ECODIARIO/Madrid* : La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha recibido "con reservas" la "Operación Chamartín" presentada ayer por el alcalde de la capital y la ministra de Fomento, y pidió que la mitad de las viviendas promovidas por esta iniciativa sean protegidas.
Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la FRAVM, dijo a Servimedia que "no nos parece que hoy esta sea la operación más importante y urgente que tiene que abordar la ciudad" y consideró que al menos el 50% de las 16.000 viviendas que promueve esta iniciativa deben ser protegidas.
"No se puede preparar una operación para que les salgan los números a las empresas privadas", precisó el portavoz de la FRAVM, quien subrayó que la iniciativa debería aprovechar para cubrir los déficits dotacionales, de zonas verdes, etc., de los distritos y barrios de alrededor de Chamartín.
Explicó que el proyecto lleva aparejadas unas infraestructuras, por lo que habrá que hacer viarios de conexión con el resto de la ciudad o ampliar las líneas de Metro, unas actuaciones que deberán pagar los promotores, no la Comunidad o el Ayuntamiento de Madrid.
"No estamos de acuerdo con que el erario público, con dinero del contribuyente, asuma los gastos enormes que va a tener esta operación", insistió Pérez, quien concluyó que lo que se está haciendo es reforzr el centro de negocio de Madrid, como ya se ha hecho con el proyecto de Las Cuatro Torres.
* Ecodiario.es - Servimedia - 24.12.2008
Foto: Madrid, imagen Operación Chamartin - abc.es
La federación de vecinos pide que la mitad de las viviendas de la "operación chamartín" sean protegidas
La plataforma vecinal de Arzúa lleva el Plan Xeral a los juzgados
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ELCORREO/A Coruña* : La Plataforma Vecinal de Arzúa, creada a raíz de la actuación municipal con respecto al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la aprobación definitiva del documento urbanístico.
Los vecinos protagonizaron incluso alguna manifestación en la localidad al considerar que la forma de actuar de los munícipes no había sido la correcta.
Desde la Plataforma Vecinal consideran que la aprobación del PXOM no se ajusta a la legalidad por lo que interponen el recurso por responsabilidad y en legítima defensa de los vecinos afectados. En un comunicado remitido ayer mismo confiesan que se decidieron a recurrir a la vía judicial "coa esperanza e o desexo de que se resolva en conformidade coa lexislación e se respecten os dereitos dos veciños".
Los miembros de la Plataforma Vecinal entienden que el gobierno del BNG debería haber recapacitado en su momento y atender las demandas que se le hicieron llegar "e así evitar chegar a este punto, pero dado que non accederon a tales peticións non nos queda outro remedio que presentar este recurso".
Los vecinos basarán el recurso que presentan en las modificaciones después de la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal sin exposición pública y otras actuaciones sectoriales al margen de la legalidad.
Estas variaciones, según indica la Plataforma Vecinal, "afectan a maioría das parroquias, tramos do Camiño de Santiago, variacións do catálogo arquitectónico civil, as variacións do solo urbanizable, recortes na edificabilidade ou a redución dos núcleos rurais, e a súa expansión sen base legal ou criterios urbanísticos son suficientes para pensar que o PXOM ven a ser un documento con tintes políticos que foron asumidos desde a Dirección Xeral de Urbanismo por resolución de aprobación definitiva".
La Plataforma Vecinal cree que "esta resolución responde máis a un pacto político que a os intereses urbanísticos consensuados".
* El Correo Gallego - C.G./S.S - 24.12.2008
Foto: Arzúa (A Coruña), concello - concellodearzua.org
Fiscalía investiga irregularidades en la permuta de terrenos de Mestalla
ELPAÍS* : La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal por la permuta de los terrenos del estadio de Mestalla. El ministerio público persigue averiguar si se produjeron irregularidades administrativas en el proceso de permuta de los terrenos que hoy ocupa el nuevo estadio del Valencia en el barrio de Benicalap. La investigación se ha abierto tras la denuncia presentada por la asociación de vecinos afectados por la nueva construcción.
Según los datos de que dispone la Fiscalía, que en breve reclamará información al Ayuntamiento sobre el proceso que se ha seguido, podrían existir irregularidades administrativas respecto a la volumetría aprobada en la permuta. Los vecinos denunciaron a la sección de urbanismo de la Fiscalía de Valencia que el Ayuntamiento vulneró la Ley Urbanística Valenciana y el reglamento de bienes de las entidades locales. Según la denuncia, la propia documentación que describe el proceso de permuta en el que han participado Generalitat, Ayuntamiento y Valencia CF recoge las diferentes justificaciones que se han dado a las recalificaciones en función de las exigencias impuestas por el club deportivo. Los vecinos ponen en duda, esencialmente, que el Ayuntamiento haya usado el argumento del interés general para hacer, por ejemplo, modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana. El gabinete jurídico de la asociación considera que el Ayuntamiento aplicó una normativa de forma incorrecta y que favoreció los intereses del club deportivo contra los de los vecinos.
La Fiscalía revisará toda la documentación y requerirá al Ayuntamiento explicaciones sobre algunos extremos. La Asociación de Vecinos ya denunció ante un juzgado contencioso estos mismos hechos y perdió.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 24/12/2008
Foto: Una vista de las obras del nuevo estadio del Valencia- TANIA CASTRO, elpais.com
Un año y medio de prisión para el ex alcalde de Gondomar
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FARODEVIGO* : El magistrado del Juzgado de lo Penal nº2 de Vigo ha condenado hoy al ex alcalde de Gondomar, José Carlos Silva (del PP), y a los cinco concejales que formaban su comisión de gobierno a una pena de año y medio de prisión por un delito de prevaricación urbanística, cometido de forma continuada.
Según la sentencia comunicada hoy, José Carlos Silva Mariño, José Luis Mosquera Veleiro, Angel Gregores Méndez, Jaime Rial González, Abelardo Meneses González e a José Misa Salgueiro, han sido condenados a pena de cárcel y a una inhabilitación para el ejercicio de cargo municipal durante 8 años.
La vista oral se desarrolló en tres jornadas, dos de ellas celebradas el pasado noviembre y una en diciembre, y en las que el Ministerio Fiscal acusaba a los seis de haber otorgado licencias entre el 7 de diciembre de 2005 y 17 de enero de 2006 a pesar de que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) había sido anulado por los tribunales, lo que consideraba un delito continuado contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 320.2 del Código Penal.
La Fiscalía había pedido año y medio de prisión para cada uno de los acusados (pena que coincide con la reflejada en la sentencia), mientras que la solicitud de inhabilitación ascendía a los 10 años, dos más que los finalmente impuestos. Por su parte, la defensa planteó la libre absolución, puesto que el ex alcalde y sus entonces concejales aseguraron haber dado los permisos con informes favorables de los técnicos.
En la sentencia, que podrá ser recurrida en un plazo de 10 días desde su notificación, el juez considera que, una vez conocido el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspendía de forma cautelar el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gondomar con el que se pretendía adaptar el PGOM a la legalidad y "sin que dicho acuerdo fuese conocido por la señora secretaria del Ayuntamiento" ni por la técnica de la Administración que llevaba los asuntos urbanísticos, las juntas de gobierno local decidieron otorgar cerca de 40 licencias a pesar de que "sabían que las normas no eran aplicables".
OCULTACION
De esta forma, se considera constatada la "ocultación" de la resolución que advertía de la paralización, así como el hecho de que las personas responsables de aprobarlas, los componentes de la junta de gobierno, tenían conocimiento de la irregularidad.
En este sentido, la resolución judicial advierte de que, a pesar de que Silva aseguró no haber tenido conocimiento del contenido del auto de 21 de noviembre hasta el 16 de enero, cuando se lo entregó a la secretaria, el documento había sido remitido vía fax al Ayuntamiento el 30 de noviembre.
"No es de recibo pretender que desde esa fecha hasta el día 16 de enero no se tuvo conocimiento de la resolución", asegura, para añadir que esta falta de información es contradictoria con el hecho de que se recurriese la resolución el mismo día 21 de noviembre (el recurso fue desestimado el 22 de diciembre). Asimismo, también se alude a la "falta de explicaciones" de los acusados, especialmente del ex regidor, y la valora como un "contraindicio" fuerte de que tenían conocimiento de la resolución".
El magistrado afirma en su escrito que, "no se sostiene" la pretensión de la defensa de "amparar" la actuación de los acusados en el hecho de que las licencias las otorgaron en base a los informes técnicos de los funcionarios, dado que los técnicos desconocían el auto de suspensión. "La ocultación de información fue consciente con la clara finalidad de seguir otorgando licencias al amparo de la normativa ilegal".
Además, debido a que las irregularidades se sucedieron en varias juntas de gobierno, durante más de un mes, se ha tenido en cuenta la "continuidad delictiva" en los hechos.
* Faro de Vigo - EFE - 23.12.2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
Piden una moratoria del Plan de Protección de la Huerta que suspenda licencias y PAI
LEVANTE/Valencia* : Per L'Horta (PLH), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Xúquer Viu i CCOO-PV pedirán una moratoria del Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta Valenciana (PATPHV) que incluya la suspensión de licencias y de acuerdos de aprobación de Programas de Actuación Integrada (PAI), así como un estricto control de sobre todas las actuaciones que directa o indirectamente puedan suponer una disminución del suelo no urbanizable catalogado como de valor agrícola.
Así lo anunciaron hoy representantes de estos colectivos en rueda de prensa, después de que ayer concluyera el período de participación pública del Plan, al que han presentado 11 alegaciones, por considerarlo "insuficiente, limitado, sin ambición y carente de compromisos económicos concretos", que se conforma con una "visión paisajística".
De seguir así, "a la huerta le quedan entre 15 y 20 para desaparecer tal y como la conocemos ahora", advirtieron, ya que, según un estudio que están realizando, "se han perdido 12,5 millones de metros cuadrados de huerta desde el año 2000". Ante esta situación, consideraron que debe ampliarse el período de alegaciones, puesto que, según dijeron, el proceso de participación pública ya cerrado, ha resultado "corto", además de estar "manipulado y teledirigido".
Para Per L'Horta (PLH), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Xúquer Viu i CCOO-PV es necesario que el Plan incorpore un completo estudio sobre la movilidad e infraestructuras de transporte metropolitano de ciudadanos y mercancías, además de la creación de un ente supranacional con competencias efectivas de dirección y coordinación en materia territorial.
Asimismo, reclamaron un plan de viabilidad económico financiera para que el PATPHV incluya compromisos efectivos que sirva para asegurar e impulsar la agricultura, y para crear un Fondo Autonómico de Compensación Interterritorial que corrija los desequilibrios territoriales y socioeconómicos.
Solicitaron también que se hagan desaparecer las llamadas "reservas de estudio" para zonas en las que algunos ayuntamientos están haciendo o piensan hacer "actuaciones claramente contradictorias con el PATPHV". En este sentido, el presidente de Per L'Horta, Antonio Montiel, consideró con este Plan, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "reconoce su debilidad al dejar cosas para un futuro estudio".
"PRISIONERO DE INTERESES INMOBILIDARIOS Y ALCALDES"
En su opinión, el jefe del Consell "es prisionero de un puñado de intereses inmobiliarios y de un puñado de alcaldes de su propio partido que condicionan su política territorial". "Le falta voluntad", lamentó.
En este línea, Montiel apuntó que "más allá de la selección natural del mercado", propiciada por la recesión económica, "ahora es el momento en que el gobierno de la Generalitat podría hacer un acto real y ambicioso" y aplicar una moratoria al PATPHV. Además, "ahora encontrará menos resistencia por parte de la gente que lo condicionó en su momento", indicó.
"Creo que llevamos mucho tiempo conformándonos con aquello que es mejor que nada, y creo que ahora es un momento histórico, una oportunidad que no debemos perder porque estaríamos perdiendo algo más, la huerta", sentenció.
Por su parte, Joan Martínez de CCOO-PV puso de manifiesto las posibilidades que podría ofrecer un Plan mejorado "dinamizando aspectos que generen empleo, con una mejora de los usos del suelo, que genere actividades para la agricultura, por ejemplo agricultura especializada.
Martínez puso de manifiesto la "falta de coherencia de un Plan que no recoge aspectos como son el reto del desarrollo portuario y de infraestructuras, eludiendo así la oportunidad de mejorar la movilidad de los ciudadanos y las mercancías", lamentó.
Por su parte, el presidente de ACPV, Eliseu Climent, hizo hincapié en la "indefensión" en la que deja el texto actual a la huerta, donde "cada ayuntamiento hará lo que quiera" a través de los planes locales.
Ante esta situación, consideraron que "paralelamente" a la solicitud de la moratoria, la ciudadanía habría de movilizarse porque "además de pedir aspectos jurídicos, los ciudadanos también tenemos que demostrar que estamos en contra".
* Levante-EMV - EUROPA PRESS - 23.12.2008
Foto: Valencia, huerta - cma.gva.es
Vecinos del Nevada alzan su voz
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LAOPINIÓN/Granada* : Los vecinos de la urbanización colindante al centro comercial Nevada tienen miedo a quedar estrangulados y es por ello que no quieren permanecer ajenos al procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción 6 de Granada. Hace unas semanas presentaron un escrito para personarse como perjudicados en el proceso, donde recogen los daños directos que, incluso antes de su apertura al público, les está ocasionando el centro comercial.
El problema derivado por la reducción del ancho de las calles de la urbanización, en concreto en Aristóteles y Darwin -por donde discurrirá el metro ligero-, la eliminación de los espacios verdes que se recogían en el POTAUG, el riesgo a inundaciones, la pérdida de movilidad en el residencial y el más que probable colapso de tráfico por la imprevisión de accesos son las principales razones que el vecindario ha trasladado al juez, quien deberá decidir si autoriza su personación en la causa.
A tenor del contenido del escrito, al que ha tenido acceso este diario, se observa la preocupación con la que los vecinos vienen siguiendo los acontecimientos del caso Nevada por el que se encuentran imputados, entre otros, el ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor del centro, Tomás Olivo.
Los efectos negativos de su construcción ya son, en algunos casos, visibles como apuntan en su escrito los vecinos, que echan mano de los informes periciales y otros estudios que han ido incorporándose a la causa penal e incluso al contencioso administrativo que interpuso la Junta de Andalucía.
Los vecinos no entienden cómo se permitió destruir un vial transversal de 15 metros de anchura que cruzaba el centro comercial y que obligará a desviar el tráfico por Darwin y Aristóteles, calles que, a su vez, han pasado de tener un ancho de calzada de 20 metros a 15, precisamente una de las razones que esgrimió la Junta para presentar un contencioso ante el juez.
La situación se agrava con la construcción del metro ligero por ambas calles, con un ancho de doble vía, lo que dejará la calzada en 6,6 metros: dos carriles pegados a las viviendas de 3,30 metros de ancho, sin aceras y compartido por vehículos y peatones. Los vecinos temen que la reducción de este vial afecte a las situaciones de emergencia.
En este sentido, culpan al Ayuntamiento de Armilla de modificar, sin ajustarse a la normativa del POTAUG, el ancho del viario y permitir el paso del metro ligero, cuestiones que "pueden poner en peligro la integridad de las personas".
También solicitan que se restituyan los espacios verdes después de haber quedado constatado en los informes periciales que se ha invadido espacios libres y zonas destinadas al esparcimiento de los vecinos.
Otra de sus preocupaciones se refiere a la posibilidad, contemplada también en distintos informes, de que sus casas y garajes se puedan inundar por la incapacidad de los colectores de absorber el agua de lluvia.
Los vecinos temen que la impermeabilización de la cubierta del Nevada produzca un efecto ´paraguas´ que termine por desviar el agua e inundar sus casas, como así ocurrió en la primera lluvia torrencial que se produjo hace algunos meses. Es por ello que los residentes exigen que se hagan obras que garanticen el desalojo del agua.
Movilidad. En cuanto a la movilidad interna del residencial, los vecinos se sienten engañados. "Cada vecino de las calles Darwin y Aristóteles, para salir de su casa hacia Armilla, la capital o cualquier otro punto, deberán compartir viales colapsados por un centro comercial debido a la merma que en la movilidad de la zona se ha producido con la eliminación del vial y la reducción (más el metro) del supramunicipal", alegan los vecinos, molestos por haber pasado de "comprar casas con aparcamiento a que nos los quiten de un plumazo".
Por último, vaticinan el colapso de tráfico que se producirá una vez que el centro comercial abra las puertas y tras quedar acreditada la "falta de rigor y calidad técnica" del estudio de movilidad que se aportó al proyecto del Nevada. Los vecinos y los visitantes al centro deberán compartir a diario las mismas "estrechas calzadas".
A falta de lo que decida el juez de instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, la Fiscalía considera que no es el momento oportuno para que los vecinos se personan como perjudicados. Llegado el caso, el fiscal vería más factible que lo hicieran como acusación particular.
* La Opinión de Granada - Á. CALLEJA - 23.12.2008
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - ideal.es
Más de 8.000 pillados en la trampa del ladrillo
PÚBLICO* : Las históricas suspensiones de pagos sufridas por las inmobiliarias Martinsa Fadesa, Habitat y Tremón han creado una gran trampa para más de 8.000 compradores que adquirieron un piso sobre plano. Las tres promotoras presentaron concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) porque les asfixiaba una deuda conjunta de 10.000 millones de euros con la banca, los proveedores y los compradores, aunque esta última es la que menos pesaen el total.
El problema es que no hay seguridad de que, al final, los adquirentes reciban su vivienda porque depende de que la inmobiliaria en cuestión y los administradores concursales decidan qué promociones son viables para la empresa, explican los expertos. En ese caso, se finalizan las obras.
El mayor perjuicio lo ha provocado Martinsa Fadesa, hasta ahora la mayor suspensión de pagos española, con una deuda de 7.005 millones. La mayor parte de los 401 millones en créditos contigentes aquellos que aún no son considerados deuda, pero lo serán en el futuro si la promotora incumple su contrato con el cliente recogen los pagos a cuenta que han realizado los aproximadamente 4.000 adquirentes de piso, que confían en verloterminado.
Esta cifra la da la propia empresa y sólo incluye los de España, no los de las filiales de Europa del Este, pero pueden ser más porque esta cantidad significaría que cada comprador ha adelantado casi una media de 100.000 euros, algo imposible para un particular. Bien es cierto que algunos adquirentes son empresas que han podido comprar edificios para alquiler o venta y, en ese caso, sí pueden haber anticipado esos 100.000 euros.
Habitat sólo hablaba de 250
La catalana Habitat, la última en caer el pasado 28 de noviembre, ha protagonizado el segundo mayor concurso de acreedores del país. La empresa que preside Bruno Figueras ha asegurado que sólo 250 compradores estaban afectados. Sin embargo, el número se eleva a más de 2.000 atrapados que están pendientes de que se les entregue su vivienda, según fuentes implicadas en el concurso de acreedores.
Esos 250 adquirentes de los que hablaba Habitat son sólo aquellos que tienen preferencia a la hora de recibir su inmueble. La razón es que tienen la suerte de que sus pisos están incluidos en promociones bastante avanzadas que van a poder terminarse en un plazo de tiempo razonable, según las citadas fuentes.
De hecho, el trámite está siendo bastante rápido. El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Feijoo, ha dado la preceptiva autorización para poder continuar con la construcción de 90 pisos (también hay trasteros y garajes) desde que admitió el concurso de acreedores de la promotora, el pasado 4 de diciembre. La intención es que antes de fin de año se dé curso, si es posible, a las peticiones de los 250 compradores afectados. El juzgado ha puesto a disposición de éstos un correo electrónico.
Por su parte, Tremón también ha dejado unos 2.000 pisos por hacer, como confirmó la propia empresa en su día.
Cosmani tuvo un buen final
El caso de la inmobiliaria Cosmani, que suspendió pagos con una deuda de 350 millones, es esperanzador para los compradores atrapados, ya que todos los afectados (eran menos de 300) recibieron su piso, según fuentes próximas a la empresa. En los grandes concursos de acreedores podrá haber promociones que decidan no terminarse. Esto es una decisión que toman la empresa junto con la Administración concursal que supervisa la gestión de la compañía. En el caso de promociones que no van a finalizarse los compradores se convierten en acreedores, pero serían los últimos en cobrar si queda dinero, algo poco probable, según los expertos jurídicos.
* Público - SUSANA R. ARENES - MADRID - 22/12/2008
Foto: Hay 4.000 compradores afectados por Martinsa. - M. riopa, publico.es
Málaga: sus errores urbanísticos
JOAQUÍN CESTINO* : La inconcebible demora en la efectiva y total depuración de las aguas residuales que vierten al mar. La antigua permisividad ante la masificación urbanística promovida por interesados promotores en distintas áreas de la ciudad. La imprevisión en el proyecto y ejecución de las infraestructuras viarias que el crecimiento demanda. La pasividad e incapacidad, quizás impotencia, para evitar el abandono y la marginalidad de nuestro viejo centro histórico. Estas son algunas de las graves irresponsabilidades en las que, durante muchos años, incurrieron los políticos malagueños que nos gobernaron.
Pero ya sabemos que de poco valen quejas y reproches.
Pudimos tener un litoral abierto, limpio, despejado, bien preparado para los requerimientos propios, y técnicamente perfecto para su incorporación a la gran demanda turística de la Costa del Sol. En su lugar tenemos cambiantes playas artificiales que los temporales de levante vacían de sus arenas todos los inviernos, y cuyas aguas, aún hoy, no suelen invitar al baño. Un litoral sin verdaderas instalaciones, hoteles e infraestructuras atractivas para un turismo aceptable. Tenemos un paseo marítimo hacia el este que en su primer tramo es de insuficiente anchura y está agobiado por altos edificios, y en su segundo y más prolongado tramo es una carretera con estrechas aceras. Y otro paseo marítimo hacia el oeste, más amplio y dotado, pero ocupado casi exclusivamente por bloques de viviendas. ¿Podremos esperar que, llegado el caso, la Diputación y el urbanismo municipal, en un ejercicio saludable de modestia ante la crisis, reconviertan en hoteles sus magníficos edificios en primera línea del litoral?
Pudimos tener áreas urbanas, barriadas, bien comunicadas, con pocas alturas y amplios espacios ajardinados, gratas a la vida y a la vista. Pero hemos heredado algunos barrios que ya fueron marginales desde su inauguración. Con la construcción de La Malagueta, se destruyó la zona mejor situada de la ciudad. Nunca se completó el tejido urbano entre los sectores incorporados a la ciudad. Nunca se pensó en la funcionalidad, comercios y servicios, tampoco en la cultura, el deporte o el ocio de esas barriadas. Poco se pensó en la arquitectura adecuada a la especificidad de los lugares que se urbanizaban. Poco se pensó en el paisaje o en la defensa de los montes litorales o interiores. Así creció esta gran conurbación que puede identificarse como una ciudad archipiélago. Es ahora cuando el Ayuntamiento desea obtener de los fondos Feder más de 4.000 millones de las antiguas pesetas para la recuperación de los barrios degradados.
Pudimos conservar el atractivo y acogedor centro antiguo de la ciudad. Sus valiosos edificios del siglo diecinueve, sus comercios y cafés, su vida intensa y amable. Pero sólo tenemos la calle Larios y algunas pocas más que puedan ser atractivas para el visitante. Amplias zonas, múltiples calles, abandonadas a su suerte. Gran parte de los inmuebles en evidente deterioro. Un centro impresentable, pleno de oscuridades, suciedades y pintadas. Donde el turista sólo puede hallar el desagrado o la inquietud.
También pudo proyectarse la reconversión adecuada de los muelles cercanos, el uno y el dos, de nuestro Puerto. Pudo promoverse la integración de ambos, formando un área única y singular, con los espacios monumentales y museísticos, Aduana, Teatro Romano, Alcazaba, Catedral, Museo Picasso. Sin embargo, tuvimos que oír, una vez tras otra, el inconsistente tópico de que había que abrir el Puerto a la ciudad, o la ciudad al mar. ¿Por qué abrirse al mar justamente por el Puerto, que es un importante centro de actividad económica para la ciudad, un espacio productivo de primer orden, y cuyo recinto está protegido por las leyes internacionales? Un recinto que limita con el mar en sólo un 15% de la longitud total del litoral municipal.
Desde el principio pudo verse que lo que sobre todo se buscaba era la comercialidad del lugar. Se impuso una vez más la obtención de fáciles plusvalías a partir del suelo público. Vialia y la antigua Fábrica de Tabacos son ejemplos de esa rechazable forma de administrar lo público con criterios privados. Lo ha dicho el decano del Colegio de Arquitectos, Francisco San Martín, cuando ha escrito que la cultura urbana de la construcción de esta ciudad es ya en un puro ejercicio mercantilista.
Ahora parece que, como dice el reclamo publicitario del muelle uno, vamos a tener ocio, moda, arte y restauración. Puede ser. Setenta locales comerciales van a estar dispuestos para ello. Un nuevo centro comercial y de ocio, probablemente sin sentido en este lugar. Quioscos, pérgolas, marquesinas, terrazas, palmeras y huertos de frutales (?) completarán el escenario. Y es posible que si llega también a los muelles uno y dos la llamada movida, el temido botellón, algunos considerarán esto como un logro social y político. Ya hemos dicho que de nada vale quejarse. Sin embargo, el recuerdo y la anotación tal vez, de lo que se hizo mal, puede ayudar a que no se repitan nuevamente los errores pasados.
Málaga es una ciudad favorecida por su situación geográfica y su agradable clima. Málaga es ya casi una ciudad global. Pero ese necesario paso, ese difícil problema que supone la transformación de la ciudad local en ciudad global, que como ha dicho el arquitecto Thom Mayne, premio Pritzker en el año 2005, es compleja y prácticamente incontrolable, aún no se ha consumado. Esperemos que la actual crisis globalizada, económica y financiera, mueva a los ciudadanos y contribuya al menos a que la dormida sociedad civil reaccione contra la falta de control, de ideas y de sentido social de los políticos. Contra la sumisión de estos a las presiones económicas del capital. Contra la falta de perspectiva en el tiempo y en el espacio que aquellos evidencian.
* Málaga Hoy - Opinión - 23.12.2008
Los planos falsos del Algarrobico llegan a la fiscalía
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PÚBLICO* : La Fiscalía de Almería investiga ya si algún responsable de la Junta de Andalucía cometió un delito al modificar los planos que impedían la construcción en la zona donde la promotora Azata del Sol comenzó a levantar el hotel el Algarrobico, símbolo de la destrucción del litoral.
Las pesquisas comenzaron después de que el juez Jesús Rivera, en la sentencia en la que declaraba nula la licencia municipal de obra, detectase indicios de un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y de otro contra la ordenación del territorio, que acarrea penas de cárcel.
En 1994, la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Ordenación de Cabo de Gata, que declaraba la zona donde ahora se ubica el polémico hotel como de especial protección, lo que impedía cualquier construcción. Posteriormente, según el juez Rivera, la administración autonómica, “en una burda maniobra para orillar” las limitaciones a la edificación en ese terreno que imponía el plan, modificó los planos oficiales “de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico” y “sin someterla a procedimiento alguno” y trató así de convertir la zona en urbanizable, lo que permitió la construcción del hotel. El juez Rivera y la Audiencia Nacional han dejado claro que el único plano que tiene efectos jurídicos es el aprobado oficialmente, el de 1994, y, por tanto, que el Algarrobico se construyó en terrenos de interés general.
Los informes y los discursos
Tanto la actual consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo (PSOE), como su antecesora en el cargo, Fuensanta Coves (PSOE), apoyándose en los planos falsos, han sostenido que el plan de 1994 incluía el paraje del Algarrobico en zona urbanizable. Sin embargo, la propia administración autonómica, en un informe de 3 de junio de 2005 de la consejería de Obras Públicas afirmaba exactamente lo contrario, que esa zona estaba clasificada como de especial protección.
Además, la Junta reconoció en otro informe, de 11 de marzo de 2008, que los planos contenían “un error” y que la consejería de Medio Ambiente lo había resuelto “por vía de hecho”, es decir, sin observar los procedimientos legalmente establecidos. El error al que se refiere el informe es el siguiente: “Debido a las reducidas dimensiones del Boletín Oficial, [los planos] resultan de difícil legibilidad, no permitiendo concluir con certeza la zonificación”. Es decir, que viéndolos no se sabe si la zona del Algarrobico está protegida o no.
El juez Rivera califica este argumento de “insólito y falso” y –después de haberlo comprobado con sucesivas ampliaciones sobre el plano– asegura que se obtiene “sin género de dudas”, que la parcela donde se llevaron a cabo las obras del hotel, está protegida.
* Público - RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 18/12/2008
Foto: El Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel mar08 - F.Bonilla, publico.es
El soterramiento del ferrocarril (O cómo derrochar dinero de todos en tiempo de crisis)
CARLOS MIGUÉLEZ/Logroño* : Si algo está definiendo a nuestra clase dirigente es la alegría con la que gastan, algunos casos dilapidan, los dineros públicos. Qué sensación, cuasi erótica debe ser derrochar unos millones sin que nadie te pida cuentas... Y si las piden qué? Ya saldrá la grupo municipal, parlamentario etc. a echar un capote. Un ejemplo: el soterramiento del ferrocarril en Logroño. Para ser francos, realmente es una obra necesaria? Respuesta: rotundamente no.
Segunda pregunta: hay que hacerlo justamente ahora, en medio de un crisis económica extraordinaria, cuyas últimas consecuencias están todavía lejos de vislumbrase?
Y tercera cuestión: Una vez que se ha decidido seguir adelante, hay que empezar las obras justamente donde menos falta hace, es decir, en la estación, donde el terreno es más amplio y despejado?
Antes de continuar, debo de admitir que soy aficionado y un gran defensor del ferrocarril, medio de transporte que considero absolutamente imprescindible (para vertebrar el país, para descongestionar las carreteras, para contaminar menos, para ahorrar energía...) y que en España ha sido injustamente postergado cuando no denostado. Casi me atrevo a decir que, en buena medida somos un país «anti-tren».
Con respecto a la primera cuestión planteada: de unos años a esta parte, las ciudades españolas le han declarado la guerra al tren, el tendido ferroviario molesta a las autoridades municipales, y dado que no lo pueden hacer desaparecer, tratan de ocultarlo.
Uno de los argumentos más absurdos y reiterados es que el ferrocarril parte la ciudad en dos... el tren nunca separa, une ciudades, pueblos y personas. Cuando se tendieron las vías, a mediados-finales del Siglo XIX, estaban en la periferia de las poblaciones. Posteriormente éstas crecieron y englobaron los tendidos. Por desgracia, muchas veces no se tuvo ninguna consideración urbanística y las casas (generalmente, barrios humildes) se edificaban casi rozando el tendido... y ahora no se soporta, pero de eso no tienen culpa el tren ni las compañías ferroviarias. Algo habría que preguntar a los planificadores municipales de todas las épocas.
En la actualidad, no creo que haya alguna ciudad española que no tenga entre sus prioridades absolutas (entre otras necesidades vitales, como los museos de arte contemporáneo, los palacios de exposiciones y congresos...) hacer desaparecer el tren de la vista. En ocasiones puede estar justificado, en el caso de Logroño, en absoluto. Además, realmente la ciudad necesita todo ese espacio para crecer? Yo creo que no, véanse los edificios a medio hacer, los solares por edificar...
Desde luego, esto no ocurre en otros países europeos y americanos, donde el tren atraviesa pueblos y ciudades sin que la gente proteste. Como muestra, pueden ver la fotografía que ilustra este artículo, tomada en Suiza.
Muy significativo es el caso de los Estados Unidos: en muchas poblaciones, incluso grandes ciudades, el tren pasa a nivel de suelo, casi sin barreras, sin problemas compartiendo espacio con calles, incluso bulevares, terrazas... sin más problemas.
Más aún, los «peligrosísimos» pasos a nivel: en EEUU, un mercancías puede tener tranquilamente 200 vagones (de mayor tamaño que los europeos) y estar arrastrado por cinco o seis locomotoras; son trenes que tardan media hora en pasar, y según los que han viajado a aquel país y lo conocen bien, los automovilistas aguardan pacientemente y no protestan ruidosamente. Supongo que es una cuestión de educación. Hay más: la estación de Logroño, por desgracia, apenas tiene tráfico de viajeros y muy poco de mercancías, por lo que el ruido que generan los convoyes no es continuo ni, por ende, molesto.
Personalmente me llama mucho la atención la preocupación de ciertas personas por acabar con el ferrocarril, personas que no sienten ninguna preocupación por aliviar las molestias que causa cada día el intenso tráfico; tan difícil es, pongo por ejemplo,
Respondiendo a la tercera cuestión planteada: por qué se han empezado las obras en la estación? Allí el terreno es amplio y despejado, las viviendas están lejos; no hubiera sido razonable comenzar a soterrar donde más puede molestar a los vecinos, es decir a partir del puente que cruza la vía a la altura de la avenida de Madrid en dirección oeste? Además, sería más fácil, pues la vía discurre parcialmente por debajo del nivel del suelo. Pues no, señoras y señores, lo primero es que desaparezca la estación de toda la vida (un bonito edificio, dicho sea de paso, aunque a algunos «estilistas» les produzca náuseas) y hacer otra... subterránea. Eso, si hay recursos, pues da la sensación de que el galpón provisionalmente levantado va a durar más de lo previsto.
Una vez derruido todo, se procederá a urbanizar la zona y según el plan trazado, edificar cinco torres de nada menos que 23 alturas; me imagino que en la primera se meterá a todo Logroño y comarca, la segunda será para la Rioja Alta y la tercera para la Rioja Baja; respecto a las otras, a ver si hay suerte y podemos meter a todos los habitantes de la Rioja Alavesa.
Como otras veces he escrito, tengo pocas esperanzas de que estas líneas puedan influir algo en el triste devenir de los acontecimientos; una vez tomada la decisión, se sigue adelante cueste lo que cueste sin meditar las consecuencias... Pero al menos que quede constancia de que algunos ciudadanos no comulgamos con ruedas de molino.
* La Rioja - Opinión - 21.12.2008
Asociaciones de Paterna critican que la empresa municipal gaste 6 millones en su sede
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LEVANTE/Valencia* : La Plataforma Ciutadana de Paterna, una entidad recientemente constituida que agrupa a tres asociaciones vecinales, ha tildado de "escandaloso" que la Sociedad Urbanística Municipal (Sumpa) vaya a gastarse 6,1 millones de euros en la compra de una nueva sede en el Parc Tecnològic.
Estos colectivos opinan que "en tiempos de crisis y de austeridad presupuestaria" la compra es "contradictoria e innecesaria, así como presuntamente ilegal".
Las entidades critican que la adquisición "se va a realizar sin ningún tipo de concurso público, lo que permite albergar graves dudas sobre la idoneidad de la operación ante la falta de transparencia".
La plataforma ha criticado que la operación, aprobada por la unanimidad de todos los grupos municipales, "ha sido mantenida en secreto a la ciudadanía, ya que ni siquiera se informó al Consejo de Participación Ciudadana". Este consenso lo consideran "sencillamente escandaloso y de repugnante politiqueo a espaldas de los auténticos intereses de los vecinos".
Impedir la operación
Por todo ello, la Plataforma Ciutadana, que agrupa a entidades de La Canyada y Terramelar, insta "a los partidos de la oposición y al resto de las entidades responsables del municipio" a impedir que se consume la operación "que se ha fraguado de espaldas los intereses de los ciudadanos de Paterna".
* Levante-EMV - 21.12.2008
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es
Los ecologistas respaldan el derribo de casas ilegales en Chipiona y Benaocaz
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DIARIODECÁDIZ* : Tres días después de que cientos de vecinos se manifestasen en Chipiona en contra del derribo de una veintena de casas ilegales y después de que la consejera de Medio Ambiente expresase su firmeza frente a un hotel rural levantado al margen de la ley en Tavizna (Benaocaz), en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema, Ecologistas en Acción emitió ayer un comunicado en el que apoya las demoliciones y la restitución de la legalidad.
En el escrito, Ecologistas en Acción muestra públicamente su apoyo a dichas sentencias dictadas contra estas construcciones ilegales y advierte a las administraciones que los denunciaron (Ayuntamiento de Chipiona y Consejería de Medio Ambiente), que "su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes".
Los conservacionistas estiman que los vecinos de Chipiona afectados por los derribos construyeron "sus viviendas ilegales a sabiendas de que lo eran, y no valen las consabidas comparaciones con otros términos municipales".
Por eso advierten que "la Justicia debe actuar en todos sitios, y lo está haciendo, existiendo ya un importante cúmulo de sentencias de demolición, las más importantes contra el hotel de Montenmedio (ya ejecutada) y contra el complejo turístico de Las Beatillas (El Puerto), pendiente de ejecución".
Los ecologistas recuerdan que en unas recientes Jornadas sobre delitos urbanísticos, los alcaldes de todos los partidos coincidieron en defender la legalidad urbanística. Y en que había que actuar desde el principio para prevenir la proliferación de construcciones ilegales, "exigiendo algunos más diligencia y contundencia a la Justicia".
Sin embargo -objeta la organización- "cuando tienen el problema en casa, actúan defendiendo a los infractores y delincuentes urbanísticos, asegurando que les legalizarán las casas, como está haciendo el alcalde de Chipiona, o poniendo trabas a la demoliciones, como ha hecho recientemente el alcalde de Benaocaz". Los conservacionistas argumentan que la Fiscalía de Medio Ambiente viene advirtiendo que los procesos de legalización de viviendas ilegales provocan "un efecto llamada", multiplicándose las urbanizaciones y parcelaciones ilegales ante la expectativa de nuevos procesos de "regularización".
Ecologistas en Acción manifiesta su firme intención de seguir apoyando a la Fiscalía de Medio Ambiente en sus denuncias contra todas las urbanizaciones y edificaciones ilegales, y pidiendo la demolición de todas ellas, como "única medida efectiva para atajar este cáncer que corroe la mayoría de nuestros municipios".
También espera el colectivo que la modificación del Código Penal de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, que incluye penas mayores e incorpora nuevos tipos penales -como el castigo del funcionario que "hubiere silenciado la infracción de las normas"-, sirva para acabar con la "connivencia" de áreas técnicas y políticas de "muchos Ayuntamientos" con estos delitos.
* Diario de Cádiz - 20.12.2008
Foto: Chipiona (Cádiz) - uca.es
Protesta contra el cierre de la M-50
MADRIDIARIO* : Medio millar de vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se han manifestado este sábado por las calles de ambos municipios para mostrar su rechazo al proyecto de ampliación y cierre de la M-50 a su paso por estas localidades.
Los participantes comenzaron la protesta a las puertas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y finalizaron frente al de Alcobendas, atravesando la avenida de España al grito de "La M-50 la vamos a parar" y "No dejes que la M-50 te devore", y realizando varias sentadas en medio de la calle a lo largo del camino.
El portavoz de la Plataforma M-50 No, Rafael Herguezabal, ha señalado que la protesta ha surgido a raíz de su "insatisfacción" por la respuesta del Gobierno regional a las 4.500 alegaciones presentadas contra una propuesta que consideran tendrá un impacto medioambiental "muy grave" en la zona.
"Creemos que su ampliación es innecesaria porque no va a solucionar los problemas de movilidad que existen y, además, va a ser perjudicial para la calidad de vida de los vecinos, por su contaminación acústica y atmosférica", ha explicado Herguezabal. En concreto, desde la plataforma, formada hace tres meses por asociaciones vecinales, ecologistas y varios partidos políticos, se denuncia que el anteproyecto del cierre de la M-50, bautizado como M-61, afectaría a varios desarrollos urbanísticos ubicados en Dehesa Vieja, Tempranales y Fuentelucha.
Según Herguezabal, la futura carretera pasaría a escasos 50 metros de una parcela en Tempranales en la que se prevé la construcción de más de 400 viviendas de protección pública, a unos 100 de las ya construidas en Fuentelucha y a unos 30 metros de algunas instalaciones del polideportivo municipal de San Sebastián de los Reyes. Otra de las críticas vecinales es que la ampliación de la vía supondría la destrucción del nuevo parque de la Dehesa Vieja, unas 50 hectáreas de zona verde, recientemente inaugurado, en el que se han invertido más de 11 millones de euros.
La plataforma ha exigido durante la manifestación una reunión con los alcaldes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, así como con el Gobierno regional, con el fin de obtener información sobre la situación del proyecto, y ha anunciado futuras movilizaciones frente a la sede de la Comunidad de Madrid si éste no se paraliza. Por su parte, el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, ha mostrado su apoyo al cierre de la M-50, al considerar que el proyecto "es la vía más natural para aliviar el tráfico en la zona norte" y ha señalado que el 80 por ciento del trazado a su paso por el municipio se va a soterrar.
Además, la concejala de Urbanismo de San Sebastián, Mar Escudero, ha calificado de "inoportuna" la manifestación convocada por la plataforma "cuando estamos en una fase de anteproyecto y el Ayuntamiento ha realizado alegaciones que se orientan a minimizar su impacto ambiental y que aún no han sido evaluadas definitivamente", ha señalado. Por otro lado, Juventudes Socialistas de Madrid (JSM) se ha sumado también a la protesta contra el cierre de la M-50, al considerar que afectará "gravemente" a los vecinos de ambas localidades y al medio ambiente.
El secretario general de JSM, Daniel Méndez, ha denunciado que esta ampliación atravesará zonas de un gran valor ambiental en la región como el parque forestal El Retamar, el Parque Nacional en la Sierra de Guadarrama o el entorno del Arroyo Quiñones.
* Madridiario - EFE - 20.12.2008
Foto: Madrid, M-50 - madridiario.es
La Vila dio al Atrium otra licencia con exceso de obra
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ELPAÍS/Alicante* : El marasmo burocrático que envuelve la construcción, ilegalización por exceso de obra y, de nuevo, autorización del hotel Atrium Beach proyectado en primera línea de la playa de La Vila Joiosa conoció ayer otro paradójico episodio. El PP de La Vila Joiosa entregó una nueva licencia a Hotel Luna, SA, promotora del Atrium Beach, el 18 de diciembre de 2006, que, según un informe de un técnico municipal, superaba la volumetría autorizada.
El documento, elaborado en octubre de 2007, revela que la promotora no llegó a demoler el primitivo exceso de obra. El informe fue realizado a petición del gobierno local del cuatripartito, pese a lo cual no adoptó ninguna iniciativa. El dueño del hotel niega la existencia del documento.
El informe resuelve, por un lado, que la superficie demolida es de 6.600 metros cuadrados de forjados, "es decir, sólo el 44% de la que debía ser [14.470 metros cuadrados]". Y en cuanto al análisis de la nueva licencia municipal sobre el proyecto del complejo hotelero, el técnico afirma que se ha aplicado la bonificación hotelera prevista por el PGOU de La Vila a las tres parcelas en las que se asienta el hotel, cuando una de ellas tiene uso residencial.
El ex concejal de Urbanismo y portavoz del Bloc, Vicent Serra, asegura que el informe lo encargó él al arquitecto municipal, Francisco de Asís, para conocer el estado real de la demolición, y figura en el expediente municipal. Serra matizó que su gobierno "no actuó" porque luego se elaboraron "otros informes". El nuevo edil del área, Jerónimo Lloret, del PP, manifestó que "el expediente del Atrium está aparcado".
Desde la promotora Hotel Luna, SA, su portavoz, Javier García, calificó de "obsoleto" el informe, y puso en duda que forme parte del expediente. Según García "con posterioridad" a esa fecha "se derribaron 50 metros cuadrados que sobresalían del sótano". Ese elemento "a efectos de cómputo equivale a toda la planta, 8.000 metros cuadrados", por lo que sí habría cumplido con las exigencias de la Consejería de Territorio. García descalificó los argumentos del informe sobre el exceso de edificabilidad en la nueva licencia. García aseguró: "Estamos convencidos de los intereses ocultos que encierran todas estas operaciones y hemos puesto el caso en manos de nuestros abogados". "Estamos muy tranquilos con nuestra licencia en la mano y todo el expediente resuelto", concluyó.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - 20.12.2008
Foto: Villajoyosa (Alicante), complejo hotelero Atrium - diarioinformacion.com
Los opositores al polígono de Villagodio reparten gratis dos mil kilos de patatas
LAOPINIÓN/Zamora* : El reparto gratuito de dos mil kilos de patatas en pleno centro de Zamora, en la plaza de Castilla y León, fue el reclamo elegido por la Plataforma para el mantenimiento agropecuario de Zamora para dar a conocer la campaña de recogida de firmas contra la construcción de un polígono industrial en Villagodio.
El portavoz de la Plataforma, Raúl Hernández, leyó un manifiesto que propone como idea central el desarrollo de polígonos industriales en terrenos poco productivos, como puede ser la ampliación de Los Llanos y salvar las mejores vegas junto al Duero. «Villagodio es un paisaje agrario de indudable valor. Sus fértiles tierras de regadío son un legado que debemos preservar para futuras generaciones», destacó Raúl Hernández, quien recordó que «en este espacio se asienta un desarrollo agrario consolidado: veintiún jóvenes en la actividad agraria, 7.400 ovejas, la modernización del regadío en marcha. Un agrosistema que funciona de forma sostenible». El municipio de Zamora, recordó, tiene 15.000 hectáreas, «buena parte de ellas amplias extensiones de terreno baldío e improductivo, adecuado para acoger una zona industrial. El anillo de autovías que rodeará la ciudad en 2009 permitirá alcanzar en cuestión de minutos cualquier punto al oeste de la capital». El portavoz mostró su convencimiento de que al barrio de Villagodio «actualmente abandonado a su suerte hay que potenciarlo por sí mismo y evitar la degradación residencial que supondría construir una zona industrial tan cerca de las viviendas. Accesos, infraestructuras, ordenación urbanística son inaplazables para el barrio, es decir, dotarlo de los servicios que tiene el resto de la ciudad». La Plataforma considera que «no se puede hacer desarrollo a costa de destruir la riqueza que ya existe, porque el verdadero desarrollo consiste en potenciar lo mejor de nuestra tierra y nuestra gente».
El concejal de Izquierda Unida, Francisco Guarido, señaló que sólo una movilización fuerte y constante puede evitar la construcción del polígono de Villagodio, ya que su tramitación como proyecto regional evitará a los promotores tener que sujetarse al Plan de Urbanismo. «Estamos en contra muchos partidos, organizaciones y colectivos sociales y a favor sólo el PP», señaló. Manuel Fuentes, del PSOE cree también que la tramitación como proyecto regional «es el truco que utiliza el PP para favorecer a sus amigos, como ocurrió con la planta de residuos de Fresno».
Algunos ciudadanos firmantes no entendían tampoco por qué se quieren eliminar tierras de labor cuando existen otros terrenos.
* La Opinión de Zamora - C.G. - 20.12.2008
Foto: La entrega de patatas se produjo de forma ordenada y sin aglomeraciones - Javier de la Fuente, laopiniondezamora.es
Los técnicos redactores del plan especial de Ribalta se niegan a incluir el paso del trolebús
LEVANTE/Castelló* : Los técnicos redactores del Plan Especial de Protección Ribalta-Tetuán se niegan a incluir el paso del trolebús y un vial dentro del parque protegido y han forzado al gobierno local a llevar al pleno de diciembre el documento sin contemplar una obra que ya ha sido licitada y cuyas catas arqueológicas ya se han acometido, según confirmaron ayer fuentes municipales.
No es el primer escollo que encuentra el Partido Popular para llevar adelante un proyecto que no cumplió el requisito legal de exposición pública y que tampoco contó con el preceptivo informe favorable de la comisión de patrimonio del ayuntamiento debido a la oposición del Colegio de Arquitectos de Castelló.
La legalidad de este transporte masivo dentro de un parque protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) también ha sido cuestionada por cinco dictámenes desfavorables distintos de cinco organismos consultivos de la Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura, Academia de Bellas Artes de San Carlos, Universitat Jaume I, Universitat de València y Universitat Politécnica).
El PP llevará al pleno de diciembre después de 3 años de bloqueo -y 20 de retraso- el dictamen técnico del plan especial de protección del parque Ribalta y remitirá a la Conselleria de Cultura un documento que finalmente no autoriza el paso del trolebús y que tampoco refleja las condiciones de mejora y peatonalización del entorno del jardín histórico.
Los informes técnicos del Plan Especial de Protección Ribalta-Tetuán evidencian que las alegaciones ya estaban resueltas en febrero de 2008 y que desde entonces se ha bloqueado un documento que prohibe cualquier alteración urbanística como la que significaría el paso de un transporte masivo.
Durante este periodo de paralización, el PP ha aprovechado para comenzar los primeros trabajos del proyecto del trolebús (Tram) por dentro de un parque protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).
El ayuntamiento y la Conselleria de Infraestructuras comenzaron en agosto las excavaciones arqueológicas en el parque con el aval de una autorización de la Conselleria de Cultura que permite el paso del trolebús con una serie de condiciones que tanto el ayuntamiento como Infraestructuras siguen sin cumplir.
La resolución exige que el paso del Tram se refleje previamente en un plan especial conjuntamente con diez medidas entre las que destacan la peatonalización de los viales adyacentes, la reconstrucción de la antigua pérgola y la reforestación del parque.
Ahora, el ayuntamiento aprobará en el pleno del próximo lunes el plan especial que será remitido a Cultura con la salvedad de que el documento ni contempla el paso del trolebús ni el resto de medidas exigidas por los técnicos de la Dirección General de Patrimonio.
En el caso de que Cultura lo ratifique, Ribalta quedará protegido por un plan especial que prohibe el trolebús con la paradoja de que los primeros trabajos de la obra ya han comenzado y el ayuntamiento no ha cumplido ni una sola de las condiciones ineludibles exigidas por Patrimonio, ni siquiera la de incluir la actuación del Tram dentro del plan especial. De hecho, este documento no puede contemplar el trolebús porque fue expuesto al público en el año 2005 y la propuesta final se ha mantenido sin incluir la obra del trolebús, dado que ello implicaría una nueva exposición pública y el correspondiente periodo de alegaciones.
* Levante-EMV - Nacho Martín - 21.12.2008
Foto: obra en el parque. Imagen aérea del proyecto del trolebús en Ribalta. - vicent gamir, levante-emv.com
Los jueces investigan el urbanismo pinteño
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ELPAÍS/Madrid* : En los juzgados de Parla se acumulan los legajos que hablan de la vecina localidad de Pinto (41.000 habitantes). Y una parte nada desdeñable están dedicados a operaciones urbanísticas llevadas a cabo en el municipio en los últimos años. Pertenecen a tres denuncias que investigan los juzgados 2 y 5, en las que se vincula a empresarios del Espacio del Motor, así como a otros relacionados con la Fundación Pinares, que preside el ex alcalde socialista, Antonio Fernández y que comparte sede con el PSOE local.
Tanto el proyecto del motor, como la fundación están en el punto de mira del PP. En ellos ven las razones a la moción de censura que el lunes les desalojará de la alcaldía a favor de PSOE, IU y Juntos por Pinto.
La primera de ellas se refiere al desarrollo urbanístico Punctum Millenium, que prevé levantar unas 10.000 viviendas. En 2005, el Ayuntamiento vendió su participación en la sociedad. Poseía la mitad del suelo y era la encargada de urbanizar. Según la denuncia, la venta de las acciones se hizo por un precio inferior al de mercado en alrededor de nueve millones de euros.
Además, los denunciantes alegan que, paralelamente, en la sociedad entran nuevos accionistas: cuatro empresas que se harían en conjunto con el mismo porcentaje que dejaba el Consistorio. En un escrito enviado al juez se identifican a las empresas beneficiarias, a las que califican de "afines al poder político y especialmente designados por el entonces alcalde de Pinto, Antonio Fernández". Una de ellas, hoy extinguida, era propiedad de Teodoro Martín, un promotor del Espacio del Motor. Otra de ellas pertenece a Antonio Rodilla, uno de los fundadores de la Fundación Pinares. Una tercera pertenece a la familia Carrero Manrique, relacionada con el portavoz de IU, Carlos Pénit.
El segundo caso tiene que ver con la permuta y posterior recalificación de una parcela municipal que se produjo hace dos mandatos. Según la denuncia que investiga el juez de Instrucción número 5 de Parla, el padre de un ex concejal del PSOE y socio fundador de la Fundación Pinares, Rafael Arellano, y otro empresario cambiaron al Ayuntamiento dos solares ocupados por un garaje y un antiguo cine a cambio de una parcela municipal en la que el Consistorio quería edificar un centro comercial. Tras la permuta, el Gobierno municipal, del PSOE, recalificó la parcela. Pasó a ser residencial y aumentó su edificabilidad.
Hay más. Los tribunales tienen también sobre la mesa el desarrollo residencial de La Tenería II. Allí el Ayuntamiento permutó en 2005 un suelo municipal por otro de propiedad de unos empresarios. La operación fue denunciada dos años después por el edil de Juntos por Pinto y firmante de la moción de censura que desalojará el lunes al PP del Ayuntamiento. En su denuncia se alegaba que la parcela municipal había sido valorada a la baja, mientras que se había inflado el valor del suelo privado, lo que había provocado al Ayuntamiento unas pérdidas cercanas a 1,5 millones de euros. Los beneficiarios de esa permuta eran varios miembros de la familia Carrero Manrique, vinculados al también firmante de la moción, Carlos Pénit.
* ELPAIS.com - J. S. DEL MORAL - Madrid - 20/12/2008
Foto: Pinto (Madrid), espacio del motor - pueblos-espana.org
Sólo once de 268 alcaldes han denunciado ante la Fiscalía construcciones ilegales
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ABC/Valencia* : Los ayuntamientos dan la espalda a la ley y miran para otro lado ante las viviendas ilegales que proliferan en sus términos municipales. Así se desprende de las estadísticas de la Fiscalía de Valencia correspondientes a 2008: en lo que va de año el Ministerio Público ha incoado 130 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio. Sólo 51 de ellas tuvieron su origen en un denuncia previa de algún consistorio.
La Ley Urbanística Valenciana (LUV) obliga a los ayuntamientos a dar traslado a la Fiscalía de aquellas infracciones en las que aparezcan indicios racionales de delito o falta. Sin embargo, son escasos los alcaldes que cumplen con esta obligación como lo demuestra el dato de que sólo once de los 268 municipios de la provincia de Valencia pusieron en conocimiento del Ministerio Público la existencia de construcciones que podrían vulnerar la normativa urbanística.
Se trata de los ayuntamientos de Pedralba, Cullera, Bétera, Bellús, Moncada, Alginet, Rotglá y Corberá y Benimodo. Cada uno denunció en una sola ocasión. Los consistorios más colaboradores son el de Chiva, con 27 denuncias, Llíria, con 13, y Picassent, con tres.
Esos once ayuntamientos acaparan las 51 denuncias, que dieron origen a otras tantas diligencias de investigación penal de la Fiscalía. En el resto de casos, hasta llegar a 183, la intervención del Ministerio Público se produjo a instancias de la Conselleria de Territorio (36), Seprona (16), particulares (22), ecologistas (1), partidos políticos (1) y de oficio (1).
«Algo falla»
Los datos de 2008 son mejores que los de 2007. Entonces se incoaron 111 diligencias de investigación penal por delitos contra la ordenación del territorio. La Fiscalía sólo recibió 35 denuncias procedentes de Ayuntamientos. Sólo seis municipios denunciaron. De ellos, sólo cuatro -Llíria, Albalat dels Tarongers, Picassent y Chiva-, lo hicieron más de una vez. Pese a ese ligero repunte en la colaboración municipal, el coordinador de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Baños, es concluyente. «Algo falla». Baños Considera «escandaloso» que «estando en boca de todos la existencia de edificaciones ilegales en suelo no urbanizable sigan sin llegar denuncias a la Fiscalía», pese a que los Ayuntamientos, en muchos casos, tienen expedientes administrativos abiertos y, por tanto, conocen la existencia de esas irregularidades susceptibles de ser perseguidas como delito.
Es esta realidad que Baños califica de «chocante» la que ha obligado al Ministerio Público a intensificar la presión contra el urbanismo descontrolado y a solicitar a todos los ayuntamientos información relativa a los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigor la LUV.
El objetivo de la sección de Medio Ambiente es hacer un criba y asumir aquellos casos que, estando bajo la investigación de los ayuntamientos, han de traspasar la vía administrativa y ser asumidos por el Ministerio Público por existir indicios de delito. Hasta la fecha, apenas una decena de consistorios ha respondido al requerimiento de la Fiscalía.
Prevaricación por omisión
El Ministerio Público está convencido de que existe una «enorme bolsa de edificaciones ilegales susceptibles de ser calificadas como delictivas que no llegan a conocimiento de la Fiscalía»; mantiene que, el «goteo incesante de denuncias» oculta un problema más grave de «prevaricación urbanística» de alcaldes y cargos públicos por acción y omisión, por permitir las edificaciones o por no hacer nada para eliminarlas. El caso Zarra, dicen, es sólo la «punta del iceberg».
La Fiscalía busca respuesta al problema en el Código Penal. Propone multa, cárcel e inhabilitación por prevaricación tanto activa como omisiva. Y propone también imputar a los ediles por omisión del deber de perseguir delitos, que se castiga con inhabilitación de seis meses a dos años.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 20.12.2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
El cerebro de Urbanismo de Matas, ingresado en la cárcel para "evitar su fuga"
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ELPAÍS/Palma* : La Audiencia de Palma mandó ayer a prisión a Jaume Massot, el que fue cerebro de Urbanismo del Gobierno balear de Jaume Matas (PP), "para evitar su posible evasión y fuga de la justicia". Cuenta con dos condenas que suman ocho años y seis meses de cárcel por corrupción urbanística, que recurrió ante el Tribunal Supremo. Los jueces le señalaron una fianza de 200.000 para eludir la prisión.
Massot fue sentenciado en las dos primeras vistas del caso Andratx, ligado al urbanismo salvaje, y tiene pendientes decenas de juicios. Es el quinto alto cargo de la época de Matas que pasa por la cárcel en el último año.
La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ayer su ingreso en la cárcel pero si la acusación particular, la abogada del Ayuntamiento de Andratx, Isabel Fluxá. Como ex director general de Ordenación del Territorio de Baleares, Massot participó en el diseño de grandes operaciones urbanísticas.
Trato con el fiscal
Poseedor de claves y secretos de la política de los negocios de planes y leyes territoriales, Massot comenzó en noviembre a negociar con la Fiscalía Anticorrupción un posible pacto de la colaboración con la Justicia: desvelar detalles y tramas delictivos a cambio de un mejor trato penal. Al ser detenido en 2006, Massot estuvo en el calabozo dos noches mientras que sus compañeros de banquillo, el ex alcalde Andratx Eugenio Hidalgo y ex celador de obras Jaume Gibert, fueron encarcelados 60 días.
Los jueces de la Audiencia justifican la orden de prisión por las "serias e importantes dudas" sobre cuáles son sus "verdaderas intenciones" [de fuga]. Massot, aparejador y funcionario, tuvo una empresa de asesoría a urbanizadores mientras era director general. Está acusado de blanqueo de capitales y ha sido investigado por supuestos depósitos en paraísos fiscales, que él niega. Los magistrados sospechan que cuenta con "importantes y cuantiosos ingresos no declarados y ocultos" procedentes de actividades delictivas, que le concederían una "capacidad y posibilidades económicas que favorecerían su posible evasión y fuga de la justicia".
El ex hombre de confianza de Matas será juzgado en otros sumarios por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas. Los jueces suponen que habría obtenido "ingresos no declarados" por "comisiones ilegales o de asesoramiento con finalidad ilícita".
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 20/12/2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
Juez y Tribunal de Cuentas investigan el contrato de la cuarcita del Gaiás
ELPAÍS/Santiago* : La justicia ha entrado de lleno en el caso de la cuarcita de la Cidade da Cultura, en el monte Gaiás de Santiago. La Xunta de Manuel Fraga encargó la piedra a una empresa del ex alcalde de Ortigueira Antonio Campo, del PP, un año antes de sacar a concurso el suministro. Y se lo adjudicó, a pesar de que un informe encargado por la propia Fundación Cidade da Cultura alertaba de las "incertidumbres" de las reservas para el revestimiento de todos los edificios del complejo cultural.
El juzgado de instrucción número 1 de Santiago y el Tribunal de Cuentas investigan los hechos.
La Consellería de Cultura se ha visto obligada a buscar en Brasil una cuarcita de características similares a la que se extraía de Muras (Lugo), debido a que las reservas se confirmaron insuficientes y de mala calidad. La cantera se explotaba sin licencias de ningún tipo, por lo que la Consellería de Política Territorial acabó por dictar su cierre. La UTE formada por la empresa de Campo y otras dos compañías ha ingresado dos de los seis millones de euros del presupuesto consignado. La Xunta presentará una demanda para recuperar los dos millones y exigir daños y perjuicios.
El caso se ha judicializado después de que los hechos fueran incluidos en el informe del Consello de Contas sobre la Cidade da Cultura. El Tribunal de Cuentas ha actuado a instancias del consejo gallego. Mientras, la titular del juzgado número 1 de Santiago, Ana López Suevos, ha solicitado a la consellería toda la documentación disponible sobre la adjudicación de la cuarcita, en la que está centrando sus investigaciones sobre las irregularidades relacionadas con la Cidade da Cultura cometidas durante el Gobierno del PP.
El ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela, del PP, fue dejando abundantes pistas de su intención de adjudicar la cuarcita del Gaiás a Campo. En agosto de 2001 concertó una entrevista de los administradores de la empresa con el arquitecto del proyecto, Peter Eisenman. Un informe de la empresa Proesga iniciado en 2002 y cerrado el 25 de febrero de 2003, además, identificaba con precisión la piedra que se iba a instalar en el Gaiás, pese a que el anuncio del concurso público no se publicó hasta el 13 de junio de ese mismo año. Tal era la seguridad de que esa sería la cuarcita elegida que hasta existía un informe que advertía de las previsibles deficiencias de suministro, y recomendaba al Gobierno de Fraga que exigiera algún tipo de garantía formal.
"Las incertidumbres en cuanto a las reservas que en estos momentos presenta esta cantera aconsejan que el fabricante ofrezca algún tipo de garantía formal que le implique en el suministro", reza una de las recomendaciones del informe. La Xunta hizo caso omiso, pero las previsiones se cumplieron a rajatabla. Desde el primer día el suministro fue escaso y deficiente, lo que obligó a rechazar buena parte del material y a ralentizar la ejecución de las obras.
La situación se agravó con la orden de cierre de Política Territorial, dictada el 11 de diciembre de 2006 por la inexistencia de licencias municipal y autonómica, aunque hasta el verano del siguiente año, Campo siguió con las extracciones. El entonces alcalde incluso ofreció mantener el suministro con un sobreprecio de entre el 135% y el 166%.
La empresa sólo pudo entregar 30.000 de los 50.000 metros cuadrados de cuarcita que le habían sido encargados, con los que se cubrieron los edificios del Arquivo Nacional y la Biblioteca. Los restantes serán recubiertos total o parcialmente con el material procedente del Estado brasileño de Minas Gerais. Según la consellería que dirige Ánxela Bugallo, el color y las características son las mismas que la de la cuartica de Muras, por lo que no se apreciará la diferencia.
Esta vez no ha sido la Xunta, sino las empresas que construyen el complejo las que han contratado la piedra, como suele ser habitual en este tipo de obras. Del presupuesto sólo ha trascendido que de momento ya eleva en 400.000 euros el aprobado en 2003. Antonio Campo dimitió sorpresivamente como alcalde de Ortigueira el 4 de octubre de 2007, una semana antes de que comenzaran las comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación de la Cidade da Cultura.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 20/12/2008
Foto: Obras de la Cidade da Cultura.- ANDRÉS FRAGA, elpais.com
