KAOSENLARED* : La Plataforma en defensa del Parque Público de Valdebernardo y La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) denuncian la privatización de la gestión integral del Parque de Valdebernardo como una maniobra urbanística especulativa, contraria a los intereses de los vecinos y exigen a la Comunidad de Madrid (CAM) la anulación inmediata del concurso y el traspaso de sus competencias a manos del Ayuntamiento de Madrid para que disfrute de las mismas condiciones administrativas y de conservación que el resto de los parques de la capital.
El pasado 8 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la convocatoria de un contrato de servicios para la Concesión Integral de la gestión de todo lo relacionado con el Parque de Valdebernardo por una duración de 40 AÑOS. La Concesión incluye el mantenimiento y conservación del parque, de la estación depuradora de aguas residuales, la explotación de 5 quioscos (2 construidos y se construirían tres más), la explotación del vivero y la posesión de los terrenos de cuatro parcelas que suman 29.809 metros cuadrados edificables.
El Parque de Valdebernardo es propiedad de la Comunidad de Madrid y, hasta la fecha, se había negado a traspasar su competencia al Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que éste hace tiempo que se lo había solicitado. Es el único parque urbano de la ciudad que no es competencia municipal. Ahora queda claro el por qué de la negativa de la Comunidad de Madrid. Con esta privatización de la gestión del Plan Especial Norte (en el que está incluido el parque) se pone de manifiesto una operación especulativa gracias a la que se ponen en manos privadas casi 30.000 metros cuadrados públicos, en una zona verde, para usos urbanísticos edificables para que algunas grandes empresas hagan grandes negocios. Suelo público que se regala a la empresa concesionaria por 40 años, además del importe que se llevará por el contrato (Presupuesto base de licitación: 161 millones de euros) y otras retribuciones complementarias por la explotación del vivero, la depuradora de aguas y los quioscos del parque, todos construidos con dinero público y, además, una aportación directa de más de un millón de euros al año, así durante los próximos 40 años. En definitiva un gran negocio a costa del patrimonio público.
Es evidente que la Concesión va destinada a grandes empresas, o alguna unión de empresas, porque no todo el mundo tiene 7 millones de euros para presentar como garantía del contrato ó 10 millones para sufragar el seguro requerido. Pero, sobre todo, no todo el mundo cuenta con el dinero necesario para construir los tres quioscos pendientes y, lo que decidan poner, en las cuatro parcelas que se ponen a su disposición. (Los usos compatibles con el parque van desde culturales, educativos o de ocio, hasta hosteleros). Y este es el meollo del asunto. No van a ser los vecinos, ni las entidades de Vicálvaro, ni siquiera el Ayuntamiento o la Comunidad como administraciones públicas, los que vamos a decidir qué se construye en estas cuatro parcelas del parque, sino que va a ser un empresario, o un grupo reducido de empresarios, los que, en función de las posibilidades de negocio, van a decidir qué se hace en el parque de Valdebernardo. No serán las necesidades sociales más perentorias o las apetencias culturales de los vecinos quienes decidan qué se construye en esas parcelas. Será únicamente la perspectiva de un suculento beneficio económico, un auténtico pelotazo urbanístico con un buen trozo de parque, lo que determine qué tendremos en él, favorezca o no, dé un servicio necesario a los habitantes de este distrito o no.
El Consorcio Urbanístico de Valdebernardo, gestor público actual del parque, ha dejado que éste se fuera deteriorando gravemente en el último periodo, tal y como han denunciado vecinos y entidades en los últimos meses, quizás para, ahora, tratar de justificar la privatización de su gestión. Dicho Consorcio debería estar liquidado pues su función ya está cumplida: la construcción del barrio de Valdebernardo y del parque. Pero antes de desaparecer nos quiere dejar el triste legado de tener el primer gran parque privado de Madrid los próximos 40 años. La Comunidad de Madrid debería haber traspasado el parque al Ayuntamiento para que esta zona verde disfrute de las mismas condiciones administrativas y de conservación que el resto de los parques de Madrid.
La Plataforma en defensa del Parque de Valdebernardo denuncia esta Concesión Integral como una maniobra urbanística especulativa contraria a los intereses de los vecinos de Vicálvaro y solicita a la Comunidad de Madrid que sea anulada inmediatamente, así como que el parque de Valdebernardo, construido con el dinero de todos los vecinos, sea traspasado de forma inmediata al Ayuntamiento.
Una vez que el parque esté en manos municipales se deberían crear cauces para que, de forma democrática y participativa, se pueda debatir públicamente qué dotaciones son las más idóneas en las cuatro parcelas disponibles en ese entorno.
* Plataforma en defensa del Parque Público de Valdebernardo
http://www.lollamandemocraciaynoloes.com/2009/07/la-cam-privatiza-la-explotacion-del.html
* KaosenlaRed - Falsa democracia | 22-7-2009
Foto:
La CAM privatiza la "explotación" del Parque de Valdebernardo
El «tsunami» inmobiliario hace del Aljarafe una comarca «caótica»
ABC/Sevilla* : Municipios como Mairena, Palomares o Almensilla sufren las consecuencias de un urbanismo salvaje, desarrollado al amparo del Potaus. El curso sobre «Sostenibilidad y ciudad», organizado por el Centro Cultural Olavide en Carmona, ofreció ayer una sesión monotemática dedicada al análisis del área metropolitana de Sevilla.
Luis Andrés Zambrana, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, fue uno de los participantes en la mesa redonda, centrando su intervención en la evolución urbana de la comarca del Aljarafe. El profesor hizo referencia al «tsunami» inmobiliario que en las últimas décadas ha arrasado con el suelo de las localidades del extrarradio sevillano. Según Andrés, municipios como Mairena del Aljarafe, Palomares del Río o Almensilla «están pagando ahora las consecuencias de esta política». «Palomares tiene un problema de tesorería importante y no paga sus nóminas a los empleados desde el mes de junio y el Ayuntamiento de Almensilla también ha tenido que reducir su plantilla», comentó Andrés.
Para el profesor, la actuación de la Junta de Andalucía no ha estado ni mucho menos a la altura de las circunstancias. A su parecer el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), no ha aportado solución alguna al problema, ya que «se ha diseñado en los despachos de la Consejería de Vivienda en acuerdo con los alcaldes socialistas y no mediante un proceso público, como cabría esperar de un plan así», de tal forma que tal programa responde a las «necesidades de caja» de cada municipio y no a las demandas reales de la población.
Además, Luis Andrés señaló que el gran problema, aparte de las numerosas viviendas sin ocupar y sin vender, es la forma de conectar todo ese entramado urbanístico. En este sentido, destacó una falta de planificación y de previsión del problema que ha desembocado en la situación «caótica» en la que se encuentra hoy día el Aljarafe. Una cuestión a la que hay que sumar el total «fracaso del transporte público», dado que el Plan de Transporte Metropolitano está centrado en la SE-40.
Cambios voraces
También Antonio García, profesor de Geografía de la Universidad Pablo de Olavide, intervino en la mesa redonda. Al igual que Luis Andrés Zambrana, García disertó sobre «los cambios veloces y voraces en la comarca del Aljarafe», un espacio transformado, según explicó, mediante la unión de elementos que, en muchas ocasiones, no tienen razón de ser. Parafraseando al profesor de Urbanismo de la Universidad de Sevilla, Jorge Benavides, García subrayó que «el Aljarafe ya no es que esté desordenado o que no sea sostenible. Es que ha quedado feo».
* ABC - ELENA CORREA - 22.07.09
Foto: Sevilla, área metropolitana - diariodesevilla.es
Tercera condena por corrupción contra el ex cerebro de Urbanismo de Matas
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ELPAÍS/Mallorca* : Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio en el último Gobierno de Baleares de Jaume Matas (2003-2007), del PP, ha sido condenado a dos años y medio de suspensión de empleo o cargo público, más una multa de 6.750 euros como autor de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. El que fue el cerebro de Urbanismo del Gabinete de Matas acumula dos penas de cárcel -suman ocho años- por un par de causas ya juzgadas del 'caso Andratx', el escándalo de corrupción urbanística destapado en 2006.
Massot, que ingresó en prisión y quedó en libertad bajo fianza, recurrió las sentencias al Tribunal Supremo.
En la última resolución judicial conocida, el Juzgado Penal número 3 de Palma dio por probado que Massot lucró asesorando a Almudaina Dos, una empresa que realizaba obras urbanísticas en Andratx y reclamaba millonarias indemnizaciones al Gobierno balear. Las gestiones siguieron mientras Massot era director general y funcionario jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx. El juez ha ordenado el decomiso de los 42.070 euros que Massot cobró de la sociedad constructora Almudaina Dos por tareas de asesoramiento incompatibles con su cargo.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 22/07/2009
Foto: Andratx (Mallorca) - diariodemallorca.es
Casabermeja: La Guardia Civil vuelve a denunciar a siete personas por otro delito urbanístico
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MÁLAGAHOY* : La Guardia Civil ha vuelto a denunciar a siete personas en Casabermeja por presuntas irregularidades urbanísticas tan sólo tres semanas después de presentar una denuncia en un juzgado de Málaga por un caso similar. Según la investigación, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Valeroso (IU), y el anterior secretario del Ayuntamiento forman parte de una presunta trama urbanística en la que también están acusados el arquitecto municipal, dos promotores y otros dos arquitectos.
El caso ha sido denunciado ya ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que deberá valorar ahora si incoa o no diligencias contra estas siete personas a las que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Málaga acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental, según informaron ayer a este periódico fuentes judiciales.
Son los mismos delitos por los que el concejal de Urbanismo, el anterior secretario municipal, dos funcionarios del Ayuntamiento, los dos mismos promotores y un arquitecto fueron denunciados por la Guardia Civil el pasado 2 de julio ante un juez debido a una vivienda construida en el municipio supuestamente de forma irregular entre los años 2005 y 2006.
En esta ocasión, los hechos se remontan a 2007 cuando, al parecer y según aseguraron las mismas fuentes, el propietario de una vivienda del municipio solicitó al Ayuntamiento de Casabermeja una licencia para llevar a cabo una serie de reformas. Sin embargo, la vivienda en cuestión se trataba en realidad de unas ruinas, mientras que en su lugar se construyó una completamente nueva en suelo no urbanizable con el beneplácito de los responsables municipales que supuestamente autorizaron los trabajos .
Éstos podrían haber incurrido, además, en un presunto delito de falsedad documental, tal y como consta en la anterior denuncia contra los mismos acusados y que al parecer falsificaron un expediente sancionador contra el propietario de una vivienda construida de forma irregular.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Casabermeja, Antonio Valeroso Lozano, que tiene delegadas las competencias en materia de urbanismo del municipio desde el año 2003, aseguró a este periódico tras destaparse la primera denuncia que "un político hace siempre lo que los informes jurídicos y técnicos del secretario municipal le dicen" e insistió en que si se ha cometido algún error en la tramitación de algún expediente urbanístico por parte de los responsables municipales se ha debido "a una mala información", señaló a este periódico Valeroso.
* Málaga Hoy - Raquel Garrido - 22.07.09
Foto: Casabermeja (Málaga) - wikipedia.org
El juez anula el pago con suelo público de un PAI en Benidorm
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ELPAÍS/Alicante* : El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante considera ilegal la decisión del alcalde de Benidorm, Manuel Pérez, del PP, de pagar con suelo público gastos de urbanización en un PAI. Pérez Fenoll firmó el 5 de junio de 2007 un decreto para que el Ayuntamiento pagara con suelo municipal el 10% que le correspondía en el sector los gastos de urbanización del PAU-1 Murtal.
El acuerdo, de acuerdo con un informe externo, incluía ceder al urbanizador 7.490 metros de techo de los 14.864 del consistorio.
El juez considera que el patrimonio municipal del suelo no puede usarse para pagar los gastos que genere su urbanización. Lo llamativo es que la entrega del suelo municipal al urbanizador para cubrir los 2,5 millones de euros del Ayuntamiento se pretendió hacer en 2007 con la valoración de 2000 (cuando se adjudicó el PAI), es decir, a 45.000 pesetas (270 euros) el metro de techo. Atendiendo a la evolución del mercado, fuentes consultadas del sector confirman que el precio del metro de techo pudo, al menos, haberse multiplicado por cuatro en esos 7 años.
Los socialistas acusan al PP de haber "dilapidado y enterrado" en los 18 años que gobiernan "más de 100.000 metros de techo por valor de más de 200 millones de euros" provenientes del 10% de los diferentes sectores. "Nos han dejado sin suelo, sin dinero y sin viviendas protegidas", aseguró el edil del PSPV Jaime Llinares.
El Ayuntamiento ya sufrió un duro revés a finales de 2008 cuando el Tribunal Supremo anuló la compensación en metálico de 1.425 millones de pesetas que ofreció el adjudicatario de la condición de agente urbanizador el año 2000. El Supremo entendió que el pago en dinero del 34% del aprovechamiento lucrativo que significaba ese dinero no podía repercutirse entre los propietarios de suelo, que sólo están obligados a ceder por ley el 10%.
El PAI del Murtal tiene 907.000 metros cuadrados y recoge la construcción de unas 2.000 viviendas. Es una de las pocas zonas que quedan por urbanizar en Benidorm. A la adjudicación se presentaron seis empresas y 14 propuestas. Finalmente, fue adjudicado a Prometosa, S. L., de Francisco Gómez Hernández. Este constructor, conocido como El Paloma, fue imputado por un PAI que preveía cuatro campos de golf y 1.600 casas en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila).
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 22/07/2009
Foto: Benidorm (Alicante), playa poniente - C.Manzano (20minutos)
Paraje Natural - El Roto
Viñeta: El Roto - ELPAIS.com - 21.07.09
Caso Faycán: Cuatro años de investigación y aún prosiguen las diligencias y se piden más imputaciones
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TELDEACTUALIDAD* : Cuatro años, siete meses y quince días. Ése es el tiempo medio invertido en los juzgados de Canarias para investigar los casos de corrupción, aunque debido a que la mayoría de los causas se mantienen vivas en los juzgados, la media para investigar un cohecho o una prevaricación supera los cinco años. La Justicia, lenta y saturada en el Archipiélago de forma particular, en estado puro. La falta de medios, la complejidad de los asuntos y la actual estructura judicial son las causas para que la corrupción se eternice en los juzgados. Salvo excepciones.
Después de cuatro años y un mes, el ochenta por ciento del caso Las Teresitas permanece bajo secreto de sumario a la espera de conocer los datos de la parte más interesante: el rastro de la presuntas comisiones ilegales pagadas en torno a la operación de compraventa de los terrenos aledaños a la playa santacrucera. Tras nueve años y seis meses de instrucción, el caso Icfem, una presunta trama de corrupción en torno a los fondos europeos destinados a cursos de formación laboral en las Islas que sigue el rastro a la posible desaparición de 13,5 millones de euros, está a la espera de una prueba pericial que puede prolongar la investigación dos años más, mientras cinco ex directores generales del Gobierno de Canarias cargan con la palabra imputado a sus espaldas.
Y tras cuatro años de operación Faycán, la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde que conmocionó a la población grancanaria, aún se practican diligencias y se piden imputaciones nuevas que sumar al casi medio centenar de implicados, según una información de Pedro Guerra en el periódico La Provincia-DLP.
¿Por qué se eternizan los casos de corrupción? Guillermo García Panasco, fiscal jefe provincial de Las Palmas, alude a varios factores para encontrar una explicación: "Son unos temas de mucha complejidad, desde el delito en sí como en cuanto al número de personas implicadas; requieren un análisis minucioso de la documentación; el nivel de impugnaciones y recursos que presentan las partes es bastante elevado; y existe una carencia de medios en general que dificulta la labor de investigación", explica.
Estructura judicial
Sin embargo, un detalle fundamental es que "la estructura judicial actual no está pensada para este tipo de investigaciones", considera García Panasco. "El juez solo en su juzgado tiene muchos problemas para investigar estos casos, y creo que una de las soluciones es dotar de mayores competencias a la Fiscalía para investigar", asegura.
Precisamente por problemas de funcionamiento de los juzgados se eterniza la operación Góndola, la presunta trama de corrupción del Ayuntamiento de Mogán que mantiene a su alcalde, Francisco González, y a varios de sus concejales imputados. Góndola lleva tres años y un mes desde que se presentó una denuncia en el juzgado que daba cuenta de irregularidades urbanísticas en el municipio. Un caso con apenas una docena de imputados y con abundante y contundente prueba documental obtenida a través de los pinchazos telefónicos.
Pero el juez instructor que abrió el caso, Alexis Reyes, solicitó un cambio de destino en diciembre pasado y desde entonces apenas se ha movido un papel de los legajos por parte de su sustituta, Mónica Oliva, que se da la circunstancia de que es hija de un cargo del Partido Popular imputado en el caso Faycán. La nueva magistrada, obviamente, lo primero que ha tenido que hacer es estudiar a fondo la causa.
Uno de los primeros casos de corrupción que estalló en Canarias, la operación Eolo, lleva cuatro años y dos meses de instrucción y, posiblemente, será el primero que juzgue. Con seis imputados por intentar amañar el concurso para la adjudicación de parques eólicos de Canarias, un jurado popular verá el caso, como muy pronto en el primer semestre del próximo año.
Y así ocurre con casi todos: Tindaya se investigó durante cuatro años y dos meses y luego quedó archivado; el magistrado José Antonio Martín fue juzgado tras tres años y ocho meses; Paraíso y Brisan llevan casi tres años...
* Telde Actualidad - 20.07.09
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
Andratx: El TSJB sentencia que Monport es una zona protegida y tumba el recurso de la promotora
ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El suelo sobre el que se comenzaron a construir 16 bloques de viviendas en Monport es suelo rústico protegido y no urbano como pretendía la empresa constructora. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dado la razón al Consell Ide Mallorca y al Ajuntament d'Andratx y avala con su sentencia las normas urbanísticas para el municipio que la institución insular aprobó en 2007.
Esta decisión judicial cierra una de las vías por las que la promotora Prosmi SL pretende retomar la construcción de la urbanización, suspendida desde hace dos años. Aún queda pendiente una decisión sobre la licencia, si bien esta sentencia sienta una base ya que fija que el suelo es una zona ARIP y que lo ha sido desde 1991.
El recurso de la empresa se basaba en que la parcela tenía todos los servicios en funcionamiento antes de que entrara en vigor la Ley de Espacios Naturales y, por tanto, era suelo urbano. Se trata de un resquicio legal empleado a menudo en Andratx cuyo principal ideólogo era Jaume Massot. La sentencia tumba esta pretensión porque la constructora no aportó ninguna prueba de que así fuera, pero advierte de que «incluso aunque se hubiese probado que sí disponía de los servicios, no por ello procedía que las normas les reconociesen como suelo urbano, ya que la clasificación como suelo protegido había sido impuesta por una ley».
La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Fernando Socías, da una reprimenda a la empresa ya que, en su recurso ni indica dónde se encuentran los terrenos con exactitud, «se presupone que la sala ha de saber a qué terrenos se refiere el pleito». También los representantes legales de la empresa reciben un varapalo por la falta de pruebas sobre la dotación de servicios: «Ya sólo por esta razón procedería la desestimación del recurso sin más argumentación». La empresa también se aferraba a que el Ajuntament d'Andratx le había dado licencia. En este caso, se afirma que la decisión administrativa no puede condicionar una normativa urbanística.
El futuro de los edificios de Monport depende ahora de la decisión judicial sobre la licencia urbanística. Desde el Ajuntament se teme una situación similar a la de Cala Llamp, es decir, que se tenga que acometer un derribo que el Consistorio tendría que pagar. En todo caso, la decisión del TSJB avala las tesis del Consell de Mallorca y del equipo de gobierno del Ajuntament.
La urbanización de Monport y la licencia que le concedió en su momento el Ajuntament bajo el mandato de Eugenio Hidalgo, es una de las piezas separadas del sumario del 'caso Andratx'. En ella se investiga el papel del ex alcalde en la concesión de esta licencia. El TSJB en este caso no entra a valorar la legalidad o no de la licencia, ya que el recurso sólo se circunscribía a la modificación de las Normas Subsidiarias.
* Última Hora Digital - 21.07.09
Foto: La urbanización de Monport lleva paralizada por orden judicial desde el verano de 2007. - ultimahora.es
Detenidas 16 personas, entre ellas una edil, por bloquear la marina de Cangas
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ELPAÍS/Pontevedra* : La Guardia Civil cargó ayer contra un grupo de manifestantes del Foro Social de Cangas que se oponen a la construcción del puerto deportivo promovido por Residencial Marina Atlántica en el ámbito de la antigua conservera Massó Hermanos. Tres personas resultaron heridas y 16 detenidas, entre ellas una concejal del Gobierno municipal, Maruchi Álvarez, responsable de Personal.
Los detenidos permanecieron en el cuartel de Cangas hasta última hora de la tarde, en que fueron liberados 10. Los otros seis fueron trasladados al cuartel de Pontevedra, donde previsiblemente serán puestos hoy a disposición judicial acusados de agredir a la fuerza pública.
Desde el Foro Social de Cangas y organizaciones ecologistas se ha tachado de "brutal" la carga de la Guardia Civil sobre el grupo de vecinos, sentados en el suelo para cerrar el paso de maquinaria a la zona de obras. Ocurrió en torno a mediodía. Previamente, sobre las nueve de la mañana, fue detenido un portavoz del Foro Social por negarse a retirar su coche estacionado en el camino que necesitaba la maquinaria para circular.
Durante toda la tarde, en un ambiente de fuerte tensión, permanecieron concentrados varias decenas de vecinos ante el cuartel de la Guardia Civil para pedir la liberación de los detenidos. El número de concentrados fue aumentando paulatinamente, hasta formar una manifestación de unas 150 personas que marchó hasta el Ayuntamiento, donde pidieron la dimisión de la alcaldesa nacionalista, Clara Millán, por no paralizar las obras. También se pidió la dimisión del subdelegado del Gobierno en Pontevedra por la actuación de la Guardia Civil.
El Gobierno local está dividido. Aunque los tres grupos que lo forman (BNG, PSdeG y ACE, Alternativa Canguesa de Esquerdas) sellaron en su pacto bloquear el proyecto urbanístico deparado para el ámbito de Massó en el anterior mandato, sólo ACE, a la que pertenecen el concejal de Urbanismo y la edil detenida ayer, ha mostrado beligerancia con el mismo. Consideran que las obras de la marina son "ilegales".La alta tensión volvió ayer a Cangas por el proyecto de Residencial Marina Atlántica, que promueve un puerto deportivo y una urbanización en el ámbito de la antigua conservera Massó Hermanos. Una carga de la Guardia Civil se saldó con dos heridos y 16 arrestados, entre éstos una concejal, por obstruir las obras. Los heridos fueron un activista del colectivo Loita Verde, convaleciente de una fractura de pierna y que tuvo que ser hospitalizado en Povisa, una chica que caminaba con muletas, y Antonio Sangabriel, del propio Foro Social.
Los incidentes comenzaron sobre las 9.00 horas. Tiago Pérez, portavoz del Foro Social, que promueve la oposición a las obras de la marina, se negó a retirar su coche del lugar donde lo tenía aparcado para impedir el paso de maquinaria pesada a la zona de obras. Adujo que no había señal que lo prohibiera. La Guardia Civil retiró el vehículo y se llevó detenido a su propietario. Poco después, una veintena de personas se había concentrado en el mismo lugar para obstruir la circulación de la maquinaria.
En torno a mediodía se produjo la carga de la Guardia Civil, que el colectivo Galicia Non se Vende tacha de "brutal", con los manifestantes sentados, y la detención de los 15 vecinos restantes, entre ellos la concejal Maruchi Álvarez, responsable de Personal en el Gobierno municipal, varios marineros de la cofradía de pescadores, que también se opone a las obras, y otros seguidores del Foro Social. Tras las detenciones, las obras continuaron "con normalidad", según fuentes de la constructora.
A última hora de la tarde fueron puestos en libertad 10 de los detenidos, acusados de resistencia a la autoridad. Otros seis, imputados por agresiones a la fuerza pública, salieron en un furgón del cuartel de Cangas para previsiblemente continuar arrestados en el de Pontevedra. A primera hora ya se había concentrado ante el cuartel medio centenar de personas para pedir la libertad de los detenidos. A las 21 horas, liberados los 10 citados y triplicado el número de manifestantes, éstos realizaron una marcha hasta el ayuntamiento para pedir la dimisión de la alcaldesa, Clara Millán.
El Foro Social y varias organizaciones ecologistas han denunciado la contundencias con que actuó la Guardia Civil, con material antidisturbios, y acusaron al subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, de ordenar esa intervención para "favorecer a Caixanova", socio mayoritario en el capital de la promotora Residencial Marina Atlántica.
También criticaron a los grupos municipales de BNG y PSdeG en Cangas por "hacer caso omiso" de las peticiones de paralizar las obras. El tercer socio del Gobierno local, ACE, al que pertenecen la concejal detenida ayer y el responsable de Urbanismo, Mariano Abalo, las consideran "ilegales" por carecer de autorización municipal y de todo respaldo en el planeamiento.
Las obras del puerto deportivo constituyen la punta de lanza de un proyecto urbanístico en tierra, en el solar de la antigua conservera, que hoy carece de toda definición.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 21/07/2009
Foto: Los antidisturbios desalojan a uno de los opositores del puerto deportivo que se construye en el municipio de Cangas- LALO R. VILLAR, elpais.com
Enterrados en cemento
LAPROVINCIA/LasPalmas* : "Se beneficia a los nuevos ricos en perjuicio de los vecinos de toda la vida", denuncia el presidente de la Unión Vecinal. Donde hace décadas corría el agua hoy se levanta un colorido barrio encajado entre las laderas de un barranco. A su peculiar situación orográfica hay que sumarle la construcción de numerosos chalés en la parte alta a partir de la década de los 80 que multiplicó la población de este humilde barrio.
La vida de los vecinos del Barranquillo Don Zoilo, que empezó a construirse hace 70 años, cambió radicalmente con la llegada de los nuevos propietarios. No sólo se vio alterada la imagen del barrio, sino que anuló la posibilidad de realizar nuevos accesos por la parte alta como reclamaban los lugareños. "Nos enterraron en cemento. Nos hemos quedado sin ladera donde se podían haber hecho parques o jardines para el disfrute de todos. Se beneficia a los nuevos ricos en perjuicio de los vecinos de toda la vida", asegura Matías Dávila, presidente de la Unión Vecinal Don Zoilo.
Dávila pone como ejemplo la salida de la calle Maestro Rodó que está cerrada por una valla de la Urbanización Jardines de Chil porque "dicen que esa calle es particular, pero es del barrio". El presidente de la asociación, que lleva 10 años luchando por la apertura de la vía, asegura que existe una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento a abrir ese tramo, pero que éste argumenta que no tiene dinero para pagar la expropiación. "Lo que hace falta es voluntad política", añade.
Mientras tanto los vecinos, muchos de ellos ancianos, tienen que subir 185 escalones para llegar a esta zona del barrio cuando la carretera "les dejaría a las puertas de sus casas". Precisamente son las personas mayores las que más sufren las consecuencias de vivir en cuesta.
"Todas las comodidades son para las urbanizaciones y las incomodidades para el resto", dice Dávila, que lamenta que el aumento de la población no haya venido acompañado de mejoras para el Barranquillo Don Zoilo, que tomó el nombre del antiguo propietario de estos terrenos.
Los habitantes piden que el edificio donde se ubica actualmente la asociación de vecinos, que será trasladada al nuevo centro cívico, se utilice para una guardería municipal, ya que el barrio, en el que viven unas 3.300 personas, no dispone de ninguna. "Podemos estar tranquilos porque el único pulmón que nos quedaba en el barrio no se ha utilizado para especular, sino para construir lo que realmente necesitábamos", explica Dávila, quien denuncia que muchos de los terrenos donde hoy se levantan los chalés estaban recogidos en el plan general de ordenación como espacios libres o zonas verdes.
En la época de la posguerra emigrantes venidos del norte de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote comenzaron a edificar en los laterales del barranco donde también vivían familias enteras en cuevas y en endebles casas de chapa. "No había nada que comer y había que buscarlo en tomateras y plataneras. Pasamos mucha miseria", dice Santana, que nació en una de las casas del barrio.
"Cortaban los bidones de petróleo y los golpeaban hasta hacer planchas que servían como paredes y con cartón piedra hacían los techos y las divisiones de los cuartos", recuerda Dávila. Con el paso del tiempo muchos de estos habitantes fueron saliendo del barranquillo según iban entregando viviendas de protección oficial.
Cuando corría el barranco las frágiles viviendas se llevaban la peor parte, junto a "cochinos, cabras y gallinas que se ahogaban por el barranco", dice Miguel Reyes, otro vecino. "Era un barrio pobre donde la gente se dedicaba a recoger basura para venderla como abono", añade. Los más ancianos todavía recuerdan cómo en una ocasión el agua se llevó por delante el circo Toti instalado en la orilla. "El agua corría de verdad", señala Reyes.
Cuando no corría el agua, lo que pasaba la mayor parte del tiempo, el cauce del barranco se utilizaba como una parte más del barrio. De una ladera a otra el cura proyectaba películas con la condición de que durante el descanso tenían que ir todos al catecismo.
La labor de la iglesia es recordada aún en el barrio. Gracias al sacerdote Eduardo Villar Reina, nombre de la calle principal del Barranquillo, se impidió que se enterrara todo el barrio como pretendía el alcalde José Ramírez Bethencourt. "El alcalde quería unir Escaleritas con Schamann, pero el cura consiguió que se construyera una carretera y se instalara una red de alcantarillado", explica Reyes. "Desde los años 70 hasta ahora el barrio ha dado un vuelco importantísimo".
* La Provincia - ELISA ARDOY - 20.07.09
Foto: El Barranquillo Don Zoilo - YAIZA SOCORRO - laprovincia.es
El revés más grande
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LNE* : Gijón es la ciudad de mayor tamaño que se enfrenta a la anulación de su plan urbano, como ya les pasó a Zamora, Orense, Castellón o Ávila. La anulación del PGOU de Gijón por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se suma a la lista de planes urbanísticos derribados por sentencias judiciales en otras ciudades españolas. Una lista que, en realidad, no es demasiado larga, lo que da una mayor trascendencia al caso gijonés. Si bien es cierto que los tribunales han derogado muchos planes parciales y actuaciones urbanísticas concretas, también lo es que rara vez vuelcan un ordenamiento urbano en su totalidad.
Los precedentes más similares al caso gijonés son los de los ayuntamientos de Zamora, Orense, Castellón y Ávila, además de algunos de pequeños municipios que, en ningún caso, sobrepasan los 25.000 habitantes. Por este motivo, Gijón tiene el dudoso honor de haberse convertido en la ciudad de mayor tamaño que sufre una decisión judicial de estas características en toda España.
l Zamora.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el PGOU de 2001 del Ayuntamiento de Zamora al entender que en su momento no se abrió un segundo período de alegaciones. En su día, el Consistorio de la capital zamorana decidió recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, pero inició poco después la revisión del plan para corregir los defectos de forma que ocurrieron durante su tramitación. El alto tribunal decidió en el mes de mayo de este año ratificar la sentencia de la instancia inferior. Una situación que ha abierto importantes dudas sobre el futuro urbanístico de la ciudad, gobernada por la popular Rosa Valdeón. Una de las posibilidades que maneja actualmente la concejalía de Urbanismo es aplicar el anterior plan, del año 1986. Aun así, esta posibilidad ha sido consultada al Gobierno autonómico, que busca también alternativas para solventar la falta de una normativa urbanística en la ciudad. En cualquier caso, la medida que finalmente se adopte será provisional y estará supeditada a la aprobación definitiva de la revisión que se tramita a día de hoy.
l Castellón de la Plana.
Una situación similar se había vivido unos meses antes en Castellón. El Tribunal Supremo anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimaba el recurso de tres vecinas de la capital de La Plana contra la aprobación definitiva de la revisión del PGOU. El planeamiento urbanístico de la ciudad había sido aprobado por la Generalitat valenciana en marzo de 2000, pero el Supremo entendió que el Consistorio levantino obvió un nuevo trámite de información pública que recogiese las modificaciones al documento inicial. Además, el tribunal ordenó la retroacción del procedimiento al momento posterior a la aprobación provisional para que se cumpla la ley y se exponga el plan al público. Las demandantes contra el PGOU castellonense alegaban que la ya derogada ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) incumplía la Constitución. El Supremo consideró que «la regulación establecida en la LRAU no garantiza la participación pública en el proceso de planeamiento, que es lo exigido de manera inequívoca». En su momento, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón -gobernado por el popular Alberto Fabra-, Juan María Calles, calificó la sentencia como «un revés jurídico sin precedentes en el urbanismo español».
l Orense.
Nada menos que ocho sentencias del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) han declarado ilegal el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense, redactado por el anterior equipo de gobierno y aprobado definitivamente por Alberto Núñez Feijoó, actual presidente de la Xunta, cuando era consejero de Manuel Fraga. El Consistorio, ahora regido por una colación entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso para revocar las sentencias y está a la espera de un fallo al respecto. De esta forma, el equipo de gobierno del alcalde Francisco Rodríguez confía en ganar tiempo para redactar un nuevo PXOM. De momento, las perspectivas para el equipo municipal no son nada halagüeñas, ya que el TSXG anuló el plan basándose en que los planos expuestos al público no eran los que se habían aprobado inicialmente en el Ayuntamiento, ya que variaban la edificabilidad. El Supremo ya ha anunciado que ese cambio en los planos «no puede considerarse bajo ningún caso un error». Si finalmente se confirma la anulación del plan, Orense deberá regir su urbanismo según los planteamientos aprobados en 1986, lo que impedirá el crecimiento previsto para la ciudad gallega.
l Ávila.
Un precedente más lejano es de Ávila. En el año 2005, el Supremo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que entendía que el PGOU de la ciudad no era conforme a derecho al permitir la recalificación de 488.000 metros cuadrados sin ser sacados a información pública. Esta situación llevó a la Asociación de Amigos de la Ciudad de Ávila a presentar una denuncia que anuló el plan urbanístico del año 1998. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, quedó incapacitado para conceder licencias de obra a los proyectos que se encontraban en proceso de tramitación. Finalmente, accedió a revisar todo el PGOU.
l Otros casos.
El resto de planes urbanísticos municipales anulados por diferentes tribunales afecta a municipios pequeños. Son numerosos los casos en Galicia, donde nada menos que se ha paralizado la ordenación territorial de cinco ayuntamientos: Tui (Pontevedra), Sada (La Coruña), Viveiro (Lugo), Barreiros (Lugo) y El Grove (Pontevedra). Además, también se han dado otras situaciones similares en lugares como Castell de Guadalest (Alicante), Prado del Rey (Sevilla), Arucas (Las Palmas), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Colindres (Cantabria), Vall de Laguar (Alicante), Guillena (Sevilla) o Llanes (Asturias), por citar algunos. También hay que señalar que otros planes urbanísticos han recibido la negativa de los organismos consultivos de sus respectivas comunidades autónomas. En este sentido, la Xunta ha ordenado la reelaboración del PGOU de Vigo (la mayor ciudad de Galicia) y la Junta de Andalucía ha frenado en varias ocasiones el de Motril (Granada) al observar flagrantes irregularidades.
La Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes, uno de los colectivos ciudadanos más beligerantes contra el PGOU, manifestaba ayer su «gran satisfacción» por la sentencia que anula el planeamiento urbanístico gijonés. «Nuestra lucha es independiente, pero esta sentencia supone para nosotros una noticia estupenda, porque adelanta en buena medida lo que nosotros vamos a conseguir por otro camino», valoraban ayer portavoces de la plataforma, en la que unen fuerzas las dos asociaciones vecinales de Cabueñes. Esta parroquia está afectada por un plan parcial que permite construir 655 viviendas entre la antigua carretera de Villaviciosa y el Hospital. Las gestiones realizadas para tumbar esta operación acabaron por destapar un escándalo que ya ha pasado por la fiscalía y que ahora está pendiente de juicio en los juzgados de instrucción de Gijón. En dicho escándalo está implicado el que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento. «Nosotros siempre hemos sostenido que el desarrollo urbanístico de la ciudad era ilegal y cada vez aparecen más irregularidades», señaló la plataforma de Cabueñes. El colectivo atribuye las deficiencias que el Tribunal Superior de Justicia ha detectado en el PGOU «al interés municipal por aprobarlo cuanto antes para evitar el trámite de evaluación de impacto ambiental de planes y programas». Dos ejemplos de que el procedimiento debería haberse hecho por la vía de la revisión y no de la modificación puntual, como finalmente decidió el Ayuntamiento, «son los planes de Cabueñes o Castiello, que introducen un cambio sustancial en la fisionomía urbanística del concejo».
La Unidá Nacionalista Asturiana (UNA) se sumó ayer, a través de su responsable del área de vivienda, a las voces que piden la dimisión «inmediata» del actual concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. «La situación es caótica e insostenible», argumenta la formación, que dice sentir satisfacción y preocupación a partes iguales ante el fallo que deja sin efecto el actual Plan General de Ordenación Urbana. Satisfacción porque «se da un varapalo a las irregularidades urbanísticas y al aquí vale todo». Y preocupación porque «esta sentencia coloca a la ciudad en una situación de gravísima inseguridad jurídica y es el preludio de más golpes judiciales». La UNA aprovechó, además, para lanzarle un dardo envenenado a Izquierda Unida, que forma tándem con los socialistas en el gobierno municipal: «El socio verde es decorativo».
* La Nueva España - E. MÉNDEZ /M. SUÁREZ - 20.07.09
Foto: Puerto deportivo de Llanes. archivo, lne.es
Marbella: El TSJA ignora el PGOU y sigue anulando licencias urbanísticas
SUR/Málaga* : La maquinaria de la Justicia es lenta pero pesada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado recientemente dos nuevas licencias urbanísticas concedidas en la 'era Gil' a dos empresas vinculadas al caso 'Malaya', Aifos y Turpiana, ésta última del Grupo Ávila Rojas. El alto tribunal andaluz sigue su curso mientras el Ayuntamiento tiene las miras puestas en la aprobación provisional provisional -la segunda- de su Plan Urbanístico que regularizará la situación de muchas de estas viviendas. Será el 29 de julio.
Estos dos fallos judiciales no son los primeros y tampoco serán los últimos a juzgar por el volumen de licencias impugnadas por la Junta de Andalucía contrarias al planeamiento urbanístico. Unas 380 en once años. Las dos sentencias fueron emitidas el mismo día, el pasado 30 de enero, y ambas hacen referencia a sendas licencias urbanísticas concedidas al amparo de un PGOU aprobado por el GIL que nunca llegó a ser legal.
La primera de ellas implica a 42 viviendas ya habitadas en la Urbanización Lunamar, en la playa de Las Dunas de Las Chapas. La comisión de gobierno otorgó la licencia de obras el 29 de agosto de 2001. En este caso, la calificación del suelo como comercial en el Plan del 86, el único aún vigente, es incompatible con el uso residencial previsto en el proyecto. Ni el Ayuntamiento ni la codemandada, la empresa, han puesto reparos en el procedimiento. El Consistorio incluso se ha allanado a la petición de la Junta de Andalucía, mostrando así su conformidad con que se anule la licencia.
El Ayuntamiento, como en casos anteriores, enviará un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir que no se ejecute el fallo y evitar la demolición, al menos hasta la aprobación definitiva del PGOU de la ciudad, prevista para este año.
La segunda sentencia hace referencia a 24 viviendas en la tercera fase de la Cañada de Gualdapín ejecutadas por la entidad mercantil Guadalpín Promociones y Obras S.L. tras obtener una licencia contraria a planeamiento en enero de 2002.
En ambos casos la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga del TSJA recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana de 1998 aprobado por silencio administrativo fue «expresamente» rechazado ese mismo año por los tribunales por lo que su eficacia «es nula».
* SUR - M. J. CRUZADO - 20.07.09
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
Castelló: El ayuntamiento incumplió la venta de 9,8 millones de suelo para invertir en 2008
LEVANTE* : El equipo de gobierno de Castelló dejó pendientes de ejecución el 100% de las enajenaciones previstas en el presupuesto. El Ayuntamiento de Castelló cerró el presupuesto del año 2008 incumpliendo la venta de 9,8 millones de euros de patrimonio municipal del suelo que estaba prevista para hacer frente a inversiones de la ciudad que nunca se ejecutaron.
Así consta en el Informe General de Intervención relativo a la liquidación definitiva de un presupuesto marcado por la disparidad entre los números anunciados inicialmente por el Partido Popular y la realidad diametralmente opuesta que evidencian los resultados finales del ejercicio.
La previsión de obras públicas municipales publicitada por el alcalde, Alberto Fabra, no llegó a convertirse en realidad y el gobierno local dejó en el tintero la materialización de 41 de los 53 millones de euros de inversiones para la ciudad contemplados en el presupuesto de 2008, apenas un 25% de lo previsto.
Según la intervención municipal, este desfase se origina porque la mayor parte de las obras presupuestadas y anunciadas para el año 2008 ni siquiera fueron adjudicadas.
No pasa desapercibido que, retrasos de la adjudicación al margen, el incumplimiento de la venta de suelo prevista impedía la incorporación del presupuesto necesario para ejecutar la inversión.
Es por ello que los propios técnicos municipales advierten al equipo de gobierno de "la necesidad de proceder a una planificación estratégico-financiera de los recursos disponibles para la financiación de las inversiones".
La paralización de los planes de venta del patrimonio municipal para poder asumir el pago de inversiones es sólo una grieta más en unas arcas municipales que también sufren la caída vertiginosa de los ingresos por tasas de construcción y una demora persistente de los pagos de la Generalitat Valenciana.
El Consell de Francisco Camps cerró el año 2008 incumpliendo el pago de 3,3 de los 5,2 millones de euros que debía haber transferido al Ayuntamiento de Castelló, según evidencian los informes municipales de la liquidación definitiva del ejercicio.
La propia Intervención General Municipal constata que, en un contexto marcado por la crisis de la hacienda local, el Gobierno Valenciano ha incumplido el pago de más del 63% de las aportaciones comprometidas con el ayuntamiento.
Esta deuda afecta directamente a la partida de 1,8 millones de euros para el Palau de la Festa (incumplida y trasladada al presupuesto de 2009) y a una cantidad pendiente de más de 1,5 millones de euros que debería haber financiado gastos corrientes para servicios municipales.
En este último caso, destaca especialmente que la Generalitat Valenciana no ha ingresado ni una mínima parte de la consignación de 1,1 millones de euros destinada a servicios sociales generales, uno de los departamentos del ayuntamiento más debilitados por la creciente demanda de ayudas para bienes de primera necesidad que ha motivado la crisis económica.
La estadística se antoja inversamente proporcional en el caso de las transferencias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que a 31 de diciembre de 2008 había completado el 99% de los 29 millones que tenía previsto abonar a la entidad municipal.
En opinión del concejal socialista Javier Peris, esta comparativa evidencia el grado de compromiso real de cada una de las Administraciones con la capital de la Plana. "A corto o a largo plazo las verdades quedan reflejadas en la contabilidad, y la contabilidad evidencia que el Estado ha transferido la práctica totalidad del dinero comprometido y que la Generalitat, como hace año tras año, ha incumplido con más de un 63% de lo previsto".
Respecto a la enajenación del patrimonio municipal, Peris subrayó que los números "terminan demostrando que las cuentas del PP no son reales, porque no se ha vendido absolutamente nada de lo previsto para costear las inversiones por mucho que fueran publicitadas".
La virtualidad de la venta de patrimonio municipal para acometer inversiones durante el año 2008 se ha repetido casi como en papel de calco en el ejercicio 2009.
El Ayuntamiento de Castelló no ha sacado aún a la venta ni uno solo de los bienes inmuebles que deben financiar la mitad de los 29,7 millones de euros de inversiones para la ciudad previstos en el presupuesto de 2009.
Las obras anunciadas por el alcalde para 2009 dependen en casi un 50% de la venta de patrimonio municipal del suelo por valor de 14,2 millones de euros. Sin embargo, cuando ya se ha superado el ecuador del ejercicio económico, la operación todavía se encuentra pendiente del preceptivo permiso de la Generalitat Valenciana y ninguno de los solares ha podido salir todavía a pública subasta pública.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 20.07.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
Sant Antoni no podrá convertir en urbanas Punta Galera, Cap Negret y Cala Gració
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ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El Ayuntamiento de Sant Antoni no podrá convertir en urbanas las zonas ya construidas de Punta Galera, Cap Negret y Cala Gració en su nuevo planeamiento urbanístico. La concejala de Urbanismo, Pepa Costa, reconoció ayer que la instrucción que les dio un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) durante una reciente conferencia del Consell fue muy clara: los 500 metros de Área de Protección Territorial (APT) de Costas tiene que mantenerse como suelo rústico protegido y no puede haber urbanos por consolidación.
Esta advertencia se dio al Consell y a todos los ayuntamientos para que lo tuvieran en cuenta a la hora de modificar sus planeamientos ya que supone dejar fuera de ordenación zonas urbanas. En el municipio de Sant Josep hay varias zonas hoteleras que quedan en esta situación, como el final de Platja d'en Bossa y una amplia zona de Cala Tarida.
El Consell decidirá
Costa explicó que están pendientes de que el Consell 'dibuje' esta APT de costas, aunque hay alguna esperanza de que algunos trozos sí que queden como suelos urbanos porque la máxima institución insular tiene que sacar lo que se llaman proyecciones ortogonales, que permitirían algunos trozos urbanos en estas zonas. «No sabemos qué tipo de modificación hará el Consell», explicó Costa, que indicó que están a expensas del PTI para saber cómo lo enfocan.
El mayor inconveniente que ve la concejala para las personas que tengan casas en estas zonas es que no se podrán dotar con alcantarillado y asfaltado, porque aunque son ya zonas consolidadas no podrán ser calificadas como urbanas y tendrá que permanecer como suelo rústico protegido.
«Están allí, pero no se les podrán dar servicios urbanos», expresó Costa, que aseguró que el equipo redactor del planeamiento urbanístico de Sant Antoni está estudiando qué hacer.
La concejala resaltó que esto afectará a amplias zonas de viviendas que ya están construidas y que no tendrán ni servicios urbanos ni pagarán la contribución urbana.
El Consell remarcó hace pocos días la gran complejidad de marcar las proyecciones ortogonales para marcar si puede haber algún suelo urbano en estas zonas.
La concejala de Sant Antoni también se mostró preocupada porque esta nueva jurisprudencia del TSJB afecta a ses Variades, donde había un proyecto para construir más de 400 viviendas. Según Costa, será el Consell el que marque si puede haber algún trozo urbano en la zona según la proyecciones ortogonales. «Es un tema muy complejo que tienen que hacer los técnicos y se hará a través de la modificación del PTI», expresó la concejala, que confió en que quizás quede algún «trocito» urbano, aunque reconoció que ahora todo queda a expensas del Consell.
* Última Hora de Ibiza - C. ROIG - 20.07.09
Foto: Sant Antoni (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es
Los peritos del 'caso Guateque' creen que de 47 locales sólo uno cumple la ley
ELPAÍS/Madrid* : La investigación del caso Guateque, la trama de corrupción en la concesión de licencias destapada en el Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2007, sigue avanzando. El 28 de enero de 2008, poco después de que se destapara el caso, el juez Santiago Torres pidió a la empresa Tragsa un informe pericial sobre algunos de los locales y viviendas involucrados. Y el resultado, si se tiene en cuenta que se trata de inmuebles sospechosos de beneficiarse de algún tipo de agilización irregular, es sorprendente: sólo uno de los 47 establecimientos revisados por los peritos cumple la ley.
Los encargados del informe han realizado durante meses visitas a los locales para comprobar si la realidad correspondía con sus licencias y con los planos. Y, según el informe, 16 inmuebles de los investigados por el juez realizaron obras en su interior sin que estuvieran autorizadas por el Ayuntamiento. Pese a ello, funcionaban legalmente; es decir, seguían abiertos. Eran cuatro bares, un taller mecánico, un laboratorio de análisis clínico, una clínica, siete edificios de viviendas y un piso. Precisamente, este último pertenece al viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada.
Este alto cargo de Esperanza Aguirre está imputado en el caso Guateque por dos obras en su domicilio (una de ellas se ajusta a la ley, según el informe) y también por la licencia del hotel Comfortel -condicionada a otra autorización para levantar un hospital que no se hizo-, en la avenida de Pío XII, cuando era gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento.
Más grave es el resultado de las inspecciones en materia de protección contra incendios. En principio, este análisis no formaba parte del encargo que recibieron los peritos, pero tras constatar todas las irregularidades las reseñan en el citado informe y advierten al juez de que debe estudiarse más "exhaustivamente". En concreto, 13 de los expedientes comprobados no cumplen con las medidas de seguridad necesarias. Es decir, sobre todo tenían problemas con extintores y salidas de incendios mal señalizadas u obstruidas.
Entre todos estos locales se encuentra la discoteca Dink, propiedad del hijo de Joaquín Fernández de Castro, ex jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente de la capital y presunto cabecilla de la trama, que además acumula 234 infracciones denunciadas por la Policía Municipal.
"Esto corrobora las denuncias en relación al incumplimiento sistemático de las normas en determinados locales. Pasado el tiempo, después de muchas inspecciones por parte de la Policía Municipal, las denuncias han caído en saco roto. Hay una responsabilidad política respecto a la permisividad de esta situación", denuncia el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas.También resulta alarmante que ocho de los expedientes revisados in situ arrojen la conclusión de que hay "elementos, no justificados o avalados por proyectos técnicos, que podrían afectar a la seguridad estructural". En este caso no hay ningún local de ocio nocturno, son todos locales comerciales y viviendas.
En otro de los apartados del informe, los peritos señalan una serie de locales que constan en el sumario del caso que han sido revisados y cuyas obras no se ajustan a la licencia concedida. En total son 21: 12 bares y discotecas, 2 oficinas, 2 locales comerciales, 1 hostal, 1 supermercado y 1 edificio de viviendas.
En uno de los expedientes, los peritos concluyen que Armada realizó obras sin licencia en su vivienda. Fueron, sin embargo, en 1980, y el presunto delito ha expirado. Según relata el documento, el actual viceconsejero de Transportes pidió licencia para realizar obras en su casa, pero le fue denegada. "Las obras señaladas se corresponden con la demolición de tabiques de distribución interior (tabiques de panderete), desmontaje de aparatos sanitarios, la ejecución de nuevos tabiques de distribución interior con ladrillo hueco sencillo, el alicatado de un baño, la instalación completa de un baño (con bañera, lavabos, bidé, desagües, etcétera), la instalación de un fregadero y el pintado final". Cuando los peritos comprobaron el estado actual de la vivienda, se encontraron con que las obras se habían realizado pese a no tener el permiso.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 20/07/2009
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
En casa de Roca cuchillo de palo
SUR/Málaga* : Durante años, los promotores que querían construir en Marbella tenían que dirigirse a Juan Antonio Roca. Los empresarios debían esperar pacientemente ante la puerta de su despacho, en la oficina de Planeamiento, para ser atendidos. La obtención de licencias no tenía otro camino que el que desembocaba en las dependencias municipales que ocupaba el entonces asesor urbanístico, verdadero alcalde en la sombra, según relata el sumario del 'caso Malaya'. Especialmente desde la moción de censura al ex regidor Julián Muñoz y una vez fallecido Jesús Gil.
El auto de procesamiento de esta causa judicial señala que los concejales del equipo de gobierno también se veían obligados a desplazarse al biotopo profesional de Roca para despachar los asuntos urbanísticos. Firma de convenios, concesión de permisos para edificar, trámites para su aprobación. Unos trámites que, sin embargo, el ex asesor y principal procesado por el 'caso Malaya' no resolvió con garantías o simplemente obvió en lo que se refiere a diversas construcciones en fincas de su propiedad. Algunas no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, vigente hasta la aprobación de un nuevo documento. Otras sencillamente carecen de licencia.
Viviendas, oficinas, naves, cuadras, una clínica veterinaria, una sala de juegos, una bodega e, incluso, una capilla. La finca 'La Caridad', ubicada en San Pedro Alcántara y propiedad de Roca, alberga en su interior, multitud de edificaciones. Todas ellas levantadas sin licencia de construcción, según ha constatado el administrador judicial de las sociedades intervenidas al ex asesor urbanístico, Juan Macías. En un informe remitido al juez instructor del 'caso Malaya' sobre la empresa Mare Nectaris S.L., al que ha tenido acceso SUR, Macías señala que estas instalaciones se encuentran fuera de la legalidad urbanística al carecer de licencia, con la problemática de que la calificación de la parcela en el nuevo PGOU de Marbella, actualmente en trámite, impide la construcción de cualquier elemento.
Cambio de calificación
El administrador judicial ha comunicado al juez que está realizando las gestiones necesarias para modificar la calificación urbanística del suelo sobre el que se asientan las edificaciones ilegales y no descarta acudir a los tribunales para defender los derechos de la sociedad. La estrategia empresarial, según explica en su informe, se centra actualmente en intentar regularizar las instalaciones de la parcela con objeto de alquilarlas posteriormente, dado que ya se ha recibido alguna oferta relacionada con esta posibilidad.
17 parcelas
La administración judicial también pretende resolver la situación urbanística de las viviendas existentes en 17 parcelas propiedad de otra sociedad vinculada a Roca, Invest Arcela S. L., ubicadas en el núcleo poblacional marbellí de Nueva Andalucía. En 15 de esas fincas se han levantado edificaciones que se encuentran en distintas fases de construcción y que están fuera de ordenación en el PGOU de 1986. El nuevo documento urbanístico mantiene la calificación de estos terrenos como espacios libres, por lo que no permite la consolidación de los inmuebles.
No son los únicos conflictos en materia de licencias que asumen las empresas vinculadas a Roca. Según el juez del 'caso Malaya', el supuesto cerebro de la trama de corrupción controló a placer durante años el urbanismo en Marbella. En sus 'casas', sin embargo, la gestión parece que no fue muy acertada. La licencia de construcción del helipuerto privado concedida a la sociedad Helio Ponto Marbella S.L., vinculada al ex asesor urbanístico, ha sido revocada por el Ayuntamiento, que ha instado además al derribo de las instalaciones. El decreto, que responde a la sentencia dictada por un juzgado de Málaga que declaraba nulo el permiso de obras por ser contrario a la ordenación urbanística, ha sido recurrido por el administrador judicial.
* SUR - HUGO SIMÓN - 19.07.09
Foto: La finca 'La Caridad', en San Pedro Alcántara, albergaba una yeguada de pura raza. / SUR. ARCHIVO
Gijón: El plan urbano, bajo sentencia
LNE* : A la concejalía de Urbanismo le crecen los enanos. Cuando todavía no se ha sobrepuesto del escándalo de Cabueñes y del llamado «caso Blanco», una sentencia judicial determina que su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es contrario a derecho por irregularidades medioambientales y de tramitación. El Ayuntamiento, que recurrirá este fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, asegura que nada cambiará hasta que se pronuncie el Supremo.
Esta situación sin precedentes en el municipio deja a Gijón en una posición muy comprometida. Si el PGOU finalmente se anula, habrá que repetir su tramitación, lo que ralentizaría algunas de las actuaciones residenciales que iban a marcar el crecimiento de la ciudad, actuaciones que suman 3.036.284 metros cuadrados de terreno -además del suelo industrial generado en Casares -y 7.454 viviendas, esto es, un 75 por ciento de los pisos anunciados al otro lado de la Ronda Sur. Éstos son los proyectos en riesgo de paralización.
l Castiello de Bernueces. La mayor operación urbanística surgida del PGOU, con un ámbito de actuación que ronda el millón de metros cuadrados, donde está previsto levantar unas 4.000 viviendas. En el proyecto participan una treintena de particulares y 18 empresarios de la construcción, en su mayoría, locales. Hace un par de semanas el Ayuntamiento le daba luz verde a su junta de compensación, formulismo administrativo imprescindible para emprender una iniciativa privada de este tipo. Con este paso entraban en la recta final del proceso de tramitación. Los promotores mantenían su idea de iniciar las obras de urbanización el próximo año pese a la crisis. A ver.
l Cabueñes. Se encuentra empañado por otro juicio, en el que se deberá dilucidar si el ex jefe de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento, Ovidio Blanco, actuó delictivamente en relación con este proyecto. EL TSJA echa leña al fuego. En juego está la construcción de 655 viviendas. Esta nueva área residencial, muy contestada por los vecinos, se extendería entre la antigua carretera de Villaviciosa y el Hospital, ámbito en el que tienen intereses cuatro promotoras y varios particulares, que iniciaron en junio de 2007 las pertinentes gestiones administrativas. También son propietarios de suelo el Ayuntamiento y Cajastur.
l Granda. Está liderado por la promotora Covibarges, con presidente asturiano y sede en Madrid. Abarca una superficie de 321.633 metros cuadrados bajo el nudo de la Autovía Minera, entre la carretera de Pola de Siero y la senda fluvial del Piles. El diseño de la actuación se presentó en los servicios urbanísticos municipales en marzo de 2008. Se trabaja con la previsión de edificar unos 1.200 pisos.
l Alto del Infanzón. Se trata de una operación de 370 viviendas unifamiliares, cuya configuración administrativa y técnica todavía está en pañales. Habrá que ordenar unos 543.000 metros cuadrados de terreno. Esta nueva bolsa de suelo urbanizable está localizada en la zona de La Providencia. La operación tendrá que aunar los intereses de un amplio grupo de propietarios, entre ellos, una promotora gijonesa.
2002. Se inicia la actualización del PGOU. Se encomienda el trabajo al arquitecto madrileño Luis Felipe Alonso Teixidor.
Diciembre de 2003. Primer período de información pública, sólo para sugerencias. La zona rural empieza a movilizarse en contra del PGOU.
Diciembre de 2005. El Pleno municipal da su aprobación definitiva del Plan General, que recibió más de 3.000 alegaciones. Se abre un plazo para la presentación de recursos de reposición.
Abril de 2007. Se aprueba el texto refundido, que incorpora la respuesta a esos recursos. El PGOU entra en vigor. Varios colectivos ciudadanos, principalmente rurales, continúan su batalla contra el plan en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Julio de 2009. El TSJA responde al primero de los contenciosos, interpuesto por una familia de Mareo de Arriba. El alto tribunal asturiano atiende su petición de anular el PGOU; entiende que no se ajusta a derecho por irregularidades medioambientales y de tramitación. La patronal de la construcción llama a la calma, pese a que esta sentencia podría paralizar proyectos residenciales de gran envergadura. El PP pide dimisiones.
* La Nueva España - M. SUÁREZ - 19.07.09
Foto: Gijón, Cabueñes - fotolog.com
Aznalfarache: La plataforma de vecinos rechaza que se elimine el parque urbano de Los Pitufos
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DIARIODESEVILLA* : La Plataforma de vecinos de San Juan de Aznalfarache critica, en sus alegaciones a la adaptación del Avance del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que "se altera notablemente el uso del suelo y los espacios libres, zonas verdes y hacen desaparecer del mapa como por arte de magia el único parque urbano declarado" como es el de Los Pitufos, que desde hace dos años sirve de almacén de las obras que se están realizando en el Pueblo por "(incompetencia y deterioro del equipo socialista que gobierna".
La plataforma también se queja de que "nos quieren meter por la cara unas 1.500 viviendas más que no corresponden con el documento de Avance de PGOU sin comtemplar el desarrollo de las viviendas protegidas que exige la ley".
La entidad califica de "bastante picaresco o quizás no por menos malintencionado" que el Ayuntamiento no haya colgado en la web municipal el documento de adaptación ni siquiera el 15 de julio, cuando se cumplía el plazo para entregar las alegaciones al mismo.
En el documento presentado, la plataforma de vecinos considera, en primer lugar, que la adaptación parcial omite sistemas generales de espacios libres, contemplados en la planificación actual, tales como Vistahermosa (junto a Tomares), el escarpe del castillo hacia Mairena y el parque de Los Pitufos, por lo que se "modifica arbitrariamente la ordenación estructural" prevista en el decreto 11/2008.
En vivienda, la plataforma vecinal considera que la Adaptación Parcial "encubre un sustancioso incremento de edificabilidad y no contempla el desarrollo de viviendas protegidas", por lo que incumple también el decreto 11/2008 por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. Según los vecinos, se incrementa el número de viviendas en más de 1.500 y no se contempla para nada la vivienda de protección, por lo que debería ser propuesto y modificado en un documento de planeamiento posterior a éste de adaptación. La tercera alegación tiene que ver con la construcción de la vía Parque del Zaudín. Se incluye en la red de tráfico principal y como sistemas generales viario, lo que no sería de utilidad para el pueblo de San Juan como viario, a que su construcción sólo prestaría servicio a los usuarios del centro comercial donde se ubica Media Markt.
Por otro lado y al no recogerla ningún otro documento como viario metropolitano, su financiación la tendría que sufragar el Consistorio sanjuanero, y actualmente las arcas municipales no están para eso, San Juan tiene otras muchas necesidades mucho más prioritarias.
La plataforma considera que incluir esta vía incumple la normativa en cuanto a que se ha modificado estructuralmente el documento de adaptación.
* Diario de Sevilla - A. S. A. , San juan de aznalfarache - 18.07.09
Foto: San Juan de Aznalfarache (Sevilla) - sevillaactualidad.com
Gondomar "perdió" 700.000 euros en una permuta ilegal
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ELPAÍS/Pontevedra* : Carlos Silva Mariño, alcalde de Gondomar en el anterior mandato y, tras la moción de censura del pasado día 7, concejal de Hacienda y Personal, impulsó como regidor la permuta de una parcela municipal de 10.725 metros cuadrados, clasificada como suelo urbanizable, por otra de 1.450 metros, falseando los precios de una y otra. El Ayuntamiento "perdió" casi 700.000 euros en la operación, que ahora ha anulado en sentencia firme el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La permuta fue aprobada por el pleno municipal en julio de 2004 con los votos del grupo popular, que gobernaba bajo la presidencia de Carlos Silva, y los votos en contra del BNG y PSOE. El gobierno valoró la parcela municipal en 900.000 euros y la particular, propiedad de Promociones Colmeiro y Martínez SA, en 574.997 euros, y dos meses después rechazó un recurso de reposición contra ese acuerdo presentado por el BNG, que acabó llevando el asunto al juzgado de lo contencioso administrativo de Vigo.
La parcela de Promociones Colmeiro era de uso comercial que el plan general de entonces -anulado un año después por el Tribunal Supremo- hacía prácticamente inviable por las reservas de suelo para aparcamientos que requería su utilización teórica. La parcela municipal, a la entrada de la localidad por la carretera de A Ramallosa, admitía, sin embargo, un desarrollo residencial. El perito judicial fijó para la primera un valor de 418.116 euros y para la municipal, de 1.422.225 euros. El gobierno de Silva había aceptado una diferencia de valor de 325.000 euros cuando esa diferencia se elevaba, según el perito judicial, a 1.004.000 euros.
La sobrevaloración de la parcela privada y la infravaloración de la municipal había tenido el efecto de burlar el tope del 40% de la diferencia de valor entre ambas para permitir con ello la permuta, ya que de superar ese porcentaje, como era el caso, tendría que haberse tramitado por un sistema de subasta.
El juzgado estimó en su sentencia, en julio de 2007, que había una falta de motivación de la permuta y que hubo "una incorrecta o fraudulenta valoración de las parcelas". Promociones Colmeiro y Martínez recurrió el fallo ante el TSXG, que en sentencia firme, con fecha 30 de junio último, ha desestimado el recurso de la promotora y ha anulado el acuerdo plenario de julio de 2004 que aprobó la permuta.
Ahora el asunto se complica porque en la parcela municipal ya hay construido un bloque de unas 40 viviendas. "Un nuevo pelotazo urbanístico del gobierno de Carlos Silva queda al descubierto", señalaba ayer el BNG al dar a conocer la sentencia, después de la agitación que ha vivido el municipio en las últimas semanas por causa de la moción de censura que expulsó a los nacionalistas del gobierno para hacer alcalde al candidato del PP, Martín Urgal, en un confuso procedimiento de militancias aún no aclarado.
Una primera tentativa de moción de censura, en mayo, fracasó porque el candidato a sustituir al alcalde nacionalista, Antón Araúxo, era el ex alcalde Carlos Silva, condenado a prisión e inhabilitación, como toda su junta de gobierno -aunque están pendientes de que se falle su recurso-, por prevaricación urbanística en relación con un pequeño lote de las más de 300 licencias que concedieron al amparo del plan general de urbanismo anulado por el Tribunal Supremo. La candidatura de Urgal a la alcaldía, en lugar de la "poco estética" de Silva, permitió que la moción de censura prosperase con el apoyo de los cuatro concejales del grupo socialista y de un independiente.
En el nuevo gobierno, Carlos Silva figura como concejal de Hacienda y Personal y es el único que mantiene la militancia en el PP, ya que el resto del grupo pidió la baja momentos antes de ejecutarse la moción de censura, el pasado día 7, "para no perjudicar al partido" en relación con el pacto antitransfuguismo. Todo el grupo socialista, por su parte, fue expulsado del PSdeG por apoyar la moción.
En el pleno que sirivió de estreno al nuevo gobierno, el viernes, los concejales de ambos grupos, que teóricamente deberían engrosar un nuevo grupo de "no adscritos", se reivindicaron como miembros de sus anteriores grupos, un tema secundario, según explicó el nuevo alcalde, Martín Urgal, para quien lo importante es que "hay 12 actas legítimas de concejales que trabajan para que Gondomar avance".
En el PP provincial reafirman ese criterio, hasta el punto de que el vicepresidente de la Diputación y del partido, José Manuel Figueroa, presentó el pasado jueves en la sede de la Diputación en Vigo, junto a Martín Urgal y Carlos Silva, la I Festa da Anguriña, una estrambótica celebración para promocionar el turismo y esa "excelencia gastronómica" de Gondomar de la que no se tenía la menor noticia y que se limita a aprovechar una marca comercial de Pescanova. La festa se celebrará hoy y todo ello es reflejo, según el BNG, de la "corrupción rampante, en urbanismo y en todas las actividades", que se ha reinstalado en el ayuntamiento de Gondomar desde la moción de censura.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 19/07/2009
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Con tapón irrellenable
RAFAEL DE LA FUENTE* : La convocatoria del Consejo de Europa a la cuarta reunión para la implementación de la Convención Europea del Paisaje nos alegró a los españoles que trabajábamos en ella. En lo referente a las expectativas de España, la reunión prometía ser interesante. Tendría lugar los días del 10 al 13 de Mayo de 2006. En el Ljublijanski Grad, el castillo de Ljubljana, la bella capital habsbúrgica de Eslovenia. Parecía un buen augurio. En especial para nosotros. El Gobierno español había firmado la Convención en Florencia el 20 de Octubre del 2000. Pero este tratado internacional aún no había sido ratificado por el Congreso de España.
Los indicios nos confirmaban que la entonces ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona, cumpliría su compromiso con el Consejo de Europa: la convención debería ser ratificada antes del final de aquella legislatura, prevista para la primavera de 2008. Pensábamos que probablemente ésta sería nuestra última reunión antes de la entrada en vigor en nuestro país de este importante tratado internacional, en el que la mayoría de los españoles allí presentes habíamos puesto nuestras esperanzas.
Este convenio, como se le denomina en España, había nacido con dos versiones iniciales, una francesa y la otra en inglés: La Convention Européenne du Paysage (CEP) y la European Landscape Convention (ELC). Una convención es un tratado internacional de mayor rango que un convenio. No pude evitar la impresión que se nos aguaba el título – aunque lógicamente no el contenido– de un tratado que puede ser muy importante para los legítimos intereses de España, como país turístico. Y particularmente por representar este Convenio o Convención una oportunidad para cambiar una situación que desde hace medio siglo parecía no tener salida en nuestro país: la destrucción, impune demasiadas veces, de patrimonios naturales y urbanos muy valiosos, sobre todo desde el punto de vista de los intereses turísticos de España. Además de nocivos efectos colaterales, como la corrupción, enquistada en diversas zonas turísticas de la geografía de nuestro país.
Después de un retraso de siete años, gracias al empeño de la ministra Narbona, el Convenio Europeo del Paisaje fue ratificado por el Congreso el 26 de noviembre de 2007. El 29 de febrero de 2008 se celebró en Madrid el acto institucional que solemnizaba la entrada en vigor en nuestro país del tratado europeo para la protección del paisaje. Con la presencia de personalidades del Consejo de Europa y presidido por la ministra, ya en los últimos metros de su etapa política. El texto del tratado entró en el B.O.E. el día siguiente, el 1 de marzo de 2008. La ministra cumplió con su palabra. Muchos lamentamos que su mandato no continuara en la nueva legislatura.
Ha pasado más de un año y la Convención Europea del Paisaje parece ser uno de los secretos mejor guardados de España, tanto por las Administraciones Autonómicas como la Central. Y esto me trae a la memoria la aparente falta de entusiasmo por la Convención que observé entonces en un importante (y ligeramente despectivo) dignatario español presente en las sesiones de trabajo en aquel histórico castillo de la capital de Eslovenia: el Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno Balear, entonces presidido por don Jaime Matas. Seis meses después, me encontré en los periódicos con la noticia de la detención del Director General. Se le imputaban graves delitos relacionados con el caso Andratx. Un mayúsculo escándalo vinculado a la corrupción urbanística en Baleares y por los que parece ha sido recientemente condenado.
En los tiempos del "ancien régime" se decía que en el extranjero nos envidiaban, ya que España era la gran reserva espiritual de Europa. Pues sí. Y además con tapón irrellenable.
* La Opinión de Málaga - Opinión - 16.07.09
