Sólo once de 268 alcaldes han denunciado ante la Fiscalía construcciones ilegales

ABC/Valencia* : Los ayuntamientos dan la espalda a la ley y miran para otro lado ante las viviendas ilegales que proliferan en sus términos municipales. Así se desprende de las estadísticas de la Fiscalía de Valencia correspondientes a 2008: en lo que va de año el Ministerio Público ha incoado 130 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio. Sólo 51 de ellas tuvieron su origen en un denuncia previa de algún consistorio.

La Ley Urbanística Valenciana (LUV) obliga a los ayuntamientos a dar traslado a la Fiscalía de aquellas infracciones en las que aparezcan indicios racionales de delito o falta. Sin embargo, son escasos los alcaldes que cumplen con esta obligación como lo demuestra el dato de que sólo once de los 268 municipios de la provincia de Valencia pusieron en conocimiento del Ministerio Público la existencia de construcciones que podrían vulnerar la normativa urbanística.
Se trata de los ayuntamientos de Pedralba, Cullera, Bétera, Bellús, Moncada, Alginet, Rotglá y Corberá y Benimodo. Cada uno denunció en una sola ocasión. Los consistorios más colaboradores son el de Chiva, con 27 denuncias, Llíria, con 13, y Picassent, con tres.
Esos once ayuntamientos acaparan las 51 denuncias, que dieron origen a otras tantas diligencias de investigación penal de la Fiscalía. En el resto de casos, hasta llegar a 183, la intervención del Ministerio Público se produjo a instancias de la Conselleria de Territorio (36), Seprona (16), particulares (22), ecologistas (1), partidos políticos (1) y de oficio (1).
«Algo falla»
Los datos de 2008 son mejores que los de 2007. Entonces se incoaron 111 diligencias de investigación penal por delitos contra la ordenación del territorio. La Fiscalía sólo recibió 35 denuncias procedentes de Ayuntamientos. Sólo seis municipios denunciaron. De ellos, sólo cuatro -Llíria, Albalat dels Tarongers, Picassent y Chiva-, lo hicieron más de una vez. Pese a ese ligero repunte en la colaboración municipal, el coordinador de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Baños, es concluyente. «Algo falla». Baños Considera «escandaloso» que «estando en boca de todos la existencia de edificaciones ilegales en suelo no urbanizable sigan sin llegar denuncias a la Fiscalía», pese a que los Ayuntamientos, en muchos casos, tienen expedientes administrativos abiertos y, por tanto, conocen la existencia de esas irregularidades susceptibles de ser perseguidas como delito.
Es esta realidad que Baños califica de «chocante» la que ha obligado al Ministerio Público a intensificar la presión contra el urbanismo descontrolado y a solicitar a todos los ayuntamientos información relativa a los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigor la LUV.
El objetivo de la sección de Medio Ambiente es hacer un criba y asumir aquellos casos que, estando bajo la investigación de los ayuntamientos, han de traspasar la vía administrativa y ser asumidos por el Ministerio Público por existir indicios de delito. Hasta la fecha, apenas una decena de consistorios ha respondido al requerimiento de la Fiscalía.

Prevaricación por omisión

El Ministerio Público está convencido de que existe una «enorme bolsa de edificaciones ilegales susceptibles de ser calificadas como delictivas que no llegan a conocimiento de la Fiscalía»; mantiene que, el «goteo incesante de denuncias» oculta un problema más grave de «prevaricación urbanística» de alcaldes y cargos públicos por acción y omisión, por permitir las edificaciones o por no hacer nada para eliminarlas. El caso Zarra, dicen, es sólo la «punta del iceberg».
La Fiscalía busca respuesta al problema en el Código Penal. Propone multa, cárcel e inhabilitación por prevaricación tanto activa como omisiva. Y propone también imputar a los ediles por omisión del deber de perseguir delitos, que se castiga con inhabilitación de seis meses a dos años.







* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 20.12.2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es