La juez Castelló imputa a 25 personas en una red de sobornos a un alto cargo municipal de Barcelona

LAVANGUARDIA* : La jueza Elisabet Castelló ha imputado 25 empresarios y particulares por pagar sobornos a un alto funcionario municipal, Heliodoro Lozano -que fue jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella entre 2001 y 2008-, a cambio de poder abrir locales y apartamentos turísticos. Empresarios y particulares presuntamente abonaban dinero a una red de la cual también formaría parte el ingeniero Joaquim Quílez y una trabajadora del área jurídica del Ayuntamiento de Barcelona, Elena Ariza.

Las investigaciones del caso, que van a cargo de la jueza Elisabet Castelló y la fiscalía anticorrupción, están relacionadas con el supuesto caso de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels.

Unos cuantos de los imputados -empresarios de la hostelería y propietarios de apartamentos turísticos- habrían admitido haber hecho pagos, mientras que otros lo niegan, según han publicado dos periódicos catalanes. En el ordenador de Lozano figuraba una larga lista de personas que habrían hecho los pagos y que ya han declarado en relación a este caso.

El pasado 2007, a raíz de la investigación del caso Riviera y Saratoga, los Mossos d'Esquadra registraron el despacho del ingeniero Joaquim Quílez y encontraron un papel con anotaciones sobre cobros de dinero y en el cual aparecía el nombre "d'Helio" -en supuesta referencia a Heliodoro Lozano- y las cantidades cobradas. A partir de aquí, la jueza, en coordinación con la fiscalía anticorrupción, separó los casos.

Tanto Quílez como Lozano ingresaron en prisión a finales del año pasado a raíz de estos casos de corrupción. A ambos se los acusa de varios delitos de soborno y coacciones a la exconcejala del distrito Itzíar González, la cual, al tener sospechas de la actividad ilícita de Lozano el año 2008, decidió trasladar al funcionario a la dirección general de Infraestructuras y Urbanismo y poco después, el 2009, al Nou Barris. A raíz de este traslado, González habría recibido amenazas, sufrido un robo en su casa y recibido protección policial.





* La Vanguardia - 15.07.10
Foto: Barcelona, ayuntamiento - idg.es