísticos en los municipios socialistas de Viveiro y Foz. El Equipo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo está compuesto por tres efectivos, los cuales se hallan destinados en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de dicha Comandancia, e integrados en el Área de Patrimonio de la referida Unidad, donde compaginan los cometidos de urbanismo con otros propios de la especialidad a la que pertenecen.
Dicho Equipo fue constituido con fecha 12 de marzo de 2007, inicialmente con tres Guardias Civiles procedentes de otras Unidades que fueron comisionados a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Lugo, Unidad en la que tras realizar unas jornadas informativas sobre urbanismo, realizaron actuaciones en esta materia hasta el 12 de abril de 2008, fecha en la que cesaron en la comisión de servicio. Estos Guardias Civiles, con ocasión de vacante, se reincorporaron a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de forma progresiva en fechas 30 de octubre de 2007, 26 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2009. El ámbito de actuación del citado Equipo es la provincia de Lugo y los recursos con que cuenta son el personal citado anteriormente y los medios técnicos de que dispone la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Lugo, donde se hallan destinados. El Equipo de Delitos Urbanísticos, desde su creación hasta el día de la fecha, de acuerdo con las normas de actuación, sólo intervino a requerimiento de la Fiscalía o de la Autoridad Judicial, no realizando ninguna actuación/investigación por propia iniciativa en ningún municipio de la provincia de Lugo y por consiguiente tampoco en los municipios de Viveiro, Burela, Foz y Ribadeo.
* Cope - 14.07.10
Foto: Foz (lugo) - lugotur.com
Ecologistas en Acción denuncia las "irregularidades urbanisticas" en el Puerto de Santa María
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dMINORÍAS/Cádiz* : Las ilegalidades urbanísticas en El Puerto parecen no tener límites. Aunque parezca mentira, incluso una instalación privada de carácter educativo se ha construido de forma ilegal en suelo no urbanizable, que en parte está especialmente protegido. Según consta en un informe realizado por el Servicio de Planeamiento del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, este colegio se ha construido ocupando una amplia que está clasificada por el actual PGOU como Suelo No Urbanizable Pinar del Conde y como Suelo No Urbanizables de Especial Protección Forestal.
El primer tipo de suelo, colindantes con la Avenida Víctimas del Terrorismo, se han construido pistas deportivas, aparcamiento y diversos edificios, además de haberse procedido a su cerramiento con un alto muro de obra, cuando ninguna de estas actuaciones está permitida en el PGOU.
En la zona colindante con la urbanización Perpetuo Socorro, el colegio ha vallado de forma ilegal una zona de pinos que están clasificadas como No Urbanizables de Especial Protección Forestal, habiendo procedido a la eliminación de toda la vegetación herbácea y arbustiva y a compactar el suelo para utilizarlo como patio del colegio. Según el PGOU en este pinar están expresamente prohibidos “todos los usos y actividades que pongan en peligro o impliquen daño o perjuicio a la fauna y/o flora o contribuyan a modificar las características del suelo”. Actualmente existen dos expedientes abiertos por parte del Ayuntamiento contra el colegio por estas actuaciones.
Ecologistas en Acción ya solicitó en sus alegaciones al PGOU que no se reclasifiquen estos suelos como de equipamiento privado, pues supondría premiar a los infractores de las normas urbanísticas, y que se mantenga el pinar como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y se incluya dentro del Sistema General de Espacios Libres previsto en esta zona.
* dMinorías - 14.07.10
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Marbella.- El juez imputa a Connery en relación con un delito fiscal de 1,6 millones
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SUR/Málaga* : Las investigaciones en el caso 'Goldfinger' ya no tienen como único escenario el complejo Malibú, los terrenos a pie de mar en Marbella donde se ubicaba el chalet del actor Sean Connery y en los que hoy se levantan 72 inmuebles de lujo. El proceso judicial ha viajado también hasta Málaga, concretamente a Colinas del Limonar, donde la venta de aprovechamientos urbanísticos por parte de una empresa vinculada al intérprete escocés y a su esposa, Micheline Connery, habría generado un delito contra la Hacienda Pública por un valor superior a los 1,6 millones de euros.
Así lo establece el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, en un auto en el que ordena la creación de una pieza separada en relación con este supuesto delito fiscal y la declaración de Connery y su mujer en calidad de imputados. El magistrado dispone que se libre una comisión rogatoria internacional para la comparecencia judicial de ambos encausados.
En la resolución, a la que ha tenido acceso SUR, el instructor del caso mantiene que el presunto delito contra la Hacienda Pública «pudiera no guardar relación directa con la promoción inmobiliaria Malibú», pero destaca que «es más que obvio» que se trata de unos hechos que «merecen la urgente actuación del órgano judicial». Entre otras cuestiones, porque, según apunta el magistrado, el supuesto fraude a la Agencia Tributaria habría prescrito dentro de diez días, el próximo 25 de julio.
Según los investigadores, la sociedad Montelagares SA, vinculada a los Connery, figura como titular de dos fincas situadas en el partido de los Almendrales de Málaga y afectas al sistema de compensación del sector Colinas del Limonar que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital malagueña. El juez apunta en su auto que en julio de 2004 se produjo la venta a la sociedad Arco Alameda SA de los derechos de aprovechamientos urbanísticos de parte de los terrenos por un precio superior a los 5,5 millones.
La cuantía del supuesto fraude a Hacienda ascendió a 1.642.576,51 euros, según un informe de la Udyco y la Agencia Tributaria, que señala que la operación no fue declarada en la correspondiente liquidación del Impuesto sobre Sociedades -puesto que sencillamente no se presentó-, aunque, sin embargo, si se declaró e ingresó el IVA. El instructor, que mantiene que la investigación se encuentra todavía en una fase «embrionaria», considera que se trataría de un presunto delito fiscal en el que habría colaborado el despacho de abogados Díaz-Bastién y Truán (DBT), que cuenta también entre sus integrantes con varios letrados imputados en la causa principal.
El juez imputó a Sean Connery y a su esposa el pasado mayo en el caso 'Goldfinger', bautizado así en alusión a una de las películas en las que el actor interpretó al espía británico James Bond. En la causa se investigan las supuestas irregularidades urbanísticas en el suelo donde se asentaba el chalet marbellí en el que el intérprete escocés, de 79 años, residió junto a su mujer durante décadas. El magistrado fijó el pasado junio una fianza para el matrimonio de 3,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Para el Tribunal de Cuentas, el supuesto perjuicio para el Ayuntamiento de Marbella por las actuaciones urbanísticas que desembocaron en la construcción de los 72 inmuebles de lujo que conforman en la actualidad el complejo Malibú supera los 2,7 millones de euros. El PGOU de 1986 permitía la edificación de sólo cinco viviendas unifamiliares.
El juez sostiene que el despacho DBT habría participado en la creación de un entramado societario para «cometer grandes delitos» de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, cohecho y contra la Hacienda Pública, así como un delito de blanqueo de capitales al reintegrar al tráfico mercantil los «pingües beneficios» obtenidos de la venta de los inmuebles de la promoción Malibú. Unos beneficios cifrados por los investigadores por encima de los 53 millones de euros.
* SUR - 15.07.10
Foto: Marbella (Málaga), complejo ilegal Malibú - diariosur.es
El Financial Times y la “mafia del ladrillo”
CARLOS ESPINO/Lanzarote* : La publicación por parte del Financial Times de una noticia que alertaba sobre la posibilidad de que Lanzarote perdiera la condición de Reserva de Biosfera, debido a la existencia de hoteles ilegales, ha desencadenado un debate, a mi juicio, absoluta e interesadamente desenfocado. Por las traducciones que se han difundido, el Financial Times se ha limitado a recoger las declaraciones de un miembro de la UNESCO, al que identifica como Meriem Bouamrane, el cual señala que “estos casos pueden poner en riesgo el estatus de reserva de la biosfera de Lanzarote”. Lo cual no se contradice con las afirmaciones de la propia UNESCO y del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que desmienten que en la actualidad se esté revisando el estatus de Lanzarote como Reserva de Biosfera.
Ante esa aclaración, las reacciones de “indignación” han dominado las reacciones de algunos políticos insulares, llegando alguno a hablar de “ataque a Lanzarote”.
Sorprende, sin embargo, el interés por pasar de puntillas sobre los elementos fundamentales de la información publicada por el periódico inglés que, para desgracia de los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, son totalmente ciertos.
A día de hoy, son veintidós las licencias anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A pesar de que las causas directas de las anulaciones pudieran ser formales, el examen de los expedientes de las licencias anuladas permite observar un cúmulo de irregularidades tales como invasión de zonas verdes, desaparición de viarios, plantas construidas de más, edificaciones que no coinciden con el proyecto autorizado, incumplimiento de estándares de calidad...un amplio ramillete que, en algún caso, supone más de veinte incumplimientos de la Ley de Turismo, el Plan Insular y los propios planes parciales en los que se han desarrollado las construcciones cuyas licencias se han anulado. A mayor abundamiento, algunos de esos planes parciales ni siquiera están en vigor, y existen dudas más que razonables de que pudieran ser efectivos con la actual normativa. (Se puede consultar el “catálogo” de incumplimientos en legalidadurbanistica.org)
Hasta tal punto de grosería llegan los incumplimientos que, hasta el momento y por lo que se conoce, tan sólo uno de los promotores con licencias anuladas ha instado la legalización de su establecimiento, porque son conscientes de que, con el actual marco normativo, su legalización resulta imposible.
Como segundo elemento importante en la información del Financial Times, se encuentra el hecho de que once de esos hoteles han recibido fondos europeos. Por definición, si la obra deviene ilegal, si no tiene existencia jurídica, las subvenciones han de ser devueltas, lo que, con ser importante, no llega, tampoco, a ser el elemento sustantivo de la información. Lo realmente importante es el hecho de que el Gobierno de Canarias tramitara e informara favorablemente la concesión de ayudas europeas a hoteles que no se podían construir.
La Revisión del Plan Insular conocida como moratoria turística del Cabildo, ahora anulada por el Supremo por carecer de previsiones indemnizatorias, que sí constaban en el documento inicial y que fueron retiradas por exigencias del Gobierno de Canarias, comenzó a tramitarse en el año 1998, acordando el Cabildo la suspensión de licencias turísticas durante su tramitación. Más allá de cualquier discusión bizantina sobre los efectos de esa suspensión, ya la Sala se ha pronunciado en el sentido de la obligación de respetar esa suspensión del otorgamiento de licencias y lo dispuesto por la moratoria hasta la firmeza, por parte del Supremo, de su anulación.
Pues bien, el mismo Gobierno de Canarias que aprobó definitivamente la moratoria, con un Consejero de Turismo, Juan Carlos Becerra (PNL), perfectamente conocedor de esta circunstancia, informaba favorablemente y tramitaba la concesión de ayudas europeas a construcciones que conocía perfectamente que no podían tener licencia, al menos concedida de forma legal.
Debe quedar para otro momento el comentar hasta que punto se podía considerar la construcción de nueva planta hotelera como objetivo subvencionable, qué zona “deprimida” se pretendía reactivar, cuando las decisiones urbanísticas y turísticas iban en el sentido de frenar el exceso de oferta en Lanzarote.
Por tanto, la información del Financial Times nos enfrenta como sociedad con el proverbial cadáver en el armario. Son miles las camas turísticas que se están explotando a día de hoy en Lanzarote sin ninguna cobertura jurídica, construidas en franco desafío a la ordenación autonómica, insular e, incluso municipal.
Una situación que encuentra el silencio cómplice de los actuales mandatarios del Cabildo de Lanzarote. Lógico. Del actual grupo de gobierno forma parte el PNL, con Juan Carlos Becerra a la cabeza. Su partido es responsable de la concesión de la mayor parte de las licencias ilegales, las otorgadas en Yaiza. Su ex-alcalde, José Francisco Reyes, no sólo figura como imputado por la prevaricación urbanística cometida al otorgar las licencias, sino que se le investiga por supuesto cohecho, una vez que se le ha localizado un patrimonio inexplicado, e inexplicable, por un importe superior a setecientos mil euros.
Juan Carlos Becerra, además, otorgó como Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, las licencias turísticas (las previas) a estos establecimientos, al menos a los de Playa Blanca, negándoselas en algunos casos a los que pretendían edificar en Teguise, donde gobernaba el PIL.
También forma parte de ese grupo de gobierno el PIL, responsable del otro gran bloque de licencias ilegales, en este caso concedidas en Costa Teguise. ¿Se va entendiendo ahora el silencio?
Silencio sorprendente, también, el de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Al parecer, a la máxima responsable de la principal industria del archipiélago, incluida la “casa de la sal”, no le quita el sueño que miles de nuestros visitantes se alojen en instalaciones ilegales, que no sólo no disponen, ni pueden disponer, de libro de reclamaciones o de licencia de apertura, es que no tienen título que justifique y ampare la edificación. ¿O sí le preocupa?. Tal vez lo que le preocupa es que, justo antes de ser nombrada Consejera de Turismo, trabajara como gerente de la patronal hotelera lanzaroteña, algunos de cuyos directivos son propietarios, qué casualidad, de hoteles cuyas licencias han sido anuladas. ¿Se va entendiendo algo más el silencio?
Prevaricación urbanística, cohecho, tráfico de influencias, utilización indebida de dinero público...estos son los elementos que conforman la realidad que el Financial Times denuncia.
Dice el refrán que cuando el sabio señala la luna, el ignorante mira al dedo. En este caso resultaría acertado decir que cuando la prensa denuncia prácticas corruptas, los mafiosos, su brazo político y sus voceros tratan de matar al mensajero.
* La Voz de Lanzarote - Opinión - 12.07.10
A dónde vamos - El Roto
Viñeta: El Roto, a dónde vamos - elpais.com 20100715
Armilla.- Los Verdes recurrirá la sentencia del caso Nevada y pedirá la "demolición total" del edificio
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EUROPAPRESS/Granada* : Ecologistas tiene intención de recurrir la resolución de demoler sólo una esquina del edificio y Adobe Arquitectura aún no lo ha decidido. Los Verdes (LV), personado como acusación particular en la causa sobre la tramitación irregular del Nevada, recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Granada, que sólo ordena la demolición parte de una de sus esquinas, y pedirá la "demolición total" del edificio. Para el portavoz andaluz de la formación ecologista, Mario Ortega, el fallo es "muy light" con los responsables de la "ilegalidad" del centro pero también "pierde una oportunidad de oro" para demostrar que la justicia "no está con los poderosos, sino con la sociedad civil".
En declaraciones a Europa Press, Ortega anunció además que LV aprovechará la resolución para impulsar el proceso que llevó hasta la jurisdicción-contenciosa, donde se estudia la posibilidad, según la solicitud de la formación, declarar nula de pleno derecho la licencia de obras otorgada al edificio el pasado 30 de septiembre de 2005 y proceder al derribo de todo lo construido y "retrotraer" la zona de la Vega en la que fue levantado "a su situación inicial".
Para el portavoz andaluz, la sentencia "confirma" que se cometieron los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, si bien hace una "condena muy débil" al ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate. "No obstante lo que más nos importa no es que tengan más cárcel o menos, sino que esas ilegalidades que cometieron no deberían consolidar una obra para que sigan beneficiándose los mismos", señaló.
Además, según Ortega, "no es cierto" que el Nevada vaya a generar tantos puestos de trabajo como asegura por ejemplo el Ayuntamiento de Armilla, ya que "está constatado que por cada empleo que genera un centro comercial de grandes dimensiones se destruyen tres en el pequeño comercio". Por eso, LV ha decidido recurrir el fallo y continuar por la vía contenciosa, como hiciera de igual manera Greenpeace en el caso del Algarrobico. "Que haya demolición, porque si no la hay se estará perpetuando un modelo que ya está agotado y que ha llevado a este país a la crisis", señaló el portavoz.
Por otra parte, otra de las acusaciones personadas, Ecologistas en Acción ya ha anunciado también este miércoles su intención de recurrir la sentencia por razones similares que la de los Verdes, ya que considera "insuficiente" la demolición de tan sólo 1.400 metros cuadrados ordenada por el juez, de un total de 275.000 construidos, según informó a Europa Press el abogado de la organización, que también representa a Adobe Arquitectura, que aún está estudiando si apelar o no.
* Europa Press - 15.07.10
Foto: Armilla (Granada) centro comercial Nevada - granadahoy.com
Cuatro imputados por la urbanización de Candeleda (Ávila) declaran hoy ante el Juzgado de Arenas
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EUROPAPRESS* : Cuatro imputados por el caso de la urbanización de Candeleda, entre ellos el ex alcalde de la localidad, declaran hoy en el Juzgado de Instrucción nº2 de Arenas de San Pedro. José Antonio Pérez Suárez, que fue alcalde con el PP y en la actualidad concejal en el Ayuntamiento de Candeleda con Candidatura Independiente, formando gobierno con el PSOE, era también miembro de la Comisión Territorial de Urbanismo cuando se aprobaron las normas urbanísticas y el plan parcial que daba vía libre al proyecto urbanístico, por el que se recalificaron 120 hectáreas de terreno sin Declaración de Impacto Ambiental, 26 de ellas en Navalpilón.
Los otros tres imputados son el ex jefe territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo Ontoria, que informó favorablemente sobre las obras de captación de agua y la ocupación de monte público dentro del Parque Regional de Gredos para ello, y los promotores de la urbanización, Juan Carlos Jiménez y Margarita Senovilla.
Los cuatro declararán como imputados por la polémica urbanización 'Candelas de Gredos', cuya promotora es Dávila Monteblanco y que pretendía ubicarse en el paraje de Navalpilón, a los pies del Parque Regional de la Sierra de Gredos, al sur de la provincia de Ávila.
Cabe recordar que la urbanización, contra cuya construcción se han manifestado diversos colectivos, contemplaba el levantamiento de más de 400 viviendas y un hotel.
* Europa Press - 15.07.10
Foto: Candeleda (Ávila), protesta contra urbanización (archivo) - aviladigital.com
La juez Castelló imputa a 25 personas en una red de sobornos a un alto cargo municipal de Barcelona
LAVANGUARDIA* : La jueza Elisabet Castelló ha imputado 25 empresarios y particulares por pagar sobornos a un alto funcionario municipal, Heliodoro Lozano -que fue jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella entre 2001 y 2008-, a cambio de poder abrir locales y apartamentos turísticos. Empresarios y particulares presuntamente abonaban dinero a una red de la cual también formaría parte el ingeniero Joaquim Quílez y una trabajadora del área jurídica del Ayuntamiento de Barcelona, Elena Ariza.
Las investigaciones del caso, que van a cargo de la jueza Elisabet Castelló y la fiscalía anticorrupción, están relacionadas con el supuesto caso de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels.
Unos cuantos de los imputados -empresarios de la hostelería y propietarios de apartamentos turísticos- habrían admitido haber hecho pagos, mientras que otros lo niegan, según han publicado dos periódicos catalanes. En el ordenador de Lozano figuraba una larga lista de personas que habrían hecho los pagos y que ya han declarado en relación a este caso.
El pasado 2007, a raíz de la investigación del caso Riviera y Saratoga, los Mossos d'Esquadra registraron el despacho del ingeniero Joaquim Quílez y encontraron un papel con anotaciones sobre cobros de dinero y en el cual aparecía el nombre "d'Helio" -en supuesta referencia a Heliodoro Lozano- y las cantidades cobradas. A partir de aquí, la jueza, en coordinación con la fiscalía anticorrupción, separó los casos.
Tanto Quílez como Lozano ingresaron en prisión a finales del año pasado a raíz de estos casos de corrupción. A ambos se los acusa de varios delitos de soborno y coacciones a la exconcejala del distrito Itzíar González, la cual, al tener sospechas de la actividad ilícita de Lozano el año 2008, decidió trasladar al funcionario a la dirección general de Infraestructuras y Urbanismo y poco después, el 2009, al Nou Barris. A raíz de este traslado, González habría recibido amenazas, sufrido un robo en su casa y recibido protección policial.
* La Vanguardia - 15.07.10
Foto: Barcelona, ayuntamiento - idg.es
Málaga.- El PGOU mantiene como ilegales más de un millar de casas en los diseminados
SUR* : Uno de los trabajos que ha tenido que realizar el Ayuntamiento de la capital para adaptar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a las exigencias de la Junta de Andalucía es elaborar un inventario de núcleos diseminados del municipio en los que se localizan viviendas que han sido construidas en suelo no urbanizable y que, por lo tanto, se encuentran fuera de la legalidad. Según pudo conocer este periódico, el trabajo arroja que en estos momentos hay 44 sectores que reúnen estas características y que albergan un total de 1.174 casas.
Para su legalización, el plan urbanístico metropolitano de la Junta contempla la posibilidad de agrupar y regularizar estas viviendas en lo que denomina como 'hábitats rurales diseminados'. No obstante, para ello, deben cumplir determinados requisitos entre los que se encuentra que deben estar vinculadas a una actividad agrícola o ganadera.
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha comprobado en este estudio que ninguna de ellas cumple este requisito, por lo que ha optado por dejar todas fuera de ordenación, a la espera de que el Gobierno andaluz redacte y apruebe un reglamento que detalle con más precisión la fórmula para considerarlas como 'hábitats rurales'. El Consistorio confía en que ese reglamento sirva para que algunos núcleos puedan finalmente quedar avalados de algún modo bajo esa figura.
Sin embargo, por el momento esto no es posible y por ello se limita a establecer un catálogo de los sectores en el que estudia pormenorizadamente su superficie y su antigüedad, entre otros muchos aspectos.
Así, el nuevo PGOU contempla información sobre estos núcleos pero, a diferencia del plan del 97 y del que fue aprobado provisionalmente en 2008 y que ahora se ha cambiado, no establece un listado de diseminados que pueden llegar a regularizar su situación mediante la tramitación de un plan urbanístico especial. El texto del nuevo Plan General que fue aprobado por el Ayuntamiento hace dos años reconocía un total de 27 diseminados de los que sólo proponía regularizar nueve al ser los únicos que se amoldan a las condiciones impuestas por la Junta. Así, se contabilizaron un total de 1.311 vecinos en 684 casas rurales, pero sólo tendrían opciones para legalizarse 168 casas en las que residen 417 personas.
En el nuevo plan, que será aprobado por el pleno del próximo viernes, ya no se establece esta distinción y se dejan a todos los diseminados fuera de ordenación a la espera de que puedan encajar en una posible operación de legalización pactada con la Junta más adelante.
Fuentes municipales aseguraron que esto no genera una mayor indefensión para los vecinos de las casas levantadas en suelo no urbanizable. Así, argumentaron que la no delimitación de los sectores que podrían legalizarse no limita las opciones de regularización que pueden llegar a tener en el futuro. Además, el PGOU sigue contemplando la posibilidad de que puedan hacerlo mediante la tramitación de los planes especiales previstos para núcleos diseminados.
Según aseguraron desde el equipo de gobierno municipal, esto no va a implicar que se produzcan derribos de las edificaciones ya que se trata de núcleos muy consolidados y con una cierta antigüedad en los que los delitos por construir ya están prescritos -lo hacen a los cuatro años- y no cabe la demolición.
Mayor riesgo
No opinan lo mismo algunas fuentes jurídicas consultadas por este periódico, que aseguraron que dejar todos los diseminados fuera de ordenación facilitará que prosperen algunas órdenes judiciales de derribo que están en vigor. Así lo indicaron los abogados expertos en derecho urbanístico Manuel Jiménez y Álvaro Ruiz, quienes detallaron que uno de los argumentos que se ha estado empleando para frenar esas órdenes es la previsión de legalización de los núcleos mediante los planes especiales previstos en el PGOU.
«Si ahora no se prevé esta opción, se genera un problema para los vecinos, porque no sólo se arriesgan a las demoliciones, aunque posiblemente serán pocas, sino también a no poder beneficiarse de proyectos para mejorar sus infraestructuras como obras de asfaltado, alumbrado o saneamiento, ya que el plan metropolitano sólo las permite en los diseminados que se hayan regularizados como tales», explicó Álvaro Ruiz, quien precisó que su despacho estaba trabajando hasta ahora en la legalización de cuatro sectores que finalmente Urbanismo ha paralizado.
La mitad de las viviendas en suelo no urbanizable registradas por el PGOU están en Campanillas (526 casas), distrito al que sigue la zona de Pedrizas (191), Puerto de la Torre (178), el distrito Este (146) y Los Montes (133). De los sectores estudiados, se han regularizado las 75 casas de la Sierra de Churriana y la zona de Los Gámez (150). Dejar el resto fuera de ordenación implica que sus moradores sólo podrán realizar obras de mantenimiento, pero en ningún caso de ampliación. El Ayuntamiento ha autorizado en ocasiones obras de asfaltado, alumbrado y saneamiento para algunos de estos núcleos.
* Sur - 14.07.10
Foto: Hasta ahora no se habian aprobado planes de legalización de los diseminados. SUR
Un juez obliga a Pozuelo a trasladar sus fiestas patronales por el ruido
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ELPAÍS/Madrid* : El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (PP) deberá buscar otro sitio para las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Consolación de septiembre, que desde 1992 se celebran en el recinto ferial del Camino de las Huertas. Una sentencia del Juzgado nº10 de lo Contencioso - administrativo ha dado la razón a la Asociación de Vecinos de Pozuelo de Alarcón por la Calidad de Vida y Contra el Ruido (Pozcavir) y ha condenado al Consistorio a trasladar las fiestas a un lugar "donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos, dado que no es posible adoptar respecto a estos eventos medidas eficaces que impidan la contaminación acústica".
Ante esta sentencia cabe recurso por parte del Ayuntamiento, que tiene un plazo de 15 días para oponerse a la resolución.
El magistrado sostiene que los vecinos no tienen la obligación legal de soportar los ruidos, y pone de manifiesto que el uso del recinto ferial para la celebración de las fiestas es incompatible con el carácter residencial del entorno y con lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que solo permite que se le den los usos propios de las zonas verdes. En este sentido, la sentencia destaca que la ordenanza urbanística "no permite estas actividades en parques y jardines, aunque sean esporádicas y tengan arraigo". Asimismo, constata que no tiene sentido la justificación del Ayuntamiento de que las actividades feriales que se celebran en estos terrenos son excepcionales y son fruto del arraigo, ya que no se puede atribuir estas características a eventos como "la Feria del Marisco de Pozuelo y las ferias del Toro, del Caballo y del Flamenco".
El texto indica además que el cambio del recinto deberá ser "inmediato", aunque abre la posibilidad de que se mantenga la actual ubicación para las próximas fiestas, que comenzarán el 4 de septiembre y finalizarán el 12 del mismo mes, "si no fuere posible el traslado a un lugar adecuado". De optar por mantener de forma excepcional la sede de las fiestas patronales, el juez obliga al Consistorio a adoptar medidas eficaces para que no se superen los límites de contaminación acústica permitidos.
Para demostrar que los ruidos ocasionados por las fiestas "son difícilmente tolerables", el magistrado destaca que el propio Ayuntamiento encargó un estudio de niveles sonoros en la zona del auditorio al aire libre El Torreón que así lo confirma. "Como puede verse los niveles registrados son significativamente superiores a los máximos establecidos por la normativa ambiental", concluía dicho estudio.
El portavoz de la asociación de vecinos afectados, Manuel Rodríguez, aseguró que estaban muy satisfechos por la resolución de un litigio iniciado hace más de diez años: "Es una sentencia valiente que da prioridad al disfrute de las condiciones familiares en vez de al legítimo derecho al ocio". En cuanto a la posibilidad de que el Ayuntamiento recurra la decisión judicial, Manuel Rodríguez se mostró esperanzado en que tire la toalla: "En otras ocasiones no lo ha hecho, pero si lo hace será solo para ganar tiempo".
* El País - 14.07.10
Foto: Pozuelo (Madrid), ayuntamiento - elpais.com
En defensa de la Ley de Costas
SERGI PÉREZ SERRANO* : No pocos ciudadanos asistimos perplejos a la reciente campaña que pretende dejar sin virtualidad el espíritu de la Ley de Costas de 1988, en aras a la protección de los chiringuitos de playa que, al parecer, se han constituido de repente (y con elecciones a la vuelta de la esquina) en elementos consustanciales a nuestra identidad nacional. La Ley 22/1988 (y posteriormente el Tribunal Constitucional) viene a decir que el deslinde del dominio público marítimo terrestre tiene carácter declarativo y no constitutivo, al entenderse de todos lo que siempre fue de todos y nunca debió pasar a manos particulares (nuestro litoral). Los problemas están apareciendo ahora porque, tras más de 20 años de vigencia de la norma, la pereza administrativa del Estado ha propiciado que todavía se estén deslindando las distintas servidumbres que la misma prevé.
Los lectores han de saber que el régimen transitorio de la ley es, cuanto menos, generoso: ante la colisión de derechos se prevén concesiones administrativas para los ocupantes del espacio público de 30 años, prorrogables incluso por otros 30. Por tanto, todos tranquilos, los chiringuitos no desaparecerán al menos hasta el año 2070. ¿No habíamos desterrado de nuestra cultura política la vieja máxima de que lo que era de todos podía ser disfrutado o rentabilizado por unos pocos?
¿No se estarán escudando algunos políticos en los chiringuitos para que algunas atrocidades urbanísticas pasen a estar dentro de la legalidad y así eludir responsabilidades y continuar haciendo negocio? Atentos.
* El País - Opinión -14.07.10
