El revés más grande

LNE* : Gijón es la ciudad de mayor tamaño que se enfrenta a la anulación de su plan urbano, como ya les pasó a Zamora, Orense, Castellón o Ávila. La anulación del PGOU de Gijón por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se suma a la lista de planes urbanísticos derribados por sentencias judiciales en otras ciudades españolas. Una lista que, en realidad, no es demasiado larga, lo que da una mayor trascendencia al caso gijonés. Si bien es cierto que los tribunales han derogado muchos planes parciales y actuaciones urbanísticas concretas, también lo es que rara vez vuelcan un ordenamiento urbano en su totalidad.


Los precedentes más similares al caso gijonés son los de los ayuntamientos de Zamora, Orense, Castellón y Ávila, además de algunos de pequeños municipios que, en ningún caso, sobrepasan los 25.000 habitantes. Por este motivo, Gijón tiene el dudoso honor de haberse convertido en la ciudad de mayor tamaño que sufre una decisión judicial de estas características en toda España.

l Zamora.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el PGOU de 2001 del Ayuntamiento de Zamora al entender que en su momento no se abrió un segundo período de alegaciones. En su día, el Consistorio de la capital zamorana decidió recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, pero inició poco después la revisión del plan para corregir los defectos de forma que ocurrieron durante su tramitación. El alto tribunal decidió en el mes de mayo de este año ratificar la sentencia de la instancia inferior. Una situación que ha abierto importantes dudas sobre el futuro urbanístico de la ciudad, gobernada por la popular Rosa Valdeón. Una de las posibilidades que maneja actualmente la concejalía de Urbanismo es aplicar el anterior plan, del año 1986. Aun así, esta posibilidad ha sido consultada al Gobierno autonómico, que busca también alternativas para solventar la falta de una normativa urbanística en la ciudad. En cualquier caso, la medida que finalmente se adopte será provisional y estará supeditada a la aprobación definitiva de la revisión que se tramita a día de hoy.

l Castellón de la Plana.

Una situación similar se había vivido unos meses antes en Castellón. El Tribunal Supremo anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimaba el recurso de tres vecinas de la capital de La Plana contra la aprobación definitiva de la revisión del PGOU. El planeamiento urbanístico de la ciudad había sido aprobado por la Generalitat valenciana en marzo de 2000, pero el Supremo entendió que el Consistorio levantino obvió un nuevo trámite de información pública que recogiese las modificaciones al documento inicial. Además, el tribunal ordenó la retroacción del procedimiento al momento posterior a la aprobación provisional para que se cumpla la ley y se exponga el plan al público. Las demandantes contra el PGOU castellonense alegaban que la ya derogada ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) incumplía la Constitución. El Supremo consideró que «la regulación establecida en la LRAU no garantiza la participación pública en el proceso de planeamiento, que es lo exigido de manera inequívoca». En su momento, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón -gobernado por el popular Alberto Fabra-, Juan María Calles, calificó la sentencia como «un revés jurídico sin precedentes en el urbanismo español».

l Orense.

Nada menos que ocho sentencias del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) han declarado ilegal el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense, redactado por el anterior equipo de gobierno y aprobado definitivamente por Alberto Núñez Feijoó, actual presidente de la Xunta, cuando era consejero de Manuel Fraga. El Consistorio, ahora regido por una colación entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso para revocar las sentencias y está a la espera de un fallo al respecto. De esta forma, el equipo de gobierno del alcalde Francisco Rodríguez confía en ganar tiempo para redactar un nuevo PXOM. De momento, las perspectivas para el equipo municipal no son nada halagüeñas, ya que el TSXG anuló el plan basándose en que los planos expuestos al público no eran los que se habían aprobado inicialmente en el Ayuntamiento, ya que variaban la edificabilidad. El Supremo ya ha anunciado que ese cambio en los planos «no puede considerarse bajo ningún caso un error». Si finalmente se confirma la anulación del plan, Orense deberá regir su urbanismo según los planteamientos aprobados en 1986, lo que impedirá el crecimiento previsto para la ciudad gallega.

l Ávila.

Un precedente más lejano es de Ávila. En el año 2005, el Supremo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que entendía que el PGOU de la ciudad no era conforme a derecho al permitir la recalificación de 488.000 metros cuadrados sin ser sacados a información pública. Esta situación llevó a la Asociación de Amigos de la Ciudad de Ávila a presentar una denuncia que anuló el plan urbanístico del año 1998. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, quedó incapacitado para conceder licencias de obra a los proyectos que se encontraban en proceso de tramitación. Finalmente, accedió a revisar todo el PGOU.

l Otros casos.

El resto de planes urbanísticos municipales anulados por diferentes tribunales afecta a municipios pequeños. Son numerosos los casos en Galicia, donde nada menos que se ha paralizado la ordenación territorial de cinco ayuntamientos: Tui (Pontevedra), Sada (La Coruña), Viveiro (Lugo), Barreiros (Lugo) y El Grove (Pontevedra). Además, también se han dado otras situaciones similares en lugares como Castell de Guadalest (Alicante), Prado del Rey (Sevilla), Arucas (Las Palmas), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Colindres (Cantabria), Vall de Laguar (Alicante), Guillena (Sevilla) o Llanes (Asturias), por citar algunos. También hay que señalar que otros planes urbanísticos han recibido la negativa de los organismos consultivos de sus respectivas comunidades autónomas. En este sentido, la Xunta ha ordenado la reelaboración del PGOU de Vigo (la mayor ciudad de Galicia) y la Junta de Andalucía ha frenado en varias ocasiones el de Motril (Granada) al observar flagrantes irregularidades.

La Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes, uno de los colectivos ciudadanos más beligerantes contra el PGOU, manifestaba ayer su «gran satisfacción» por la sentencia que anula el planeamiento urbanístico gijonés. «Nuestra lucha es independiente, pero esta sentencia supone para nosotros una noticia estupenda, porque adelanta en buena medida lo que nosotros vamos a conseguir por otro camino», valoraban ayer portavoces de la plataforma, en la que unen fuerzas las dos asociaciones vecinales de Cabueñes. Esta parroquia está afectada por un plan parcial que permite construir 655 viviendas entre la antigua carretera de Villaviciosa y el Hospital. Las gestiones realizadas para tumbar esta operación acabaron por destapar un escándalo que ya ha pasado por la fiscalía y que ahora está pendiente de juicio en los juzgados de instrucción de Gijón. En dicho escándalo está implicado el que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento. «Nosotros siempre hemos sostenido que el desarrollo urbanístico de la ciudad era ilegal y cada vez aparecen más irregularidades», señaló la plataforma de Cabueñes. El colectivo atribuye las deficiencias que el Tribunal Superior de Justicia ha detectado en el PGOU «al interés municipal por aprobarlo cuanto antes para evitar el trámite de evaluación de impacto ambiental de planes y programas». Dos ejemplos de que el procedimiento debería haberse hecho por la vía de la revisión y no de la modificación puntual, como finalmente decidió el Ayuntamiento, «son los planes de Cabueñes o Castiello, que introducen un cambio sustancial en la fisionomía urbanística del concejo».

La Unidá Nacionalista Asturiana (UNA) se sumó ayer, a través de su responsable del área de vivienda, a las voces que piden la dimisión «inmediata» del actual concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. «La situación es caótica e insostenible», argumenta la formación, que dice sentir satisfacción y preocupación a partes iguales ante el fallo que deja sin efecto el actual Plan General de Ordenación Urbana. Satisfacción porque «se da un varapalo a las irregularidades urbanísticas y al aquí vale todo». Y preocupación porque «esta sentencia coloca a la ciudad en una situación de gravísima inseguridad jurídica y es el preludio de más golpes judiciales». La UNA aprovechó, además, para lanzarle un dardo envenenado a Izquierda Unida, que forma tándem con los socialistas en el gobierno municipal: «El socio verde es decorativo».






* La Nueva España - E. MÉNDEZ /M. SUÁREZ - 20.07.09
Foto: Puerto deportivo de Llanes. archivo, lne.es