20MINUTOS* : La Audiencia Provincial de Ávila ha estimado el recurso interpuesto contra el archivo de una denuncia en relación con la polémica urbanización de Candeleda, en la zona sur de la provincia, y encuentra indicios de delito en la tramitación del proyecto 'Candelas de Gredos', en el paraje de Navalpilón, por lo que cree "prematuro" el sobreseimiento de la causa ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arenas de San Pedro.
La denuncia de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, la Sociedad Cooperativa de Caprino y la Asociación para la Protección de la Naturaleza Cinclus era relativa a las obras de canalización y suministro de agua para la urbanización "obviando la precisa evaluación de impacto ambiental", tal y como recoge la sentencia en los fundamentos de derecho.
Asimismo, se apuntaba a un desarrollo urbanístico mayor que lo previsto inicialmente y a la posibilidad de que Dávila Monteblanco, la promotora, utilizara información privilegiada en la compra de los terrenos, que se adquirieron a precio de suelo rústico.
En la sentencia, la Audiencia considera que debe proseguir la investigación "en esclarecimiento de los hechos y comprobación de su acomodo a la legalidad" porque de la documentación se desprende que "las irregularidades denunciadas no son descartables y han desembocado en un desarrollo urbanístico distinto y más amplio del que reflejaba el Plan Parcial inicial y fue objeto de la precisa información pública y Estudio de Impacto Ambiental", así como "la posible utilización de información privilegiada relativa a la recalificación de terrenos".
* 20 Minutos - EP. - 18.06.10
Foto: Candeleda VistaDelPueblo - wikipedia.org
La Audiencia de Ávila encuentra indicios de irregularidades en una urbanización de Candeleda
El ex alcalde del PP de Gondomar abandona la política tras ser inhabilitado por prevaricación
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FARODEVIGO* : La Audiencia Provincial de Pontevedra obligó ayer al ex alcalde de Gondomar, el popular Carlos Silva, a apartarse de la política. La sala ratificó en parte su condena por prevaricación urbanística y le impuso una pena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por conceder una licencia en enero de 2006 con el Plan Xeral del municipio anulado. El todavía ayer concejal de Economía y Hacienda y Personal del Concello gondomareño y diputado provincial con dedicación exclusiva –por la que percibía 75.000 euros anuales– presentó la dimisión de sus cargos horas después de conocer el fallo judicial y solicitó la baja voluntaria como militante del Partido Popular.
La sentencia impone la misma condena al antiguo regidor y a los cinco miembros de su junta de gobierno en el mandato entre 2003 y 2007: Ángel Gregores, José Luis Mosquera, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa. Sólo uno de ellos, Ángel Gregores, formaba parte hasta ayer del gobierno municipal actual como responsable de las áreas de Parques y Jardines y Educación. Al igual que Silva, este edil preparaba ayer su carta de dimisión para presentarla hoy mismo en el consistorio.
Ambos se ven forzados a dejar sus ocupaciones en el ayuntamiento por la inhabilitación, aunque el fallo judicial reduce la pena que en un principio había dictado el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo en diciembre de 2008, ya que estima en parte el recurso de los concejales condenados.
La condena inicial era de un año y medio de cárcel y ocho años de prohibición de ejercer cargo público por un delito continuado de prevaricación, puesto que el titular de aquel tribunal consideraba que habían concedido un total de 39 licencias de forma irregular entre diciembre de 2005 y enero de 2006.
El juzgado vigués consideraba probado que los integrantes de la junta de gobierno, además de emitir los permisos de obra con el Plan Xeral anulado, conocían un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de noviembre de 2005 que eliminaba un acuerdo plenario en el que el gobierno municipal corregía los defectos del Plan Xeral y pretendía dar por ejecutada la sentencia de anulación del Supremo. Pero los ponentes de la Audiencia Provincial no ven demostrado que los ediles tuviesen conocimiento de dicho auto hasta que se lo entregaron a la secretaria municipal, el 16 de enero de 2006. De este modo, sólo reconocen una licencia, concedida el 17 de enero, como ilegal, puesto que los miembros de la junta de gobierno la aprobaron pese a contar con un informe negativo de la secretaria. Así, la Audiencia les imputa un delito de "prevaricación específica agravada".
Los seis meses de privación de libertad que se imponen a los seis ediles no obligan a ninguno a ingresar en la cárcel, aunque el ex alcalde podría hacerlo en el futuro ya que este fallo le atribuye los antecedentes necesarios para hacerlo. Tiene pendiente otra sentencia por un delito de falsedad documental y el fiscal le pide dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación.
Aunque tampoco irá a la cárcel, sí tiene causas pendientes otro de los condenados por la Audiencia, el ex concejal de Cultura, José Luis Mosquera, juzgado hace dos semanas por tres delitos de cohecho y considerado culpable por un jurado popular.
* Faro de Vigo - 18.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), juicio - lavozdegalicia.es
Marbella.- Los cabos sueltos del jefe
MÁLAGAHOY* : Las corporaciones municipales que gobernaron Marbella tras la inhabilitación primero y el fallecimiento después de Jesús Gil actuaron de facto como "surbordinados" de Juan Antonio Roca. La Fiscalía Anticorrupción analiza el papel de esta figura central del régimen que gobernó Marbella entre 1991 y marzo de 2006 en el escrito de acusación que ayer elevó a la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que tiene previsto juzgar el caso Malaya a partir del 27 de septiembre. Afirma que en el municipio se impuso un "urbanismo a la carta" y que el planeamiento se modificaba con la excusa de la revisión del PGOU o del plan de 1998, documentos que nunca tuvieron eficacia jurídica.
En el verano de 2003, apenas unos meses después de las elecciones municipales, Julián Muñoz se rebeló contra el jefe (Roca) y quiso "asumir el efectivo control del Ayuntamiento" poniendo control al poder que detentaba el poderoso asesor de urbanismo. Este hecho propició una moción de censura y la llegada de un nuevo gobierno presidido por Marisol Yagüe. El jefe volvía a tomar el mando.
A partir de ese momento, según Anticorrupción, el urbanismo regresó a las manos de Juan Antonio Roca que se servía "de su especial posición para beneficiar a determinados empresarios amigos a costa del patrimonio municipal: enajenación de inmuebles o venta de aprovechamientos por debajo de su valor real siempre a cambio de la pertinente comisión o dádiva".
Roca mantuvo todos los cabos amarrados cortos. Creó una organización sin fisuras basada fundamentalmente en lazos de fidelidad. Anticorrupción subraya que el único vínculo que le unía con el bufete madrileño que supustamente urdió el entramado societario en el que se le perdía el rastro a su patrimonio era la "confianza". Al tiempo, buscó otro abogado en Marbella, Juan Germán Hoffman, supuestamente para que le preparara una estructura en el exterior para darle salida a su imperio.
Sólo tuvo dos contables (Sergio Santana y Salvador Gardoqui), una red de testaferros fuertemente dependiente de él pero sin relaciones entre sí y, por si acaso, un jefe de seguridad, Jaime Hachuel, que presumiblemente se encargaba de proporcionarle teléfonos encriptados imposibles de intervenir y comprobaba las matrículas de los vehículos sospechosos.
Pero a este hombre que se define a sí mismo como "meticuloso" se le escaparon dos detalles aparentemente nimios. El descontento del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, que citado a declarar por el juez Miguel Ángel Torres por el caso Guadalpín contó al magistrado lo que supuestamente ocurría en el municipio y el control que ejercía Roca. El segundo detalle fue la contabilidad, ese fleco que tantos quebraderos de cabeza ha dado en tantas otras organizaciones.
El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, calificó de "ganga" durante la vista oral de los recursos de apelación contra los procesamientos el hallazgo de los archivos contables en la sede de Maras Asesores. Se trata de listados de iniciales junto a los que aparecen cifras. Los investigadores sostienen que esas iniciales corresponden por una parte a una serie de empresarios y las cifras a las cantidades que pudieron haber pagado y, por otra parte, a los concejales del equipo de gobierno y a las comisiones que presumiblemente percibieron.
Son anotaciones en archivos informáticos y en papel que con toda probabilidad se convertirán en el centro de la batalla judicial que comenzará a librarse en la sala a partir del 27 de septiembre.
* Málaga Hoy - 18.04.10
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Asociación denuncia PGOM Lugo beneficia a familia política delegada de Urbanismo
ABC/EFE* : El presidente de la recientemente constituida Asociación Por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo, José Cabanas, aseguró hoy que en el PGOM, que se encuentra en fase de aprobación definitiva, resulta "beneficiada" la familia política de la concejal delegada de Urbanismo y también a "políticos y constructores". Esta asociación puso en conocimiento de la Fiscalía diversa documentación relacionada con este documento, -aprobado inicialmente con los votos de los grupos municipales del Partido Socialista y Partido Popular-, que ahora está pendiente de su traslado a un juzgado de instrucción, una vez que el representante del Ministerio público no decretó su archivo.
"Esto nos da ánimos, porque vemos que nuestras denuncias no caen en saco roto", apuntó el representante de esta plataforma, quien también aseguró que en el Plan aparecen suelos urbanizable en parroquias que favorecen a "políticos y constructores".
Aunque únicamente citó a la familia política de la delegada de Urbanismo, María Novo, el presidente de la Plataforma dijo que podría haber entre 6 y 7 políticos y constructores "con un beneficio muy sustancioso", que se podría cuantificar en 18 millones de euros si los suelos a los que se refieren se acabaran desarrollando.
"Hay aquí una serie de personas que tienen grandes propiedades que estaban en suelo rústico y lo que se ha hecho por medio del Plan General es delimitarlos como urbanizables y, casualmente, esos suelos tienen mucha más edificabilidad que el de la mayoría de los lucenses", subrayó.EFE asa/av
* ABC- EFE - 16.06.10
Foto: Lugo, plan general (archivo) - abc.es
Los dueños de 20 viviendas de Redondela han sido apercibidos por Urbanismo a que las tiren
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LAVOZDEGALICIA* : Los dueños de una veintena de viviendas de Redondela han sido apercibidos para que derriben sus casas total o parcialmente por ilegalidades que van desde haberse excedido en el volumen construido a estar emplazadas dentro del dominio público marítimo terrestre o no tener licencia. La zona más afectadas es la parroquia de Cesantes o Soutoxuste, aunque también hay advertencias a algún propietario de un ático de Chapela.
«Hay muchas viviendas en esta situación», apunta la portavoz del Partido Popular, Francisca Canal.
Los expedientes contra las ilegalidades urbanísticas parten de denuncias presentadas por el departamento municipal de urbanismo y que han sido trasladadas a la Xunta de Galicia.
La persecución de las viviendas ilegales se está intensificando en los últimos tiempos. Ayer prosiguió la demolición de la vivienda ilegal del Camiño Telleira.
«Falta de seguridad jurídica»
El concejal del Partido Popular de Redondela, Alberto Pazos, atribuye estos problemas a la «falta de seguridad jurídica» porque «falta por aprobar una plan general que lleva mucho tiempo demandado».
En las vísperas de las municipales del 2007 el Concello de Redondela anunció la aprobación inminente del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Tres años después todavía no hay documento aprobado. Mientras tanto, el urbanismo de Redondela se rige por normas subsidiarias de planeamiento de Redondela que fueron aprobadas el 9 de febrero del año 1988 y modificadas el 25 de marzo de ese año.
Las normas urbanísticas delimitan las zonas donde no se pueden construir viviendas cerca del mar. En la zona de Cesantes desde el año 1988 no se pueden levantar viviendas en un determinado perímetro. Sin embargo, hay muchas casas levantadas a pie de mar.
* La Voz de Galicia - 17.06.10
Foto: Los trabajos de demolición de la casa de Telleira prosiguieron ayer y el terreno quedara expedito mañana - lavozdegalicia.es
El fiscal pide 30 años de cárcel para Roca
ELPAÍS/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción pide 30 años de cárcel para Juan Antonio Roca, el principal de los 95 procesados en el caso Malaya. El hombre que durante los años del gilismo controló la política y el urbanismo de Marbella (Málaga) y los manipuló en su propio beneficio, blanqueó supuestamente 245,1 millones de euros entre 1995 y 2006, la mayor parte de ellos mediante la adquisición de inmuebles de lujo, obras de arte y otros bienes suntuarios. El fiscal Juan Carlos López Caballero, que lleva investigando el caso desde noviembre de 2005, considera a Roca, de 56 años, "jefe" de una "empresa criminal" que recibió al menos 33 millones de euros en sobornos de promotores con intereses en Marbella, al tiempo que negociaba en su provecho con el rico patrimonio de suelo de la ciudad. Estos chanchullos con los promotores amigos -que tomaban la forma de convenio urbanístico- supusieron un perjuicio a las arcas públicas de al menos 48,9 millones.
El ex asesor urbanístico y hombre de confianza del fallecido alcalde Jesús Gil está acusado de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo. Además de las tres décadas de prisión, el fiscal solicita para él 810,78 millones de multa y 51 años de inhabilitación. Roca es el único de los imputados en la trama, cuya investigación inició el magistrado Miguel Ángel Torres, que permanece en la cárcel. Aunque expiró el plazo máximo de prisión preventiva, cumple una sentencia firme de seis años por el llamado caso Saqueo.
Los 585 folios que componen el escrito acusatorio contemplan penas que suman 557 años de cárcel y multas por valor de más de 4.000 millones de euros. Entre los principales personajes que se sentarán junto a Roca en el banquillo, a partir del 27 de septiembre, figuran la ex alcaldesa Marisol Yagüe, para quien se piden 20 años de cárcel; el mediático ex regidor Julián Muñoz, con una petición de 10 años de prisión, o la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos, en cuyo domicilio la policía halló 376.000 euros pagados supuestamente por Roca, y que se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel. También figura el ex teniente de alcalde Pedro Román.Para quien era considerado la cara amable del régimen gilista se piden 21 años de prisión.
El ex asesor urbanístico mantenía engrasada la máquina corrupta pagando a los políticos que tenían que dar el visto bueno a las licencias con parte del dinero que recaudaba entre los promotores. Según el escrito del fiscal, de los 33,4 millones recaudados entre los empresarios, Roca destinó al menos 5,3 a sobornar a ediles y funcionarios clave del Ayuntamiento, como el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes o el ex jefe de Policía Local, Rafael del Pozo.
Los empresarios que tienen un futuro judicial más complicado son Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel, ya que supuestamente no solo pagaron a su amigo Roca sino que participaron en operaciones que descapitalizaron enormemente al municipio.
El escrito sigue en buena parte las tesis del auto de procesamiento con el que el juez Torres se apartó del caso. López Caballero afirma que en la estructura delictiva de Roca se practicaba la división del trabajo. En la cúspide se encontraban los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, que creaban y mantenían el entramado de 71 empresas tras las que Roca ocultaba su patrimonio y que recibió ingresos en metálico de 25,5 millones de euros entre 1994 y 2005.
En el siguiente escalón estaban los encargados de adquirir y gestionar los inmuebles de su jefe, como los hoteles de El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia) o los tres palacios que Roca poseía en Madrid. En este grupo figuran Salvador Gardoqui o Montserrat Corulla, a la que el hoy ministro Miguel Sebastián utilizó como arma electoral contra Alberto Ruiz-Gallardón en su lucha por la alcaldía de Madrid en 2007. El fiscal pide para ella cuatro años de cárcel y 100 millones de multa por blanqueo.
Para el también abogado Juan Germán Hoffmann, supuesto testaferro internacional de Roca, al que ayudó a introducir en España entre ocho y 10 millones de euros, el fiscal pide penas de 10 años de cárcel y multas de 103 millones de euros.
En el último escalón del blanqueo se sitúan una miriada de personas que ayudaron puntualmente a Roca a camuflar su riqueza ilícita. Entre ellos se encuentran los marchantes de arte Jean Fournets y Beto Pedronzo, que le vendieron piezas por más de 26 millones de euros, o el joyero Sabino Falconieri, al que compró joyas y relojes por 1,5 millones. También está acusada la ciudadana sueca Karin Mattsonn, que proporcionó a Roca y su familia seis billetes de lotería premiados con los que poder justificar mínimamente su inmensa fortuna de origen ilegal. El ex asesor tenía una capacidad de gasto de 170 millones de euros, pero la renta disponible anual de su familia apenas superaba los 50.000 euros.
Roca, un individuo tan astuto como desconfiado, cuidaba mucho su seguridad. Contaba para ello con la colaboración de un ex militar, Jaime Hachuel, que no solo protegía sus bienes, sino que le advertía, gracias a sus contactos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en la Policía Local, de si estaba siendo objeto de seguimiento. Entre teléfonos encriptados, microcámaras y demás artilugios de contravigilancia gastó 39.000 euros, según el fiscal.
Las acusaciones de los principales implicados Isabel García Marcos Marisol Yagüe Juan Antonio Roca
- Juan Antonio roca, Los 96 procesados del caso Malaya se enfrentan a peticiones de 557 años de cárcel y multas de más de 4.000 millones de euros. Sobre Roca recaen las más altas: 30 años de prisión y 810 millones en sanciones por delitos de blanqueo, inducción a la prevaricación y malversación, fraude y cohecho pasivo.
- Julián Muñoz, El regidor destronado por la moción de censura de 2003 merece, según el Ministerio Público, una condena de diez años de cárcel por cohecho, malversación y prevaricación.
- Isabel García Marcos, La ex edil socialista, que llegó a primera teniente de alcalde, se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión por delitos de cohecho, alteración de precios y prevaricación.
- Marisol Yagüe, El fiscal pide que la antigua regidora marbellí ingrese 20 años en prisión por cohecho continuado, malversación, alteración del precio en concurso y subasta, y fraude.
* ELPAIS.com - 18.01.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
Salamanca, los horrores del pelotazo en La Trinidad
Vídeo 3 de 3. Vídeos 1 y 2: "Salamanca, el pelotazo de La Trinidad" y "Salamanca, el parque perdido de La Trinidad". Las consecuencias del edificio son evidentes y nefastas. El Ayuntamiento favorece los intereses del constructor frente a los derechos de los vecinos. Ha sido, y es, una operación especulativa en un terreno que debería haber tenido un uso social, no lucrativo. Los vecinos están masacrados, condenados a vivir en guetos. Con dejarles vivir, ya pueden estar agradecidos. Como dice el texto: "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Con tal de que no trascienda, aquí todo vale.
* YouTube - jcre1961 - mayo 2009
Lugo.- El fiscal ve indicios de tráfico de influencias y cohecho en siete alcaldes
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ELPAÍS* : El llamado caso Castro de Rei, que propició la detención del alcalde socialista Juan Valiño y de la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Lara Méndez, entre otros catorce imputados, bajo los focos de los medios de comunicación, va camino de extenderse por el resto de la provincia. La declaración del ingeniero responsable de obras nuevas de la institución provincial, José Antonio Mondelo, ha dado un giro a la instrucción y ha llevado al fiscal jefe de Lugo, Javier Rey Ozores, a pedir que se amplíen las investigaciones a otros siete municipios, cinco de ellos con alcalde del PP.
En su escrito incluido en el tomo cinco del sumario que ya acumula más de dos mil folios, el ministerio público advierte que se desprenden "posibles actuaciones ilícitas, indiciariamente constitutivas de delitos de tráfico de influencias y cohecho, presuntamente llevadas a cabo en el ámbito territorial de los Ayuntamientos de O Vicedo, Ourol, Muras, Cospeito, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y Becerreá". El fiscal entiende que "procede la remisión de los correspondientes testimonios a los juzgados territorialmente competentes" para que sigan con las pesquisas.
Y apunta directamente a los folios que contienen la declaración de Mondelo. Sentado ante la juez Estela San José, que instruye esta causa, el ingeniero de obras públicas que acudió voluntariamente a declarar contó -pese a las adveretncias de su abogado para que no lo hiciese- con pelos y señales el procedimiento utilizado por los regidores para inflar los presupuestos de los contratos.
La lista del jefe de obras de la Diputación incluyó a los alcaldes populares de O Vicedo, Jesús Novo; de Muras, Issan Algnaghn; de Cospeito, Armando Castosa; el anterior regidor de Ourol, Guillermo Salgueiro, además del regidor socialista de Castroverde, José María Arias, que es también diputado provincial, y los alcaldes de Becerreá, Manuel Martínez, y Negueira de Muñiz, José Manuel Braña, ambos socialistas.
El jefe de obras contó en el interrogatorio que los alcaldes acudían a la Diputación para pedir ayuda en la configuración de presupuestos para obras. Luego engordaban esos presupuestos que llegaban a superar entre un 22% y un 28% los precios de mercado. Citó un caso, el del ayuntamiento de Muras presidido por el popular Issam Algnaghn, cuyos sobreprecios alcanzaron el 50%.
Precisamente ayer, tres de los alcaldes del PP, los de O Vicedo, Muras y Cospeito, emitieron un comunicado en el que niegan cualquier irregularidad en la contratación de obras. Los tres regidores rechazan las afirmaciones efectuadas por el ingeniero de la Diputación y se ponen a disposición de la autoridad judicial a la que ofrecen toda la documentación relacionada con los expedientes de las obras.
Tras conocer el levantamiento del sumario, también el secretario provincial de los socialistas de Lugo, Ricardo Varela, quiso "ratificar" ayer su confianza en la "honradez" del alcalde de Castro de Rei. Varela afirmó que del sumario "no se desprende ninguna actuación punible, ninguna actuación que ponga en cuestión la honradez de Juan Valiño ni de los concejales de Castro de Rei" y añadió que no se puede sacar, a la vista de la instrucción, que se destape "ninguna actuación que suponga ningún tipo de apropiación o de aprovechamiento de su cargo público".
No obstante, reconoció que en las conversaciones captadas al alcalde, "se pueda recoger o trasladar el deseo y el interés de éste por que empresas de su municipio, de su comarca, pudieran trabajar en obras de la comarca, siempre respetando la legalidad que permiten los procedimientos". El dirigente socialista aseveró además que "esta voluntad por parte del mandatario, siempre que encajara en los procedimientos legales, sintoniza plenamente con la filosofía que respaldaba el Plan E, es decir, distribuir fondos para obra pública trasladándolos a los ayuntamientos más pequeños".
* ELPAIS.com - 17.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org
La presunción de inocencia permite a tres alcaldes continuar en el cargo
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IDEAL* : Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Es una máxima que asume todo el ordenamiento jurídico democrático -no sólo el español-. Y es una garantía de que las leyes son, cuanto menos, justas para aquellos que, aún existiendo indicios de presunta comisión de delitos o irregularidades, aún no se han sometido a juicio. El sistema jurídico español comparte estas garantías, no sólo para los actores privados, sino también para los públicos. Es por ello que nada inhabilita a un cargo público, electo o no electo, a volver a ocupar el sillón de la administración mientras que una sentencia judicial lo impida.
Obviamente, esta máxima también se aplica a diputados, senadores y, como no, también concejales y alcaldes. El caso del alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), que abandonaba la prisión de Albolote el pasado martes y, sólo un día después, ayer, volvía a dependencias municipales, no es extraño. Enciso estaba en prisión provisional, una medida preventiva -igual que las que le impiden actualmente abandonar el país o las que le obligan a presentarse semanalmente en los juzgados- que en nada le impide continuar desempeñando el cargo para el que le habilitaron las urnas.
La imputación de cinco delitos -cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y tráfico de influencias- es, de momento, eso, una imputación. De mantenerse las sospechas explicitadas en el sumario -la parte sobre la que se levantó el secreto habla de que la figura de Enciso aparece domo «no ajena a lo que está sucediendo» e incluso se indica que podría estar «vinculado» a Alemán y a la «infraestructura organizada» que podría «procurarse favores de naturaleza mercantil, así como lucrarse de las subcontratas» de la empresa Elsur- deberá ser un tribunal el que dictamine sobre si realmente hay pruebas que determinen una conducta delictiva o no. Mientras tanto, puede continuar siendo alcalde con todas las de la Ley. Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, es imposible una inhabilitación para cargo público sin juicio. «Existen medidas preventivas como la prisión, pero para inhabilitación no hay ninguna», indica a este periódico una abogada. Es decir, Enciso solo dejaría de ser alcalde, mientras no haya juicio, perdiendo unas elecciones o mediante la renuncia voluntaria.
El caso de Enciso, que después de permanecer un tiempo entre rejas de forma preventiva, ha vuelto a ocupar la Alcaldía, no es un caso aislado. Ha ocurrido -está ocurriendo- en otros lugares del país. Por ejemplo, en La Muela (Zaragoza). Allí, la alcaldesa, María Victoria Pinilla (del Partido Aragonés Regionalista, PAR), fue detenida el 18 de marzo del pasado año en el marco de la Operación Molinos, una macrooperación contra una presunta trama de corrupción urbanística que sumaría ya 36 imputados. A la primera edil se le imputan 11 delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Para abandonar la prisión (en la que permaneció la mitad de tiempo de Enciso) tuvo que pagar una fianza de 800.000 euros. No obstante, continúa ostentando la Alcaldía de la pequeña localidad aragonesa de apenas 5.000 habitantes.
En Castro Urdiales (Cantabria) el primer edil, Fernando Muguruza, que fue declarado tránsfuga en 2007 por la Comisión del Pacto Antitransfuguismo, permaneció en prisión algo menos de un mes tras la solicitud de esta medida cautelar por dos organizaciones vecinales, que habían encontrado «indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva» al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo. Acumula más de una docena de imputaciones en varios casos. Y a pesar de que, incluso el Ministerio Fiscal calificaba al alcalde de «peligro social», nada ha impedido que volviera a presidir los plenos de Castro Urdiales. Por cierto, también en este caso el PP pedía la disolución de la Corporación para impedirlo.
Esta drástica medida, que los populares, junto con IU, han reclamado por activa y por pasiva para El Ejido, sólo se ha ejecutado en una única ocasión: en Marbella. La disolución de la Corporación ha sido la única ordenada por el Gobierno del Estado en la historia de la democracia. Precisamente un ex alcalde de dicho Consistorio, Jesús Gil, ostentó la máxima representación municipal después de permanecer en prisión preventiva por diversas imputaciones de diferente orden.
La inhabilitación para cargo público, que es lo único que impide a alguien continuar en la alcaldía, viene generalmente ligada a sentencias que dictaminan delitos relativos a la administración pública, terrorismo o las penas de cárcel iguales o superiores a diez años. Pero sólo cuando hay sentencia.
* Ideal - 17.06.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
Cádiz.- El suelo público y nuestros administradores en el Ayuntamiento
R.GARÓFANO* : Parece ser que nuestros administradores en el Ayuntamiento (el PP y la Alcaldesa no son otra cosa) manejan un concepto equivocado muy perjudicial para los intereses de los gaditanos. Hace tiempo que ciertas actuaciones con las vallas publicitarias municipales lo venían apuntando pero ahora, con ocasión de los locales de hostelería que autorizaron y de la sentencia judicial en contra, se ha puesto claramente de manifiesto. Nuestros administradores municipales no hacen la distinción básica entre suelo de propiedad pública y de propiedad privada, sino que utilizan el concepto 'suelo municipal' como si se tratara de un tercer tipo de suelo: 'el de ellos'.
Cuando desde el gobierno municipal del PP se habla de suelo municipal, todo parece indicar que no se hace para distinguir el suelo que está bajo su competencia administrativa de los otros suelos públicos adscritos a otras administraciones, sino para diferenciar 'sus suelos' de los suelos públicos. Pero lo grave es que nuestros administradores actúan en consecuencia y, considerándolas 'suyas', aminoran y ponen en peligro el valor de 'nuestras' escasas propiedades de suelo.
En la ciudad de Cádiz, dadas sus condiciones geográficas y urbanas, los espacios abiertos que configuran nuestras calles y plazas son tan escasos, que una tarea básica de nuestros administradores debe ser, mediante planes de urbanismo y ordenanzas, preservarlos, cuidarlos y, en la medida de lo posible, ampliarlos. El suelo de nuestras calles y plazas debe ser tenido en altísima consideración, ya que es el lugar más abierto e igualitario en el que se desarrolla la vida social de la ciudad y esto, en una sociedad democrática, trasciende cualquier otra consideración de carácter técnico o económico. Los espacios abiertos, las calles y las plazas públicas de Cádiz, son los lugares en los que, por excelencia, reside el alma popular y colectiva de la ciudad.
Entiendo (he trabajado en varias administraciones públicas) que para hacer más atractiva la estancia convivencial en algunos espacios públicos y plazas, se puedan autorizar ciertas actividades en precario, sin ocupación permanente de suelo, con proporcionalidad y escaso impacto visual. Llevamos décadas viendo las plazas de las grandes ciudades europeas con un día de mercado de frutas y verduras (de los que no queda ni rastro una hora después de su finalización) o alamedas y glorietas con mesas y sillas de hostelería, incluso quioscos, que más que reducir añaden actividad social y visitantes. En la propia ciudad de Cádiz existe una tradición en este sentido. Pero no estamos hablando de eso, aunque nos lo quieran presentar como tal, ni siquiera estamos hablando de proporcionalidad, no, estamos hablando de cosas cualitativamente diferentes, de dos concepciones distintas sobre lo que son los suelos públicos y su adecuada administración. Estamos hablando de sustraer espacios públicos autorizando en ellos la construcción de edificios de hostelería en los que ciertos particulares desarrollarán actividades comerciales y lucrativas de carácter privado.
Me atrevería a intuir el mecanismo mental de nuestros administradores municipales a la hora de cometer las referidas actuaciones: por el deseo de "poner en valor" ciertos espacios públicos y la dificultad de gestionar unos quiosco de hostelería de reducidas dimensiones, con mesas y sillas al descubierto, se autoriza la construcción de unos edificios en la Caleta, en los jardines de Varela o en la plaza de Santa María del Mar. Pero esas decisiones no se tomarían si de verdad se creyese que esos espacios son públicos, se toman por considerar los espacios municipales como 'suyos'. Efectivamente es un asunto de 'valores' y algunos creemos que con este tipo de actuaciones lo que se hace es devaluar los espacios públicos. Unas actuaciones incorrectas de nuestros administradores, un asunto políticamente importante bajo el que subyace una escala de valores tan ultraliberal como poco democrática. El suelo público no se debe ocupar de esa forma y si jurídicamente se puede, por resquicios legales o trampas leguleyas (no son edificios de hostelería, sino dotacionales-culturales, etc.) no se debería y los gaditanos tendríamos que pedir cuentas políticas a nuestros administradores. Lo que se ha hecho con estas actuaciones es una especie de expropiación al revés, hurtándole al común lo suyo y poniéndolo al servicio de no se sabe qué intereses de los administradores.
Hay sensaciones que pueden unirse a los razonamientos: si usted va paseando desde la Facultad de Filosofía y Letras, por la arbolada avenida Gomez-Ulla, al llegar a las inmediaciones de la antigua Escuela de formación Marítimo-Pesquera, donde el espacio se abría a la contemplación de la Caleta, ahora el espacio lo han cerrado nuestros administradores municipales. Si usted va paseando por la Avenida, por la acera de la izquierda en dirección salida de Cádiz, al llegar a la esquina donde el espacio se abría a los jardines de Varela, ahora el espacio lo han cerrado nuestros administradores municipales con una gran valla de autopropaganda y otro edificio de hostelería.
Por último, una llamada de atención a nuestros administradores en la Junta de Andalucía: esperamos que no se aprueben determinaciones del nuevo PGOU de Cádiz que conculquen nuestros derechos de propiedad y disfrute sobre los espacios públicos de la ciudad y que los espacios abiertos de competencia municipal sigan siendo públicos, a pesar de nuestros administradores en el Ayuntamiento.
* El Diario de Cádiz - Opinión - 17.06.10
Padrón.- Los vecinos de Pazos y Extramundi se oponen a la planta de hormigón
LAVOZDEGALICIA* : Vecinos de Extramundi y de Pazos, en el municipio de Padrón, lo dejaron ayer bien claro: se oponen de forma rotunda a la instalación en un polígono próximo a estos núcleos de una planta de hormigón, un proyecto vinculado a las obras del AVE y que promueve una empresa de Ourense. Un grupo de vecinos de Extramundi, concretamente de los núcleos de Lamas y Agronovo, junto con el representante de Pazos y el de los pescadores del Club W. Latorre, manifestaron su opinión en la reunión convocada por el gobierno municipal y a la que, según explicó el alcalde Camilo Forján, también estaban convocados empresarios con parcelas en el polígono, además de la Sociedad de Caza y Pesca de Padrón.
No obstante, el representante legal de los empresarios, así como uno de ellos a título personal, desmintió de forma tajante que fueran llamados a la reunión, pese a que el pasado día 8 presentaron un escrito en el Ayuntamiento en el que, entre otros puntos, solicitaban con la «máxima urxencia» una reunión con el equipo de gobierno.
En el encuentro de ayer, al que también asistió el teniente de alcalde, del concejal de Urbanismo y del arquitecto municipal, el alcalde quiso aclarar que lo único que hay con respecto a la planta de hormigón es un proyecto, cuya tramitación no se ha iniciado ya que deberá esperar «a que lle toque o turno». Por ello, no hay licencia concedida, recalcó Camilo Forján.
Lo primero que hará el Concello es saber si este tipo de actividad puede ubicarse en el polígono de Pazos, concebido como comercial y de servicios, dijo. Para ello, el asesor jurídico del Ayuntamiento tenía previsto hablar ayer mismo con Xestur, la empresa con participación pública que se encargó de la ejecución del parque. La opinión de Xestur no es «vinculante», una vez que el polígono es competencia del Concello, según dijo el gobierno local, que se comprometió con los afectados a mantenerlos informados de los informes que recabe.
Los vecinos denunciaron que, pese a que las obras están paralizadas, la empresa continúa con la actividad y, en concreto, hablaron de que llevó a la parcela del polígono, cuya propiedad está vinculada al alcalde de Rois, tres silos. Por ello, reclamaron una y otra vez al gobierno padronés que «vigile» la zona para evitar que la empresa trabaje «pouco a pouco» y, con ello, finalmente logre hacer la obra pese a que carece de licencia.
Consecuencias
Tanto el representante de los vecinos de Pazos como los de Extramundi mostraron su gran temor a las consecuencias que pude conllevar la instalación de una planta de hormigón tan próxima a las viviendas que, en el primer caso, se sitúan a unos 500 metros y, en el segundo, a apenas 100 metros. «¿Sodes conscientes do que pode traer a planta de hormigón?», preguntó el vecino de Pazos quien dijo estar preocupado por el río Sar y los árboles pero mucho más por la salud de la personas. Por esta razón, todos los presentes pidieron a las autoridades municipales que «busquen alternativas» para que la planta de hormigón no se ubique en Pazos, en caso de que reúna las condiciones para obtener la licencia municipal, algo de lo que dudan.
* La Voz de Galicia - 17.06.10
Foto: Vecinos de Extramundi denunciaron ayer que siguen llevando material a la parcela de la obra paralizada - lavozdegalicia.es
Barcelona.- Millet y Montull declaran ante el juez por el caso del hotel del Palau
ELPERIÓDICO* : Los dos principales imputados en el saqueo del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, han llegado esta mañana a la Ciutat de la Justícia para declarar ante el juez por el caso del hotel que había de construirse junto al recinto musical, acompañados por sus respectivos abogados, Pau Molins y Jordi Pina. La Fiscalía de Barcelona presentó la semana pasada una querella contra Fèlix Millet, expresidente de la Fundació Orfeò Català-Palau de la Música, y Jordi Montull, su mano derecha, por la operación urbanística diseñada para construir un hotel de lujo en las calles de Sant Pere Més Alt y de Amadeu Vives.
La acusación pública les imputa un presunto delito continuado de tráfico de influencias (considera que se valieron de su relación con diversos altos cargos para persuadirles de llevar adelante el proyecto) y otro de apropiación indebida.
El fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, abrió en octubre una investigación a raíz de una denuncia presentada por dos asociaciones de vecinos. Pelegrín expone en la querella que los dos exdirectivos de la entidad diseñaron un proyecto dirigido a lograr «importantes ganancias económicas» bajo el pretexto de obtener mejores vistas de la fachada del Palau de la Música con la creación de una plaza y dotar a Ciutat Vella de una infraestructura hotelera para potenciar el turismo en el distrito.
Convenio para la permuta
Los acusados, «empleando la especial posición de sus cargos y aprovechando las relaciones personales generadas» y su «posición dentro la sociedad civil y política catalana», contactaron a finales del 2005 y principios del 2006 con varios altos responsables del Govern de la Generalitat a fin de ejercer «presión» en favor de la operación. Esta vía les condujo hasta el conseller de Economia i Finances, Antoni Castells, que firmó un convenio con la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música el 8 de marzo del 2006 para la permuta de unos terrenos. Está previsto que Castells declare como testigo el lunes y dos días después el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramón García-Bragado, entre otros altos cargos municipales, y el candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, con el que Millet también contactó para defender el proyecto
Los hechos se remontan al 2003, cuando el Palau se planteó la posibilidad de aprovechar tres solares en la calle de Sant Pere Més Alt para edificar un hotel de lujo y un aparcamiento subterráneo. Los solares fueron cedidos al Palau por el Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, que es la orden religiosa que gestiona la escuela La Salle Comtal de la calle de Amadeu Vives. A cambio, la entidad musical se comprometía a sufragar con 4,48 millones la remodelación de la escuela. Bajo la batuta de Millet, el Palau logró que estos inmuebles destinados a equipamiento docente (dos estaban registrados como bien de interés cultural) fueran recalificados como suelo residencial por el Ayuntamiento de Barcelona.
Mismo arquitecto
La documentación que el consistorio y la Generalitat manejaron a lo largo del proceso urbanístico reflejaba que quien pretendía levantar el hotel era el Orfeó Català. Sin embargo, el Palau cedió el uso de los terrenos en el 2006 a Olivia Hotels, una empresa propiedad de Manuel Valderrama, que era vocal de la Fundació Orfeò. El arquitecto encargado del proyecto del hotel era Òscar Tusquets, el mismo que realizó la ampliación del Palau. En una escritura firmada entre el Palau y Olivia Hotels, la constructora se comprometía al pago de todas las obligaciones económicas derivadas de la recalificación y a abonar una compensación al Orfeó de 3,6 millones de euros. La pregunta es si ese dinero hubiera ido a parar al Palau o a los bolsillos de sus exdirectivos. Según la querella, el constructor Manuel Valderrama adelantó a Millet y Montull una cantidad de dinero para le adjudicaran la construcción del hotel.
* El Periódico - 17.06.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Málaga.- El parón de la construcción pone en jaque 200 millones en convenios urbanísticos
SUR* : El Ayuntamiento se las prometía muy felices hace dos y tres años cuando firmó con diversas promotoras los convenios urbanísticos asociados al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se trata de unos acuerdos programados para aportar a las arcas municipales unos considerables beneficios económicos a cambio de aumentar los derechos edificatorios en determinados sectores de la ciudad, en los que se han proyectado elevadas torres de pisos como hitos del paisaje urbano de la Málaga del futuro. Sin embargo, las condiciones del mercado inmobiliario con las que se rubricaron estos convenios no son ni por asomo las actuales y la actual crisis pone en jaque el cobro de todos los que están pendientes, que suman más de 200 millones de euros.
Así lo entiende el grupo municipal del PSOE que, en la comisión de Movilidad y Urbanismo celebrada ayer, cuestionó sobre este asunto al concejal de Urbanismo. El edil socialista Sergio Brenes llegó a insinuar que el retraso en la aprobación del PGOU se debe a que el propio equipo de gobierno no tiene prisas por dar luz verde al documento debido a que, de tenerlo en vigor, no podría hacer caja con los convenios porque el sector inmobiliario está totalmente parado y sin solvencia económica para hacer frente a las elevadas cantidades que se fijaron en su momento. «Si al Plan General se le caen los convenios, ya no le merece la pena al PP, que no tiene interés en aprobarlo», declaró Brenes.
El responsable municipal de Urbanismo, Manuel Díaz, le contestó que si el PGOU no está aprobado no es por culpa del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía, que lo rechazó en julio del año pasado en lugar de aprobarlo parcialmente. Díaz afirmó en su comparencia en la comisión que «los convenios están firmados y están para cumplirlos». «No vamos a bajar ni un euro de lo acordado. Exigiremos los pagos por nuestro sentido de responsabilidad cara a los ciudadanos», aseguró.
No obstante, al término de la reunión, reconoció a los medios de comunicación que, como adelantó este periódico ( SUR 8/2/2010), hay varias promotoras que han solicitado la negociación de nuevas condiciones del pago de las cantidades acordadas por la crisis. En concreto, se trata de las empresas vinculadas al convenio de La Térmica (58 millones de euros) y de Martiricos (23 millones). A estas cantidades hay que añadir los 28,7 millones que están pendientes del proyecto de Sánchez Blanca, que no depende del nuevo PGOU, sino del actual, y que está parado por la crisis. De hecho, Urbanismo tenía previsto financiar este año inversiones con una primera parte de los 28 millones y ha tenido que echar mano de partidas por gastar de presupuestos anteriores para no parar actuaciones como la rehabilitación de la Tabacalera. Díaz aseguró que si se accede a algún aplazamiento de los pagos se exigirá la actualización de las cantidades en función del interés legal del dinero.
Por otro lado, Sergio Brenes recordó que, según lo estipulado en el convenio con los promotores del proyecto de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, las condiciones del acuerdo podrán ser revisadas por las partes si el PGOU no está aprobado antes del 21 de marzo del año que viene. La entrada en vigor del documento para esa fecha no está del todo garantizada a tenor de las diferencias que aún mantienen el Ayuntamiento y la Junta para una cuestión clave, como es la obtención de Arraijanal. Así, no está del todo claro que el Consistorio pueda ingresar finalmente los 82 millones de este convenio, si bien Díaz aseguró que sus promotores no han planteado por ahora ni aplazamiento ni reducción.
LOS CONVENIOS
Repsol. Supondrá unos ingresos de 82,3 millones de euros por el proyecto de las torres de pisos.
Térmica. Implica unos 58 millones de euros por el proyecto residencial en esta zona industrial.
Martiricos. La ciudad ingresará 23,2 millones de euros por esta actuación, que incluye dos torres.
Sánchez Blanca. Están por cobrar 28,7 millones por este barrio junto a la carretera de Cártama.
Hipercor. La ampliación del centro comercial repercutirá en 7,5 millones de euros.
Málaga Wagen. Por la construcción de pisos en la manzana se ingresarán 2,6 millones.
* SUR - 17.06.10
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
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La CHJ rechaza el PAI Alt Fardatxo de Peñíscola por falta de recursos hídricos
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LASPROVINCIAS/Castellón* : El urbanismo castellonense vuelve a sufrir un nuevo revés por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Como ya ha sucedido con varios proyectos urbanísticos de la provincia, la CHJ ha informado desfavorablemente el PAI Alt del Fardatxo de Peñíscola alegando que el proyecto residencial y de golf presentado no respeta el dominio público hidráulico y no acredita la disponibilidad de recursos hídricos. La falta de estudios sobre la incidencia en el régimen de corrientes sobre la cercana Rambla d'Alcalà es otra de las argumentaciones del informe.
El PAI prevé 3.967 viviendas y 1.500 plazas destinadas a dotación hotelera, así como una superficie de 34.000 metros cuadrados para uso terciario, 170.000 metros cuadrados para zonas verdes y 826.468 para uso deportivo y recreativo (campo de golf). El informe recoge que el emplazamiento del PAI ocuparía parte de los cauces de la Rambla d'Alcalà, el barranc de la Garrotxa y otros cuatro cauces sin nombre definido. Esto supondría afectar a un dominio público hidráulico, por lo que debería quedar fuera del proceso de urbanización a tenor de la propia Ley de la Generalitat Valenciana de Suelo No Urbanizable. El informe recuerda que los terrenos que lindan con los cauces tienen una zona de policía de 100 metros de anchura que debe quedar expedita o autorizada por el organismo de cuenca.
El documento realiza un estudio en base a la demanda bruta anual de agua, que sería de 2,36 millones de metros cúbicos: 1,2 millones de las casi 4.000 viviendas con 3,5 habitantes/día; 219.000 metros cúbdicos de las 1.500 plazas hoteleras; 148.920 metros cúbicos al año de uso terciario; 186.150 de las zonas verdes; y 590.292 para el campo de golf. La demanda neta se limitaría a 1.584.2.2 metros cúbicos al año que, según la CHJ, no podría ser cubiertos con los dos pozos en los que el consistorio tiene derechos, como son la Font de Dins y Campament. La concesión es de 1.110.000 metros cúbicos al año.
* Las Provincias - 15.06.10
Foto: Imagen de los terrenos que ocupa el PAI Alt del Fardatxo.- lasprovincias.es
Consolidación de lo insostenible - El Roto
Viñeta de El Roto - elpais.com, 16.06.10
Orpesa.- Primer derribo por orden judicial
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LEVANTE/Castelló* : Ayer comenzó la demolición del edificio Portomar, en la playa de la Concha de Orpesa, cumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, que declaró ilegal y nula la licencia de obras otorgada en 2004 por el ayuntamiento. El derribo de este edificio es el primero que se efectúa en la provincia en los últimos años tras un fallo judicial que sanciona su ilegalidad. En este caso no viene determinado por la aplicación de la Ley de Costas, sino por las irregularidades de su construcción.
El consistorio pagará la demolición que asciende a 100.000 euros, tal como fija el alto tribunal valenciano.
A última hora de la tarde fueron muchos los curiosos que se acercaron a presenciar la demolición, cercana al paseo de la Concha. El pleno acordó el 2 de febrero pasado el proyecto del derribo que ayer se hacía efectivo. Dede el equipo de gobierno del PP orpesino se reitera que el derribo confirma el respeto a las decisiones judiciales, sin entrar en mayores valoraciones ni en especulaciones sobre el otro derribo pendiente en Orpesa y dictado por un tribunal, el del edificio Bernat.
El Portomar es un edificio de tres plantas, ubicado frente a la Concha, construido hace apenas dos años y que nunca ha estado habitado. Además tiene un único propietario que fue quien presentó el proyecto para demolerlo.
Tras el derribo, el propietario del inmueble deberá ser indemnizado por el consistorio, habida cuenta de que fue el consistorio actual quien en 2004 le concedió la licencia de obras para construirlo. Para ello se basó en el informe del arquitecto municipal, que avaló la legalidad de la construcción.
* Levante-emv - 16.06.10
Foto: La máquina trabaja en la demolición del Portomar frente a la playa de la Concha. levante-emv
Castilla y León.- El gestor de dos pelotazos pagó 1,2 millones a Merino
PÚBLICO* : El gestor de dos de los grandes proyectos urbanísticos más controvertidos de Castilla y León La Rosaleda, en Ponferrada, y Segovia 21, el empresario Elías Benatar, pagó entre 2004 y 2007 un total 1,2 millones más IVA a las consultorías de Jesús Merino, diputado del Partido Popular (PP) por Segovia hasta abril de 2010, cuando dimitió por su imputación en el caso Gürtel. Ambos proyectos, gestionados por Benatar a través de Eyser y Fomento Territorial, han contado con la participación destacada del constructor José Luis Ulibarri, imputado también en el caso Gürtel.
El consejero de Fomento que dio luz verde a la operación de Ponferrada fue Manuel Fernández Santiago, de quien la policía sospecha que podría tratarse del Toti que recibió pagos de la trama Gürtel, algo que el actual presidente de las Cortes de Castilla y León niega.
El pelotazo de La Rosaleda, por el que Ulibarri obtuvo 2.016 parcelas a un 20% del precio de mercado, ha sido declarado ilegal por los tribunales, pero ejecutar las sentencias es imposible al estar ya todo construido. Y el de Segovia 21, que supuso la cesión de 101 hectáreas de terreno público a una sociedad con creciente peso privado liderado por la misma persona que impulsó el proyecto desde la diputación Atilano Soto, presidente de Caja Segovia, está en los tribunales desde 2007: dos denuncias han sido archivadas y dos siguen vivas, la última de las cuales en un juzgado de Madrid, que la admitió a trámite el pasado abril.
La relación profesional entre Eyser, Fomento Territorial y los despachos que Merino compaginó durante años con su actividad de diputado de 2000 a 2010, incluyendo dos años como portavoz adjunto del grupo del PP y de dirigente nacional del partido secretario de Política Autonómica entre 2002 y 2005 y miembro del comité electoral en 2004 es antigua y declarada a Hacienda. Los diputados pueden dirigir también despachos profesionales privados más de 30 lo hacen siempre que no toquen asuntos relacionados con su tarea parlamentaria, un marco que deja mucho terreno para la ambigüedad.
Benatar fue el gestor de los dos polémicos proyectos urbanísticos en Castilla y León, el feudo de Merino. A petición del Ayuntamiento de Ponferrada (PP), redactó en 2001 la reforma urbanística que iba a permitir la construcción en La Rosaleda de más de 2.000 viviendas, un encargo que en 2004 le fue renovado para encauzar el proceso.
El proyecto fue declarado ilegal de cabo a rabo por los tribunales, pero cuando ya no había marcha atrás porque estaba todo construido y, en parte, vendido.
En 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una sentencia ratificada por el Supremo el mes pasado, anuló la reforma urbanística porque se edificó tres veces más de lo permitido y se eliminó el 10% exigido para servicios. En 2007, el mismo tribunal anuló las adjudicaciones, que beneficiaron a Ulibarri, por falta de publicidad y concurrencia.
En 2003, Fomento Territorial recibió también el encargo de gestionar el proyecto de Segovia 21, que culminará previsiblemente el año que viene con la entrega de 400 viviendas y chalets (estos últimos se están vendiendo ya a partir de 850.000 euros), un hotel de lujo, un campo de golf de 18 hoyos y un centro de negocios, entre otros.
Apoyo empresarial
El plan fue impulsado en 2001 por Atilano Soto, entonces presidente de la diputación y también al frente de Caja Segovia, que ahora lidera al grupo de empresarios que se ha sumado a la iniciativa. Los promotores defienden que el proyecto crea riqueza y que la diputación no ha tenido que pagar y, en cambio, ha ingresado seis millones.
Los críticos denuncian que se aportaron 101 hectáreas de terreno público en un paraje de ensueño a un precio irrisorio equivalente a 16 millones, en acciones de Segovia 21 tras una tasación elaborada antes de definir el proyecto en su conjunto y que el beneficiario último será privado. Las hectáreas cedidas Monte Quitapesares se fueron descatalogando por fases pese a que el proyecto era único y se fueron aportando a Segovia 21 sin subasta pública.
El juzgado archivó dos causas en Segovia, centradas sobre todo en la descatalogación en sí. Pero queda viva una demanda por la cesión de los terrenos a Segovia 21 y otra por estafa, admitida a trámite en Madrid el pasado abril.
En declaraciones a Público, Elías Benatar defendió su relación comercial con Merino y negó que los pagos por 1,2 millones de euros más IVA tengan nada que ver con La Rosaleda o Segovia 21. "Se trata de operaciones de carácter privado entre empresas, ajenas a cualquier organismo público y sin ninguna relación con el caso Gürtel, y cuya información supondría la vulneración del secreto profesional", afirma el empresario.
La versión del ex diputado
Un portavoz del despacho de Jesús Merino afirmó que el ex diputado nunca ha trabajado para Eyser o Fomento Territorial en proyectos en Castilla y León y que los pagos obedecen a consultorías para actividades en otras comunidades, singularmente un plan para llevar empresas a Castilla-La Mancha.
Los pagos fueron declarados todos en el denominado modelo 347 que exige Hacienda para los proveedores que superen los 6.000 euros y los desveló un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso Gürtel sobre las actividades empresariales de Jesús Merino, que entre 2002 y 2007 le reportaron 8,4 millones de euros. El informe destaca el vínculo entre Segovia 21 y Fomento Territorial.
En el auto en que el Supremo admitió la causa contra aforados nacionales, en junio de 2009, la jueza hizo constar que en el informe de Hacienda "no se refieren datos concretos que permitan la imputación de una conducta ilícita". El fiscal limitó su petición de imputación al hecho de que en la caja B de la trama apareciera que "Jesús Merino Serrano 50" recibió 50.000 euros en 2007.
Serrano 50 Global Consulting, que en 2007 declaró un pago de 50.000 euros a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP también imputado, recibió 220.000 euros más IVA de Fomento Territorial. Algaba Consultores, que poseía el 33% de Astrolago sociedad compartida con Bárcenas y Jesús Sepúlveda disuelta en 2008 sin declarar nunca actividad, ingresó otros 372.215. Y Everland, administrada por la esposa de Merino, quien a su vez contaba con autorización en una cuenta, obtuvo 591.598.
* Público - 14.06.10
Foto: Castilla y León, trama Ponferrada y Segovia 21 - publico.es
Urbanismo deprimente
DEMETRIO PELÁEZ/Galicia* : ¿De verdad llevamos diez años fomentando las buenas prácticas urbanísticas? ¿De verdad puede el Colegio de Arquitectos de Galicia, que el lunes celebró en Santiago un acto sobre este tema, sentirse orgulloso de lo que ha ocurrido en esta santa autonomía, en toda España en general, en la última década, en las últimas décadas? ¿Estamos todos ciegos o qué puñetitas pasa aquí? Porque sí, vale que algunas cosas se han hecho bien, y unas pocas incluso muy bien, pero lo cierto es que el balance general en esta parcela es desolador. Deprimente. Capaz de hacer saltar lagrimones al tipo más insensible. El urbanismo en general ha estado tan plagado de desaciertos y cafradas que de poco vale presumir de las casas rurales que se han rehabilitado, o de los edificios históricos que han sido salvados de la carcoma, o de las ciudades que han ganado espacio para los peatones, o de los molones y modernísimos inmuebles que han salpicado algunas urbes en los últimos tiempos.
Todo eso está bien, pero cuando se haga un balance serio de lo que ha sido la arquitectura y el urbanismo en las últimas décadas deberemos destacar que hemos mandado al carallium, sin temblarnos el pulso, infinidad de pueblecitos encantadores, y que hemos llenado la costa de hotelazos sin alma, y que hemos plagado infinidad de carreteras comarcales de rotondas demenciales, y que en nombre de un progreso mal entendido hemos plantado tremebundos polígonos industriales en medio de cualquier valle, y que parajes idílicos se han saturado de urbanizaciones clónicas que parecen un monumento al horror, con lo sencillo que hubiese sido construirlas con algo de gusto, con algo de decoro... ¿Seguimos? Sí, también deberemos hablar de unas ciudades que han crecido aún peor que en los años 70 y que se han llenado de barriadas inconexas, explanadas ventosas y parques de cemento en los que los árboles se niegan a crecer. Buenas prácticas urbanísticas... Estamos de coña, ¿no?
* El Correo Gallego - Opinión - 16.06.10
Marbella.- El urbanismo abre otro foco de conflicto
SUR/Málaga* : Las aguas del urbanismo vuelven a bajar revueltas. Apenas tres semanas después de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entrara en vigor la Junta y el Ayuntamiento vuelven a escenificar sus diferencias en un asunto que podría tratarse de algo puntual pero que llevaba meses en el punto de mira. El Gobierno andaluz ha requerido al equipo de gobierno que justifique la concesión de la licencia de obra a Tomas Olivo, empresario procesado en el 'caso Malaya', para levantar un bloque de seis plantas y locales comerciales en el edificio de RNE y que justifique cuáles fueron los criterios para otorgarla en diciembre del año pasado, cuando el nuevo planeamiento que cambiaba el uso del suelo estaba en su recta final, según publicó ayer el diario 'El País'.
El criterio del Ejecutivo andaluz es claro. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda entiende que el permiso se otorgó de forma indebida al estar en tramitación el nuevo Plan, que en lugar de permitir el uso residencial en la casona sindical preveía el uso hotelero y terciario y la cesión de 1.200 metros cuadrados para equipamiento público. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que en los casos donde choquen los dos planeamientos deben quedar suspendidas las licencias tras la aprobación inicial, pero el equipo de gobierno del PP aplicó esta norma más tarde, tras el visto bueno provisional. Olivo ya había pedido la licencia para la antigua casona sindical -apenas unos días antes- y el Ayuntamiento optó por seguir adelante con los permisos solicitados con anterioridad.
Con este argumento y escudado en la existencia de cuatro informes técnicos y jurídicos que avalarían el permiso el equipo de gobierno responderá de forma negativa al requerimiento de la Junta, fechado el 12 de mayo. «No se puede revocar porque los informes dicen que se otorgó conforme a derecho», señalaron fuentes municipales. La Junta parece que no se dará por vencida y amenaza con impugnar la licencia en los tribunales. El PSOE también presentó en su día un recurso contencioso y un recurso de reposición, al igual que Izquierda Unida.
«Se impone la cordura»
El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Enrique Monterroso, valoró ayer positivamente el requerimiento de la Junta y exigió a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que cumpla con la petición cursada por el gobierno autonómico. «Parece que en esta ocasión la Junta va a imponer la cordura y va a dar la razón a Izquierda Unida, pues a todas luces la licencia concedida por Muñoz en favor del imputado en el 'caso Malaya' contraviene la legalidad urbanística y atenta contra el interés general», añadió.
* SUR - 16.06.10
Foto: Vista del edificio de RNE, en plena avenida Ricardo Soriano, propiedad del empresario Tomás Olivo, procesado en 'Malaya' - diariosur.es
La jueza imputa por prevaricación al alcalde y a tres ediles de Castro de Rei
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LAVOZDEGALICIA* : El caso de Castro de Rei, que en el Juzgado de Instrucción nº3 de Lugo se bautizó como operación Rey, saltó a los periódicos cuando el 26 de octubre del año pasado la jueza titular, Estela San José, entró a registrar el Concello de Castro de Rei, y se incautó de numerosa documentación relativa a adjudicación de obras. El asunto tuvo una mayor repercusión porque el alcalde, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales salieron esposados por la puerta del consistorio y, tras pasar por el vecino Ayuntamiento de Cospeito para incautarse de una documentación relacionada, acabaron en los calabozos de la comisaría de Lugo casi tres días, hasta que declararon y salieron en libertad.
Pero el asunto no había comenzado ese 26 de octubre con el registro. Ahora, tras levantarse el secreto del sumario, se sabe que la jueza había ordenado casi un año antes pinchar el teléfono a un empresario de Castro de Rei que se dedicaba a traer inmigrantes marroquíes para trabajar en granjas y que eran explotados. Aquellas escuchas, integradas dentro de la también famosa operación Pollo, revelaron que dicho empresario también estaba tratando de poner en marcha un viejo plan de construir casi cien chalés mediante una cooperativa.
El proyecto seguía estancado por problemas urbanísticos y por ello entró en contacto con otros empresarios, algunos de ellos ya con problemas judiciales, que empezaron a hablar con técnicos de constructoras e incluso funcionarios de la Xunta. En las conversaciones empezaron a ser citados el alcalde de Castro de Rei y otros políticos como las personas necesarias para agilizar los trámites urbanísticos, a veces mediante la necesaria colaboración de políticos de mayor nivel.
A medida que avanzaban las conversaciones, la jueza fue ordenando más pinchazos telefónicos y así se descubrieron entre esos empresarios hasta proyectos irregulares de exportar leche en polvo o chatarra a países africanos, para lo que siempre necesitaban apoyos políticos que salían mencionados en las conversaciones.
Como el alcalde de Castro de Rei hablaba permanentemente con los concejales de su partido (PSOE), y también con el concejal bisagra (TEGA), que le da la mayoría frente al PP, en esas conversaciones salieron a relucir los acuerdos para repartir las obras municipales, siempre que fuese posible, entre las empresas del concello. El alcalde, con el ánimo de contentar a sus ediles y también a las firmas locales, trató de que todas se llevasen algunas obras. Mientras hablaba con los concejales, los funcionarios o los técnicos de urbanismo, la policía grababa las conversaciones. Y todas esas «artimañas previas a la adjudicación», como las denominó la jueza, fueron tipificadas como prevaricación y tráfico de influencias para los tres ediles, y para el alcalde, también cohecho. Por eso el 26 de octubre del 2009 la jueza entró a buscar pruebas en el Concello y ahora, una vez levantado el secreto y tomadas muchas declaraciones, el sumario camina hacia la calificación.
* La Voz de Galicia - 16.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org
