La jueza imputa por prevaricación al alcalde y a tres ediles de Castro de Rei

LAVOZDEGALICIA* : El caso de Castro de Rei, que en el Juzgado de Instrucción nº3 de Lugo se bautizó como operación Rey, saltó a los periódicos cuando el 26 de octubre del año pasado la jueza titular, Estela San José, entró a registrar el Concello de Castro de Rei, y se incautó de numerosa documentación relativa a adjudicación de obras. El asunto tuvo una mayor repercusión porque el alcalde, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales salieron esposados por la puerta del consistorio y, tras pasar por el vecino Ayuntamiento de Cospeito para incautarse de una documentación relacionada, acabaron en los calabozos de la comisaría de Lugo casi tres días, hasta que declararon y salieron en libertad.

Pero el asunto no había comenzado ese 26 de octubre con el registro. Ahora, tras levantarse el secreto del sumario, se sabe que la jueza había ordenado casi un año antes pinchar el teléfono a un empresario de Castro de Rei que se dedicaba a traer inmigrantes marroquíes para trabajar en granjas y que eran explotados. Aquellas escuchas, integradas dentro de la también famosa operación Pollo, revelaron que dicho empresario también estaba tratando de poner en marcha un viejo plan de construir casi cien chalés mediante una cooperativa.

El proyecto seguía estancado por problemas urbanísticos y por ello entró en contacto con otros empresarios, algunos de ellos ya con problemas judiciales, que empezaron a hablar con técnicos de constructoras e incluso funcionarios de la Xunta. En las conversaciones empezaron a ser citados el alcalde de Castro de Rei y otros políticos como las personas necesarias para agilizar los trámites urbanísticos, a veces mediante la necesaria colaboración de políticos de mayor nivel.

A medida que avanzaban las conversaciones, la jueza fue ordenando más pinchazos telefónicos y así se descubrieron entre esos empresarios hasta proyectos irregulares de exportar leche en polvo o chatarra a países africanos, para lo que siempre necesitaban apoyos políticos que salían mencionados en las conversaciones.

Como el alcalde de Castro de Rei hablaba permanentemente con los concejales de su partido (PSOE), y también con el concejal bisagra (TEGA), que le da la mayoría frente al PP, en esas conversaciones salieron a relucir los acuerdos para repartir las obras municipales, siempre que fuese posible, entre las empresas del concello. El alcalde, con el ánimo de contentar a sus ediles y también a las firmas locales, trató de que todas se llevasen algunas obras. Mientras hablaba con los concejales, los funcionarios o los técnicos de urbanismo, la policía grababa las conversaciones. Y todas esas «artimañas previas a la adjudicación», como las denominó la jueza, fueron tipificadas como prevaricación y tráfico de influencias para los tres ediles, y para el alcalde, también cohecho. Por eso el 26 de octubre del 2009 la jueza entró a buscar pruebas en el Concello y ahora, una vez levantado el secreto y tomadas muchas declaraciones, el sumario camina hacia la calificación.





* La Voz de Galicia - 16.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org