Cádiz.- El suelo público y nuestros administradores en el Ayuntamiento

R.GARÓFANO* : Parece ser que nuestros administradores en el Ayuntamiento (el PP y la Alcaldesa no son otra cosa) manejan un concepto equivocado muy perjudicial para los intereses de los gaditanos. Hace tiempo que ciertas actuaciones con las vallas publicitarias municipales lo venían apuntando pero ahora, con ocasión de los locales de hostelería que autorizaron y de la sentencia judicial en contra, se ha puesto claramente de manifiesto. Nuestros administradores municipales no hacen la distinción básica entre suelo de propiedad pública y de propiedad privada, sino que utilizan el concepto 'suelo municipal' como si se tratara de un tercer tipo de suelo: 'el de ellos'.

Cuando desde el gobierno municipal del PP se habla de suelo municipal, todo parece indicar que no se hace para distinguir el suelo que está bajo su competencia administrativa de los otros suelos públicos adscritos a otras administraciones, sino para diferenciar 'sus suelos' de los suelos públicos. Pero lo grave es que nuestros administradores actúan en consecuencia y, considerándolas 'suyas', aminoran y ponen en peligro el valor de 'nuestras' escasas propiedades de suelo.

En la ciudad de Cádiz, dadas sus condiciones geográficas y urbanas, los espacios abiertos que configuran nuestras calles y plazas son tan escasos, que una tarea básica de nuestros administradores debe ser, mediante planes de urbanismo y ordenanzas, preservarlos, cuidarlos y, en la medida de lo posible, ampliarlos. El suelo de nuestras calles y plazas debe ser tenido en altísima consideración, ya que es el lugar más abierto e igualitario en el que se desarrolla la vida social de la ciudad y esto, en una sociedad democrática, trasciende cualquier otra consideración de carácter técnico o económico. Los espacios abiertos, las calles y las plazas públicas de Cádiz, son los lugares en los que, por excelencia, reside el alma popular y colectiva de la ciudad.

Entiendo (he trabajado en varias administraciones públicas) que para hacer más atractiva la estancia convivencial en algunos espacios públicos y plazas, se puedan autorizar ciertas actividades en precario, sin ocupación permanente de suelo, con proporcionalidad y escaso impacto visual. Llevamos décadas viendo las plazas de las grandes ciudades europeas con un día de mercado de frutas y verduras (de los que no queda ni rastro una hora después de su finalización) o alamedas y glorietas con mesas y sillas de hostelería, incluso quioscos, que más que reducir añaden actividad social y visitantes. En la propia ciudad de Cádiz existe una tradición en este sentido. Pero no estamos hablando de eso, aunque nos lo quieran presentar como tal, ni siquiera estamos hablando de proporcionalidad, no, estamos hablando de cosas cualitativamente diferentes, de dos concepciones distintas sobre lo que son los suelos públicos y su adecuada administración. Estamos hablando de sustraer espacios públicos autorizando en ellos la construcción de edificios de hostelería en los que ciertos particulares desarrollarán actividades comerciales y lucrativas de carácter privado.

Me atrevería a intuir el mecanismo mental de nuestros administradores municipales a la hora de cometer las referidas actuaciones: por el deseo de "poner en valor" ciertos espacios públicos y la dificultad de gestionar unos quiosco de hostelería de reducidas dimensiones, con mesas y sillas al descubierto, se autoriza la construcción de unos edificios en la Caleta, en los jardines de Varela o en la plaza de Santa María del Mar. Pero esas decisiones no se tomarían si de verdad se creyese que esos espacios son públicos, se toman por considerar los espacios municipales como 'suyos'. Efectivamente es un asunto de 'valores' y algunos creemos que con este tipo de actuaciones lo que se hace es devaluar los espacios públicos. Unas actuaciones incorrectas de nuestros administradores, un asunto políticamente importante bajo el que subyace una escala de valores tan ultraliberal como poco democrática. El suelo público no se debe ocupar de esa forma y si jurídicamente se puede, por resquicios legales o trampas leguleyas (no son edificios de hostelería, sino dotacionales-culturales, etc.) no se debería y los gaditanos tendríamos que pedir cuentas políticas a nuestros administradores. Lo que se ha hecho con estas actuaciones es una especie de expropiación al revés, hurtándole al común lo suyo y poniéndolo al servicio de no se sabe qué intereses de los administradores.

Hay sensaciones que pueden unirse a los razonamientos: si usted va paseando desde la Facultad de Filosofía y Letras, por la arbolada avenida Gomez-Ulla, al llegar a las inmediaciones de la antigua Escuela de formación Marítimo-Pesquera, donde el espacio se abría a la contemplación de la Caleta, ahora el espacio lo han cerrado nuestros administradores municipales. Si usted va paseando por la Avenida, por la acera de la izquierda en dirección salida de Cádiz, al llegar a la esquina donde el espacio se abría a los jardines de Varela, ahora el espacio lo han cerrado nuestros administradores municipales con una gran valla de autopropaganda y otro edificio de hostelería.

Por último, una llamada de atención a nuestros administradores en la Junta de Andalucía: esperamos que no se aprueben determinaciones del nuevo PGOU de Cádiz que conculquen nuestros derechos de propiedad y disfrute sobre los espacios públicos de la ciudad y que los espacios abiertos de competencia municipal sigan siendo públicos, a pesar de nuestros administradores en el Ayuntamiento.






* El Diario de Cádiz - Opinión - 17.06.10