ADN/Málaga* : El alcalde de Canillas de Albaida (Málaga), Antonio Gregorio Díaz Navas (PP), ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº5 de Málaga a siete años de inhabilitación para cargo público de concejal o alcalde, y a una multa de quince meses por un delito de prevaricación urbanística. El tribunal considera aprobado que el alcalde concedió una licencia de obras de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable "con grave incumplimiento de la normativa reguladora de la concepción de licencias", según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.
Por todo ello, la sala ha acordado la nulidad de la licencia otorgada el 2 de noviembre de 2004 para la construcción de una vivienda unifamiliar en el paraje "El Mosquín", en el término municipal de Canillas de Albaida.
El tribunal también ha ordenado que se manden oficios a la Junta Electoral Central, a la Oficina del censo y al ayuntamiento "al objeto de constancia y ejecución de la pena de inhabilitación especial para cargo público".
En los hechos probados se relata que en 2006 el propietario de unos terrenos y un constructor edificaron una vivienda unifamiliar aislada en un terreno no urbanizable, y que presentaron la solicitud de licencia de obra al consistorio.
La solicitud se realizó sin el preceptivo proyecto técnico ni el de actuación, pero se concedió la licencia por decreto del alcalde en noviembre de 2004.
Asimismo, el tribunal considera que el alcalde omitió la reclamación de documentación técnica visada del arquitecto municipal, según se indica en la sentencia.
En los fundamentos de derecho se recuerda que el propio alcalde durante el juicio reconoció haber conseguido la licencia pese a la falta de documentación, pero se excusó "en que eran muy pesados".
Por todo ello, el tribunal ha destacado que el acusado actuó "con clara conciencia de la arbitrariedad e ilegalidad de la resolución", y que ha cometido una infracción de la normativa urbanística de manera "patente y grosera".
* ADN - EFE - 27.04.10
Foto: Canillas de Albaida (Málaga) - malagapueblos.com
Condenan a siete años de inhabilitación al alcalde de Canillas de Albaida
La Fiscalía critica que ayuntamientos promuevan "el borrón y cuenta nueva" en la ordenación del territorio
EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha criticado que los ayuntamientos promuevan "una tendencia interminable al borrón y cuenta nueva inasumible y de lamentables resultados en la ordenación del territorio, por el mensaje de impunidad que se envía al ciudadano". En la memoria de 2009, consultada por Europa Press, la Fiscalía asevera que, a pesar de que en 2009 se ha detectado "una cantidad algo mayor de comunicaciones al fiscal, sigue siendo escaso el nivel de colaboración de algunos ayuntamientos", pues en cuanto a infracciones penales, "de muchos de ellos no se tiene noticia si no es por la comunicación realizada desde las distintas fuerzas policiales por atestado".
En este sentido, precisa que, en ocasiones, "cuando se inician investigaciones del fiscal o del juzgado por edificaciones masivas en un municipio, se intenta minimizar la relevancia de las investigaciones penales aludiendo a iniciativas de regularización, acuerdos de Pleno donde muestran la resolución de modificar el planeamiento y aluden a un acuerdo de colaboración con la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, usado por muchas defensas para tratar de hacer creer que la legalización de las construcciones ilegales es inminente".
Añade que, en los casos en que llega a la Fiscalía la noticia del delito, "sigue apreciándose que no hay efectividad alguna a la hora de ejecutar medidas cautelares de los ayuntamientos eventualmente acordadas en el expediente administrativo", criticando también "la casi nula colaboración municipal en materia de demoliciones, con contadas excepciones".
DEMOLICIONES EN LAS MINAS
Tras todo esto, la Fiscalía considera que "uno de los mayores problemas" es la zona de Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos, ya que la mayor parte de las sentencias condenatorias que se reflejan en el apartado relativo a los delitos sobre la ordenación del territorio "se derivan de acusaciones por delitos cometidos por particulares promotores en esta zona, donde el espacio ocupado por las parcelaciones ilegales y consiguientes edificaciones irregulares ejecutadas en su interior excede muy notablemente de la superficie del casco urbano del municipio".
Al hilo, llama la atención sobre el "problema" suscitado por el "discrepante" criterio de las secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial respecto a las demoliciones en este paraje, "problema que se ha agravado durante este año por haber recaído numerosas condenas por delitos sobre la ordenación del territorio".
Así, indica que, "aunque en prácticamente todos los casos las secciones de esta Audiencia revocan las posibles sentencias absolutorias en la instancia, estimando así recursos de apelación de la Fiscalía, se da la circunstancia de que tres de las secciones acuerdan al mismo tiempo la demolición de las construcciones alzadas, mientras que una de ellas considera que las especiales circunstancias de consolidación edificatoria de la zona desaconsejan demoler lo edificado", lo que en la práctica "hace inútil o testimonial la respuesta penal".
Según agrega, la consecuencia "indeseable" de todo esto "es que se dictan sentencias radicalmente discrepantes en tan fundamental aspecto, lo que no es entendido por la ciudadanía, que ve como en la mayor parte de los supuestos se ordena derribar lo construido, y si por azar la apelación corresponde a la sección discrepante, se resuelve lo contrario, por mucho que se ofrezcan agudos argumentos dignos de consideración".
"TRABAS" A LA DEMOLICIÓN
En relación a los procedimientos por delitos sobre la ordenación del territorio donde por sentencia firme se acuerda la demolición, señala que, hasta finales de 2008, han llegado a la treintena las sentencias firmes en las que se ordena la restauración del suelo a su estado originario, "lo que ha ocasionado notables problemas a la hora de ejecutar este concreto pronunciamiento de las resoluciones, por las naturales trabas creadas por los condenados, la sistemática impugnación de cualquier providencia orientada a ejecutar tal pronunciamiento y la falta de colaboración de algún ayuntamiento particularmente afectado".
Además, y tras lamentar que, "en otras ocasiones, se retrasa innecesariamente la efectividad de la demolición señalando el Juzgado de lo Penal plazos injustificadamente amplios", la Fiscalía aboga por negar cualquier suspensión de la ejecución de las penas de prisión "en tanto no se satisfaga el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que constituye la demolición, naturalmente si existe solvencia", mientras que también muestra su oposición a la sustitución de prisión por multa, pues ello "demuestra la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado".
A pesar de todo lo anterior, la Fiscalía reconoce la calidad de las resoluciones judiciales de las diferentes secciones de esta Audiencia Provincial, así como la postura "abiertamente favorable" de éstas "a huir de un Derecho Penal simbólico por el que se limitara la respuesta a estos delitos a una sanción pecuniaria y a una pena de prisión siempre suspendida, prescindiendo de la demolición".
COLABORACIÓN CON MEDIO AMBIENTE
En su memoria, la Fiscalía se refiere a la colaboración prestada por la Delegación Provincia de Medio Ambiente, lamentando que "se aprecian en demasiadas ocasiones retrasos considerables en las diligencias de investigación y en la instrucción judicial por las demoras" en los informes técnicos solicitados, añadiendo que "se es consciente de la escasez de medios de esa Delegación en relación al ingente número de informes que deben evacuarse, pero la relevancia de esos informes por la entidad de los bienes jurídicos en juego exigen tal vez la preferencia en la emisión de los que afectan a autoridades judiciales y fiscales".
Así, considera que, "a pesar de que se ha tratado de solventar la cuestión mediante contactos del delegado con la Delegación provincial de la Consejería para evitar dilaciones en las investigaciones, la consecuencia es que suelen judicializarse las mismas sin haber llegado el informe requerido a esa Delegación, cuando en ocasiones es determinante de la relevancia penal del asunto y no solamente de algún aspecto accesorio o de mera responsabilidad civil".
Respecto a los datos numéricos, la Fiscalía incoó en 2009 un total de 162 diligencias de investigación, de las que 132 fueron por delitos sobre la ordenación del territorio --en 2007 fueron 198 y en 2008 un total de 255--, seguidas de las 15 relacionadas con el medio ambiente; siete por flora y fauna; cuatro por patrimonio histórico; tres por incendios forestales y una por malos tratos a animales domésticos.
PEQUEÑAS EDIFICACIONES
Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que sobre la sección de Medio Ambiente "sigue pesando una similar o mayor carga de trabajo a causa de que todas las diligencias de investigación tramitadas en los pasados años han dado lugar a procedimientos judiciales incoados en 2009 --145--, más las incoadas antes que, una vez judicializadas, naturalmente siguen pendientes de sentencia firme en su mayoría".
En esta línea, incide en que ese aumento "provoca que los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad se centren en esta materia, fundamentalmente en pequeñas edificaciones hechas por particulares", aseverando que "la forzosa dedicación de esas fuerzas policiales a la investigación de decenas de edificaciones menores como cabañas de madera y casas prefabricadas, está produciendo el efecto indeseable de no poder atender a otras materias también propias de su competencia, como es la investigación de delitos de mayor gravedad y complejidad".
* Europa Press - 26.04.10
Foto: castilblancodelosarroyos.es
Salvem considera la concesión de licencias como una "insumisión" al Estado de Derecho y una "burla" al TC
EUROPAPRESS/Valencia* : Salvem el Cabanyal tildó hoy de "insumisión al Estado de Derecho" la decisión del Ayuntamiento de Valencia de aprobar la concesión de otras 18 licencias de derribo en el barrio valenciano de El Cabanyal-Canyamelar, al considerar que esta acción supone un "claro desacato" al Tribunal Constitucional (TC). Por esta razón, la plataforma, en un comunicado, anunció que sus servicios jurídicos pondrán en conocimiento del Alto Tribunal esta "burla".
Según la plataforma, "la inmensa mayoría de los edificios que pretende derribar el Ayuntamiento se encuentran incluidos en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de 1988, que es el que marca la legalidad urbanística una vez suspendido el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri)".
Salvem el Cabanyal desveló que, en el caso de aquellos edificios que no cuenten con ninguna protección, la concesión de la licencia de derribo debería ir acompañada del proyecto de la edificación sustitutoria, con el objetivo de no generar nuevos solares, tal y como marca la Ley de Patrimonio Valenciana.
Por este motivo, la plataforma criticó las "trampas, artimañas y desobediencia" del consistorio valenciano al TC, pues "las viviendas no son propiedad municipal ni han sido expropiadas". Manifestó que esta acción es "una maniobra más" del Ayuntamiento, que pretende "acosar, amenazar y extosionar a los ciudadanos que se oponen a la destrucción y a la especulación", apuntó.
Por último, Salvem el Cabanyal consideró que se trata de un acto de "desobediencia y burla" al TC y, en consecuencia, los servicios jurídicos de la plataforma pondrán este "desacato e insumisión" en conocimiento del Tribunal Constitucional, "al que tanto dicen respetar".
* Europa Press - 26.04.10
Foto: Protesta de Salvem el Cabanyal. - lasprovincias.es
Aroma de tierra
SALVADOR FRAGA/Galicia* : Otra vez más, está abierto el melón de la Ley del Suelo. El urbanismo, en las sociedades modernas y de modo singular en España, marca una característica línea de fractura entre las élites gobernantes (políticas y económicas) y los ciudadanos. Este roto viene de antiguo y su desgarro, que ahora sacude el seísmo de la crisis, desnuda un estropicio; a la espiral de descontento social no se le ve fin y los vaivenes de timón de los poderes públicos parece que más que aplacarlo lo encrespa. Imposible olvidar que en anteriores reformas legales, con demasiada frecuencia, salió el tiro por la culata. Se quiso abaratar el suelo y el precio se disparó, se quiso dar un golpe de gracia al "feísmo" y los filtros colocados los pasa mejor la mala que la buena arquitectura, se quiso atajar el "riesgo de formación de núcleo urbano" y se alentó la dispersión…como colofón de este contorno irónico se daña algo esencial: la legitimidad y necesidad de tocar en profundidad el marco administrativo del urbanismo junto con la Ley del Suelo.
Dado que no basta con ser bienintencionados para acertar, intentemos una perspectiva clara de la situación. La prioridad, durante siglos, fue el sustento directo de la población con los recursos de la tierra. Galicia se cuajó de adaptaciones pragmáticas, asentamientos de población, soutos de varas, prados, levadas, represas, carreiros, socalcos, cantiles o peiraos, una obra ingeniosa que además perdura como un derroche de gracia y belleza. Y dos lecciones aún vigentes: a) una intervención humana intensiva, ayer y hoy (puente del Tarn de Norman Foster), puede también, ser armónica con una naturaleza inmensa de valores y b) la racionalidad, ayer y hoy, emana del bien entender el lugar.
Ahora bien, hubo un momento en que la geografía pasó de ser territorio a llamarse suelo. La ley del Suelo del 56 marcó el inicio de una epopeya, dar techo en la ciudad al vaciado del hábitat rural. El entramado técnico-jurídico desplegado surgió pues al hilo de un problema muy específico: la provisión extensiva de vivienda urbana. En las siguientes décadas, miles de millones de metros cuadrados construidos (forjado) se levantaron con fogosidad para hacer de España una sociedad de clases medias urbanas con piso en propiedad, coche y guiños al bienestar. El urbanismo, con sus deformidades (resonancia de Valle-Inclán), interpretó un papel dentro de una misión de país.
Hoy la historia y los problemas son otros. La cuestión ya no es la habitación sino la cohabitación. Formamos una democracia sofisticada con un alto nivel educativo, asistencia y servicios públicos donde, si bien cargada de reticencias y fragilidades, se sabe que nuestro territorio es el espacio urbano de muchos en cohabitación difícil con un medio natural escaso. Se ejercen con plenitud los "fingers" de la globalidad (vuelos de bajo coste, internet, dinero digital, autopistas de la comunicación) y, a la vez, la ciudadanía presta oído más atento a los "avisos" de la sostenibilidad (finitud de recursos, cuestión del carbono o salud general).
Si está meridianamente claro que lo que tenemos hoy entre manos nada tiene que ver con lo anterior, ¿por qué no intentar, de nuevo, entender el lugar (ya comentamos que tiempo atrás así se hizo), comprender que reclaman nuestras calles y periferias urbanas (gusten más o gusten menos), y actuar con realismo positivo? ¿No vale la pena tomarnos la libertad y el riesgo de darle unas cuantas vueltas a lo construido en las pasadas décadas de los 60, 70, 80… y mejorar vida, humor y salud en el mundo del urbanismo?¿las viejas prácticas y herramientas no deben ser puestas al día para afrontar nuevas ilusiones?
No se trata de refundar el urbanismo ni de jubilar planes o archivar normas, pero sí es terapéutico drenar el marco técnico-político de cuanto lo obstruye funcionalmente y a la postre lo degrada. Administración, ley y acción política se pueden adaptar y simplificar, mientras se gana en orientación práctica y resolución. Contamos con los conceptos, la técnica y los equipos humanos para afrontar una nueva aventura: recualificar la realidad construida elevándola a objeto de otras bellezas. Un reciclaje intensivo, arquitectónico, social, y urbanístico; útil, tangible y posible. Su horizonte (éxito o fracaso) dependerá de si se asume, o no, el desafío intelectual y político.
Para ello es tan importante acertar como pactar. No se puede tocar una estructura sin tener antes perfectamente claro lo que se va a hacer. Hay que identificar lo prioritario, enunciar con claridad una estrategia y relacionar con precisión, suma y detalles de los contenidos de las acciones. Y desplegar convicción social. Mostrar que la administración del territorio (urbanismo) es, en sí misma, una actividad decente y honesta esencial para el interés general, presente y futuro. Nuestros antiguos conocieron un "pathos" del territorio de Galicia. Ahora, quizás coincidiendo con la salida de la crisis, podemos encontrar el nuestro, el sentimiento de un nuevo entusiasmo. Tras el suelo, se vuelve a percibir aroma de tierra.
* Salvador Fraga - Arquitecto
* Faro de Vigo - Opinión - 22.04.10
Condenan al ex alcalde de Salares a 1 año de cárcel por no actuar ante las obras de una casa ilegal
EUROPAPRESS/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de la localidad malagueña de Salares Jorge Luis Fernández a un año de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por un delito contra la ordenación del territorio, al no actuar ante las obras de una vivienda ilegal y por expedir un certificado en el que indicaba que la casa reunía las condiciones de habitalibidad, lo que supone "una auténtica licencia de primera ocupación".
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se condena, además, a un año de prisión, multa de 5.400 euros e inhabilitación como promotor o constructor durante un año al propietario de la parcela, catalogada catrastralmente como terreno agrícola y actualmente terreno rústico, quedando clasificado como no urbanizable, dentro de los límites de la Reserva Nacional de Caza 'Sierras Tejeda y Almijara'.
Según la resolución, que no es firme, el promotor solicitó en 1999 al Ayuntamiento licencia para una vivienda, que "nunca llegó a concederse" por no presentarse el proyecto técnico y por el informe desfavorable de la Secretaría. Pese a ello, el acusado procedió entre 2001 y 2007 a la ejecución de las obras de una casa unifamiliar de unos 160 metros cuadrados. En 2006, pidió y se le concedió autorización para un cercado y realizó, además, un muro de hormigón.
En el caso del entonces alcalde, que tomó posesión en noviembre de 2001, el juez entiende que tuvo "pleno conocimiento de la ilicitud de las obras que el coacusado realizaba", ya que fue informado "en reiteradas ocasiones" por la secretaria del Ayuntamiento. Además, "plenamente consciente de la ilegalidad, hizo caso omiso a las reiteradas denuncias" del propietario de una parcela colindante, "no ordenando" el inicio del restablecimiento de la legalidad.
Asimismo, concluye que "a los fines de dar a la construcción que se realizaba apariencia de legalidad", a petición del otro acusado, expidió un certificado en septiembre de 2006 "afirmando que la vivienda está totalmente terminada y reúne las condiciones necesarias de habitabilidad para concederle la calificación de apta para primera ocupación". Por otro lado, denegó la licencia solicitada por el dueño de la parcela colindante para una nave apícola.
Para el juez, es "indudable" que la construcción se ha efectuado en suelo no urbanizable, "careciendo de licencia o autorización". Además, asegura que "no puede discutirse" que el entonces regidor "tenía obligación legal de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística" en su municipio "ni se puede argumentar que desconocía la realidad de la construcción".
En este punto, argumenta este conocimiento en que eran unos 200 habitantes en 2002 y en que sabía que había informe negativo, llegando a justificar la construcción en que el otro acusado "tenía necesidad y en que "era vecino del pueblo". Además, sabía de las denuncias presentadas por el otro propietario, "hasta 19", y de los requerimientos de información por parte de la Junta de Andalucía, que "desatendió".
Asimismo, señala que "llama la atención" los conocimientos del entonces alcalde de Salares a la hora de denegar la autorización para la nave apícola solicitada por el propietario de la finca colindante, que ejerció en esta causa como acusación particular; "frente al desconocimiento que alega en materia urbanística respecto de la construcción que el acusado llevaba a cabo".
"La conducta del acusado --ex regidor-- no solamente ha de ser encuadrada en su modalidad de prevaricación omisiva, sino que pueden considerarse como conducta prevaricadora activa, pues la certificación como vivienda apta para primera ocupación suscrita por el acusado constituye una auténtica licencia de primera ocupación, contraria a las normas urbanísticas por cuanto afecta a una construcción ilegal", apunta la sentencia.
* Europa Press - 27.04.10
Foto: Salares - andaluciaturismodigital
Barberá aprueba 31 nuevos derribos en el barrio del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Ayuntamiento de Valencia dio hoy cuenta de la concesión de 18 licencias de derribo en el barrio valenciano de El Cabanyal, que afectan a un total de 31 viviendas, la mayoría ubicadas en la calle San Pedro y Luis Despuig. El concejal delegado de Urbanismo del consistorio, Jorge Bellver, aclaró que estas licencias se aprobaron "dentro de la legitimidad", antes de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del Gobierno contra la ley autonómica que avala el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), al tiempo que matizó que están suspendidas.
Bellver se pronunció en estos términos en una rueda de prensa posterior a la Comisión de Grandes Proyectos, Vivienda y Urbanismo, después de que el concejal del grupo municipal socialista en el consistorio Vicente González Móstoles acusara al Ayuntamiento de haber aprobado hoy las licencias, pese a la admisión del recurso de inconstitucionalidad.
Al respecto, Bellver negó esta afirmación y aclaró que "lo que ha hecho la comisión de Urbanismo es dar cuenta de las licencias que se dieron en su día, entre comisión y comisión, a los efectos de control". "Las licencias se aprobaron en su momento, hoy se ha dado cuenta pero quedarán en suspenso", dijo. No obstante, afirmó que el día en que se pronuncie la Justicia, "ya estarán las licencias concedidas y se podrán aplicar inmediatamente".
Matizó, en este sentido, que las últimas dos licencias que firmó son del 20 de abril, es decir, un día antes de que el BOE publicase la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo. Por tanto, insistió, "se aprobaron dentro del plazo, amparadas en la legitimidad que tenía el ayuntamiento para hacer derribos".
Bellver indicó que en el momento de conceder estas licencias de derribo "no había nada que impidiese que esto fuera así", ya que "la misma legitimidad tenía el hecho de derribar como la firma de licencias", reiteró. De hecho, señaló que el equipo municipal "va a seguir tramitando y tomando decisiones como éstas, en base a un respeto absoluto a la legalidad".
Por su parte, González Móstoles indicó que el PSPV lamenta --y por eso ha votado en contra de la concesión de estas licencias-- "la cicatería, el oportunismo administrativo que ha demostrado el equipo de gobierno" porque, según relató cronológicamente, los informes sobre ellas se produjeron entre el 8-9 de abril, las resoluciones entre el 13-14, y la admisión a trámite del segundo recurso del Gobierno a mediados de abril --el día 14--", con lo que "se ha aprovechado lo que el Ayuntamiento considera un vacío legal para proponer el derribo de 31 viviendas más".
Reiteró, pese a lo afirmado por Bellver, que las licencias "se han concedido hoy, y no antes, y hoy el marco jurídico de la ley de Francisco Camps está en suspensión". Así pues, entiende que el otorgamiento de las licencias "es situarse fuera de la legalidad y el consistorio se tendrá que atener a las consecuencias que puede tener". En este punto aclaró que el PSPV analizará si recurre esta resolución, aunque dijo que tampoco es su papel "estar todos los días en los tribunales", ya que hay otras vías.
Lamentó, con todo, que las nuevas licencias otorgadas por el ayuntamiento, sobre inmuebles de Cabanyal 2010, afectan a edificios ubicados en el conjunto histórico protegido, que es "tan protector como el Bien de Interés Cultural (BIC), aunque supone otra modalidad y otro origen". Recordó que si la licencia no es recurrida, tiene vigor desde "ya", y el plazo son seis meses para ejecutar el acto o pedir una prórroga.
EL DECRETO
Bellver criticó la "poca claridad" del decreto ministerial sobre El Cabanyal, puesto que "la situación que se ha quedado actualmente es kafkiana", ya que, según la teoría, el PEPRI queda suspendido actualmente y podría ser aplicable el plan anterior, que es el Plan General. Y esto, según dijo, "es una barbaridad" porque "podrían haber nuevas peticiones de derribo y se tendrían que aprobar". Por ello considera que el decreto "es una aberración desde el punto de vista jurídico y urbanístico".
Ante este decreto y las resoluciones del TC, el Ayuntamiento, según dijo Bellver, acudió a la Audiencia Nacional para pedir, en primer lugar, que se archivara todo y no se diera valor al decreto del Gobierno; y, de no ser así, que se entendiera que la aplicación del mismo era sólo para el ámbito BIC que forma parte del PEPRI. Ante ello, la Audiencia no quiso entrar a valorar el fondo del asunto porque es algo "muy grave", puntualizó.
Ante esta situación, Bellver lamentó que "no existe en toda la historia de la democracia un decreto similar respecto a una legislación autonómica". "Es la primera vez --agregó-- en la historia de la democracia que un gobierno de España decreta lo que decreta en Valencia, a pesar de que hay otras ciudades a las que no se ha dirigido pese a que tienen denuncias de la Unesco". "A lo mejor tiene algo que ver que se traten de alcaldes socialistas", matizó.
* Levante-EMV - 26.04.10
Foto: El Cabanyal - blogalaxia.com
Detenciones y registros en la tercera fase de la 'operación Jable'
CANARIAS7/Lanzarote* : La Guardia Civil ha lanzado en la mañana de este martes la tercera fase de detenciones y registros en el marco de la 'operación Jable'. La ex presidenta del Cabildo, María José Docal, es una de las personas que integran la lista de detenidos en esta fase. Su casa está siendo registrada desde primeras horas del día. Los agentes también han entrado en el Ayuntamiento de Arrecife. Otro de los nombres que forman parte de la lista de detenidos en esta operación es el del concejal de Parques y Jardines de Arrecife, Antonio Machín, del PIL, igualmente detenido.
La cifra final de detenciones prevista para hoy ronda las ocho personas. A los políticos ya citados se unen los nombres de unos cinco empresarios que habrían contratado servicios con el Ayuntamiento y el Cabildo. Entre las empresas estarían Lanzagrava, Inelcom y Señalcom, todo ello según fuentes oficiosas. Demetrio Rodríguez, de Lanzagrava, sería uno de los detenidos.
Se mantiene así la previsión de los investigadores, que cifraban desde un primer momento en más de veinte las detenciones en esta fase del 'caso Unión'.
* Canarias 7- 27.04.10
Foto: Docal, junto a Dimas Martín, en una foto de archivo.- canarias7.es
Las condenas por casas ilegales se concentran en Castilblanco de los Arroyos
ELCORREOWEB/Sevilla* : La zona ocupada por las parcelaciones irregulares supera la del casco urbano del pueblo. La Fiscalía exige que los jueces unifiquen el criterio en las sentencias sobre temas urbanísticos.De las 66 sentencias condenatorias dictadas el año pasado por los juzgados sevillanos 61 fueron por delitos contra la ordenación del territorio, o lo que es lo mismo, por levantar una construcción ilegal. Pero lo más llamativo de esta cifra es que "la mayor parte" fueron por delitos cometidos en Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos, una zona que, según destaca la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio en su memoria de 2009, es "un desastre urbanístico sin igual en la provincia".
Como ya ocurriera en años anteriores, más del 80% de las investigaciones de esta sección del ministerio fiscal, se centran en estos delitos, pese a que el año pasado "descendieron". El fiscal coordinador en Sevilla, Javier Rufino, llama especialmente la atención sobre Las Minas, donde "el espacio ocupado por las parcelaciones ilegales y consiguientes edificaciones irregulares ejecutadas excede muy notablemente de la superficie del casco urbano" del municipio.
Las escasas sentencias absolutorias -ocho- son en su mayoría de particulares de esta zona que no han podido ser condenados porque los jueces han considerado "la prescripción del delito", alegado "sistemáticamente por las defensas". Todos estas decisiones judiciales, absolutorias o condenatorias, se comunican desde 2009 al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para que "adopte las medidas oportunas en ejercicio de su obligaciones de disciplina urbanística" que, según el fiscal, "tan groseramente omitió en su día".
El fiscal también hace alusión especial en su memoria al hecho de que una de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla haya dictado pronunciamientos "radicalmente discrepantes" al respecto de las otras tres, que han confirmado las sentencias que decretaban la demolición de lo construido. Una de las secciones, en cambio, se ha opuesto al estimar "las especiales circunstancias de consolidación edificatoria de la zona", que "catastróficamente" se está convirtiendo en urbana, pese a no serlo. De ahí, que solicite un plenillo de magistrados para unificar criterios.
Asimismo, la memoria señala que se han incoado 12 procedimientos penales por contaminación acústica, sobre los que critica la lentitud de los mismos porque "no se produce una respuesta satisfactoria de la administración local", cuando se la requiere para la obtención de documentos. Además asegura que "no se entiende cómo sigue sin llegar prácticamente ninguna denuncia por iniciativa de los ayuntamientos". Sobre los incendios forestales, el fiscal señala que no se produjo ninguno de relevancia en 2009 gracias a "la labor de detección de focos de riesgo".
* El Correoweb - 26.04.10
Foto: La urbanización Las Minas se encuentra en Castilblanco de los Arroyos. - Juanma Rodríguez, elcorreoweb.es
El fiscal pide dos años de cárcel para el ex alcalde de Manilva por cohecho
ELPAÍS/Málaga* : El gilismo, esa concepción política de corrupción e intereses que surgió en los años noventa en la Costa del Sol, tuvo en el municipio malagueño de Manilva, junto al límite con Cádiz, uno de sus baluartes. El 13 de octubre de 2005, un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía entró en el domicilio del entonces alcalde manilveño, Pedro Tirado, que aunque pertenecía al personalista partido PDEM (Partido Democrático de Manilva), había echado los dientes políticos en el Grupo Independiente Liberal (GIL). En el registro del ático de Tirado, en la urbanización Sabinillas del Sol, los policías hallaron una de las famosas "bolsas de basura", como las que una noche se echaron en cara los ex regidores marbellíes Jesús Gil y Julián Muñoz ante las cámaras de Telecinco. La bolsa, lejos de contener desperdicios, guardaba 762.102 euros. En billetes de 500 y 200.
El juez instructor, Miguel Ángel Torres, que investigó también el caso Malaya, y el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, sostienen que el dinero pertenece a la comisión cobrada por Tirado por un convenio urbanístico en el que se aumentaba la densidad edificatoria de la finca La Parrada. En pleno auge inmobiliario, estos terrenos urbanizables pasaron de tener una densidad de 10 viviendas por hectárea a 18, lo que permitía construir 2.340 viviendas en lugar de las 1.300 que le correspondían inicialmente. La sociedad Royal Marbella Estates, propietaria de los terrenos, que adquirió por 9,7 millones de euros entre septiembre de 2002 y junio de 2003, los revendió en diciembre de 2004 por 117,9 millones, IVA incluido, a un consorcio formado por cinco grandes promotoras.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga juzgará a partir de mañana martes al ex regidor Tirado, apoyado por IU y el PSOE y que dimitió tras su detención. La fiscalía pide para él dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros, con responsabilidad de seis meses de cárcel en caso de impago, por un delito de cohecho.
El llamado caso Parrada o caso Tirado, es una pieza separada del caso Ballena Blanca, la macrocausa contra el blanqueo de capitales centrada en el despacho del abogado marbellí Fernando del Valle y cuyo juicio, ahora suspendido, empezó el pasado 15 de marzo. La sociedad Royal Marbella Estates está controlada por Aki Kujala. Según el fiscal, este ciudadano finlandés "aparece relacionado" con individuos a los que se les imputan "actividades delictivas graves", como tráfico de drogas. Para el ministerio público, Royal Marbella Estates compro La Parrada como forma de blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Aki Kujala está acusado en el caso Parrada por cohecho y blanqueo. Se enfrenta a cuatro años de prisión.
Donde hay un alcalde dispuesto a dejarse sobornar, casi siempre hay un cuñado dispuesto a llevarse su parte. Francisco Calle, hermano de la esposa de Tirado, fue, según el fiscal, quien puso en contacto al empresario Kujala con el regidor y le convenció para que firmara el convenio. Por esta gestión, Calle se embolsó 2,17 millones de euros tras fundar una sociedad con Kujala, que apareció como mediadora en la venta de los terrenos de la Parrada. Calle adquirió supuestamente con este dinero un ático en Sotogrande. Para ocultar la compra, a través de una sociedad fundada a su vez por otra firma con base en Gibraltar, Calle aparece como arrendatario del inmueble.
* ELPAIS.com - 26.04.10
Foto: Playa en Manilva - diariosur.es
Piden urbanismo con aval ciudadano
EXCELSIOR/México* : Álvaro Porcuna, especialista español en planeación urbana, indicó que para proyectos viales de gran impacto, como la Supervía que anunció el Gobierno del DF, se necesita un alto consenso con la población afectada e, incluso, sugirió que ésta puede dar un soporte para el transporte público. Durante el 2º Congreso Internacional de Transporte Urbano, el especialista explicó que la construcción de nueva infraestructura vial siempre va a generar molestias, sobre todo por la competencia de los usos de suelo y las afectaciones al entorno, además de que resultan costosas.
Señaló que si bien en ciudades europeas la tendencia es hacer una inversión racional en ese tipo de infraestructura, el Distrito Federal tiene problemáticas particulares que deben atenderse, pero recomendó que antes de emprender cualquier proyecto se haga una valoración previa de los costos, tanto económicos como ambientales, así como las afectaciones a las personas.
Sin embargo, Porcuna afirmó que las ciudades deben comenzar a pensarse bajo modelos más compacto, pues en la mayoría de las urbes los polos de desarrollo se encuentran dispersos, lo que genera mayores gastos de combustible, transporte público, infraestructura, entre otros.
Detalló que en el DF resulta más caro llegar a los centros de trabajo que pagar la hipoteca, por lo que dijo que las autoridades deben tratar de evitar los desplazamientos, potencializar el transporte público e inhibir el privado.
En el caso de la Supervía Poniente, Martín Mejía, director general de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), informó que además de la ruta de la Red de Transporte de Pasajeros que la recorrerá, se conservarán los recorridos que el transporte concesionado hace de Santa Fe a Tacubaya, por Vasco de Quiroga, y de Constituyentes a Santa Fe.
Se pretende que empleen vagonetas, lo que obligaría a los transportistas a renovar sus unidades.
Si trabajo en Santa Fe debería vivir ahí y hacer mis compras en esa zona, tratando de evitar el traslado al Centro de la ciudad.”
* Álvaro Porcuna, especialista español en planeación urbana
* Excelsior - Jessica Castillejos - 23.04.10
Foto: Los proyectos como la Supervía Poniente no sólo deben contar con planes de mitigación, sino con apoyo civil, consideraron expertos. - Archivo/Daniel Betanzos. exonline.com.mx
Catral reclama hasta 20.000 euros para legalizar casas en la huerta
ELPAÍS/Alicante* : Cuatro años después de que el Consell se hiciera cargo del urbanismo en Catral, la huerta de esta población de La Vega Baja alicantina presenta el mismo paisaje. Centenares de casas unifamiliares (1.272 viviendas) levantadas ilegalmente sin los más elementales servicios mínimos. Carecen de una trama urbana definida y siguen sin disponer de alcantarillado y de alumbrado. En el entorno sólo destaca un elemento nuevo: taquillas postales, por las que el Ayuntamiento cobra un alquiler de 50 euros al año.
Los propietarios de las casas, en su mayoría residentes ingleses, denuncian que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, pretende repercutirles el coste de la "regularización" de viviendas, alrededor de unos 20.000 euros por dueño. Los afectados estudian presentar una demanda contra el Consistorio de Catral para exigir su responsabilidad civil subsidiaria y que los gastos corran a cargo de las arcas municipales.
La proliferación de casas ilegales en la huerta de Catral motivó que el Consell interviniera el planeamiento del municipio en octubre de 2006. El ejecutivo valenciano ya ha devuelto las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, pero aún no se ha aprobado el proyecto definitivo para regularizar las casas. El caso es también objeto de una investigación judicial, que tampoco avanza.
Las quejas y malestar de los dueños de las casas ilegales de Catral están reflejadas en las actas de las reuniones periódicas que el colectivo celebra en la localidad a instancias de la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU), entidad que llevó el caso a los tribunales en 2004. "Los compradores hemos pagado entre 100.000 y 400.000 euros por nuestra vivienda ilegal, carente de servicios básicos y de cédula de habitabilidad. Hemos comprado muy caro, y hemos pagado todo. Nadie nos puede obligar a pagos adicionales ni de 10.000 ni 20.000 ni 30.000 euros. Pagamos impuestos como los del casco urbano, y tenemos derecho a reclamar y exigir responsabilidades y soluciones a los responsables y a su costa", recoge el acta de la reunión celebrada el pasado 17 de febrero.
Otra constante en las reuniones de los afectados es la impunidad en la que permanecen los, en su opinión, verdaderos "culpables" de ese claro ejemplo de urbanismo salvaje, es decir, los constructores y promotores; el Ayuntamiento de manera directa; y el Consell por obviar su función de supervisar la legalidad actividad urbanística en el municipio."Los verdaderos culpables de las irregularidades son las inmobiliarias que se presentaron como promotores y constructores y que nos ocultaron las informaciones esenciales para el comprador, y el Ayuntamiento y el Consell por no cumplir ni hacer cumplir la ley y la disciplina urbanística", señala el documento referido.
Entre los gastos que el Ayuntamiento pretende repercutir a los afectados, se encuentra la tasa municipal del 1% por actividad urbanística. A juicio del Honorio Fernández, presidente de AECU, está iniciativa es ilegal. "Esa tasa municipal está prevista para las construcciones levantadas en el marco de la legalidad, y no para las irregulares. El Ayuntamiento ha modificado la ordenanza para intentar cobrar ese impuesto, cuando ni tan siquiera ha sido aprobada por el Consell la revisión del nuevo PGOU ni el convenio urbanístico para la regularización de las casas", explica. "El Ayuntamiento, no puede obligar a pagar una tasa por un servicio que aún no prestado", añade.
Los afectados, en una de sus últimas reuniones celebradas en marzo, y ante la inoperancia municipal y lentitud en la instrucción del sumario acordaron acudir también a la vía de lo contencioso-administrativo. De hecho, el pasado 10 de febrero AECU presentó un escrito de queja al juzgado número 5 de Orihuela por falta de información en la que solicitan información sobre la situación actual del proceso judicial.
Y también remitieron al Ayuntamiento un escrito exigiendo una a serie de documentos sobre sus demandas. Entre éstas destacan las siguientes: listado de expedientes sancionadores abiertos a los promotores y constructores; lista de las 251 viviendas que el Consell proponía demoler, pero ahora en suspenso; o destino de las cantidades que en su día los dueños de las casas entregaron en el Ayuntamiento por agua (100 euros por vivienda). También piden una lista de las dotaciones que el Ayuntamiento pretende subsanar a fin de que los afectados puedan estimar cuales serían los costes totales y negociar el pago. Y exigen conocer las condiciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local para instalar "aceleradamente" unos casilleros postales pluridomiciliarios que ahora no pueden utilizar.
Por su parte, el alcalde de Catral, Aurelio Albero, del PP, rechaza de plano todas estas acusaciones de los vecinos afectados. Sobre la tasa del 1% sobre actividad urbanística el regidor asegura que es legal: "Se trata de una tasa por un servicio que estamos realizando, es decir, verificar sobre el terreno el estado urbanístico de la zona, y para ello hemos tenido que contratar a dos técnicos. El porcentaje se aplica sobre el techo construido, no más de 1.200 euros por vivienda".
En cuanto a la aportación de los dueños a la regularización de las casas, Albero subraya que no hay nada cerrado. "No hay un presupuesto elaborado, porque tampoco el concierto previo está aprobado. Y todo dependerá de la situación de cada grupo de viviendas", explica el regidor.
* ELPAIS.com - 26.04.10
Foto: Viviendas levantadas junto al camino de la Torre de los Pavos, en Catral.- DAVID RODRÍGUEZ, elpais.com
Santa Cruz: Otra denuncia al PGO por incumplir el Plan Insular
LAOPINIÓN/Tenerife* : La plataforma en contra del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz ha presentado un escrito ante la Fiscalía Provincial a través del cual denuncia que este planeamiento incumple en siete enclaves concretos del municipio las disposiciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Para los miembros de este colectivo, el documento aprobado a principios de año en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña "constituye un presunto ilícito penal".
Por este motivo, según el abogado del colectivo, Felipe Campos, la Comisión de Medio Ambiente y del Territorio de Canarias (Cotmac) no puede llevar a cabo la aprobación definitiva del planeamiento.
Los ámbitos donde se incumple el plan insular sería el suelo urbanizable El Cercado, que el PIOT califica como terrenos de protección económica, cuyo uso es exclusivamente agrícola y que excluye el residencial.
El área de Ordenación Urbana de San Andrés recibe en el planeamiento insular la protección ambiental y también se excluye su uso para viviendas mientras que en el suelo urbanizable Pistas Los Valles el Cabildo dictamina su protección territorial impidiéndose también que tenga uso para acoger residencias.
En Cueva Bermeja, Valleseco Este, Costa Cardón y Los Lirios Las Vistas se otorgan también diversos grados de protección pero, en cualquier caso, se impide la construcción de viviendas.
Denuncia al Pleno
Entre los hechos denunciados ante Fiscalía está que el pleno del PGO previsto para el pasado 22 de diciembre supuso una clara vulneración de la normativa, ya que no se realizó con la suficiente antelación y ofreciendo previamente en plazo la información a los concejales.
"El secretario del Pleno, Luis Prieto, no disponía del texto del PGO que había de someterse a la aprobación plenaria". Como prueba se cita que uno de los redactores del planeamiento, Leopoldo Tabares de Nava, dijo en un programa radiofónico que un día antes había entregado el documento al Ayuntamiento. Esa misma jornada los grupos de la oposición no disponían de la documentación, ni ésta tenía seguridad ni firma electrónica. El día 28 de diciembre, veinticuatro horas antes de la aprobación del documento, se celebró una reunión del Consejo Rector de Urbanismo cuyo objetivo era precisamente la revisión del PGO.
Posteriormente se suspende el pleno del día 29 ante un aviso de bomba que resultó falso, convocándose para el 4 de enero. Esa misma jornada se fijó la fecha de la nueva sesión para el cuatro de enero. El día 30 de diciembre el grupo municipal socialista insiste ante el secretario para que le facilite el texto del PGO con seguridad y firma electrónica. En ese momento, Prieto entrega un cd que difiere "sustancialmente" del entregado el 24 de diciembre. Así, mientras que uno de los soportes tenía un tamaño de 3,17 gigas, el otro suma 3,19.
Según aseguran poder demostrar los miembros de la Plataforma, si se analiza el listado de archivos de ambos documentos, se puede observar como muchos de ellos han sido modificados desde el 24 de diciembre hasta el 30. En el capítulo de ordenación pormenorizada "se han añadido 1.129 líneas, se han eliminado 1.100, se han modificado 670 y la similitud entre ambos archivos corresponde a un 86%, es decir, se ha modificado un 14% del archivo de referencia". Por todo ello, este colectivo estima que se puede haber incurrido en un ilícito del Código Penal.
* la Opinión Tenerife - 26.04.10
Foto: Contestación al planeamiento. Los vecinos han respondido con diversas manifestaciones al PGO. jonay rodríguez, laopinion.es
Gomecello: El ex alcalde declara mañana por presunta corrupción urbanística
TRIBUNA/Salamanca* : El ex alcalde de Gomecello, Julián Rodríguez, declara mañana en la Audiencia Provincial de Salamanca por un presunto delito de prevaricación urbanística. El actual edil de UPS de este ayuntamiento salmantino está acusado de conceder licencias en terrenos no urbanizables para construir una promoción de chalets. La Fiscalía pide para el acusado 18 meses de multa e inhabilitación.
Los hechos se remontan a febrero de 2008 cuando el ex alcalde de Gomecello y tres promotores fueron detenidos por un presunto delito de corrupción urbanística. Rodríguez pasó la noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil junto a otras tres personas vinculadas a empresas que participaron en la construcción de chalets. Las 14 viviendas se habrían levantado en terrenos calificados como rústicos en la zona de Los Barrenos, frente a la estación de tren de la localidad salmantina.
Rodríguez, al que se le imputaba un delito de prevaricación por un delito contra la ordenación del territorio, quedó libre con cargos tras declarar ante el juez al día siguiente a su detención. Según dijo entonces el abogado del ex alcalde, el proceso se inició a raíz de una denuncia anónima y ya entonces apuntó que “se ha hecho por venganza”.
La alcaldesa, de testigo
La actual alcaldesa de Gomecello, la popular Rosa María Esteban, también acudirá mañana a declarar. Lo hará en calidad de testigo, aunque en declaraciones a este diario ha confesado que desconoce saber cuál de las dos partes (la Fiscalía o el ex alcalde) la ha llamado a declarar. “Me han citado como testigo” confirma, “a mí y al secretario”. Esteban era concejal cuando se concedió la licencia, aunque “fue algo que concedió la Alcaldía por lo que me remito al expediente administrativo”.
La primera edil de Gomecello también se muestra cautelosa horas antes del juicio y prefiere no hacer declaraciones en vista de que “existe un procedimiento judicial abierto y el Ayuntamiento no está personado en la causa”, concluye.
El azote de la Junta
Julián Rodríguez y su oposición al CTR de Gomecello fueron desde diciembre de 2003 el azote de la Junta de Castilla y León. Tras cinco años de litigios, el centro entró en funcionamiento el 21 de marzo de 2007 para acoger los desechos de 350.000 personas de la provincia.
* Tribuna.net - 25.04.10
Foto: Gomecello (Salamanca) - todopueblos.com
Detenido el señor de los hoteles
IDEAL/Almería* : La Guardia Civil le esperaba a pie de pista, en el aeropuerto de Guacimeta, en la isla canaria de Lanzarote. Nada más poner pie en tierra, los agentes de la benemérita detenían y trasladaban al cuartelillo de Teguise al empresario turístico José María Rossell. El dueño del principal imperio hotelero de Andalucía ha dormido esta noche tras las rejas de los calabozos canarios a la espera de que sea requerida su presencia por parte del juez César Romero Pamparacuatro, instructor de la causa de la Operación Jable.
Rossell tenía que haber sido detenido en su domicilio de Almería este viernes, momento en el que también se produjeron otras siete detenciones más, entre ellas, tal y como informó ayer IDEAL, la del empresario José Gonzalo Gil Acosta, ex director financiero de la cadena Playa Senator. Sin embargo, fue localizado en Málaga. Se había comprometido a presentarse durante la tarde del viernes en dependencias de la Guardia Civil en Arrecife. Sin embargo, ya el sábado, no entraba por sí sólo, sino acompañado por agentes.
La detención de Rossell forma parte de la Operación Jable, una operativa policial ligada a una investigación por corrupción en Canarias. De hecho, según informó la Guardia Civil, a los detenidos en esta segunda tanda de la Operación Jable (la primera fue el lunes con otras siete detenciones) se les acusa de ser autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. No obstante, esta operación es el segundo paso de una anterior, la Operación Unión, ligada al político independiente Dimas Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote. Precisamente Dimas Martín cumple condena por malversación de fondos y otros delitos en relación a presuntas irregularidades vinculadas a un complejo agroindustrial en Teguise (Lanzarote).
Dimas Martín, en el centro
La investigación de la Operación Jable gira en torno al supuesto cobro de comisiones ilegales a empresarios y sobre la posible ocultación de bienes propiedad del político canario, cuyo patrimonio real podría ascender a ocho millones y medio de euros más de lo declarado y que según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, estarían «repartidos en medio centenar de propiedades a nombre de terceras personas».
El empresario turístico tiene en el municipio lanzaroteño de Teguise un hotel de cuatro estrellas, Hotel Playaverde. No obstante, había tenido otros proyectos hoteleros en la isla más oriental del archipiélago. Además, cuenta con otro hotel en el valle de la Orotava, a pocos kilómetros de Puerto de la Cruz (Tenerife). Junto a Rossell, la Guardia Civil ha detenido al abogado Francisco Rodríguez-Batllori (de Coalición Canaria), que fue consejero de empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Asimismo, también se procedió al arresto de Susana Martín, hija de Dimas Martín, una persona con la que Rossell colaboró en la televisión local lanzaroteña Televolcán (que ya no emite). Además, también se detuvo a diversos políticos locales, funcionarios y otros empresarios.
Actualmente, la investigación en torno a Dimas Martín, se ha saldado con más de cuarenta detenidos en los dos últimos años, desde que en 2008, una denuncia por soborno, supusiera el cabo de la madeja. En 2009 se produjeron las primeras detenciones en lo que más tarde ha ido desembocando en diversas ramificaciones de un eje central, el investigado en el Caso Unión.
Cuatro décadas en Almería
José María Rossell Recasens es el principal empresario turístico de Andalucía y, por ende, de Almería. Nació en Toroella de Montgrí (Tarragona) y desde muy joven se dedicó a la hostelería y al turismo. Hacia los años 60 llegó a Almería, donde a día de hoy gestiona una decena de hoteles, además del Parque Temático Oasys -que incluye el Mini Hollywood y el zoológico de Tabernas-. El grupo hotelero Playa Senator cuenta con unas 6.000 habitaciones. Además, Rossell ha ostentado la presidencia de Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística, una organización patronal de la hostelería y del turismo), pero también ha ocupado vocalías en el Patronato Provincial de Turismo de Almería y en la Cámara de Comercio de la provincia. Está casado con la senadora del Partido Popular María del Mar Agüero que, no obstante, según su declaración de actividades -que publica el Senado en su condición de parlamentaria- no le consta ninguna actividad empresarial ni societaria.
El empresario hotelero catalán podría pasar hoy a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife para prestar declaración ante el juez Romero Pamparacuatro. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, es bastante habitual que el juez instructor del caso agote el tiempo legal de detención. El sumario sobre el caso, que es un escándalo público en el archipiélago canario, está declarado secreto.
* Ideal - 25.04.10
Foto: Teguise costa - lavozdelanzarote.com
El Tribunal Superior anula las tres licencias de O Conde
FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado a favor de los vecinos en el conflicto de las licencias urbanísticas del barrio de O Conde, en Arcade. Después de siete años de lucha en los juzgados hasta llegar a la última instancia, una sentencia del TSXG –contra la que no cabe recurso– determina la anulación de los acuerdos de la comisión de gobierno de Soutomaior del año 2001 por los que se concedieron las licencias para los tres edificios de viviendas denunciados en O Conde.
Aunque el TSXG ya había dado la razón a los afectados en marzo del pasado año, el Concello presentó un recurso de casación, que ahora desestima el tribunal y le impone las costas del proceso.
La resolución judicial fue celebrada por la asociación vecinal, que desde el primer momento mantuvo que las licencias eran ilegales. El colectivo siempre advirtió que no se mantenían los ocho metros de anchura de la calle Calacual, situada en la parte trasera de los edificios, como contemplaban las normas subsidiarias. A pesar de las protestas de los residentes de la zona el gobierno local permitió la ejecución de las obras, lo que obligó al colectivo de afectados a iniciar un proceso judicial en marzo de 2003 que finalmente se ha resuelto a su favor.
"Nunca hemos tenido la intención de perjudicar a nadie, pero tampoco podíamos permitir que se nos perjudicara a los residentes de la zona incumpliendo las normas", explica el portavoz del colectivo vecinal, Carlos Míguez, que recalca que "la denuncia se inició antes de que se colocara el primer ladrillo, pero no nos hicieron caso y se permitió levantar los edificios, así que el responsable de este conflicto urbanístico es el alcalde", en referencia al popular Agustín Reguera.
El Concello de Soutomaior dispone ahora de un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia y desde la asociación de O Conde advierten que exigirán a los responsables municipales que se proceda a la reposición de la legalidad urbanística en la zona. "No será fácil de solucionar, porque se trata de tres edificios de viviendas en los que residen varias familias, pero los técnicos municipales tendrán que resolver la situación", indica Míguez. Para ello se tendrá que consolidar el vial con ocho metros de anchura, cuando en la actualidad en algunos puntos no alcanza ni siquiera los tres.
Desde la asociación de vecinos también mandan un mensaje de apoyo a los residentes de los edificios afectados por la sentencia, cuyas viviendas quedan ahora en situación irregular. "Son víctimas de una situación de la que no son culpables, por lo que les ofrecemos nuestro apoyo", concluye Míguez.
* Faro de Vigo - 25.04.10
Foto: Protesta de los vecinos de O Conde por la concesión de las licencias, ahora anuladas por el TSXG. - farodevigo.es
Crisis económica y especulación del suelo
LUIS CORRAL Y CARLOS GARCÍA-DELGADO* : La crisis económica está mostrando en España una especial virulencia. Y una de las causas es el colapso de la llamada burbuja inmobiliaria, cuyo origen podría explicarse por la conjunción de varios factores que se realimentaron: además de factores económicos y demográficos, el continuado descenso de los tipos de interés unido a una política crediticia blanda, provocaron el traslado masivo de capital hacia el sector inmobiliario, que atraía tanto a demandantes de viviendas como a inversores. Esa demanda sobrecalentada provocó un rápido aumento del precio de la vivienda, desencadenando las expectativas de la sociedad sobre futuras e interminables subidas; y esto fomentaba, a su vez, el incremento de los precios del suelo, lo que disparaba todavía más los precios de las viviendas. En definitiva, un bucle que provocó una inflación continuada de precios y condujo al sector inmobiliario hacia un protagonismo exagerado dentro del modelo económico español.
Esta situación, basada en una desmesurada fe en el libre mercado (en este caso, el mercado del suelo y de la vivienda), se encuentra ancestralmente enquistada en nuestra historia económica.
Pero la espiral, el círculo vicioso, como ocurría en el conocido juego de la pirámide, no podía mantenerse: por un lado, los síntomas de saturación y la crisis financiera externa frenaron la promoción radicalmente; por otro, la concesión por las entidades financieras de créditos sin suficientes garantías -y basados en la propia burbuja inmobiliaria- fue el exceso que colmó el vaso. Ahora, muchas de estas entidades, ante la avalancha de impagados, no han tenido más remedio que hacerse con la propiedad de suelos o edificios sobre los que gravitaban créditos que sobrepasaban el valor real de lo hipotecado y que hoy suponen, para esos bancos, una carga muerta, un verdadero problema ya que, en general, no están preparados para –ni es su oficio- sacar rendimiento a esos activos.
En resumen, un proceso con un fuerte componente especulativo que acabó en el colapso en el que nos encontramos. Un cortocircuito absoluto, con una continua caída de los precios de las viviendas, un stock que no encuentra compradores, y unos bancos que, hipotecados por sus propias hipotecas, no están en condiciones de financiar nuevos proyectos. Un callejón de difícil salida.
Resolver un círculo vicioso suele resultar traumático, porque se debe cortar sin rodeos por alguno de sus tramos. La actual situación de crisis significa, sin embargo, una buena oportunidad para plantearse cómo deberían ser las cosas en el futuro, enderezándolas hacia una situación nueva, de mayor sentido común. Así pues, la pregunta es: ¿por dónde y cómo deberían cambiar las cosas? ¿En qué punto debería interrumpirse el círculo?
Consideremos este hecho: cuando un suelo –merced a un proceso que recae en la Administración- pasa de rústico a urbanizable, aumenta considerablemente su valor de mercado. Hablamos de un campo de coles en el entorno de un casco urbano que un buen día (merced a la aprobación de un nuevo Plan General del municipio) abandona su condición de rústico para convertirse en urbanizable o, más aún, en urbano. En esta lotería, los suelos rústicos más próximos al casco actual están mejor situados, gozan de mejores expectativas que los situados, por ejemplo, un kilómetro más allá, aunque ambos estén plantando las mismas coles y, por sí mismos, tengan el mismo valor.
Esta situación propicia la existencia de un mercado especulativo, ya que el primer plantador de coles es candidato a millonario sin que haya aportado mayores méritos ni mayores beneficios a la comunidad (sus coles eran de la misma calidad que las de su infortunado vecino), y propicia la aparición de especuladores que, mediante sucesivas compraventas, se reparten las plusvalías generadas sin que revierta beneficio alguno a la comunidad. Pero no sólo es esto: porque el aumento del coste del suelo, que finalmente deberá ser asumido por algún promotor de viviendas, repercutirá en los compradores de esas viviendas, es decir, en todos nosotros, que estaremos financiando el enriquecimiento de los avispados especuladores.
Y la cuestión es: ¿es esto justo? No; no lo es, y por una sencilla razón: la decisión acerca de que la ciudad deba crecer -mediante la aprobación de un Plan- por un sector y no por otro, está en manos de la Administración (el Ayuntamiento en primer lugar) y no en manos del honrado cultivador de coles, ni mucho menos de los especuladores de suelo que le acechan. ¿Por qué, entonces, son estos últimos los grandes beneficiados y no la sociedad en su conjunto? Y ¿por qué, además, debemos ser el común de los ciudadanos –cuando adquirimos nuestras viviendas- los que corramos con el costeo de las plusvalías que acaban en sus bolsillos? Y además: ¿por qué, siendo la administración pública la que genera, con su decisión sobre el uso futuro del suelo, estas plusvalías, no es beneficiaria de esa plusvalía más que en una mínima parte (las cesiones a las que obliga la Ley del Suelo)?
Si hubiera existido un mecanismo regulador de esta situación, probablemente los efectos de la crisis en nuestro país habrían sido atenuados. Una sociedad sólida debe basar el enriquecimiento de sus ciudadanos en su trabajo y en su aportación real a la sociedad, no en la especulación. Aquí debe decirse que a menudo se confunde a los promotores de viviendas con los especuladores del suelo, pero no se debe caer en esta simpleza: el oficio de promotor, ejercido cabalmente, no tiene por qué estar relacionado con la especulación, y a menudo son precisamente los promotores los primeros que deben soportar el aumento del coste del suelo. En todo ese proceso los únicos que no aportan saber ni trabajo alguno son los especuladores, que se limitan a embolsarse las plusvalías generadas por un acto administrativo. ¿Cómo acabar, pues, con esta situación escandalosamente injusta que se genera en el momento en que un suelo pasa de rústico a urbanizable?
Hagamos un poco de memoria: la ley del Suelo de Aznar, de 1998, pretendía abaratar el suelo con lógicas de mercado simplistas y poco ancladas en la realidad: propició que todo el suelo pudiera ser urbanizado por poceros de variado pelaje, arrojó más leña a la encendida burbuja, y fomentó una desmedida afluencia de inmigrantes hacia una Arcadia con pies de barro.
La ley del Suelo de Zapatero, de 2007, trató de remedar aquellos excesos y, con la vista puesta en el abaratamiento de las infraestructuras públicas, permite la expropiación de suelos rústicos. Posibilidad que se extiende a los Ayuntamientos (u otras Administraciones públicas) para poder luego, con las debidas tramitaciones, urbanizarlo y atender así a promociones de vivienda social o equipamientos. Pero esta posibilidad se desvanece, en la mayoría de los casos, ante la escasa capacidad de gestión de las administraciones. Aún habiéndose aproximado a la solución, desgraciadamente, esta ley no alcanza a impedir la especulación y significa, por tanto, otra oportunidad perdida.
Continúa, pues, desatendido el mandato de la Constitución Española a los poderes públicos cuando les conmina a establecer las condiciones para impedir la especulación del suelo y para que la comunidad participe en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (Art. 47). De modo que el bucle sigue en pié, y también la pregunta: ¿cómo puede romperse este círculo vicioso?
Un camino posible, que proponemos, es trabajar en esta dirección de una vez por todas: las plusvalías generadas por un acto administrativo –como es la aprobación de un plan urbanístico que permite que un suelo pase de rústico a urbanizable- deben revertir a la comunidad (y no a bolsillos privados), en todos los casos. Dicho de otro modo: todo suelo rústico que sea susceptible de transformarse en urbanizable debería ser, previamente, adquirido por la administración pública. La venta posterior de este suelo a posibles promotores permitiría regular, no sólo el precio del suelo en el mercado, sino también el precio final de las viviendas (sociales o libres). No estamos inventando nada, porque este criterio se aplica ya, desde hace tiempo, en países europeos como Inglaterra, Suecia o Finlandia, entre otros.
Tampoco estamos hablando de socializar el suelo, puesto que todo esto afectaría finalmente a una mínima proporción del suelo existente y su valor sería el propio del mercado para ese suelo rústico, pero donde las posibles expectativas urbanísticas ya no tendrían cabida. Lo que se trata de conseguir es que las plusvalías derivadas de la reclasificación reviertan directamente en beneficio de la sociedad y no de los especuladores.
Esto repercutiría en beneficio del ciudadano: primero, a través de una reducción de impuestos -puesto que las plusvalías del suelo, en manos de la Administración, ayudarían a financiar los presupuestos municipales- y, segundo, a través de una reducción del coste de las viviendas –que no deberían soportar las plusvalías fruto de la especulación del suelo.
Naturalmente, llevar a la práctica todo esto no es fácil. Requiere de una afinada agudeza en la legislación y de una política de exquisita transparencia, como la que ya aboga la nueva ley; de lo contrario, pronto aparecerán los especuladores de turno que, en connivencia con políticos de moral distraída, conseguirán hacerse con suelos ya urbanizables a bajo precio para luego revenderlos. Pero esto podría evitarse si los suelos adquiridos por la administración, una vez transformados en urbanizables o urbanos, fueran adjudicados, por concurso y con absoluta transparencia, a aquellos promotores profesionales que garantizaran su ejecución. El camino es sin duda complejo; pero en absoluto imposible y del todo necesario.
(*) Arquitectos - A Pau Corral Pérez, arquitecto
In memoriam (18.04.05)
* Diario de Mallorca - Opinión - 18.04.10
Chalés sin regularizar a precio de oro
DIARIODECÁDIZ/Chiclana* : Propiedades situadas dentro de las Áreas de Gestión Básica (AGB), aún pendientes de ser regularizadas, se venden a precios fuera de lo común, pese a la época de crisis y, sobre todo, sin que dispongan aún de los servicios básicos como son el agua potable o el alcantarillado. Estos últimos datos son obviados en la mayoría de las páginas web donde se ofertan estas viviendas, muchas de ellas construidas dentro de impresionantes parcelas que llegan a superar con creces los 1.000 metros cuadrados.
Así, se informa detalladamente de las altas prestaciones de las viviendas y sus alrededores, pero apenas se dice nada de la situación irregular en las que se hallan estas fincas, en su gran mayoría con agua de pozo y fosas sépticas no homologadas.
Basta con navegar por internet para conocer las bondades de esas viviendas en venta y edificadas en zonas catalogadas como rústicas. Hay de todo, pero hay ofertas que asustan a la gran mayoría de los mortales.
Ejemplo de ello, son los precios que se pueden observar en la red informática; en concreto, en tres enclaves incluidos en las AGB como son la Rana Verde, Pago del Humo y El Marquesado. En la primera de estas zonas, las ventas de viviendas alcanzan cifras nada despreciables que superan los 350.000 euros, eso sí, con cerca de 2.000 metros cuadrados de parcela y con todo tipo de calidades, además de la adecuación del exterior con porches para aparcar, zonas ajardinadas, riego automático, piscinas... También se informa sobre la privilegiada situación de la Rana Verde, con supermercados cercanos, a pocos kilómetros de la Barrosa y, algunos incluso, inciden en la cercanía de un centro de salud, que por cierto aún no está abierto.
Tampoco se quedan atrás las cantidades que piden algunos propietarios del Pago del Humo. Aquí, pese a estar más alejada de la costa, también se ponen de manifiesto las excelencias de algunas casas dentro de parcelas de 2.000, 3.000 ó 4.000 metros cuadrados. Los precios, en estos singulares casos, oscilan entre los 300.000 y 600.000 euros. Ahora bien, disponen de un amplio abanico de elevadas prestaciones; es decir, de piscinas, jacuzzi, amuebladas con todo tipo de comodidades, enormes salones, espaciosas cocinas, chimeneas, aire acondicionado, pistas de padel o de tenis. En fin, alto confort.
En El Marquesado, también se detectan ventas por el estilo, con casas a precios que sobrepasan los 350.000 euros rodeadas de pinares y con todas las comodidades exteriores, resaltando la cercanía a la autovía o que se halla en una zona a tan sólo un cuarto de hora de la playa.
Cabe destacar, que dentro de las Áreas de Gestión Básica no todas las ventas alcanzan esos precios astronómicos, ya que también se divisan otras edificaciones con costes más modestos y más acordes para los posibles interesados. De este modo, el lujo de viviendas sin regularizar desentona con la imagen de otras propiedades donde habitan vecinos desde hace largos años sin tanto terreno y con las necesarias comodidades. Pero no cabe duda de que en las páginas web se pone en evidencia el potencial y la privilegiada situación de opulentas casas a la venta, que no parecen tener en cuenta los tiempos que corren.
* Diario de Cádiz - 25.04.10
Foto: Panorámica de una zona del diseminado en la que se observa la laguna de la Rana Verde. - diariodecadiz.es
Ordenan derribar la nave del edil de Urbanismo de Gondomar
FARODEVIGO* : El concejal de Urbanismo del ayuntamiento pontevedrés de Gondomar, el no adscrito Alfonso Javier de Lis Fiuza, ha recibido una orden por parte de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), –dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras– para demoler una nave industrial que posee en el cercano Concello de Oia.
La estructura alberga su empresa de carpintería metálica, Aluminios Silleiro, y se sitúa en terrenos rústicos de protección con una licencia irregular.
Fuentes municipales y del propio Ejecutivo gallego confirmaron ayer la resolución. La orden da tres meses al edil gondomareño –ex portavoz del PSOE trasladado al grupo de los no adscritos tras una moción de censura– y a sus dos socios, uno de ellos edil socialista en Oia, para echar abajo la nave. Si la demolición no se produce en el período estipulado, será el propio departamento que dirige Agustín Hernández el que se haga cargo del derribo, cobrando posteriormente los gastos a los propietarios.
La resolución de derribo, firme, sin posibilidad de recurso, se produce una vez agotada la vía administrativa y contenciosa. El proceso de restitución de legalidad ha sido largo. Comenzó hace años con una reclamación de un conocido denunciante de ilegalidades urbanísticas en el sur de Pontevedra. La estructura disponía de licencia de construcción municipal, pero sin la autorización previa vinculante de la entonces Consellería de Política Territorial, dado que se ubica en terrenos rústicos de protección. Tras una sucesión recursos y resoluciones, la APLU ha notificado la última orden al Ayuntamiento de Oia hace unos quince días.
No lo ha hecho así con los propios afectados. Al menos, así lo aseguraba ayer el propio Alfonso de Lis, que negaba haber recibido ninguna noticia de la Xunta. En cualquier caso, el concejal de Urbanismo de Gondomar insiste en que el último responsable en este caso es el Concello de Oia "porque concedió la licencia" y a esta Administración reclamará "si es necesario".
Aluminios Silleiro dispone de dos naves y un total de 22 trabajadores repartidos en dos localizaciones. En la nave de Oia, sobre la que pesa la demolición, operan 18 personas. La empresa pertenece a De Lis y a otros dos socios. Uno de ellos, es Serafín Fernández, concejal del grupo municipal del PSOE de Oia, en la oposición.
Esta decisión de la APLU se conoce tan sólo días después de la polémica orden de derribo de 52 chalés adosados en O Grove.
* Faro de Vigo - 25.04.10
Foto: La nave industrial que tendrá que ser derribada, en el municipio de Oia. // José Lores, farodevigo.es
Cuatro jueces en tres meses para investigar el urbanismo
ELPAÍS/Alicante* : La sucesión de jueces es uno de los motivos por los que el proceso judicial para depurar responsabilidades penales por la gestión urbanística de Juan Cano en Polop está atascado. El juzgado al que le tocó la instrucción ha tenido cuatro jueces en apenas tres meses. El juzgado número 2 investiga el crimen. El número 3, la causa por delitos urbanísticos derivada de la investigación de la Guardi Civil.
Isabel Mingot empezó la instrucción en el juzgado número 3 hasta que la titular, Marta Romeu, volvió a su despacho tras una baja médica. Nada más regresar, Romeu pidió el traslado, que le fue concedido a los juzgados de Sant Vicent del Raspeig.
Como Mingot había sido asignada al refuerzo de Raedo, que instruye el crimen en el número 2, fue nombrada otra juez sustituta, María Isabel Mera.
Pero volverá a ser relevada en mayo, al ser nombrada una nueva titular del juzgado número 3 de La Vila.
* ELPAIS.com - 25.04.10
Foto: Polop - comunitatvalenciana.com
Imputado el ex concejal Domingo Pastor por el ´caso mamotreto´
LAOPINIÓN/Tenerife* : José Domingo Pastor, anterior concejal de Obras y Viviendas de Santa Cruz, declarará el próximo lunes como imputado por el caso mamotreto. El edil nacionalista ha sido llamado a comparecer en el Juzgado de Instrucción nº2 por orden de la juez, Juana María Hernández, y la fiscal de Delitos Medioambientales, Inmaculada Violán. Las investigaciones intentan dilucidar qué ocurrió para que el edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de Las Teresitas fuese construido sin contar con autorización previa.
Este inmueble ocupa zona de servidumbre propiedad del Gobierno de Canarias. En su momento, la Dirección General de Costas advirtió que de continuar las obras se iba a invadir espacio de su propiedad. En la denuncia inicial interpuesta por la Fiscalía de Delitos Medioambientales también se aseguraba que no se podía llevar a cabo ninguna obra mientras se estuviera fijando el nuevo deslinde marítimo-costero.
Proyecto de rehabilitación
Las actuaciones para construir este aparcamiento se incluyen dentro del proyecto de rehabilitación de la playa diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault. Tras iniciarse las obras en 2006, tuvieron que paralizarse en 2008 ante los requerimientos de Costas para que no se trabajase sin ningún tipo de permiso en terrenos de su titularidad.
Pastor es el antecesor de Norberto Plasencia en el cargo de concejal de Obras. Precisamente Plasencia también ha resultado imputado por este mismo caso. Por su parte, Pastor dejó el puesto a principios del año 2006 cuando se iban a iniciar el grueso de las actuaciones. No obstante, se considera que durante su mandato se pudo gestar parte del proyecto y por lo tanto se le responsabilizaría de algunas de las presuntas irregularidades cometidas.
Con su imputación se interpreta que la juez y la fiscal consideran que los hechos que se investigan pueden venir más por el lado de la Concejalía de Obras que de Urbanismo.
Por otro lado, el abogado de la técnica imputada, Loreto Ariz, ha pedido a la Dirección General de Costas que remita al Juzgado el expediente de adjudicación de su parte de la obra. En su momento, el organismo estatal llegó a dar la concesión de una fase de las actuaciones a la empresa Acciona. Sin embargo, posteriormente se anuló esta decisión y se indemnizó a la empresa. La estrategia de estos abogados parece ser la de demostrar que no había nada incorrecto ni ilegal en el expediente si se llegaron a adjudicar estas actuaciones.
Costas optó por rescindir el contrato después de que el Abogado del Estado elaborara un informe donde consideraba que la titularidad de los terrenos en los que se iba a trabajar no estaba acreditada.
Ocurrió de esta manera cuando el Tribunal Supremo (TS) emitió una sentencia que anuló la operación de compraventa de las once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas, que fue adquirida por el Ayuntamiento en el año 1998 a una empresa por 52,4 millones de euros.
* La Opinión Tenerife - 24.04.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
