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ELPAÍS/Vigo* : Al parque natural del monte Aloia, en Tui, le está saliendo un grano. Es el primer parque de Galicia, ahora cumple 30 años y la Consellería de Medio Ambiente ha comprometido su próxima ampliación hasta 2.000 hectáreas, que englobarían dos inmensos vertederos de lodos de granito, unas 150.000 toneladas, que están creciendo contra toda norma, a la brava en pleno monte, cerca del actual perímetro del parque.
Las tres administraciones conocen la situación desde hace tiempo. Los informes oficiales sobre el asunto comenzaron a circular hace al menos ocho meses. Los dos puntos de vertido, a unos 50 metros de distancia entre sí, en el lugar de Moutentán, parroquia de Ribadelouro, aprovechan los huecos de una vieja explotación minera de granito, que desbordan con impresionantes taludes de 15 a 20 metros por los que afloran copas de árboles y troncos ya talados como evidencia de que el suelo no ha recibido el menor tratamiento para el uso que se le están dando.
El grueso del vertido lo componen lodos de granito procedentes de serrerías próximas de Porriño, pero también engorda con otros residuos metálicos y plásticos. Excavaciones Tuy, SL figura como responsable de la faena, aunque también vacían camiones de otras empresas, probablemente subcontratadas en negocios entre particulares.
Excavaciones Tuy tramitó los permisos entre 2002 y 2004 y a partir de esta fecha comenzó los vertidos en un punto autorizado por la Consellería de Medio Ambiente para el depósito de lodos prensados de acuerdo a un proyecto que incluía la reglamentaria construcción de canales de guarda y de drenaje a pie del talud y de una balsa de decantación para minimizar el impacto en la zona. Estas medidas vienen requeridas a su vez para proteger la masa de vertidos del arrastre por escorrentía de aguas de lluvia, fenómeno frecuente si se tiene en cuenta que los vertederos se encuentran a media ladera del monte. Ahora el primero de ellos parece abandonado, semicubierto de tierra en su parte superior.
Ninguno de los requisitos exigidos para la actividad desarrollada y que figuraban en el proyecto ha sido cumplido. El vertedero tampoco cuenta con licencia municipal de apertura. Ni dispone de licencia urbanística, como correspondería a la importante transformación del suelo que se está ejecutando, ni de autorización específica de la Consellería de Política Territorial por el uso que se da a suelo rústico. Todas estas exigencias de control son también incumplidas en el segundo punto de vertido, para el que no hay ninguna licencia y que, por tanto, puede considerarse absolutamente clandestino, además de no disponer de las medidas de prevención y protección que podrían autorizar los depósitos, que aumentan día a día.
A unos 20 0 30 metros del segundo vertedero existen varias captaciones de agua, lo que induce a considerar en las denuncias presentadas un "inminente riesgo de contaminación de los efluentes subterráneos por filtración de componentes de los residuos al subsuelo". Lo que no se filtre, las lluvias acabarán arrastrándolo hasta el río Louro. También se temen posibles deslizamientos del vertido por efecto de las explosiones en las canteras de enfrente, en Porriño, o de las lluvias.
En la Xunta hay denuncias presentadas ante las consellerías de Medio Ambiente y de Política Territorial pidiendo la "inmediata suspensión de la actividad" y la incoación de expedientes de restitución de la legalidad urbanística y sancionadores. La Policía Autonómica ha elevado informes a sus superiores hace al menos dos meses. Antes conoció el asunto la Administración central. También ha sido denunciado en el ayuntamiento de Tui, al que pertenece el parque natural del Aloia, que Medio Ambiente promete extender a la Serra do Galiñeiro con el grando de los vertederos dentro.
Expediente en marcha
Excavaciones Tui, SL, realiza vertidos de lodos de granito en nueve puntos de la zona de Ribadelouro, en el entorno del parque natural del monte Aloia, donde se ha denunciado la ilegalidad de los dos citados vertederos de Moutentán. Fuentes de Medio Ambiente señalaron ayer a este periódico que a la citada empresa se le ha abierto un expediente sancionador, que apareja la paralización de la actividad, por carecer de autorización para realizar la actividad en dos de los puntos, que podrían ser coincidentes con los denunciados. "Es posible que la empresa aún no haya recibido la comunicación oficial del expediente", indicaron las mismas fuentes, que atribuyeron su apertura a una inspección realizada por sus técnicos la semana pasada.
El administrador de la empresa, Manuel Burgos, desmiente sin embargo que nadie de Medio Ambiente realizara ninguna inspección en las fechas que se indican. "Estuvieron hace más de un mes", aseguró, "y la prueba de que todo está en regla es que no ha pasado nada".
En el vertedero ilegal también vacían camiones de Faro, SA, empresa dedicada al movimiento de tierras, subcontrada por Dragados en la construcción de la carretera Mosende-Tui, programada por Política Territorial y próxima al lugar de vertido.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 06/11/2008
Foto: parque natural de Aloia - xunta.es
La Xunta tolera un vertedero ilegal junto al parque natural de Aloia
El Parlamento Europeo estudia las denuncias urbanísticas en España
ECODIARIO* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estudiará hoy varias denuncias que afectan a planes de desarrollo urbanístico en Madrid y Tenerife, a una fábrica de ladrillos en Masalavès (Valencia) y al aprovisionamiento de combustibles en la bahía de Algeciras.
La mayoría de las reclamaciones proceden de colectivos para la defensa de la naturaleza y asociaciones de vecinos, que critican la presunta vulneración de la legislación comunitaria sobre medio ambiente, según informó el Parlamento Europeo.
Viabilidad para el medio ambiente
La primera petición española que será tratada por los europarlamentarios ha sido presentada por José Antonio Reverón González, quien se opone al Plan Territorial Parcial de Ordenación de Cabo Blanco-Buzanada (Tenerife) llevado a cabo por las autoridades locales. El peticionario, que participará en el debate, al igual que las autoridades tinerfeñas, cuestiona la viabilidad medioambiental y social del plan.
Además, los miembros de la Comisión de Peticiones debatirán un proyecto de informe, elaborado por la eurodiputada danesa Margrete Auken (Verdes/ALE), sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos.
Proyectos urbanísticos en Madrid
También se tratarán tres quejas sobre proyectos urbanísticos en la Comunidad de Madrid. La peticionaria Margarita González Gómez afirma que los proyectos aprobados en Moralzarzal, Torrelodones, Rascafría, Las Rozas y Galapagar (Madrid) vulneran la legislación medioambiental comunitaria y pueden causar importantes daños en zonas protegidas de los ríos Guadarrama y Manzanares.
Por su parte, Elena Biurrun Sainz de Rozas, que asistirá a la reunión de la comisión parlamentaria, sostiene que varios planes generales de ordenación urbana (PGOU) aprobados por los ayuntamientos de Torrelodones, Rascafría, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar (Comunidad de Madrid) incumplen la legislación comunitaria sobre la protección de las aves y la conservación de los hábitats naturales.
Luis Remacha Elvira también critica, en nombre de la Plataforma de Vecinos contra el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Galapagar (Madrid), las presuntas irregularidades cometidas en la aprobación y ejecución del plan. Su petición va acompañada de más de 90 firmas.
Seguridad en la descarga de petróleo
Por su parte, el peticionario Javier Sanchís Marco acusa a las autoridades locales en Masalavès (Valencia) de pasividad por permitir que la fábrica de ladrillos "El Alterón" incumpla la legislación medioambiental. El peticionario subraya que ninguna de las quejas presentadas a nivel local ha obtenido resultado.
Antonio Muñoz Secilla denuncia la situación de la bahía de Algeciras, donde los petroleros y plataformas flotantes que llevan a cabo operaciones de descarga incumplen presuntamente los reglamentos europeos sobre seguridad de los petroleros de doble casco.
Además, en nombre de Verdemar-Ecologistas en Acción (San Roque), critica el impacto perjudicial sobre el medio ambiente de los transbordos de crudo en el puerto de Gibraltar y exige modificar la legislación comunitaria en vigor.
* El Economista - Ecodiario - Agencias - 6.11.2008
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
El juez ratifica la imputación al alto cargo de Aguirre
PÚBLICO/Madrid* : Nueve meses y medio después de que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, pusiera "la mano en el fuego" por su viceconsejero de Transportes, Luis Armada, el juez del 'caso Guateque' ratificó el miércoles su imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Tras conocer el auto, el portavoz socialista en el ayuntamiento de Madrid, David Lucas, exigió al PP que asuma sus "responsabilidades políticas" y fuerce el cese de Armada, que ya declaró como imputado ante el juez el pasado 23 de enero.
Destapado hace un año, el caso Guateque ha sacado a la luz lo que se presume como la mayor trama de corrupción municipal en la historia democrática del ayuntamiento de Madrid. Sus supuestos integrantes agilizaban licencias a cambio de sobornos. El número de imputados se eleva ya a 42, y entre ellos, además de Armada, hay otro cargo político: el edil del PP Íñigo Henríquez de Luna, imputado en el llamado caso Becara, una ramificación del Guateque.
"Singular agilidad"
Armada había pedido el sobreseimiento de la causa en lo que a sí mismo concierne. El fiscal apoyó su petición, pero el instructor del caso, el juez Santiago Torres, considera que el motivo clave para su imputación sigue sin haberse esclarecido. Y ese motivo se remonta a 1991, cuando Armada, que ocupaba el puesto de gerente municipal de urbanismo de Madrid, firmó una licencia para obras en un edificio protegido en el que poseía un piso de su propiedad.
La licencia, subraya el juez, se tramitó con "singular agilidad" de una manera "anormalmente rápida". Se pidió el 30 de abril de 2001 y se otorgó, con firma de Armada, el 1 de junio de ese año.
Quien la solicitó fue su tío. Y su sobrina firmó elproyecto de obras de consolidación de la finca, situada en la céntrica calle de La Bola. Ocho días después de que se pidiera la licencia, la comisión conjunta de Patrimonio (Ayuntamiento-Comunidad) informó favorablemente. El 22 de mayo, la comisión municipal de patrimonio dio su visto bueno. Y el 1 de junio Armada rubrió la licencia.
Según el juez, no se ha determinado si el ex gerente y hoy viceconsejero participó en la reunión conjunta de Patrimonio. Si lo hizo, alega el auto, pudo incurrir en negociaciones prohibidas a funcionarios (abuso de autoridad). Y pudo también haber cometido otro de tráfico de influencias para beneficiarse a sí mismo y a su familia.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid - 05/11/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
El Parlamento Europeo admite a trámite la queja contra el circuito urbano de Valencia
ELMUNDO* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la queja que presentaron Ecologistes en Acció de València el pasado mes de mayo contra la construcción del circuito urbano de Fórmula Uno en Valencia, según han informado fuentes de esta asociación.
Según han explicado las mismas fuentes, la queja, que presentaron conjuntamente con la plataforma ciudadana Fórmula Verda, advertía de que la construcción del circuito "estaba rodeado de unas características de urgencia y desinformación, que le hacia bordear la misma legalidad".
En opinión de Ecologistes en Acció el proyecto debía haberse sometido a una evaluación "por los graves impactos ambientales que conllevaba la construcción y funcionamiento del circuito de competición".
La presentación de esta queja, han recordado, vino motivada porque a los previsibles impactos ambientales del circuito, derivados de la contaminación acústica, se sumaban las emisiones atmosféricas y la ocupación del antiguo cauce del río Turia y aledaños, que son consideradas zonas verdes.
Asimismo han denunciado que el proyecto no fue sometido a una evaluación ambiental estratégica y que por parte de la administración autonómica y municipal hubo un "nulo interés" por facilitar la información que se les solicitó desde la distintas organizaciones vecinales, sociales y sindicales.
* El Mundo - EFE - 5.11.2008
Foto: Valencia, obras circuito F1 - EFE
Un juez investiga una presunta trama de corrupción en la Conselleria de Territorio
LEVANTE/Valencia* : "Asunto. Plan especial reserva de suelo. Plan especial usos: Resolución". Ésta es la nota que acompañaba un sobre con 5.500 euros y el membrete de una empresa entregado por un mensajero al entonces director general de Planificación y Ordenación de la conselleria de Territori i Habitatge, Vicente Collado.
Ocurrió el 20 de julio de 2005 y tres años después hay abierta una causa en el juzgado de instrucción número 12 de Valencia contra cinco imputados por un delito de cohecho y otro de falsedad que, desde abril, está en secreto de actuaciones.
Según la información judicial a que ha tenido acceso Levante-EMV, el fiscal solicitó un año después la imputación de un asesor fiscal, su secretaria y tres empresarios porque la visita del mensajero con el sobre "reviste los caracteres de un acto de retribución económica de una resolución que debiera dictar determinada autoridad o funcionario en un asunto de su competencia". Y añadía que, de las diligencias practicadas, no se había podido acreditar la "relación en virtud de la que, por parte de la empresa, debiera remitirse algún tipo de documentación al referido organismo oficial -la Conselleria de Urbanismo-".
Llamó a un notario
De hecho, cuando el Jefe de Área, Vicente Collado, abrió el sobre que dejó el mensajero sobre su mesa, su reacción inmediata fue llamar por teléfono a un notario para que levantara acta de lo que allí había. A continuación, acudió a la comisaría de policía e interpuso una denuncia contra el remitente que aparecía en el sobre, "uno de los administradores de una sociedad de inversiones", según la Fiscalía.
La policía llamó al asesor fiscal que remitió el sobre -primer imputado- y éste declaró que había sido un error de su secretaria. Cuando llamaron a declarar a la secretaria, ésta confirmó que fue un error, que no iba dirigido a la conselleria sino a un empresario y que el dinero provenía de otros dos empresarios. Se amplía la denuncia contra la secretaria -segunda imputada- por un delito de falsedad.
Al tratarse de un presunto delito de cohecho, que se tramita según la ley del Jurado, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juzgado que se siguieran las diligencias por este procedimiento y se ampliaran las imputaciones al empresario remitente -tercer imputado- y a los dos empresarios presuntamente destinatarios del dinero -cuarto y quinto imputados-.
Estos últimos imputados mantenían una operación comercial con la familia Trénor, propietaria de la Vallesa del Mandor a la que cobraron por un estudio medioambiental. Por ello, el fiscal insiste en que esta relación, "sin duda, existe, dado el objeto social de la empresa". Se trata de una "sociedad de inversión" dedicada a la "realización de estudios técnicos en el ámbito de la administración inmobiliaria y de la construcción", según el escrito.
En aquella época, la Conselleria de Urbanismo redactaba un proyecto en el que se proyectaba la reclasificación a urbanizable de la mitad de terrenos de la Vallesa del Mandor.
La Fiscalía Anticorrupción entró de lleno para averiguar los cambios en el planeamiento inicial a través de supuestos sobornos a funcionarios, según adelantó un periódico nacional.
Las diligencias continuaron un año más hasta que, el 9 de abril de 2008, la policía detiene al asesor fiscal imputado y al tercer empresario. Tras días y medio en los calabozos y varios registros, pasan a disposición judicial y quedan en libertad con cargos. A partir de ese momento, las actuaciones se mantienen secretas.
Durante ese tiempo, el juzgado ha llamado a declarar como testigos a Vicente Collado, a su secretaria y al ex director general de Ordenación y Planificación del Territorio, Pedro Grimalt. Fue en esas comparecencias donde, al parecer, se les interrogó sobre presuntos sobornos vinculados con la recalificación de la Vallesa.
Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda sólo confirma la existencia de un funcionario que ha denunciado que le llegó un sobre con dinero en efectivo. El funcionario es el actual director territorial en Valencia de la Conselleria de Medio Ambiente, Vicente Collado.
Desde el departamento de García Antón, añadieron que no tienen conocimiento de que se esté investigando a ningún funcionario de la conselleria. Preguntado el conseller de Medio Ambiente en aquél momento, Rafael Blasco, no quiso hacer ninguna valoración.
* Levante-EMV - R. Laguna/ C. Alós, Valencia - 5.11.2008
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
El TSJC anula las licencias de otros 200 apartamentos en Lanzarote
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CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la licencia concedida por el Ayuntamiento de Yaiza para la construcción de 200 apartamentos en la parcela J del Plan Parcial Costa Papagayo, en Playa Blanca, al sur de la isla de Lanzarote.
La resolución judicial considera que el Ayuntamiento de Yaiza debió solicitar al Cabildo el informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), ya que "es un trámite unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares".
La sentencia del TSJC admite así el recurso presentado en su día por la Fundación César Manrique contra el otorgamiento de la licencia por parte del Ayuntamiento de Yaiza.
La Fundación destaca en un comunicado que "en esta ocasión, el TSJC entra a valorar en detalle el fondo del asunto, resaltando la confusión generada respecto al objeto de la concesión de la licencia.
"Mientras la licencia impugnada permitía una ampliación de apartamentos, el propio Ayuntamiento de Yaiza alega en su escrito de contestación a la demanda que lo autorizado eran dos sótanos destinados al uso de almacenes e instalaciones", señala la nota de la Fundación.
Con este fallo, ya son 18 los recursos presentados por la FCM que han sido estimados por los tribunales, 16 de ellos con sentencias firmes, que han supuesto la anulación de 13.000 camas turísticas y residenciales.
* Canarias 7 - EFE - 5.11.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), vista Playa Blanca - lavozdelanzarote.com
Investigada por prevaricación urbanística la alcaldesa de Ontinyent
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ELPAÍS/Valencia* : La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal a Lina Insa, alcaldesa de Ontinyent por el Partido Popular. Lo ha hecho por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.
La apertura de las diligencias, de oficio, responde a que la Fiscalía de Valencia ha tenido conocimiento de que Lina Insa podría haber ordenado que se dejen prescribir los expedientes sancionadores abiertos en el consistorio por construcciones ilegales en terreno urbanizable común. Esa dejación supone que seis meses después de incoarse el expediente, queda automáticamente archivado. Y, aunque es cierto que puede reabrirse, lo es también que el tiempo corre en contra de la persecución del delito porque sólo se puede instar al derribo de una vivienda construida en terreno no urbanizable común durante cuatro años.
Los más de 60 expedientes sancionadores que tiene abiertos la corporación municipal de Ontinyent proceden de actuaciones realizadas por la coalición de izquierdas, encabezada por el PSPV, que gobernaba la localidad hasta las pasadas elecciones. Las informaciones de las que dispone la Fiscalía apuntan a que ya en campaña electoral Insa se comprometió a anular tales expedientes. La pasada semana, en el pleno del Ayuntamiento, con los votos en contra de la oposición, el equipo de gobierno aprobó que se eliminen del registro las anotaciones sobre las construcciones que estaban en proceso de ser sancionadas. Ello supondría, según el ministerio público una prevaricación.
Los expedientes sancionadores que abrió el anterior equipo de gobierno afectan a más de 60 construcciones ilegales. Son viviendas unifamiliares. En este momento, según los primeros datos de que dispone la Fiscalía, ninguna de ellas tiene cuatro años de antigüedad, por tanto, sobre cualquiera de ellas podría aún ordenarse el derribo. No hacerlo es también un delito contra la ordenación del territorio.
Los técnicos del Ayuntamiento informaron desfavorablemente a la alcaldesa sobre su intención de dejar morir los expedientes sancionadores. Según su criterio, corresponde ejecutar los que aún están dentro del plazo de seis meses y reabrir aquellos que ya han prescrito. La Fiscalía pedirá información detallada al Ayuntamiento e investigará a los propietarios y promotores de las viviendas.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 05/11/2008
Foto: Vista de Ontinyent - PACO GRAU, elpais.com
La provincia de Málaga soporta más de 50.000 casas irregulares
LAOPINIÓN* : Las tropelías del GIL en Marbella a lo largo de muchos años y el escaso control autonómico de su fraudulenta política urbanística explotaron en la última época del fallecido Jesús Gil y, sobre todo, cuando comenzó la operación ´Malaya´. Miles de personas que habían comprado sus casas de buena fe se encontraron con la cruda realidad de que sus pisos eran ilegales o, al menos, que estaban en situación irregular.
El caso de Marbella es el más conocido, el más famoso, el más mediático, pero en absoluto es el único. En toda la provincia hay más de 50.000 viviendas en esta especie de letargo de la alegalidad, la mayoría de ellas por edificaciones en suelo rústico. Y la mayoría también con conocimiento de causa de sus dueños o constructores.
El número de afectados en toda Málaga por esta circunstancia asciende a más de 150.000 personas. Claro que no todas ellas están en la calle, pues muchas de las viviendas son segundas residencias, pero sí se encuentran en la tesitura de tener que lidiar con la Administración, litigar para intentar que pasen a ser consideradas legales en los nuevos planeamientos urbanísticos o, directamente, pagar multas y sanciones impuestas por haber levantado sus casas en terrenos no urbanizables y sin posibilidad de serlo, es decir, en suelos rústicos. Y eso cuando no tienen, además, que sufragar de su propio bolsillo el coste de la demolición impuesta.
En Marbella, el número de unidades en situación irregular llega hasta las 19.000. Sin embargo, este caso, que ha sido sin duda el de más relevancia no sólo en la provincia sino el ámbito nacional, puede ser el primero en solucionarse, y además casi completamente. Se acaba de pactar entre PSOE y PP una modificación del plan general de ordenación urbana en la que se prevé la legalización de unas 18.000, pues fueron adquisiciones ´de buena fe´ por parte de los compradores. Sí se van a dejar fuera de la ordenación alrededor de 500, con el curioso caso de que algunas de las que se van a legalizar están deshabitadas -Jardines de la Costa o Jardines del Príncipe- y algunas de las que se van a dejar fuera sí están ocupadas, como es el caso de Banana Beach, con 350 casas, o las construcciones hechas en La Víbora o Río Real.
Ahora el documento está en exposición pública y su aprobación provisional está prevista para diciembre. Si todo sale según lo previsto y la Junta de Andalucía le da el visto bueno, Marbella tendrá en marzo de 2009 su primer PGOU legal desde el lejano año 1996.
3.000 más. Al lado de Marbella, en Estepona, también hay casos de construcciones ilegales que se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el ayuntamiento. Es el asunto conocido como ´los campitos´, viviendas levantadas en suelo rústico, en principio como casas de aperos de labranza pero remodeladas, que además están en terrenos declarados como zona protegida por el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Junta.
Sus propietarios, preocupados ante la posibilidad de tener que afrontar demoliciones, se han movilizado, pero no han podido evitar que se abran 400 expedientes de intervención. No obstante, el número total de ´campitos´ es de 3.000, y la intención de la corporación municipal es intentar legalizar la mayor parte posible en el PGOU que está en tramitación. Sin embargo, muchas de ellas tendrán que ser derribadas con total seguridad.
Un caso parecido al de Estepona se da en Mijas, también en diseminados rurales como la zona de Valtocado. En este municipio hay entre 7.500 y 8.000 viviendas alegales y, lo que es más preocupante para los vecinos, 3.000 expedientes de demolición abiertos. La Junta de Andalucía ha aplicado la legalidad con fuerza y ha impuesto sanciones muy elevadas a quienes han construido en zonas rurales a sabiendas. Muchas familias se encuentran con verdaderos problemas para afrontar las multas y algunas han tomado ya la decisión de derribar por sí mismas las casas, ya que cuanto más tiempo pasa más sanción hay que pagar. Hay casos de familias que sólo tienen una vivienda, la ilegal, y se encuentran en situaciones que a veces llegan a ser desesperadas.
Otra zona ´delicada´ desde el punto de vista de la construcción ilegal es la Axarquía, donde se contabilizan unas 20.000 viviendas irregulares. No abundan en los grandes municipios, como Vélez, Nerja o Rincón, sino sobre todo en la zona de interior. Esta comarca está poco poblada en relación a su amplitud y tiene grandes extensiones de terrenos rurales en los que florecen las edificaciones fuera de ordenación. Rincón ya tiene aprobado su PGOU y adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), mientras que Vélez está en la recta final de la tramitación. Los casos de Nerja y Torrox van más lentos.
Por último, en la comarca del Guadalhorce destaca Cártama, donde hay contabilizadas unas 3.500 viviendas ilegales o alegales. Es el municipio de la provincia en el que más demoliciones se han ejecutado por edificaciones irregulares en terrenos rústicos -y por tanto, no urbanizables-. Coín y Alhaurín de la Torre también presentan casos, pero son menos abundantes. Los PGOU están en distintas fases de tramitación y los ayuntamientos confían en dar un importante avance a lo largo de 2009.
El bloqueo de los PGOU trae de cabeza a los promotores
Las revisiones de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios de Málaga coincidió con la aprobación de la nueva legislación del territorio por parte de la Junta de Andalucía y eso ocasionó un parón inmobiliario que ha tocado fondo ahora, a la sombra de la crisis mundial. No sólo no se vende un piso, sino que no se construyen nuevos. Por eso, la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga exige que se agilicen los trámites para reactivar el sector inmobiliario. En la actualidad, sólo un municipio de la provincia, Rincón de la Victoria, tiene su PGOU totalmente adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Pero en toda Málaga hay cien municipios, lo que quiere decir que el parón de la actividad inmobiliaria es absoluto. De ahí las alarmantes cifras de paro registradas en los últimos meses en este sector, uno de los más importantes, por no decir el más, del auge económico vivido a lo largo de los últimos años en Málaga. De hecho, los promotores se quejan amargamente de que lo único que se edifica ahora es lo que se vendió sobre plano hace ya más de un año y medio. Pero entre la crisis, las dificultades que ponen los bancos a la hora de conceder préstamos hipotecarios y la falta de regulación legal, no se mueve un ladrillo en toda la provincia. "Hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la Administración que agilice la tramitación de los PGOU, ya que es el único marco legal posible que tiene el promotor o el constructor para desarrollar su trabajo y crear riqueza", asegura Violeta Aragón, gerente de la ACP. Además, critica las "discrepancias políticas" a la hora de discutir la conformación de los planes generales. La ACP entiende que unas normas tan importantes y de tanto calado como éstas deben ejecutarse sin peleas de partidos, y si, llegado el caso, hay puntos de conflicto, "deberían dejarse para más adelante, pero aprobar ya los planes". Distintos casos. La ACP está de acuerdo con las sanciones a quienes hayan construido sus viviendas a sabiendas de que lo hacían en terrenos prohibidos, como suelos rurales; "Eso nunca lo vamos a defender", asegura Aragón. Pero sí pide que las compras de buena fe, como por ejemplo muchas de las que se hicieron en Marbella, encuentren acomodo legal en los nuevos planes generales de ordenación urbana.
*Con informaciones de Princesa Sánchez, Fran Extremera, Ana García, Noelia Andrade, María Albarral e Izaskun Guerrero.
* La Opinión de Málaga - JOAQUÍN MARÍN D*. MÁLAGA - 3.11.2008
Foto: Marbella, Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com
La burbuja y sus cómplices
JOSÉ MANUEL NAREDO* : La larga duración de la fase alcista del presente ciclo inmobiliario indujo a la población a habituarse a ella como si de algo normal y permanente se tratara. Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados. Se presuponía que la continuidad de las subidas de precios de los inmuebles haría siempre interesante su compra, aunque fuera a crédito, reforzando la presión compradora que hacía realidad las revalorizaciones previstas.
Sobre estas bases se desarrolló a sus anchas la espiral de revalorizaciones y compras, cada vez más apalancadas con créditos, que caracteriza a las llamadas burbujas bursátiles o inmobiliarias.
Pero la experiencia demuestra que ni los árboles pueden crecer hasta el cielo, ni el auge puede ser permanente, porque genera desequilibrios que en algún momento lo hacen declinar, normalmente, por un estrangulamiento financiero que acaba cortando la mencionada espiral y haciendo que los promotores y compradores más endeudados sufran las consecuencias. Así, desde hace más de un lustro he venido advirtiendo que “cuanto más se prolongue la burbuja inmobiliario-constructiva actual, más inquietantes pueden ser sus resultados, habida cuenta del peso anormalmente alto que tienen los activos [y el endeudamiento] inmobiliarios en el patrimonio de los hogares”. Pues, a mi juicio, lo más fácil era prever el desenlace crítico al que conducía el auge inmobiliario; lo verdaderamente difícil era imaginar que el auge podía llegar hasta donde ha llegado, al disponer la economía española SEnDamparada en el euroSEnD de una financiación externa tan inusualmente copiosa y barata. Pero esa misma financiación externa que prolongó tánto el auge fue la que, a la postre, lo acabó estrangulando. Pues España, al erigirse en líder del auge inmobiliario, acabó erigiéndose también en líder del riesgo inmobiliario y desanimando dicha financiación.
Hace ya más de un año, tras constatar en un estudio que la exposición de la economía española al riesgo inmobiliario superaba en todos los aspectos al de los otros países de nuestro entorno, incluido EEUU, concluíamos diciendo que “la suerte ya estaba echada”: no cabía evitar la crisis, solo gestionarla lo mejor posible. Pero nada se hizo, y esta gestión resulta hoy más difícil cuando, como preveíamos, el superávit presupuestario se ha desinflado con una rapidez pasmosa sin que antes se hubiera orientado a promover un relevo de actividades que de momento no se vislumbra. Si a esto añadimos que la política económica, al no poder devaluar la moneda, no cuenta ya con este medio tradicional de hacer que la economía española recupere posiciones competitivas que faciliten el relanzamiento de su actividad exportadora, concluíamos que todo “hacía presagiar un estancamiento de larga duración”.
Debería ser responsabilidad de gobiernos y analistas evitar con medidas y advertencias que las burbujas alcancen dimensiones que se revelan social y económicamente amenazantes. Pero en España no han predominado la prudencia y la finura en las políticas ni en los pronósticos: los gobiernos han sido tan irresponsables, como raros los analistas que hemos venido advirtiendo desde hace tiempo sobre los peligros del evidente desenlace del ciclo. Como botón de muestra de ambas irresponsabilidades resulta a la vez sorprendente y penoso escuchar a todo un ministro de Economía confesar que la crisis le había pillado desprevenido, haciendo gala ya sea de un cinismo a prueba de bomba o –no se sabe qué es peor– de una incompetencia supina.
En mi opinión, los fallos no han venido tanto de errores de diagnóstico, como de la censura implícita que impedía comunicar que se creía que podía crear “alarma social”. Pues me resisto a creer que cualquier analista mínimamente experimentado no supiera que el pulso de la coyuntura económica acostumbra a ser cíclico y que la magnitud del auge y de los desequilibrios originados presagian la magnitud del declive. Y me consta que, entre los economistas más próximos al poder político y/o empresarial, estaba mal visto reconocer públicamente la propia existencia de la burbuja inmobiliaria como no fuera para afirmar, a modo de mantra o conjuro repetitivo, que el “aterrizaje sería suave” a fin de no desanimar a los compradores de inmuebles, ni siquiera en la fase final y más comprometida del ciclo. Así, ni los avisos esporádicos del Banco de España, ni los trabajos de algunos analistas aislados pudieron romper el coro de complacencia entonado por los profesionales, empresarios y políticos de un sector y de un país que acostumbran a premiar la obediencia servil y a despreciar la inteligencia.
Pero la coyuntura económica no se controla con campañas de imagen que nieguen la crisis, ensalcen la solidez de la economía española y refuercen la confianza de los inversores, cuando las cifras dicen todo lo contrario, pues estas mandan más que las campañas. Si la capacidad de financiación de los hogares ya está exhausta de tanto “invertir en ladrillos”, si la inversión extranjera en inmuebles ya empezó a decaer hace cuatro años y si ya no se puede obtener, como antes, en el exterior financiación barata y abundante, no hay campañas de imagen que valgan.
La gran irresponsabilidad de los gobiernos no solo estriba en haber negado o soslayado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, que desembocaron en casos tan sonados como el de Marbella, forzando así el lamentable monocultivo inmobiliario de este país. Todo ello cuando deberían de haberla identificado y gestionado desde hace tiempo para evitar un desenlace tan poco recomendable como al que estamos asistiendo. Situación que además pide a gritos el cambio del actual modelo inmobiliario que, para colmo, nuestros “avanzados” políticos ni siquiera se han planteado.
El gran error político del presidente Zapatero fue, en suma, no tomar conciencia y ni plantear con claridad el horizonte de crisis al que llevaba el auge inmobiliario e iniciar su controlada reconversión cuando ganó sus primeras elecciones, hace ya cinco años. Entonces sí que hubiera sido posible planificar con tiempo el añorado “aterrizaje suave” y la necesaria reconversión “del sector”. También entonces hubiera podido culpar a quienes le precedieron de la comprometida situación a la que se veía abocada la economía española. Habría podido esquivar, entonces, la burbuja que le acabó explotando en la cara. Con el agravante de que, al hacer suyo el “España va bien” de Aznar, dio pie a que ahora lo señalen como culpable.
* José Manuel Naredo es economista y estadístico
* Público - Opinión - 31 Oct 2008
La asociación vecinal de la Zapateira exige el precintado de las infraviviendas ilegales
LAVOZ/A Coruña* : El presidente de la asociación de vecinos de la Zapateira, Juan Sánchez Albornoz, agradeció ayer a la escuela de Arquitectura, que «haya tenido el valor» de realizar un trabajo en el que se saca a la luz la existencia de más de cien infraviviendas en las inmediaciones de los campus universitarios.
«Yo creo que esto todo el mundo lo sabía, y el que diga lo contrario, miente. Yo me vine a vivir aquí hace quince años, y desde el primer día sabía que había fincas con galpones habilitados para estudiantes», recordó Sánchez Albornoz.
El presidente del colectivo vecinal considera que, en este asunto, «hay mucha hipocresía, porque se mueven muchos intereses económicos», y que nadie se ha atrevido a denunciar, porque no se contaban con las pruebas suficientes para hacerlo. Además, también reconoce que la aparición de este tipo de infraviviendas responde a una necesidad, ya que no existían residencias en las inmediaciones del campus, «y cuando nació la Universidad hace veinte años, la Zapateira era casi el fin del mundo, y aquí no había residencias para los estudiantes de Arquitectura».
Sánchez Albornoz cree que permitir la existencia de estos inmuebles «es un poco culpa de todos, pero ahora le corresponde a los técnicos de disciplina urbanística investigar y precintar las infraviviendas que sean ilegales».
Solución
El presidente de la asociación de vecinos de la Zapateira considera que la solución a este problema no solamente es cerrar estos inmuebles, «sino que la Universidad y el Ayuntamiento tienen que impulsar la creación de residencias universitarias, en las que puedan vivir estos jóvenes. Porque, lo que está claro, es que estos galpones existen porque hay un público objetivo, que no cuenta con recursos para pagarse un piso de 500 euros en el centro de la ciudad».
* La Voz de Galicia - Ana Lorenzo - 3.11.2008
Foto: Vista de los montes de A Zapateira - Carlos Pardellas, laopinioncoruna.com
Vecinos del barrio de Vallcarca denuncian que una expropiación beneficia a una constructora
LAVANGUARDIA/Barcelona* : Los vecinos del barrio barcelonés de Vallcarca, sujeto a una gran reforma urbanística, han denunciado que el ayuntamiento expropió una finca de la calle Gustavo Bécquer a una constructora por un precio 4 veces superior al que ésta pagó por ella 5 años antes, operación que creen demuestra connivencia.
Desde hace unos días, las calles de este barrio al norte de Gràcia han aparecido empapeladas con panfletos en los que se denuncia lo que creen un ejemplo más de la complicidad que existe entre el consistorio y las constructoras en el proceso de remodelación de esta zona, que afecta a algún centenar de vecinos que han sido o serán expropiados.
Fuentes de la plataforma vecinal Salvem Vallcarca han asegurado que esta complicidad llega a extremos que creen "inmorales" ya que beneficia a grandes constructoras como puede ser Núñez y Navarro, mientras que los ciudadanos de a pie sienten que son "maltratados" por el consistorio.
En abril de 2008, el ayuntamiento expropió la finca situada en el número 7-23 de la calle Gustavo Bécquer por 4.056.300,92 euros, más 293.832 euros, en concepto de intereses de demora en la fijación del precio fijo, según consta en varios números del Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.
Esta cantidad supone cuatro veces más que el precio que la empresa Marial S.A, una filial de Núñez y Navarro, pagó por esta finca (1.202.024) a su propietario anterior cinco años antes, el 1 de agosto de 2003, tal y como aparece en la escritura de compra-venta.
En este documento ya constaba que la finca, de 2.245 metros cuadrados, se encuentra en la Unidad de Actuación número 4 de la Modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito de la avenida del Hospital Militar-Farigola, por lo que se estaba afectada por planes urbanísticos.
Un portavoz del ayuntamiento ha asegurado a Efe que el consistorio no fijó el precio de la expropiación, sino el Jurado de Expropiación de Catalunya, organismo que depende del Departament de Governació de la Generalitat y que fijó un precio en aplicación de las leyes.
Estas mismas fuentes han señalado que el ayuntamiento intentó antes de recurrir al jurado de expropiación llegar a un acuerdo con la empresa Marial S.A. pero que éste no fue posible.
Los vecinos denuncian que, mientras las constructoras "hacen negocio" en Vallcarca con la complicidad del ayuntamiento, los particulares que llevan años residiendo en el barrio están siendo expropiados por cantidades que consideran poco adecuadas.
Algunos propietarios de comercios o locales expropiados afirman, por ejemplo, que la cantidad que se les ofrece no les permitirá abrir un negocio similar en otro punto de la ciudad dado el alto precio del suelo, por lo que tendrán que replantearse seguir con la actividad que les ha servido de sustento, en algunos casos, durante años.
* La Vanguardia - EFE - 4.11.2008
Foto: Barcelona, barrio Vallcarca - photobucket.com
Indulto total a la Marbella del GIL
PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, gobernados con mayoría absoluta por el PP y el PSOE, respectivamente, han decidido curar la enfermedad del gilismo con un prudente tratamiento paliativo, con la confianza de que el tiempo y la acción institucional de la política acabarán por aportar la curación.
Su acción parece inspirarse en la idea de que el tumor del gilismo resulta imposible de extirpar completamente, porque hacerlo expone a todos sus órganos al riesgo de un colapso total.
La traslación de este símil a la realidad es una transición gradual desde el gilismo, más que una ruptura traumática, o incluso una “amnistía total” pactada por los grandes partidos, como denuncia el portavoz vecinal de San Pedro de Alcántara, Juan Antonio García.
Demasiados lastres
Esta política se plasma sobre todo en el urbanismo y la política de personal. En opinión de José Cosín, autor de Mafia y corrupción. El gilismo que no muere, "para cambiar las cosas hay, que meter mano en la política de personal". Pero Marbella no ha puesto remedio a la hipertrofia heredada por el gilismo, asumiendo más de 3.000 trabajadores municipales para 125.000 habitantes. Un lastre que supone que el presupuesto de 2009 destine a personal 141.876.471 euros, un 63,8% del total.
Pero el aspecto más visible es el urbanismo. El pleno del Ayuntamiento aprobó el 23 de octubre provisionalmente, con el voto a favor de los ediles de PP y PSOE y en contra del edil de IU, su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De las 18.000 viviendas que había fuera de ordenamiento, producto de las tropelías de políticos y promotores durante el gilismo, casi todas regresan al redil de la ley.
Banana Beach
Sólo quedan fuera tres promociones (Banana Beach, Río Real y La Víbora), que suman unas 500 viviendas. Pero tampoco está garantizado que Banana Beach, 350 viviendas que constituyen el paradigma de los abusos del gilismo a pie de playa, termine siendo derribada. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha comprometido a luchar por la legalización de todas las viviendas. "Votamos a favor por responsabilidad, pero si el PP persiste en esta postura, seremos más duros en la aprobación definitiva", explica Susana Radío, portavoz del PSOE. "Se contenta a unos pocos y paga toda la ciudad", afirma Enrique Monterroso, concejal de IU.
Las alegaciones que los ciudadanos presenten contra el PGOU, que abrió el jueves su periodo de información pública, pueden dar la medida del respaldo de los marbellíes a esta política. El PSOE anunció ayer que presentará alegaciones, pero "para mejorarlo y no para ir en contra", matizó.
El consejero de Vivienda, el socialista Juan Espadas, evita la confrontación y afirma que "no es momento de que la Junta tome postura", pues el texto está pendiente aún de importantes trámites.
El PGOU incluye una cláusula que exonera de responsabilidad a "terceros de buena fe". Eso supone otra amnistía: los compradores de casas no tendrán que compensar las cargas urbanísticas, por lo que todo lo deberían pagar los promotores. "Los perseguiremos aunque estén huidos", dicen en el Ayuntamiento al ser preguntados sobre su auténtica capacidad para obligarlos a pagar.
Plantilla hipertrofiada
El socialista Francisco Zori, último edil de Personal antes del GIL, recuerda que dejó 760 trabajadores municipales. Cuando el 'gilismo' cedió el poder a la gestora, había 3.500, que esta dejó en 3.200 al no renovar los contratos temporales. Ángeles Muñoz prometió en campaña no reducir la plantilla. La promesa funcionó y la ha cumplido. "Hemos consensuado todo con los sindicatos", dice el portavoz municipal, Félix Romero. "Hay una política de enchufismo", denuncia Óscar Fernández, del PSOE.
* Público - BELÉN GARCÍA / ÁNGEL MUNÁRRIZ - MARBELLA / ESTEPONA - 03/11/2008
Foto: Marbella, entrada - confidencial
Un promotor regaló al alcalde de Bigastro un coche de 60.000 euros por una permuta
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ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, fue agasajado con un coche, valorado en 60.000 euros, por un promotor beneficiado con una permuta. Esta operación urbanística, tasada por los técnicos municipales en 180.000 euros, está en el origen de la investigación de la Guardia Civil que ha acarreado el encarcelamiento del primer edil por cinco delitos, entre ellos malversación y cohecho.
Moya, que presentó su dimisión al cargo el viernes horas antes de comparecer ante la juez, se plantea ahora retractarse.
La permuta la acordó el Ayuntamiento con el promotor José Pérez Moya. Éste también fue arrestado por los agentes. El Ayuntamiento permutó 1.500 metros cuadrados de suelo en el polígono industrial a cambio de un local comercial de dos plantas, en el centro del pueblo. El Ayuntamiento reintegró al empresario, mediante dos transferencias, la diferencia, 130.000 euros. "Los dos pagos están perfectamente documentados", señaló ayer el concejal de Urbanismo, Raúl Valerio. Además del precio, los agentes también sostienen que el suelo permutado era verde y no industrial. El equipo de gobierno mantiene la tesis contraria.
Fuentes de la investigación, han confirmado a este periódico que como consecuencia de esa operación el alcalde recibió un lujoso turismo. Moya, que rehuye la ostentación, cambió el coche por un utilitario y se embolsó la diferencia.
José Joaquín Moya fue arrestado el pasado martes, junto con el secretario de la corporación, el mencionado constructor, otro empresario y un ingeniero. Los cuatro últimos quedaron libres con cargos tras declarar ante la juez. Para Moya, la magistrada dictó prisión provisional. Sin embargo, el alcalde no ingresó en la cárcel de Fontcalent hasta la noche de ayer. El fin de semana ha estado en los calabozos de la policía de Orihuela. El retraso, según fuentes oficiales, obedece a "cuestiones burocráticas".
Antes de comparecer ante la juez, Moya mediante, la intermediación del secretario general de la Subdelegación del Gobierno, firmó un escrito con su renuncia al cargo y al acta de concejal. El funcionario trasladó ese mismo día el escrito ante el registro del Ayuntamiento. La alcaldesa en funciones, la socialista Inmaculada Martínez, aseguró ayer que pedirá un informe jurídico sobre la legalidad del escrito antes de convocar el pleno para la renuncia del alcalde. Para ello, el consistorio dispone de un plazo de 10 días. Entre tanto, Moya puede presentar otro escrito que deje sin efecto su primera dimisión.
Ayer, el Ayuntamiento de Bigastro, mediante una nota oficial, enfatizó: "José Joaquín Moya Esquiva sigue siendo oficialmente alcalde de Bigastro".
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 04/11/2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
Participación ciudadana y PGOU: Lo que es y lo que no es
CARLOS GÓMEZ GIL/Alicante* : Coincidiendo con la presentación del PGOU asistimos a diferentes actos, más o menos forzados, en los que se dice querer impulsar la participación ciudadana en torno al debate sobre este documento estratégico que marcará los ejes de desarrollo de nuestra ciudad durante los próximos años.
Sin embargo, la participación ciudadana, imprescindible para instituciones democráticas como los ayuntamientos y absolutamente esencial en el campo de la planificación urbana, es mucho más que unas reuniones apresuradas en los salones de un hotel, siendo por el contrario una poderosa herramienta en la que vienen trabajando algunos ayuntamientos para construir consensos y aunar esfuerzos, como un método imprescindible para construir ciudad.
La participación podría entenderse como el proceso encaminado a facilitar que las personas puedan tomar parte directa o indirectamente en las políticas y en la toma de decisiones, aportando su propia experiencia y puntos de vista, conocimientos y percepciones, compartiendo de esta forma la toma de decisiones. Lógicamente esta participación exige de un reconocimiento del otro, en este caso de los ciudadanos, entidades asociativas y colectivos cívicos, por medio de un clima de respeto, colaboración así como de diálogo a través de un proceso relacional franco y transparente. A estas alturas coincidirán conmigo en que desde nuestro Ayuntamiento, se han dinamitado en los últimos años las bases mínimas de respeto y colaboración con la ciudadanía para que ahora, de forma tan atropellada como forzada, se quiera llamar "participación" a un conjunto de charlas sobre el PGOU que está siendo sometido a información pública.
Todo proceso participativo exige la puesta en marcha de relaciones amplias y sostenidas hacia los distintos tipos de actores sociales, ciudadanos e instituciones afectadas, sobre los que se deberá desplegar la tarea de movilizarlos y facilitarles el ejercicio pleno de esa misma participación que se pretende, reforzando con ello la legitimidad de las decisiones públicas y la repolitización de las instituciones locales.
Participar no es sólo recabar impresiones y someter a consulta, sino permitir la codecisión sobre modelos y opciones distintas, asumir opciones de planificación que puedan surgir como resultado del modelo de consulta, pero también ofrecer cauces para participar y supervisar en la gestión y ejecución de resultados posteriores. Para todo ello hay que posibilitar formatos distintos de intervención a los diferentes interlocutores, construyendo herramientas de participación apropiadas para cada uno de ellos.
Gracias a la participación se construye una ciudadanía activa, consciente y crítica, que se implique en los problemas de la ciudad y en sus transformaciones futuras. Pero ello exige también de una participación de ciudadanos conscientes de sus derechos y también de sus responsabilidades, no como meros habitantes o contribuyentes. Se puede afirmar sin exageración alguna, que la política municipal promovida por el equipo de gobierno del PP, del que ha formado parte activa la actual alcaldesa, ha tratado deliberadamente de avanzar en sentido justamente opuesto, por lo que cualquier apelación a una aparente participación ciudadana debe acompañarse de medidas y actuaciones que hasta la fecha no se han dado.
En el caso del urbanismo, la participación pública es, si cabe, mucho más imprescindible que en otros espacios de gestión municipal. Entre otras razones de peso podemos mencionar la ausencia de cauces efectivos de participación en estos temas, la limitada eficiencia y transparencia en acuerdos y decisiones de un gran calado para el futuro de la ciudad, la sensación de arbitrariedad en algunas de ellas, así como la complejidad de un proceso técnico extraordinariamente codificado. Por ello, la necesidad de trabajar en un proceso de apropiación sobre la ciudad, la exigencia de conciliar intereses con frecuencia contrapuestos, junto a la oportunidad de fortalecer la identidad social urbana así como la adopción de comportamientos más respetuosos y sostenibles, son razones que debieran llevar a desarrollar estas estrategias desde la política municipal.
Y no hablamos desde la teoría. En el campo de las experiencias participativas urbanísticas, ayuntamientos como Vilafranca del Penedés, Palamós, Alaquàs, Cardedeu, Parla y Terrasa han promovido iniciativas muy relevantes. En el ámbito del planeamiento urbanístico sostenible se pueden destacar iniciativas promovidas por los ayuntamientos de Huelva, Bilbao, Zizurquil, Mungía, Sevilla, Zaragoza, Prat de Llobregat, Hospitalet, Marinaleda, Montornés del Vallés y Santa Coloma de Gramanet, todos ellos de distintos colores políticos. Pero son otras muchas las buenas prácticas que se pueden destacar en otros muchos municipios en el campo de los planes urbanísticos transversales, planes urbanísticos comunitarios, diseño de presupuestos participativos, gestión de la Agenda 21 local, diseño de planes locales de movilidad, planes de igualdad de género y planes para la infancia, entre otros. Por el contrario, en ninguno de estos campos el Ayuntamiento de Alicante figura como institución de referencia, y lo que es peor, a una tortuosa tramitación previa del PGOU por todos conocida se puede añadir ahora un deficiente y desganado proceso de concertación ciudadana, que se ha mantenido hasta la fecha alejada, cuando no rechazada, del diseño estratégico básico sobre el urbanismo de la ciudad. La pregunta, por tanto, es si Alicante puede seguir avanzando de espaldas a sus ciudadanos.
* Carlos Gómez Gil es profesor de la UA y director de su Observatorio Permanente de la Inmigración.
* Información - Alicante - 3.11.2008
El alcalde de Láchar declarará ante el juez por prevaricación urbanística
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GRANADAHOY* : El alcalde de Láchar, Javier Montiel (PSOE), ha sido llamado a declarar como imputado por el Juzgado de Instrucción nº3 de Santa Fe por un presunto delito de prevaricación, al haber dado licencia de primera ocupación a una promoción de 24 viviendas sin los informes de los técnicos municipales ni del secretario del Ayuntamiento.
El hecho fue denunciado por uno de los compradores al despacho de los hermanos Martínez de las Heras. El afectado alega que junto a su abogado se dirigió al Ayuntamiento para saber "cómo era posible que la vivienda que había adquirido tuviera licencia de primera ocupación, cuando no estaba terminada". Como no les informaron, a principios de junio presentaron un escrito en el que solicitaban copia de la licencia de primera ocupación y de los informes técnicos en los que esa decisión se hubiera amparado.
El 26 de ese mes, al no obtener respuesta, consultaron directamente con el secretario municipal, que indicó que "no encontraba el expediente y que debía tenerlo el alcalde o el concejal de Urbanismo". Pidieron, pues, una cita para conseguir una copia del expediente, pero fue anulada el día anterior. "Hasta la fecha de interposición de esta denuncia, se han efectuado diversas llamadas, pero sin respuesta alguna", defiende el escrito.
Así pues, la parte denunciante decidió contratar los servicios de un notario y un técnico que emitieran sus respectivos informes, constatando que las obras estaban sin terminar y que, por tanto, no podían obtener la licencia de primera ocupación.
Según consta en la denuncia, el notario pudo comprobar que "la urbanización no estaba terminada, sino que además las canalizaciones de suministro, tales como agua potable y residual, electricidad, etc. no se encontraban realizadas ni conectados". Curiosamente, el día en el que el afectado acudió al despacho del notario, encontró allí a otros tres compradores de la promoción que han interpuesto otra denuncia, en este caso, ante la Fiscalía.
Al mismo tiempo, el comprador de la vivienda había interpuesto otra demanda de resolución contractual en el Juzgado de Primera Instancia 12 de Granada, ya que la promotora no había contestado a ninguno de los burofax enviados con la intención de dar por extinguida la relación de comprador y vendedor.
A raíz de ese procedimiento, el afectado pudo conseguir, por fin, la licencia de primera ocupación del Ayuntamiento de Láchar, fechada el 21 de mayo. Pero la certificación estaba emitida no a raíz del preceptivo informe técnico y jurídico municipal, sino que se basaba en "el certificado final de la dirección de la obra", emitido por el arquitecto de la promotora.
En la denuncia se hace constar que "llama poderosamente la atención que el alcalde argumente y recurra a un certificado final de obra de los profesionales del promotor para otorgar la licencia y no recurra a los servicios técnicos municipales, tal como es preceptivo en la legislación vigente". Por si todo esto fuera poco, el demandante asegura que la promoción "se encuentra a la entrada del municipio en la carretera, por lo que el alcalde conocía perfectamente que dicha urbanización y obra no se encontraban terminadas. Siguen sin estarlo".
Con esta documentación en su poder, el demandante solicitó al Ayuntamiento que declarase la nulidad de la licencia de primera ocupación, solicitud que tuvo respuesta el pasado 4 de septiembre, cuando el Consistorio admitió a trámite la petición e inició el "trámite de declaración de nulidad" del permiso "y consecuentemente, suspender la eficacia de la licencia otorgada", así como "la paralización de los actos que estén o puedan ejecutarse a su amparo".
El juzgado de Santa Fe admitió la denuncia por prevaricación, al entender la "posible existencia de infracción penal", incoando diligencias previas. Por ello, ha llamado a declarar al denunciante el próximo día 11, mientras que el alcalde tendrá que hacerlo, en calidad de imputado, al día siguiente, al igual que el promotor, que testificará como testigo.
* Granada Hoy - D. B. F. / Granada - 3.11.2008
Foto: Un conjunto residencial en construcción en la localidad de Láchar. - granadahoy.com
Calles sin gente
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PÚBLICO/Guadalajara* : En Ciudad Valdeluz (Yebes) hay tan poca gente que el único supermercado no puede tener comida perecedera. Las cajeras se aburren. Los pasillos están relucientes, vacíos. Se puede gritar “¡Holaaaaaa!” en la sección de yogures. Fuera, en la calle, se puede saltar y correr por las aceras y calzadas. Se puede hacer un cambio de sentido no permitido en sus amplias avenidas. No pasa nada. No hay gente. No hay coches.
Tan sólo un todoterreno de una empresa de seguridad alerta de que ahí hay algo que proteger.
En esta urbanización proyectada para 34.000 habitantes residen sólo un centenar de familias. Basta con dar un paseo un día cualquiera: por la mañana sólo hay obreros rematando edificios. Por la tarde no hay nadie, una o dos personas pululan por los cajeros automáticos. Por la noche algunos vecinos sacan a pasear a sus perros. Las persianas de las urbanizaciones están bajadas, los edificios vacíos. Pocas luces iluminan las ventanas.
¿Qué ha pasado para que en Ciudad Valdeluz, a cinco kilómetros de Guadalajara y vendida por su promotora Reyal Urbis como una bonita ciudad residencial, parezca una ciudad fantasma? La historia empieza en 1998, cuando el PP ubicó la única estación del AVE Madrid-Lleida, a su paso por Guadalajara, en Yebes, un pueblo de 300 habitantes. Poco después, salía a la luz pública que el verdadero favorecido de la operación urbanística había sido Fernando Ramírez de Haro, esposo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP). Él y su familia vieron cómo las miles de hectáreas que poseían en esos terrenos se revalorizaban de manera espectacular.
Ciudad Valdeluz ocupa 490 hectáreas, 331 en el término municipal de Yebes y 158 en el de Guadalajara. Hay dos PAUs (Programas de Actuación Urbanística), uno que corresponde a la zona de Yebes con unas 8.500 viviendas proyectadas y otro en la parte de Guadalajara, con 800. Reyal Urbis asegura que ya se han entregado 1.200 pisos y que próximamente dará 700 más. En total se ha vendido un 84% de las viviendas, aseguran fuentes de la compañía.
“No disponemos del dato real de habitantes ni del número exacto de censados en el Ayuntamiento de Yebes. De lo que sí tenemos constancia es que un alto porcentaje de residentes de Ciudad Valdeluz no se han empadronado en Yebes y que la cifra de vecinos actual se acerca a los 1.000”, insisten en la empresa cuando se les pregunta sobre el desierto en que ha quedado convertida la urbanización.
Cascadas y parques
Los vídeos que venden en Internet las viviendas de Ciudad Valdeluz ofrecen una extraña sensación de felicidad. Promotores sonrientes ofrecen cascadas, parques infantiles, lagos, campos de golf, carril-bici... Una ficción que, un frío día de otoño, se transforma en un mundo sin gente, como si hubiese caído una bomba nuclear.
Dos de la tarde. En el único bar-restaurante de la zona sólo hay obreros y mujeres que limpian las obras. Francisco Pérez, el encargado, explica que el local “en un principio se construyó para dar servicio a los trabajadores”. “Espero que esto tire para adelante, pero eso dependerá de la crisis”, afirma. Varios hombres coinciden: “Hay muchos edificios parados, si no hay dinero, esto no sale”. Una mujer entra a vender cupones de la ONCE y los clientes matan la sobremesa con whisky.
Fuera, el panorama sigue siendo desolador. Hay calles que no llevan a ningún sitio. Una señal que advierte de la presencia de vacas está justo al lado del campo de golf. Dentro del club, varios jubilados apuran sus cafés. Hace demasiado viento para jugar.
Vuelta a la ciudad fantasma. Cinco de la tarde. Una mujer se resguarda del frío en un soportal de una de las tres entidades bancarias que hay en una calle. Se llama Teresa y cuenta que hace dos años su marido y ella compraron un piso amplio en Ciudad Valdeluz. “Nos costó 385.000 euros, pero ahora mi marido se ha quedado en paro y no lo vamos a poder pagar. Además, nuestra idea era vender nuestra casa en Guadalajara, pero no tenemos comprador”, explica. Otra casa más que se quedará vacía. Como Teresa, hay muchas familias que no han podido hacer frente a la hipoteca y han desistido de la idea de mudarse.
Hay otro problema añadido: el transporte. La estación cercana del AVE no tiene lanzaderas, algo que los vecinos llevan exigiendo desde que empezaron a llenar las casas, en el año 2006. El aparcamiento del AVE a su paso por Yebes es otro desierto. Tan sólo el ruido de una carrera de coches teledirigidos rompe el silencio. De vez en cuando pasa un tren. “No más de 15 personas utilizan a diario esta estación”, informa el taquillero.
Falta darle vida al AVE, pero los que residen en Ciudad Valdeluz aseguran que valoran otras cosas, como “la tranquilidad del lugar”. Muchos vienen de Madrid y aseguran que no lo cambiarían por las apreturas de la capital. “Mis hijos pueden salir aquí a la calle sin miedo”, asegura una mujer. Y pone el ejemplo de Móstoles, un municipio en la periferia de Madrid con más de 200.000 habitantes. “Móstoles empezó así, sin autobuses, con poca gente y ahora es una ciudad”, agrega, antes de meterse en el supermercado. Allí, el encargado del establecimiento explica que los fines de semana tienen más clientes. “Es como una ciudad dormitorio, no hay vida entre semana”, apunta.
Unas cañas y un estanco
Al anochecer, Ciudad Valdeluz despierta un poquito. Eva Chacón pasea a su perro. Está viviendo de alquiler. “Un piso de tres habitaciones cuesta 700 euros, pero están bajando los precios”, cuenta. Ella se queja de que no hay estanco, ni farmacia. Aurora Aguado también pasea a sus dos canes. “Echo de menos un bar donde tomarme unas cañas”, reconoce resuelta. Eso sí, no volvería a vivir en Madrid.
Conchi Cabezas y Carmen García coinciden con sus vecinas en que la prioridad es la farmacia. “Y un estanco”, pide otra. “Y la peluquería”, añaden. La sensación de no tener cerca ese tipo de servicios las hace sentir incómodas. Por lo menos dicen que no tienen miedo a salir de noche aunque lo hacen, eso sí, con sus perros.
CRONOLOGÍA
Mundo Avelandia: Con campo de golf pero sin farmacia
1998
EL AVE LLEGA A YEBES. El Partido Popular coloca una estación de la línea del AVE Madrid-Lleida en Yebes (Guadalajara), a cinco kilómetros de la capital. En el pueblo no viven más de 300 personas. Los terrenos de la zona, pertenecientes a la familia del marido de Esperanza Aguirre, se revalorizan.
2003
EMPIEZA EL PROYECTO. Empieza el proyecto. Ciudad Valdeluz, más conocida como Avelandia, se pone en marcha en el año 2003. “Es la primera ciudad de España que nace desde cero, pensada para ofrecer un nuevo estilo de vida”, venden sus promotores. El total de la superficie asciende a 1, 1 millones de metros cuadrados. La inversión total llega a 1.180 millones de euros.
2007
18 HOYOS EN LA NADA. El año pasado se inauguró en Ciudad Valdeluz un campo de golf de 18 hoyos y una longitud total superior a los 6.000 metros. Lo utilizan sobre todo golfistas de Madrid. Los vecinos de la urbanización aprovechan la cafetería de las instalaciones como lugar de encuentro.
2008
COLEGIO EN OBRAS. El pasado mes de abril abrió el centro médico, donde una doctora pasa consulta por la tarde, dos días a la semana. El colegio de la urbanización, laico y concertado, abrió sus puertas este curso, pero una parte del centro aún sigue en obras. Da cobertura a la educación entre cero y 18 años. Hay también un supermercado provisional, instalado en una nave prefabricada. No hay farmacia.
* Público - SUSANA HIDALGO - Madrid - 02/11/2008
Foto: Una de las calles desiertas de la Urbanización Valdeluz, en Guadalajara. - GABRIEL PECOT, publico.es
Estepona perdió 17,3 millones por vender parcelas a mitad de precio
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ELPAÍS/Málaga* : En los últimos años, las arcas del Ayuntamiento de Estepona han ido vaciándose como si su fondo estuviera repleto de agujeros. Entre el dinero que se ha escurrido, y que todavía se puede recuperar, hay 17,3 millones de euros que el Consistorio perdió con la venta de parcelas y aprovechamientos urbanísticos a la mitad del precio que tenían en el mercado.
El liquidador de las empresas municipales, Juan Manuel de Hoyos, advirtió de esta situación en 2004 al ex alcalde socialista Antonio Barrientos. "No se hizo nada", asegura.
Con el nuevo rumbo que ha tomado el Ayuntamiento esteponero tras el caso Astapa, De Hoyos pretende trasladar al nuevo alcalde, David Valadez (PSOE), la posibilidad de anular estas operaciones y reclamar el dinero. "El asunto no ha prescrito, pero quien tiene que tomar la iniciativa es el nuevo equipo de gobierno", explica el liquidador.
La sugerencia llega en un momento de quiebra económica para Estepona. El municipio necesita unos 50 millones de euros para pagar sus deudas con proveedores y la Seguridad Social, y no podrá recurrir a los bancos en 2009 porque el Consistorio ha sido declarado "inestable presupuestariamente".
Las operaciones urbanísticas por las que el Consistorio esteponero dejó de ingresar esos 17,3 millones se detallan en un informe que De Hoyos presentó el 21 de enero de 2004 a las tres empresas municipales afectadas: Servicios Estepona XXI, SL; Planeamiento Estepona XXI, SL; y Obras Estepona XXI, SL.
El escrito aborda la venta de ocho parcelas y tres aprovechamientos urbanísticos -derechos de edificación- a través de sociedades municipales en proceso de liquidación. Lo curioso es que las empresas a punto de cerrar no eran dueñas de los terrenos, sino que el Ayuntamiento se los transfirió antes de la venta. El consistorio también recompró aprovechamientos entregados unos años antes para cancelar deudas de la sociedad Obras Estepona XXI, SL, para después revenderlos. "Al ser unas operaciones poco frecuentes en empresas disueltas y ante la posiblidad de que no se hayan hecho con claridad y transparencia es conveniente analizarlas con detalle", aconseja el escrito.
Las parcelas, todas urbanizables, se ofertaron a través de dos anuncios publicados en un diario deportivo en agosto de 2002. En esa época, Rosa Díaz, por aquel entonces del PP, era alcaldesa y tenía como socios de gobierno a ex ediles del GIL.
El primer anuncio, del 6 de agosto, solicitaba ofertas para la compra de tres parcelas (23.000 metros cuadrados) en la zona Arroyo de las Cañas. En los siete días de plazo contestó una sola empresa -Promoción y Desarrollo de Viviendas, SA- que finalmente adquirió el lote por 2,2 millones. Según la valoración del arquitecto Germán José García Zumaquero, encargada por el liquidador, el precio de mercado de esos terrenos en esa época era de 4,8 millones. Más del doble de lo que se pagó.
La segunda oferta, del 9 de agosto, sacaba al mercado cinco parcelas -unos 27.508 metros cuadrados- en el Camino de la Resinera. Contestaron tres empresas, dos con el mismo administrador. Finalmente, la compró la sociedad Las Cañas Estepona, SL, por 4,1 millones. El informe del arquitecto las valora en 10,5 millones, más del doble.
La venta de los aprovechamientos urbanísticos se cerró entre mayo de 2002 y enero de 2003. Las sociedades municipales recompraron derechos de construcción que previamente habían entregado y volvieron a venderlos a otras empresas con menos ganancias de las que realmente correspondían.
En Playa Guadalmansa cobraron 3,2 millones por derechos tasados en 8,3 millones; en Cortijo Casareño recibieron 1,5 millones por aprovechamientos valorados en 3,2; y en Llanos de la Voladilla percibieron 3,3 millones, por aprovechamientos tasados en 4,8.
En total, las operaciones por terrenos acarrearon una pérdida de 9 millones y las de aprovechamientos, de 8,3 millones. Estas grandes diferencias en la tasación hicieron que De Hoyos, que en en el momento de la venta de las parcelas no ejercía como liquidador de las sociedades, solicitara un estudio jurídico al abogado Guillermo Álvarez Rato. "Del informe se desprende que las transacciones no se ajustan a derecho", concluye. El letrado termina aconsejando ejercer acciones penales contra los anteriores liquidadores y los compradores, que se declaren nulas las ventas y se reclamen los daños y perjuicios causados.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 03/11/2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)
Crisis en Marina D'Or: el ocaso de la ecuación sol y playa a mansalva
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SOITU/Castellón* : Con estas palabras describe el centro Marina D'Or el escritor Robert Juan Cantavella, autor de 'El Dorado', una obra de ficción que arremete contra el urbanismo desaforado del complejo turístico. Templo de la caspa para algunos, paraíso en tierra para otros, aberración ecológica para los de más allá... las opiniones sobre Marina D'Or son tan variadas como los colores de sus bloques de apartamentos.
Sin embargo, hay dos cosas que parecen innegables: que su ciudad de vacaciones ha sido durante mucho tiempo el paradigma del veraneo en la costa española y que la burbuja inmobiliaria ha venido cebándose con el grupo desde hace tiempo. La última prueba de lo segundo ha llegado este mismo lunes, cuando la empresa ha presentado un ERE que afectará a un total de 214 empleados, o sea, a más del 15 por ciento del total.
"Aquello se ha llenado de carteles de 'se vende' en todos los balcones", dice el propietario de una vivienda en Marina D'Or. Y es que las malas noticias parecen no parar de llegar desde la costa levantina. Ya hace unos meses el grupo admitió que durante el pasado año las ventas de sus apartamentos en España disminuyeron un 60 por ciento. Además, los beneficios del grupo se redujeron en 2007 cerca de un 50 por ciento respecto al año anterior.
Debajo de los datos y las cifras parece subyacer una realidad más profunda: los apuros de Marina D'Or son el reflejo de una crisis económica que afecta a unas clases medias incapaces de seguir costeándose el sueño del sol eterno y los apartamentos en primera línea de playa al que Luis Aguilé dedicó un himno ya clásico de la mitología 'kitsch'. "La crisis financiera internacional se está dejando notar sobre todo en la clase media, que en este momento no dispone de dinero para invertir en una segunda vivienda de vacaciones", comparte Manuel Gandarias, presidente de Live in Spain, asociación de promotoras especializadas en fomentar el negocio de la segunda vivienda en España.
"Cuando existe una crisis inmobiliaria, hay determinadas tipologías que sufren antes y más: la vivienda de segunda residencia y vacacional es la primera que experimenta el parón", explica un especialista del sector inmobiliario. A ello no ayuda en absoluto que el producto inmobiliario del grupo estuviera dirigido esencialmente a la clase media. "O sea, a las personas que son más vulnerables al cambio de ciclo económico", añade este experto. Cantavella esboza un panorama aún más pesimista y opina que, tras las cifras, se avecina un drama del que todavía hemos visto sólo las orejas. "Será la suma de miles de pequeñas tragedias de gente que compró una gran cantidad de cosas que no podían pagar porque los bancos les hicieron creer que sí podían", critica.
La crisis del modelo
Cuando ya no funcionen las montañas rusas ni las piscinas de agua caliente, aquí no quedarán más que ellos, centenares de estos enormes edificios compuestos como un siniestro cubo de Rubik por miles de apartamentos repetidos en seis colores a elegir.
Cantavella plantea en las páginas de 'El Dorado' un desolador y ficticio futuro de Marina D'Or. El escritor, más allá de la coyuntura económica, ve en los malos datos empresariales el comienzo del fin en toda regla del modelo de construcción que durante décadas ha imperado en la costa levantina. "El cliente-comprador, a los pocos años de 'veranear' en este tipo de guetos postmodernos, ve con horror cómo todo empieza a deteriorarse", afirma.
Para Patricio Sánchez, profesor de urbanismo del Instituto de Práctica Empresarial, este prototipo tan extendido en la costa ha sido un "acelerador" de la crisis en la zona. "La falta de control y de criterio a la hora de ordenar el territorio ha provocado una masificación, que ha hecho que se vuelva poco atractivo", explica. Así, finalmente, otras potentes alternativas como Turquía, Croacia o Marruecos, se están erigiendo como una fuerte competencia de la costa española.
A pesar de las dificultades, otras expertos como Gandarias no creen que ni la crisis ni una eventual revisión del modelo de construcción en la costa pueda suponer algún menoscabo de la importancia de España como paraíso turístico playero. Con seguridad contundente sentencia: "El destino de España es ser la California y la Florida europeas. Sólo tenemos que superar esta gripe".
* SOITU.es - MARÍA SÁNCHEZ DÍEZ - 31.10.2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), urbanización Marina D'Or - flickr.com
Lanzarote: El TSJC anula la licencia del hotel de lujo de Puerto Calero
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CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido anular la licencia urbanística que facultó la construcción del hotel Hesperia de Puerto Calero. La decisión se basa en que la edificación carece de informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
Lo curioso del asunto es que el pronunciamiento judicial se debe a la demanda mantenida por un particular y no por acciones emprendidas por el Cabildo. En este caso, a diferencia de la mayor parte de los hoteles en igual condición, desde la primera Corporación se tomó la decisión de retirar el pleito en 2006.
El fallo, comunicado a las partes en esta misma semana, ratifica la sentencia inicialmente dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas, que anulaba la licencia de 1999 concedida por el Consistorio de Yaiza, con José Francisco Reyes como alcalde, para la parcela 74 del Plan Parcial Cortijo Verde. Precisamente Yaiza apeló el fallo, con argumentos que desde el TSJC encuentran respuesta en la que se incluye un comentario sobre el proceder cabildicio.
‘Toque’ al cabildo. En concreto, se matiza en la decisión judicial que «lo que tenía que haber pretendido el apelante es que el Cabildo diera un trato igual a todos los afectados por sus impugnaciones de licencias urbanísticas vinculadas», desistiendo así de todos los procedimientos existentes y no sólo en algunos casos en concreto.
Tras esta advertencia, se deja pie a que otros sí que tengan igual derecho y consideración al tiempo de presentar recurso contra las licencias urbanísticas de origen supuestamente dudoso. Así se concreta que «el hecho de que el Cabildo, que no ha intervenido en este procedimiento, haya desistido de algunos recursos en relación a licencias de obras», se matiza con referencia incluso a casos en concreto, «no es obstáculo, por sí, para impugnar la citada licencia de obras».
Asimismo, abunda el fallo sobre este respecto que «a la pregunta de que si una entidad mercantil puede impugnar la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza, por ser contraria a la legalidad urbanística, debemos responder afirmativamente», a la par que se aclara que «en este punto consideramos que es legítimo el ejercicio de la acción, porque persigue el cumplimiento de la legalidad urbanística, que es la finalidad que en sí tiene la acción».
Tras estas oportunas aclaraciones, desde el TSJC se concretan diversos aspectos sobre el fondo del asunto, anulándose la licencia por el simple hecho de «no constar una publicación íntegra del Plan Parcial en cuestión, con anterioridad a la concesión de la licencia combatida».
* Canarias 7 - José Ramón Sánchez - 2.11.2008
Foto: El hotel objeto de nueva polémica se ubica en un privilegiado espacio de Puerto Calero - Carrasco, canarias7.es
La corrupción política anida en la Vega Baja
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ELPAÍS/Alicante* : La honestidad de la clase política en La Vega Baja está tocando fondo. Los cargos públicos de esa comarca, habituados a sobrevivir en el filo de la navaja, han recibido en menos de una semana dos varapalos judiciales que, de golpe, han puesto sobre el tapete las oscuras e ilícitas relaciones entre política y negocio tejidas en las tres últimas décadas en algunos municipios. El epicentro del obsceno escenario se sitúa en el urbanismo salvaje.
La comarca ha experimentado un brutal crecimiento inmobiliario, cuyas jugosas plusvalías han llevado a políticos, empresarios y profesionales liberales a rebasar la línea de la legalidad. Y todo ello ante la pasiva mirada del Consell, cuya función supervisora del urbanismo ha sido prácticamente nula. Las miles de viviendas ilegales que pueblan ahora la otrora huerta de la comarca y los centenares de urbanizaciones del litoral carentes de infraestructuras y dotaciones no han aparecido por arte de magia de la noche a la mañana.
Las últimas víctimas del acoso policial y judicial a la corrupción han sido la alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, y el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, ambos socialistas. La primera está en libertad con cargos; el segundo, se ha convertido en el primer regidor valenciano preso preventivo de la democracia por delincuencia urbanística. Además de los dos alcaldes, el saldo de la última acometida de los jueces y la policía a las tramas de corrupción se completa con el arresto de cinco concejales, un abogado un ingeniero, un secretario municipal, un jefe de policía local y dos constructores. Todos han quedado en libertad con cargos.
La abultada lista se refiere únicamente a los pequeños municipios de San Fulgencio (12.800 vecinos) y Bigastro (7.000 habitantes). Sin embargo, el tufo de la corrupción en La Vega Baja es añejo y se remonta a la etapa del ex consejero de Obras Públicas, el popular Luis Fernando Cartagena, en la alcaldía de Orihuela desde 1987 a 1996. Cartagena ha experimentado el ambiente de una celda, aunque de manera breve, por una condena a cuatro años por quedarse con 49.000 euros de unas monjas. Y todavía tiene pendiente otra causa por fraude a Hacienda. Por estos hechos se enfrenta a tres años de prisión.
Con el cambio de siglo, los focos de la corrupción apuntaron directamente a los dos grandes núcleos urbanos de la comarca: Orihuela y Torrevieja, feudos del PP desde mediados de los ochenta. Sobre el Consistorio oriolano, con su ex alcalde José Manuel Medina a la cabeza, pesan 16 sumarios por otros tantos supuestos delitos derivados de la gestión urbanística y contable. Los jueces ya han decretado el archivo de tres de las causas secundarias. La principal, dirigida contra Medina, sigue en vía muerta, después de que el ex alcalde admitiera ante el juez que usaba un Rolls Royce y vivía en un chalé propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. La imputación le cerró el paso a la reelección en 2007, aunque su partido volvió a ganar en Orihuela.
El número de escándalos ha sido menor en el otro gran ayuntamiento de la comarca. Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, se mantiene en el cargo pese a su imputación por una plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compraventa de una finca supuestamente con información privilegiada. Hernández Mateo revalidó el cargo de alcalde en mayo de 2007 y, además, se blindó con el acta de diputado autonómico. Todo ello con el beneplácito de su máximo valedor, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no se cansa de elogiar la honestidad de la figura de Hernández Mateo y que pone como modelo de sostenibilidad su propuesta de crecimiento urbano. Modelo que, según expertos urbanistas, es el más depredador del territorio de la comarca y da cobijo, según la policía, a grupos mafiosos por su laberíntica trama.
Entre los casos de Orihuela y Torrevieja y los dos últimos de San Fulgencio y Bigastro, otro formidable ejemplo de urbanismo descontrolado polarizó la atención de los medios: los 1.200 chalés construidos en plena huerta de Catral, la mayoría en suelo no urbanizable y con licencia menor para vallados o viviendas de labranza. Por estos hechos están imputados el ex alcalde de la localidad, el socialista Rodríguez Leal, y cuatro concejales. El Consell reaccionó interviniendo el PGOU del municipio, pero justamente dos años después no ha aportado una solución definitiva.
La estadística de damnificados, en función del color político, es por ahora claramente desfavorable a las filas socialistas. Desde esta formación se aplaude la acción de la justicia. "Hay que actuar con contundencia contra este tipo de comportamiento", afirma un líder comarcal del PSPV. "Pero contundencia para todos", precisa.
En apariencia, según los socialistas, la Fiscalía Anticorrupción ha actuado con distinto rasero. ¿Por qué en el caso Orihuela, con una grabación también sobre un supuesto soborno por la basura, no hubo arrestos ni registros de despachos oficiales? ¿Por qué el caso de la finca de Hernández Mateo se ha sustanciado hasta ahora con la simple declaración del alcalde como imputado? Son las preguntas que flotan en el ambiente interno del PSPV.
Los casos de Orihuela y San Fulgencio, en las formas, tienen un nexo en común: grabaciones (dos en caso de Orihuela) que revelan supuestas irregularidades y un posible soborno. Como consecuencia del primero está pendiente el arsenal de cintas incautadas al empresario Ángel Fenoll, encarcelado y puesto en libertad con fianza por extorsión. Este sumario, bajo secreto desde hace año y medio, está a punto de empezar a caminar y seguro que engordará la lista de arrestados e imputados.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 02/11/2008
Foto: Orihuela (Alicante) - comunitatvalenciana.com
