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ELCORREO/Andalucía* : Los cuatro cabecillas de la presunta trama de corrupción de Estepona seguirán en la cárcel dos meses después de ser detenidos. La jueza denegó la libertad al ex jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores, y al edil del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo. El ex alcalde, Antonio Barrientos, y otro edil del PES, Manuel Reina, también seguirán en prisión.
Ha pasado algo más de dos meses desde que en Estepona (Málaga) se destapara el pasado 17 de junio una red de corrupción urbanística calcada a la de su vecina Marbella. Una trama presuntamente urdida por el que fuera alcalde de la localidad de la Costa del Sol, el ex socialista Antonio Barrientos, que se dedicaba, entre otras actividades ilícitas, a cobrar comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos. Grandes sumas pagadas por grandes promotores y empresarios locales, que iban a parar a una caja b y que los principales implicados podrían haber estado utilizando para su lucro personal o incluso para financiar a sus partidos políticos, el PSOE y el Partido de Estepona (PES), heredero directo del GIL.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, sigue avanzado en el caso Astapa. Se espera que en otoño, cerca de octubre, levante parcialmente el secreto de sumario y se puedan conocer más detalles de esta trama discípula aventaja de Malaya. De momento, la jueza ha decidido mantener en prisión a quienes parecen ser los cuatro protagonistas de la presunta red corrupta. Según se difundió ayer, ha denegado la puesta en libertad del que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, y del edil del PES José Ignacio Crespo, informó Efe. El Ministerio Fiscal también se había opuesto a que salieran a la calle.
A finales del pasado julio la magistrada tomó la misma determinación para el ex alcalde, por considerar que existía riesgo de fuga y que podía intentar influir en las declaraciones de los imputados en el caso. También sigue en prisión el otro ex edil del PES, Manuel Crespo. A todos se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. A Reina también el de fraude. Ellos cuatro se perfilan como los protagonistas de una red que cuenta con 41 imputados –siete de ellos miebros de la corporación municipal–, 17 en libertad sin medidas cautelares y otros 20 en la calle tras depositar una fianza.
Medidas económicas. A pesar de que los principales imputados no saldrán de la cárcel, la jueza sí que ha revocado –siguiendo la orden de la Audiencia de Málaga– las medidas cautelares de tipo económico que había adoptado. Únicamente no se tocarán las fianzas personales que habían pagado los imputados para evitar la cárcel y que suman 2,3 millones de euros.
Sí se han alzado las medidas que impedían a los implicados disponer de sus bienes rústicos y urbanos, las cuentas bancarias de los imputados han quedado desbloquedas y el dinero que algunos depositaron para hacer frente a responsabilidades patrimoniales si fueran declarados culpables en el juicio deberá ser devuelto. La Audiencia de Málaga advierte de que estas medidas se habían adoptado de forma indiscriminada contra todos los imputados sin que se pudiera determinar la responsabilidad patrimonial concreta de cada imputado. Por ello ordena revocar de las medidas económicas sólo para tres imputados que presentaron recursos, aunque la jueza ha decidido acatarlo y extenderlo a todos los imputados.
* El Correo de Andalucía - 25/08/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Los cuatro 'cabecillas' de la trama de Estepona seguirán en la cárcel
Valverde Térmica No presenta una moción para la no recalificación de terrenos para la central térmica
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EXTREMADURA24h* : Tras varias reuniones mantenidas con los representantes públicos del pueblo de Valverde de Mérida, la Plataforma ciudadana Valverde Térmica No quiere hacer público que presentará una moción de censura para que no se recalifiquen los terrenos para la central térmica.
La alarma social que causa entre la población de Valverde de Mérida y pueblos cercanos el proyecto de Central Térmica de Ciclo Combinado situado en nuestro término, motiva a la Población a una movilización continuada si no se asegura por parte de dichos representantes la efectividad de sus promesas y compromisos electorales respecto a este tema.
Tanto el Grupo Popular como el Grupo de Independientes del Ayuntamiento de la localidad mostraron su rechazo a este proyecto y se comprometieron con sus votantes a utilizar todos los medios legales para impedir la instalación de dicha Central y la del resto de las proyectadas en el entorno.
El Alcalde de Valverde de Mérida, a petición de la Plataforma Ciudadana va a presentar una Moción para el próximo Pleno en los siguientes términos.
Que el Ayuntamiento en Pleno de Valverde de Mérida se compromete a no iniciar ninguna modificación o revisión de la normativa urbanística de este municipio con el propósito de recalificar y adaptar los usos de los terrenos donde pretende ubicar Mérida Power SL la Central Térmica de Ciclo Combinado proyectada en este término municipal, tanto si se tramita o no como un proyecto de interés regional.
Que con tal fin el Ayuntamiento de Valverde de Mérida pondrá de inmediato este acuerdo en conocimiento de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística de la Junta de Extremadura, así como de la empresa promotora de la Central Térmica de Ciclo Combinado, Mérida Power SL"
Nos congratulamos de esta decisión que es consecuente con la voluntad del Pueblo y esperamos que sirva para hacer desistir de su pretensión al promotor de dicha Central.
La Plataforma Ciudadana Valverde Térmica No así como el resto de Plataformas englobadas en la Federación Térmicas No Extremadura seguirán en lucha contra este tipo de instalaciones para nuestra tierra.
* Extremadura 24 horas - 26/08/2008
Foto: Valverde de Mérida (Badajoz), manifa contra térmica - valverdetermicano.blogspot.com
La contaminación por dióxido de nitrógeno se dispara en Madrid
ELPAÍS* : Se acaban las vacaciones, vuelven los coches a la ciudad y, con ellos, la contaminación. Dos estaciones de medición del centro, la de la plaza de Gregorio Marañón y la del paseo de Recoletos, registraron en la noche del lunes al martes niveles muy altos de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico causado por el tráfico y que irrita las vías respiratorias.
Las dos superaron, entre las diez y las doce de la noche, los 220 microgramos por metro cúbico (µg/m3) que la legislación europea considera "límite para la protección de la salud". Marañón llegó a marcar 320; Recoletos, 291.
La media de toda la red -con 25 estaciones operativas- también fue anormalmente alta: 153 µg/m3. La noche anterior, a la misma hora (23.00), marcó 78, es decir, la mitad. Ecologistas en Acción atribuyó ayer este "preocupante" repunte a la "vuelta de miles de automóviles a la capital". El portavoz de Calidad del Aire de la organización, Juan García, apuntó también a otra causa: el buen tiempo. "Cuando hay estabilidad atmosférica, como ahora, el aire no se renueva", explicó. Eso provoca que los gases contaminantes que emiten los tubos de escape no se despejen. Además, señaló, por la noche se produce el fenómeno conocido como inversión térmica: durante el día los gases se almacenan arriba porque pesan menos, pero al bajar las temperaturas por la noche el aire limpio se enfría, las masas de aire se intercambian y el contaminado baja a ras de suelo durante unas horas.
Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid reconoció ayer que los niveles de contaminación son "altos", pero aseguró que no se consideran alarmantes ya que están "dentro de la normalidad". "No hemos superado el nivel de alerta", precisó, "por lo que no es necesario avisar a la población". El umbral de alerta del dióxido de nitrógeno se sitúa en 400 µg/m3 que tienen que registrarse durante tres horas seguidas en "lugares representativos de la calidad del aire", según la legislación europea, traspuesta a España en un real decreto de 2002.
La media de Madrid incluye estaciones céntricas, que habitualmente registran valores altos, como Marañón y Recoletos, y otras en los que los niveles suelen ser muy bajos, como Casa de Campo. García no recuerda que se haya superado nunca el umbral de alerta, pero sí que a principios de este año se sobrepasaron los 400 microgramos en dos estaciones del centro de Madrid. El Ayuntamiento no avisó a la población, puesto que no está obligado a ello.
La normativa europea fija que no pueden superarse los 220 µg/m3 en más de 18 ocasiones en un año. La estación de Recoletos ya ha marcado por encima de ese nivel en 34 ocasiones, según los datos que recoge diariamente Ecologistas en Acción a partir de la información que cuelga en su web el Ayuntamiento de Madrid. Las últimas fueron la noche del lunes: 226 a las 22.00, y 291 a las 23.00. Gregorio Marañón lo sigue de cerca, con 27 superaciones. Las últimas, a la 1.00 del lunes (230), a las 23.00 (320) y a las 24.00 del mismo día. La estación que hay al final de la calle de Alcalá lleva 20; la del paseo de los Pontones, 14.
Y lo peor, asegura el portavoz de Ecologistas en Acción, está por llegar. Este invierno podrían repetirse los registros del anterior. A finales del pasado enero, la estación de Recoletos superó 12 veces los 220 microgramos en sólo cuatro días.
* ELPAIS.com - ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 27/08/2008
Foto: Madrid es una de las ciudades más contaminadas (archivo) - EFE
El PP de La Vila cobró 1,5 millones en licencias de obras sin estar aprobadas
ELPAÍS/Alicante* : El anterior gobierno de La Vila Joiosa, con mayoría absoluta del PP, cobró a varios promotores anticipos por las licencias de obras por planes parciales en fase embrionaria. Esos planes parciales están todavía paralizados, mientras el dinero que se recaudó se ha "esfumado" de las arcas públicas.
El concejal de Urbanismo, Vicent Serra, del Bloc, explicó ayer que su departamento ha contabilizado más de 1,5 millones de euros que se facturaron a varios promotores "antes de las elecciones municipales de 2007" por la "necesidad imperiosa de contar con liquidez para afrontar pagos", dada la precaria situación económica del consistorio. Serra asegura que "todavía no han podido iniciar las obras en sus parcelas", y algunas licencias no se han concedido.
Según el edil, el cobro tuvo lugar en plena precampaña electoral. En marzo de 2007 la empresa Edival, SL, abonó 418.952 euros por "licencia urbanística y canon ecológico" por una parcela en el plan parcial 4, en la partida Jovades, que "todavía se encuentra en período de exposición pública, según Serra. En ese mismo mes la mercantil Grupo Inmobiliario Luz, SL, abonó 147.672 euros por dos licencias urbanísticas sobre dos parcelas en el plan parcial Barberes Nort. Ambas licencias todavía no han sido concedidas. El edil de Urbanismo asegura que el PP gestionaba de forma "irregular".
El caso más llamativo fue el pago de 1 millón de euros que efectuó la empresa Provitae Centros Asistenciales, SA, con fecha 10 de enero de 2002 al Ayuntamiento en concepto de licencia urbanística para construir un edificio destinado a complejo asistencial en el plan parcial de Cales i Atalayes. "Lo curioso es que, en abril de 2007, cinco años después, un informe técnico de Urbanismo concluye que dicha licencia podría ser concedida una vez aceptado un plan de mejora que se había venido cumplimentando por parte de la empresa entre los años 2003 y 2006", añade el concejal. Serra se pregunta "qué pagó el PP con ese más de millón y medio de euros". El secretario general del PP, Jerónimo Lloret, atribuyó estas declaraciones a "una rabieta" e instó al edil a denunciar los hechos ante la Justicia.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 27/08/2008
Foto: La Vila-Joiosa - comunitatvalenciana.com
Málaga: Los vecinos pierden zonas verdes en la mayor parte de los barrios
LAOPINIÓN* : La mayor parte de los barrios malagueños han perdido espacios de zonas verdes por cada vecino en los dos últimos años, situándose muy por debajo de los límites recomendados por la Unión Europea, que señala un mínimo de 10 metros cuadrados por habitante, frente a los seis de media en la ciudad.
Un informe de la Oficina del Medio Ambiente Urbano (OMAU) en Málaga señala la preocupante pérdida de parques por habitantes en la ciudad, con lo que repercute en la calidad de vida. Así, sólo se ha conseguido mejorar los índices en tres zonas de la ciudad: Centro, Teatinos y Guadalhorce (el entorno de la ribera del río). En dichas áreas sí se ha logrado aumentar de forma significativa el índice de espacios verdes para los vecinos. Así, en el Centro se contabilizaron 22,83 metros cuadrados de zonas verdes por cada habitante censado allí en 2007, casi 8,4 metros más que un año antes.
El caso del Guadalhorce es similar, ya que entre 2006 y 2007 pasó de 9,33 metros por cada persona censada a 12,38 metros cuadrados. Mientras que en Teatinos, una zona en expansión, se pasaron de 7,16 a 7,86 metros cuadrados por vecino. Es verdad que el crecimiento fue mucho más humilde, pero hay que tener en cuenta que es un barrio con un importante número de nuevos vecinos, que llegan a una velocidad mayor que la construcción de parques.
El resto de las zonas que estudia el OMAU (Litoral Este, Litoral Oeste, Pedrizas, Rosaleda, Puerto de la Torre, Campanillas, Churriana y Bahía de Málaga) arrojan un balance negativo en dos años.
Aquí influye tanto la evolución demográfica de esas zonas como la falta de creación de nuevas infraestructuras de parques y plazas. De hecho, el estudio sólo tiene en cuenta lo que denominan como zona verde útil, que son parques, plazas, jardines y paseos, con un tamaño mayor de 100 metros de radio. Eso le lleva a descartar medianas, rotondas y elementos de tráfico.
Límite de la UE. Si la evolución no es muy halagüeña en los últimos años, lo cierto es que la carencia de zonas verdes es un problema viejo en la ciudad. Sólo tres barrios de la capital se encuentran dentro de las recomendaciones de la Unión Europea (UE), que establecen un mínimo de 10 metros cuadrado de parque por cada habitante. Así, el Centro, Campanillas y el Guadalhorce, según los indicadores del OMAU, son los único que cumplen con la recomendación europea, al superar holgadamente esta cifra. No ocurre así con el resto de la ciudad, cuya media se sitúa en 6 metros de zona verde por habitante.
Los que peor se encuentran son el entorno de la Prolongación de la Alameda (1,17 metros por habitante), Rosaleda, (1,26 metros por habitante), Puerto de la Torre (2,04 metros) y Churriana (4,38). Por encima de la media, pero lejos del límite europeo, están otras zonas de gran densidad de población, cuyos parques siguen siendo insuficientes y no superan los 7,86 metros cuadrados por habitante, como el Litoral Este, Litoral Oeste, Pedrizas, Teatinos, y Bahía de Málaga.
El propio informe del OMAU reconoce que la medida óptima es conseguir unos 10 metros de parque por cada vecino en los próximos años.
* La Opinión de Málaga - MIGUEL FERRARY - 26.08.2008
Foto: Parque del Oeste. Hay barrios con pocos jardines y parques que están a disposición de los ciudadanos. Arcniega, laopiniondemalaga.es
Las bondades de los 500 metros
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LAVOZ/Asturias* : Desde el faro de Ortiguera, en el occidente asturiano, volviendo la vista al Este se captura una magnífica panorámica de los acantilados que muerden el mar, cubiertos del tapiz verde Asturias. Hay que tener muy buena vista para distinguir al fondo alguna construcción. Con la villa de Navia recogida en la desembocadura del río, la perspectiva es diáfana: costa, prado, mar y cielo. Nada más y nada menos.
No todo el litoral asturiano es así, pero es evidente que la protección de 500 metros establecida hace ya quince años por el Gobierno autónomo ha tenido bastante que ver con el aspecto libre y limpio que luce buena parte de la costa y que es, tal vez, el principal orgullo de la comunidad. La norma de preservación de los primeros 500 metros se adoptó, como en Galicia, de forma provisional. En el 2005 fue aprobado definitivamente el POLA (Plan de Ordenación del Litoral Asturiano), con una delimitación exacta de la línea protegida (a menudo por encima de esos primeros 500 metros) y el trazado de una red de caminos y senderos entre las playas y los 232 núcleos costeros de Asturias.
Las críticas
La estrategia no ha sido del gusto de todos. A los colectivos más proteccionistas les ha parecido mal que el POLA admita la construcción de campos de golf en la franja protegida, o que se autoricen promociones urbanísticas junto a villas marineras. Muchos propietarios no perdonan que una parcela en la zona afectada no tenga ningún valor, mientras que la del vecino, fuera de los 500 metros, se cotice a más de 150.000 euros. Pero, en general, los asturianos han asumido que la costa es un espacio a proteger y, con las consecuencias que eso conlleva, parecen bastante satisfechos.
En cualquier caso, para ilustrar el carácter del debate que se ha mantenido entre la Administración autonómica y la local, José Antonio Cullía, responsable del POLA, recuerda la intervención de un alcalde en una reunión en la que planteó a sus homólogos la siguiente reflexión: «¿Hemos estado conservando la costa tantos años para nosotros y ahora se la vamos a vender a los madrileños?».
Protegida la pieza más cotizada, la primera línea de mar, la presión urbanística se ha abalanzado fuera de esa franja y algunas villas ordenan su crecimiento con más alegría que otras. Localidades como Llanes o Tapia de Casariego, en los dos extremos del litoral asturiano, gestionan potentes desarrollos urbanísticos que están cambiando la fisonomía de tradicionales villas marineras hacia centros eminentemente turísticos. A pesar de todo, y como presumen los miembros del Gobierno del Principado, la ley ha calado: «Hoy todo el mundo sabe, y en especial los promotores, que los primeros quinientos metros son intocables».
* La Voz de Galicia - Jorge Casanova - 26.08.2008
Foto: Panorámica de Llanes desde el paseo que corona la villa y desde el que se domina la costa más oriental del Principado - G.Rivas, lavozdegalicia.es
Los ayuntamientos hacen oídos sordos ante el problema del ruido
ELPAÍS* : Una discoteca debajo de casa puede arruinar el sueño de cualquiera una noche de verano. O un bar, el aire acondicionado del vecino o el último sitio de moda para hacer botellón. Uno de cada cuatro españoles sufre problemas de ruido en sus viviendas. Pero los ayuntamientos hacen oídos sordos e incumplen la ley.
Sólo 6 de las 18 grandes aglomeraciones que tenían que elaborar un mapa de ruido antes de agosto de 2007 lo han entregado. El pasado 18 de julio expiró otro plazo, el de presentación de los planes de acción para combatirlo, también obligatorios. Ningún ayuntamiento lo ha remitido todavía al Ministerio de Medio Ambiente, que debe enviar la información a la Comisión Europea si no quiere arriesgarse a una multa de la UE.
La inactividad es la tónica general de los consistorios españoles ante el problema del ruido. Actúan básicamente a golpe de sentencia. Lo sabe bien José Antonio Siles, que recibirá una indemnización de 12.000 euros por cada uno de los 13 años en que padeció las molestias propias de tener una vivienda en una zona de bares. Él y otros 17 vecinos de Vélez-Málaga. Así lo decidió el Tribunal Supremo hace un mes, en la mayor condena a un Ayuntamiento por pasividad en la aplicación de la normativa contra el ruido (4,5 millones de euros). "El sonido se metía por los cristales y hacía vibrar todo el edificio", recuerda Siles, que en su casa de vacaciones llegó a instalar las ventanas más insonorizadas del mercado. "Veníamos a descansar y el mes que pasábamos era un infierno".
Ésta es una de las quejas más frecuentes de los ciudadanos en lo que a calidad ambiental se refiere, según los informes del Defensor del Pueblo, que le dedicó un estudio especializado en 2005. La Ley del Ruido de 2003, que trasponía una directiva europea, pretendía prevenir y reducir el ruido ambiental. Para ello, las instituciones tenían que ponerse a trabajar en localizar los focos más graves y fijar medidas para evitarlos.
Medio Ambiente no ha podido remitir aún la información a la Comisión Europea porque sólo ha recibido la de aeropuertos y ejes viarios y ferroviarios, pero no la que le correspondía aportar a los municipios. "El proceso es muy largo, y yo creo que el plazo era muy optimista", justifica José Manuel Sanz, jefe del área de ruido del ministerio. Sólo Valencia, Alicante, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y, muy recientemente, Vigo y Zaragoza, han cumplido a medias (entregando los mapas pero no los planes de acción). "Estamos preparando la información para enviar antes del 20 de septiembre todo lo que tengamos", afirma. No atenerse a los plazos puede acarrear la apertura de una infracción contra España por parte de la UE.
"El incumplimiento en esta materia por los ayuntamientos es generalizado", afirma Francisco Soler, abogado medioambiental. "Esto hace que las personas afectadas se sientan indefensas". Los vecinos de Vélez-Málaga, desde que se abrieron decenas de pubs a escasos metros de su comunidad, remitieron "por lo menos 300 escritos" al Consistorio, llamaron a la policía, denunciaron, se manifestaron. "Acudimos a todas las autoridades", cuenta José Antonio Siles. Hasta que decidieron ir a juicio.
Pocos afectados recurren a la vía legal, conscientes de que se enfrentan a un proceso costoso y largo. Antonio Bocos, abogado especializado en ruido, recibe unas setenta quejas al mes, de las que sólo acaban en juicio un par. Sin embargo, opina que este problema se está resolviendo en España a base de sentencias "cada vez más estrictas".
Aeropuertos, carreteras, bares y los propios vecinos son los focos de ruido más frecuentes en las ciudades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la exposición a sonidos peligrosos como un problema de salud pública. Además de los efectos negativos sobre la audición, puede causar trastornos psicológicos, cardiovasculares, hormonales o alteración del sueño. En las ciudades, los mismos ayuntamientos que otorgan las licencias de actividad son los que tienen que vigilar que no sobrepasen los límites legales. Ignacio Sáenz, presidente de la Plataforma Estatal contra el Ruido, cuenta que se siguen aplicando ordenanzas municipales anteriores a la ley.
"La situación está mejorando", concede el abogado Agustín Bocos. "Hay menos casos que hace unos años", pues antes era impensable que un ayuntamiento pudiera responsabilizarse por el jaleo de su ciudad. Pero ahora no es simple ruido, es auténtica contaminación ambiental.
Cuestión de salud
- Dormitorio. Los niveles de ruido recomendables durante la noche no deben superar los 30 decibelios para evitar trastornos de sueño.
- Vivienda. Durante el día, el nivel de sonido proveniente del exterior de una casa debería mantenerse por debajo de los 55 decibelios.
- Escuela. Para garantizar la comunicación y la comprensión, el sonido de fondo no debe ser mayor de los 35 decibelios.
- Fiestas. En los eventos multitudinarios con música y sonidos fuertes, el nivel de ruido generalmente sobrepasa los 100 decibelios.
* ELPAIS.com - ANAÍS BERDIÉ - Madrid - 23/08/2008
Foto: Jóvenes madrileños asisten a un 'botellón'- CLAUDIO ÁLVAREZ, elpais.com
Vejer: Arranca el plan para ordenar el caos urbanístico de El Palmar
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DIARIODECÁDIZ* : Una caseta prefabricada de 15 metros cuadrados; una sala de reuniones, un par de equipos informáticos, una estrecha mesa con diez sillas enfrentadas y grandes planos que diseccionan el litoral de Vejer en las paredes. La Oficina de Planeamiento de El Palmar abrió ayer por fin sus puertas con la misión de urbanizar y regularizar el núcleo costero.
Su campo de trabajo es un asentamiento caótico de cientos de viviendas, que se ha expandido durante las tres últimas décadas al margen de cualquier normativa, sin servicios ni infraestructuras básicas y con condiciones de habitabilidad propias de otro tiempo.
“Se han hecho muchas cosas mal, pero ahora es momento de mirar hacia adelante, de buscar soluciones para lo que tenemos”, opina Francisco Sánchez, técnico de EPSA –Empresa Público de Suelo de Andalucía– y director de las nuevas dependencias, cuya inauguración es un hito en la historia del núcleo rural.
La primera tarea de Sánchez es dirigir la ejecución del PERI (Plan Especial de Reforma Interior), el primer plan urbanístico de El Palmar y punto de partida de toda la ordenación de la playa. El plan abarca una superficie de 42 hectáreas en primera línea de costa a la que se dotará de infraestructuras y servicios básicos.
El planeamiento original incluye la regulación de espacio para un total de 423 viviendas ya construidas y parcelas libres, cuyos terrenos obtendrán la clasificación de urbanizables. En las 42 hectáreas del PERI, no obstante, el número de viviendas puede ascender hasta 700, según las estimaciones de Francisco Sánchez, por una razón sencilla: el documento se elaboró entre 2002 y 2005 y no contempla las construcciones levantadas ilegalmente desde entonces, que no figuran en plano ni registro alguno.
¿Qué ocurrirá con estas casas que han quedado fuera de planeamiento? “Habrá que conocer y examinar cada caso en particular, siempre que se cumplan unas condiciones mínimas”, observa Sánchez, que ayer hizo un llamamiento a todos los vecinos con propiedades en esta primera franja costera para que acudan a la Oficina de Planeamiento en las próximas semanas y aporten toda la documentación de la que dispongan sobre sus viviendas o parcelas. “Tenemos que levantar la situación real de las edificaciones que existen en la zona del PERI y de las características de la propiedad. Y para eso necesitamos recibir a vecino por vecino, y estudiar caso por caso”, explica el director.
Paralelamente a esta recopilación de información, la Junta está ultimando el informe que determinará las inversiones necesarias para habilitar los sistemas gene ales (agua, luz, alcantarillado, depuración...) y ejecutar las obras de urbanización (calles, mobiliario urbano...) en las 42 hectáreas del PERI.
Este documento determinará los costes del proceso de ordenación urbanística para los vecinos de El Palmar, que se abonarán en función de los metros cuadrados de los que disponga cada propietario. Los pagos se facilitarán mediante créditos puente, en virtud de un acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento vejeriego con diversas entidades financieras.
Pese a la minuciosa tarea que supondrá la “revisión” delPERI; el responsable de la nueva entidad sostiene que “los vecinos que cumplan la normativa podrán optar en un plazo relativamente breve a la regulación de sus casas”.
El segundo frente abierto por la Oficina de Planeamiento es la ejecución del SAU-5 (Suelo Apto para Urbanizar), un espacio más de 70 hectáreas de superficie en segunda línea de costa, en una franja contigua a la dibujada en el PERI. Allí, más de 700 propietarios de viviendas –en su mayoría ilegales– esperan al momento de la legalización de sus casas y la adecuación de sus fincas, que se desarrollará siguiendo un proceso similar al del PERI: identificación de propietarios y propiedades; desarrollo del proyecto específico de urbanización, que ya está redactado y comenzará en los próximos meses su tramitación administrativa; abono de los costes oportunos de repercusión; y obtención del uso urbanizable para el suelo. Sencillo sobre el papel, pero un verdadero enredo técnico sobre el terreno.
Los propietarios de suelo en zona SAU también deberán acudir a partir de septiembre a la Oficina de Planeamiento para concretar la situación de sus parcelas, aunque la intervención de la Administración se centrará los próximos meses en el PERI.
El principio de la ejecución de los planes urbanísticos de El Palmar se produce con años de retraso. La necesidad de elaborar el PERI quedó plasmada en el Plan General vejeriego de 2001. El documento no fue aprobado hasta 2006 y no ha comenzado a ejecutarse hasta mediados de 2008.
El alcalde de Vejer, Antonio Verdú (PSOE) reconoce que elAyuntamiento “ha tenido que superar un desierto burocrático” y defiende que, en el camino, ha logrado el apoyo de la Junta, que es “imprescindible”. Ahora Verdú recuerda que la iniciativa de reformar un núcleo consolidado pero sin urbanizar como El Palmar es pionero en Andalucía y que, si es exitosa, será exportable a la red de núcleos que se han desarrollado al libre albedrío del ladrillo.
* Diario de Cádiz - Jorge Garret, Vejer - 26.08.2008
Foto: Vejer (Cádiz), derribos en el Palmar - europasur.com
El abandono es más letal que los vándalos en el Albaicín
GRANADAHOY* : El deterioro monumental, medioambiental y urbanístico que padece el barrio, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, es visible con sólo dar un paseo por cualquiera de sus calles.
Aljibe del siglo XIII y papelera del siglo XXI. Este es el contraste que ofrece la portada de la iglesia de San Miguel Bajo, en el Albaicín, sobre la que descansan ambos elementos. También lo hace una placa indicativa de la Junta de Andalucía que, colocada con discutible sentido estético, invita a la lectura obligada. La belleza de la escalinata, que ofrece una visión espléndida de la Torre de la Vela, se emborrona de forma estrepitosa por un área ocupada por tres basureros que, a media tarde, lucen repletos de deshechos.
Y así, una larga retahíla de detalles inoportunos llaman la atención de cualquier visitante que se acerque a la plaza de San Miguel Bajo, en uno de los entornos del Albaicín más visitados por los turistas y más castigados por el abandono de las calles, llenas de grafitis, y el mal estado del empedrado, del cableado y de varios árboles enfermos.
En este pequeño espacio, las sombrillas multicolores del bar Acebuche desafían las leyes del orden. Pero el cartel del menú del día del restaurante Casa Blas no se queda atrás: comparte poderío con el Cristo de las Azucenas, al que los albaicineros llaman el de las Lañas "por su mal estado de conservación", según asegura Lola Boloix, miembro de la Asociación de Vecinos Bajo Albaicín.
El caso es que, además de la suciedad que presenta la talla, la mitad del travesaño izquierdo de la cruz está rota. Apareció fracturada en el suelo hace un mes "por culpa de los vándalos", según unos, y del "abandono", según otros vecinos. La Fundación Albaicín ha adjudicado recientemente a la empresa Julia Ramos Restauración de Patrimonio S.L. el arreglo de este cristo.
Vándalos aparte, si el Albaicín se quisiera la mitad de lo que se dice, se cuidaría el doble de lo que lo hace. Cierto es que el vandalismo toma su máxima expresión en este barrio a través de la rotura de farolas y grafitis en cualquier pared que se precie: las pintadas se extienden a monumentos de hace mil años, como el alminar de San José, las murallas de Granada, el palacio de Dar Al -Horra o cualquier otro monumento, fuente, o fachada. Pero no hay mayor tropelía que el abandono, la desidia que no tiene nombre pero sí apellidos para muchos de los vecinos.
Para ejemplificarlo, las opciones son numerosas. Entre ellas, destacan las múltiples peripecias del futuro centro municipal del callejón del Gallo, que se ha ganado a pulso el ser una de las obras más largas de la ciudad. Tras más de diez años de espera, abrirá sus puertas en octubre, según prevé la Gerencia de Urbanismo. Y lo hará con un techado que queda a mitad de los ventanales, ya que "el arquitecto se dio cuenta de que se habían olvidado de soterrar los cables" -comenta Lola Boloix-, de modo que se tuvo que construir otro techo más bajo para introducirlos a última hora.
Pendiente de reforma se encuentra desde hace años el palacio de Dar Al-Horra, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía y lleno de humedades y roturas en la solería de varias de sus bellas estancias. Junto a los contadores de agua, justo en la puerta, un improvisado tubo lleva el agua hasta el jardín nazarí, con un sistema de riego arcaico y averiado. Los interruptores, muchos de ellos rotos, contrastan con la belleza de un espacio único por el que, según varios vecinos, apenas aparece algún técnico muy de vez en cuando para reparar alguna avería. Fuera, en la muralla de la Cuesta de Alhacaba, el cableado no se queda atrás, al igual que las farolas, muchas de ellas estropeadas.
El estado de abandono es total en otro de los históricos solares de esta zona: la Casa de la Lona, cuyo proceso de expropiación forzosa se paralizó al interponer sus propietarios un recurso contencioso-administrativo. Los cascotes y restos de podas colman la casa, junto a la que el Opus Dei construirá una residencia universitaria en un solar para el que ya tiene permiso de obras.
Bajando por el barranco de Tello, la escalera que va desde el aljibe de Zenete a Beteta, se accede al mirador. La primera vista es desoladora: el impresionante aljibe goza de un maquillaje desfavorecedor. Al igual que buena parte del barrio, que para la Asociación de Vecinos Bajo Albaicín está hecho "una pena". Además de una importante inversión, la asociación pide que la Unesco intervenga en el asunto, al tiempo que reclama la creación de una ruta morisca y otra de carácter religioso a efectos de que las iglesias sean visitables y amplíen su horario de apertura.
* Granada Hoy - Elena Llompart - 25.08.2008
Foto: La expropiación de la Casa de la Lona, paralizada tras interponer los propietarios un recurso contencioso. - granadahoy.com
'María Jiménez' se opone a ser "sepultada por el cemento"
ELDÍA/Tenerife* : La Comisión de María Jiménez ha expuesto su oposición a la desaparición del tramo de litoral conocido como La Maretita, debido a las obras promovidas por la autoridad portuaria para la ampliación del dique del Este. Este colectivo señaló, en el transcurso de un encuentro con la formación Sí Se puede, que esta parte del litoral está cargada de historia.
"En la desembocadura del barranco tuvieron lugar las Paces del Bufadero entre los guanches y conquistadores". Durante el recorrido, los vecinos expusieron como gran reivindicación las transformaciones urbanas sufridas en los últimos años, por lo que rechazan "ser sepultados por el cemento".
En este sentido, manifestaron que La Maretita y su entorno forman parte de la pequeña historia del barrio, y que la vida de María Jiménez ha estado vinculada con el conjunto del barranco y la playa, "y es como si nos robaran parte de nuestra vida", afirmó una de las vecinas.
Los miembros de la Comisión de María Jiménez denunciaron la progresiva pérdida de espacios de encuentros de la ciudadanía con el mar y la necesidad de su recuperación para disfrute de los santacruceros. En esta reunión se encontraban miembros de Sí Se Puede que trabajaron en los años 90 por la preservación de la playa de Valleseco, como Joaquín Galera y Mon Pérez, quienes recordaron que aquella lucha ciudadana que se inició para la recuperación del litoral de Santa Cruz debe continuar.
El portavoz de Sí Se Puede, Fernández Arcila, resaltó el riesgo que supone para los habitantes del barrio la cubrición del barranco del Bufadero, y señaló que es alarmante que los informes del Consejo Insular de Aguas para esta obra portuaria no hayan tenido en cuenta situaciones como la ocurrida el 31 de marzo de 2002. "No vamos a permitir que el Consejo Insular de Aguas intente eludir sus responsabilidades con informes a la carta, sobre todo cuando la obra prevista puede incrementar el riesgo sobre los residentes ante fenómenos como los vividos en aquella fecha".
Otro de los temas tratados por el colectivo vecinal fue "el desmesurado crecimiento urbanístico experimentado en los últimos años", así como el previsto por el Plan General para el futuro.
Durante el encuentro, los vecinos detallaron los asuntos expuestos en sus alegaciones al Plan General, como la disminución de la edificabilidad prevista, la creación de espacios libres y aparcamientos públicos.
El colectivo político Sí Se Puede considera "desmesurado establecer un incremento poblacional de casi 7.000 habitantes" y se comprometió a realizar un seguimiento sobre las previsiones del documento de planeamiento actualmente en tramitación.
Por último, tomó contacto con antiguos trabajadores de la empresa Frinsa, que habían participado en la huelga en la década de los 70, y anunció su compromiso por recuperar la memoria popular en los distintos enclaves capitalinos y su intención de realizar un estudio sobre aquel periodo de movilización sindical, en el que tuvieron un papel destacado los vecinos del barrio.
* ElDía.es - 25/ago/08
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
Condenado a seis meses por construir sin licencia en suelo agrícola de especial protección
IDEAL/Almería* : La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis meses de prisión a un vecino de la provincia por promover sin autorización y licencia municipal una vivienda en suelo clasificado como no urbanizable e incluido en el catálogo del Plan Especial de Protección del Medio Físico de Almería.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, considera al hombre, con ejercicio profesional ajeno al sector inmobiliario, autor de un delito contra la ordenación del territorio, del que fue absuelto en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número tres de la capital por «aplicación indebida» de la teoría del error de prohibición en su conducta.
El tribunal atiende el recurso del Ministerio Fiscal y hace suya su argumentación al señalar que el procesado «no podía desconocer» la citada prohibición para construir en el lugar donde se ubica la vivienda, en una parcela de su propiedad, como tampoco «la necesidad de solicitar licencia» al Ayuntamiento al margen de que el inmueble «esté rodeado de otros que carecen de permiso».
Los terrenos, según se recoge en el fallo, tienen «valor agrícola» para la Junta de Andalucía pero con especial protección para la Diputación Provincial de Almería, por lo que ¯ahonda¯ «la obra es notoriamente contraria a las normas básicas urbanísticas» y su promotor «tenía normal conciencia de que su proceder era contrario a derecho».
Derribo
La Audiencia no se pronuncia, sin embargo, sobre la orden de derribo solicitada por el fiscal y delega en el Ayuntamiento la «ponderación del derribo del inmueble ya que el expediente urbanístico se paralizó debido al presente proceso penal». Alude, además, que la vivienda se encuentra en la zona de influencia de un espacio protegido aunque en «terreno agrícola y rodeada de otras que carecen de licencia».
El condenado deberá abonar también una multa de un año a razón de seis euros al día por la construcción, que era denunciada en julio de 2005 por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
* Ideal - 25.08.08 -EUROPA PRESS
Foto: Albox, viviendas ilegales (archivo) - teleprensa.net
Menos de la mitad de los constructores avalan los adelantos de los clientes
ELPAÍS/Andalucía* : La seguridad del consumidor al comprar una casa se tambalea por su ignorancia o excesiva confianza en la buena voluntad de los vendedores. Y así los fraudes se reproducen como setas en la comunidad. El principal motivo para que ocurran estas estafas se debe a que las empresas invierten y mueven el dinero que los consumidores depositan como entrada.
La cifra que detalla estos fraudes, multiplicados al abrigo del boom inmobiliario, es llamativa: El 58% de los contratos para viviendas en proyecto o construcción no están avalados individualmente, tal y como estipula la ley.
El empresario está obligado a avalar las cantidades que cada cliente le entrega, de forma que éste las pueda recuperar en caso de que exista cualquier problema con la financiación del proyecto o la licencia de obra. En el contrato debe aparecer la entidad garante, el número de póliza correspondiente y una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos.
El último caso de un presunto delito de apropiación indebida se ha dado este verano en Vélez Málaga, donde una juez ha imputado a los responsables del grupo inmobiliario Mirador, a los que seis clientes entregaron cantidades entre 32.805 y 48.600 euros como anticipo del precio de compra de viviendas en una promoción. Tras cuatro años, la promotora ni siquiera ha logrado licencia de obra y los terrenos en los que se iba a construir la promoción están embargados.
La realidad obliga al consumidor a ser muy cauto con las entradas a las inmobiliarias, ya que la Justicia a menudo desestima la vía Penal y considera estas denuncias como "incumplimientos de contrato" en el ámbito Civil, por lo que la promotora asume los riesgos y ante el juez siempre alega inconvenientes imputables a los ayuntamientos para la obtención de las licencias.
El boom de la vivienda ha provocado que las irregularidades se multipliquen, y la última campaña de inspección llevada a cabo por la Consejería de Gobernación así lo atestigua. De las 243 inspecciones realizadas, el 59% presentaba infracciones. Ante este panorama y para frenar la picaresca, los inspectores de Consumo han propuesto multar con 82.000 euros a 13 empresas por la ausencia de avales y cláusulas abusivas en los contratos.
A pesar de que el 85% de las inmobiliarias ya cuentan con el Documento Informativo Abreviado (DIA) obligatorio, en su interior "se han detectado numerosos y graves incumplimientos", detalla el informe sobre la campaña de inspección, cuyos responsables visitaron 224 promociones y 17 empresas de arrendamiento de viviendas.
Por otra parte, entre las cláusulas abusivas se incluyen el pago de impuestos que corresponderían al vendedor y que abona el comprador, y la obligación impuesta al consumidor a subrogarse a la hipoteca del vendedor o imponerle penalizaciones si no lo hace, obligación que es ilegal.
Las promociones en proyecto o construcción reflejan la mayoría de las infracciones. De este modo, en el 52% de los casos la información facilitada al público no se incluye la superficie útil de la vivienda, y el 57% de las promociones no indican si la vivienda se encuentra en proyecto, en construcción o construida. Sólo una mayor conciencia social de la dimensión del problema -también por parte de fiscales y jueces- y la acumulación de denuncias, provocará que la picaresca mengüe.
* ELPAIS.com - J. M.-A. - Sevilla - 25/08/2008
Foto: Sevilla 2005 - wikipedia
Las obras amenazan la fisonomía de los cascos históricos de Xàbia y Dénia
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ELPAÍS/Alicante* : Las obras amenazan con cambiar la identidad y la forma de vida de dos de los paisajes urbanos más emblemáticos de Dénia y Xàbia, dos escenarios que durante décadas han constituido un lugar de encuentro para los habitantes y han formado parte de sus principales atractivos turísticos.
La plaza de Baix y los otros enclaves que rodean la impresionante iglesia-fortaleza de Sant Bertomeu de Xàbia y la plaza Mariana Pineda de Dénia, el corazón del barrio portuario de Baix la Mar, viven días de polémica por culpa de proyectos que pueden alterarlas para siempre.
Las eternas obras para remodelar el casco antiguo de Xàbia, que comenzaron hace tres años y que a finales de julio provocaron una multitudinaria manifestación de comerciantes y vecinos, tienen ahora la culpa de que los hosteleros de la plaza de Baix hayan dado por perdida su temporada económica de agosto. Pese a las promesas municipales, taladradoras, excavadoras y radiales han conquistado ese entorno por cuarta vez en los últimos meses. Una de las costumbres más ancestrales en este escenario urbano, compartida por forasteros y autóctonos, la de acudir a comer o a cenar en las terrazas de alguno de los numerosos restaurantes, se ha convertido en una desaconsejable batalla contra el ruido y el polvo. Este proyecto de reforma amenaza con modificar la fisonomía original de un barrio con casi seis siglos de antigüedad por la decisión de la empresa adjudicataria de recubrir las calles con un pavimento de granito y hormigón que no tiene nada que ver con el de canto rodado que es tradicional en Xàbia.
En Dénia, después de años de demandas vecinales, el anterior gobierno de la socialista Paqui Viciano peatonalizó la plaza de Mariana Pineda para que la población recuperara uno de sus espacios más sentimentales a escasos metros del puerto de la ciudad. Ahora, el nuevo ejecutivo de la popular Ana Kringe pretende modificar tanto el mobiliario urbano como el sistema de iluminación así como los imbornales, lo que significaría volver a alzar la calzada. La actual alcaldesa cree que sólo así se corregirían las "graves deficiencias" de la actuación de su antecesora.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 25/08/2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
Testigos del caso Huerta revelan al juez todo tipo de corruptelas del ex arquitecto de Sant Josep
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DIARIODEIBIZA* : El ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, no sólo redactaba proyectos privados en este municipio sin poder hacerlo, sino que además transgredía la normativa urbanística para poder edificar más y, finalmente, él mismo emitía dictámenes favorables como técnico del Ayuntamiento a esos proyectos.
Así lo han declarado ante el juez que instruye las diligencias penales del caso varios testigos, entre ellos la delineante que trabajaba con el ex arquitecto. Su nuera y posible colaboradora en la aprobación de proyectos irregulares, Pilar Fernández, falseaba también los datos para construir más de lo permitido.
La reanudación de las diligencias penales abiertas contra el ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, por corrupción urbanística, está poniendo al descubierto un variado surtido de actividades presuntamente delictivas, que ahora deberán ser investigadas por el juez que instruye el caso. Testigos citados a declarar por el magistrado del juzgado de instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, han revelado que Huerta no sólo vulneró su incompatibilidad como arquitecto del Ayuntamiento redactando proyectos privados en el mismo municipio de Sant Josep, sino que intentó ocultar este hecho haciéndoselos firmar a otros profesionales. Acto seguido, él mismo, como técnico municipal, emitía dictámenes favorables que le permitían obtener licencia. Y todo ello, a pesar de que eran ilegales porque manipulaba las superficies de los planos para poder construir más.
Estas son algunas de las cuestiones puestas de manifiesto en la nueva tanda de declaraciones de testigos en el caso Huerta después de que se hubieran aplazado en dos ocasiones por distintos motivos. Una delineante que trabajó en el despacho de Huerta Briz en 1997 y 1998 ha admitido ante el juez que los proyectos privados que hacía este arquitecto los firmaba con su nombre si estaban fuera del municipio de Sant Josep, mientras que los de este término «los firmaban los arquitectos José Juan Ibarra y Yolanda Gardí». Ambos tenían sus propios despachos, y «simplemente venían a firmar los proyectos previamente hechos en el estudio de Huerta», señaló esta delineante. Cuando el juez le pregunta si todo esto lo hacían así porque Huerta era consciente de que, como arquitecto municipal, no podía elaborar proyectos en Sant Josep, esta testigo respondió afirmativamente.
Cala Carbó
En un caso concreto, Huerta redactó un proyecto privado en Cala Carbó, pero el firmante del mismo fue Yolanda Gardí, siempre según esta testigo. «El proyecto se redactó en el estudio y ella vino a firmarlo», señaló la ex delineante, quien además confirmó que se levantó una planta más de la autorizada en este inmueble y, por otra parte, se alteraron los datos urbanísticos de la edificación para que se pudiera construir más superficie de la permitida por el planeamiento. La propia delineante admitió haber participado en esta manipulación.
Todo ello no impidió que este proyecto fuera informado favorablemente por el propio Huerta en calidad de técnico del Ayuntamiento, quien certificó que el proyecto cumplía con los parámetros exigidos.
Sin embargo, este tipo de manipulaciones se repitieron de forma sistemática en los proyectos que se tramitaban en el municipio de Sant Josep por la nuera de su ex arquitecto municipal, Pilar Fernández, y que se cuentan por docenas. Según declaró un profesional designado por el Colegio de Arquitectos para investigar los expedientes de Huerta dentro del proceso deontológico que se sigue sobre él, se observó «el mismo procedimiento de falsificación documental de superficies» en todos los proyectos de Pilar Fernández examinados. Esa falsificación de superficies daba como resultado un mayor número de viviendas del permitido legalmente.
Además, de los cuatro proyectos que examinó este testigo correspondientes a Pilar Fernández, tres fueron dictaminados por su suegro, Antonio Huerta.
* Diario de Ibiza - Joan Lluís Ferrer - 24.08.2008
Foto: Construcción de Cala Carbó que, según una ex empleada de Huerta, en realidad era un proyecto redactado por él, pero firmado por otro colegiado / V. M., diariodeibiza.es
Valencia: Decenas de vecinos de los barrios del litoral se manifiestan ante el circuito
LEVANTE* : Las asociaciones de vecinos de los barrios del litoral de Valencia, concretamente, del Grao, Nazaret, Cabanyal, Malva-rosa y Vilanova, se concentraron ayer en la puerta principal del circuito de Fórmula 1 en la ciudad para exigir el traslado de las carreras a Cheste, y para protestar por el ruido "ensordecedor" que generan los bólidos, así como por la "falta de acceso" a los barrios cercanos.
Los vicepresidentes de las asociaciones de vecinos de Nazaret y del Cabanyal, Julio Moltó y Vicente Gallart, indicaron que a la concentración asistieron unas 40 personas, aunque fuentes presenciales aseguraron que el número ascendía a una veintena.
"Abandono del barrio"
Los vecinos del Grao desplegaron una pancarta de denuncia por el "abandono del barrio y la falta de equipamiento público", mientras que los de Nazaret equipararon en otra pancarta la Fórmula 1 con "el ruido, los barrios aislados y el mal uso del dinero público", según las mismas fuentes. Julio Moltó exigió que las carreras de Fórmula 1 "se trasladen al circuito de Cheste para el próximo año" porque, a su juicio, "cada cosa tiene su lugar". Además, pidió que, "como mínimo", el trazado de la pista "se rectifique" para que "no pase por el viejo cauce del río", pues "es una zona inundable".
En esta línea, Moltó tachó de "terribles" los accesos a los barrios valencianos del litoral, y aseguró que "desde hace dos meses es prácticamente imposible salir de estas zonas". Asimismo, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal, Vicente Gallart, destacó que el objetivo de la concentración era "hacer acto testimonial" para que la opinión de los vecinos "haga acto de presencia" en el circuito e hizo hincapié en que no están en contra de la Fórmula 1, sino de que "esté delante de nuestras casas", pues según explicó, "tenemos derecho a vivir en paz".
A la concentración también asistió el coordinador de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) de Valencia-ciudad, Amadeu Sanchis, quien apeló al "contraste entre la gente que viene de fuera a ver una competición y los vecinos que tienen que soportar el ruido". En este sentido, aseguró que la "contaminación acústica que provocan las carreras del circuito urbano supera con creces el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud", motivo por el que afirmó que su grupo político "llevará el caso al Tribunal Europeo para que intervenga", ya que, a su entender, "se está vulnerando un derecho, como es el de la salud".
Europa Press, Valencia
El presidente de la Asociación de Vecinos Natzaret-Unido, José Antonio Barba, ha destacado los beneficios que en su opinión reportará al barrio la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia tanto en mejoras urbanísticas como en oportunidades de empleo para los residentes.
En este sentido, Barba subrayó que hace cuatro años Nazaret estaba "completamente abandonada", y, en cambio, ahora ha experimentado diferentes "mejoras urbanísticas", como es el caso de la zona de Cocoteros, que "era un escombrero, y ahora se ha asfaltado y tiene una calzada, bancos y árboles".
Asimismo, señaló que hay 70 personas del barrio que están trabajando en el circuito, y que antes estaban desempleadas, o el beneficio que pueden reportar los asistentes a las carreras para los bares y establecimientos de la zona. Como ejemplo, afirmó que los espectadores del circuito "iban como locos buscando un bar para comprarse un bocadillo". Al respecto, lamentó que en el barrio de Nazaret, durante el mes de agosto, "sólo están abiertos dos bares", por lo que, "cada uno saca el beneficio que quiere".
Para el presidente de la Asociación de Vecinos Natzaret-Unido, "a cualquier evento hay que sacarle el beneficio, por eso, antes de decir 'no' hay que sentarse a negociar y buscar el provecho que puede suponer para el barrio, porque si dices que 'no', te dejan fuera de la negociación", dijo en referencia a la manifestación celebrada ayer por parte de varias asociaciones de vecinos de la zona.
Por ello, insistió en los beneficios que trae la competición a la zona y confió en que en 2009 puedan encontrar trabajo 150 personas en lugar de 70 y en que "igual que este año se ha urbanizado la zona de Cocoteros, pueda haber otra mejora urbanística". En cuanto a los accesos de los vecinos al barrio, explicó que tanto la entrada como la salida están garantizadas a pie y en coche.
De este modo, relató que el viernes había realizado el trayecto de la entrada y la salida al barrio en varias ocasiones y a diferentes horas, y "sin ningún problema, más que, en algunos sitios que hay que identificarse como vecino de Nazaret".
* Levante-EMV - Europa Press - 24 de agosto de 2008
Foto: Pancartas. Los vecinos mostraron pancartas ante la puerta principal del trazado de Fórmula 1/ ferran montenegro, levante-emv.com
El GEN participa en un curso de la Universitat Catalana sobre corrupción urbanística
ÚLTIMAHORA/Ibiza* : Durante estos días, del 20 al 24 de agosto, y dentro del programa que ofrece la Universitat Catalana de Estiu, el GEN-GOB ofrece en la localidad de Prada de Coflent, un curso sobre corrupción urbanística en las islas. Dentro del programa, también tratará los escándalos urbanísticos que más eco han tenido en las islas.
Según afirmó ayer el Grup d'Estudis de la Naturalesa en un comunicado, «la confusión que se da en Eivissa entre los intereses públicos y los privados, las normativas a medida, la impunidad con la que se actúa y la existencia únicamente virtual de una Fiscalía anticorrupción» fueron algunos de los temas que ayer se trataron en este curso.
El GEN-GOB afirmó ayer que decidió aceptar la invitación a participar en este curso de verano como forma de dar a conocer la situación del «caos urbanístico que ha llegado a la isla después de años de caos absoluto en materia de ordenación territorial». El GEN destacó que también se trató la «sistemática incapacidad y falta de voluntad de las diferentes administraciones para hacer frente a estos problemas».
* Última Hora Digital - R.L. - 24.08.2008
Foto: Ibiza - mma.es
«Los gobiernos no apoyan el cumplimiento de los planes de urbanización»
LNE/Avilés* : De «frustración urbanística» habló ayer en La Granda el premio «Rey Jaime I» de urbanismo, paisaje y sostenibilidad, Fernando de Terán Troyano, que lamentó el poco interés de los políticos en realizar planificaciones correctas sobre los territorios. «Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no vemos que los gobiernos apoyen realmente el cumplimiento de los planes urbanísticos. Es más, en muchos casos la planificación sigue declarada como algo que no debe de entrar en juego», criticó el experto, que puso a Madrid como ejemplo de lo que no se debe de hacer.
Así, en la capital de España, «el plan de urbanismo fracasó», y la ciudad crece voraz, sin orden y desbocada, con promociones como las del Pocero. «Es el modelo de ciudad dispersa de ordenación caótica», afirmó, y echó la culpa al Gobierno regional, «que declara que el modelo liberal da excelentes resultados» y no se articula un plan de estrategia territorial.
El ejemplo contrario lo ofrecen casos como Londres, donde el río pasó de ser una cloaca a una pista de agua integrada en la ciudad. O París, que respeta el esquema de 1965. «Es uno de los ejemplos claros de que cuando hay voluntad política se puede intervenir, y la disciplina urbanística sabe lo que hay que hacer». En España, el caso que expuso de cómo el urbanismo puede transformar una ciudad es Bilbao.
En el coloquio posterior a la charla, el urbanista también se refirió a la crisis inmobiliaria, que considera que es una oportunidad para frenar «la ocupación caótica del territorio». «No me atrevo a decir cómo va a afectar la crisis en la economía, pero para el urbanismo significa un parón de la edificación, y eso es bueno para que no se siga produciendo la ocupación caótica del territorio, algo que deriva en una transformación negativa de la biosfera», explicó. Esa transformación negativa viene dada por la «proporcionalidad directa» entre el aumento de superficie artificial y la desaparición de superficie agraria.
La febril actividad constructora de los últimos años en España tiene como consecuencia, según De Terán, «una cantidad importante de viviendas vacías, un superávit enorme respecto a la necesidad de vivienda», y, sin embargo, no se construye la que sí tiene demanda, de un precio más asequible. El conferenciante, en poder de la medalla de oro de urbanismo de Madrid, lamentó que no se construya de una forma más organizada, para preservar la biosfera.
No obstante, aseguró que está germinando una conciencia general. «En Europa, por ejemplo, se incidió en distintas ocasiones sobre la ocupación indiscriminada del territorio». De ahí la idea de que son necesarios métodos de control del uso del suelo, en los que entran parámetros como que es mejor la red viaria cuadricular que la ramificada o que es preferible la ciudad compacta frente a la dispersa, que consume más espacio. «Se está preconizando la vuelta a la ciudad compacta, pero polinuclear, un conjunto de ciudades asociadas cuyos servicios se complementan», indicó el ponente.
Fernando de Terán Troyano trabaja actualmente en el proyecto de transformación del Prado, que él mismo calificó como «muy polémico», y criticó de nuevo las trabas políticas. «Es un proyecto detenido porque no hay entendimiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid». Y añadió: «Cuando los urbanistas nos quejamos de falta de apoyo político no es algo exclusivo de España, ocurre en todas partes. Londres y París son hitos muy celebrados por todos, pero no son tan frecuentes». De hecho, aseguró que si se tiene en cuenta lo que el urbanismo había propuesto y lo que realmente se realiza hay que hablar de un «estrepitoso fracaso», aunque, eso sí, no del urbanismo, sino de la política urbanística.
* La Nueva España - E. CAMPO, La Granda (Gozón) - 23 de agosto de 2008
Puig autorizó 10 millones en pagos extraordinarios a Turisme Jove
DIARIODEMALLORCA* : Si hubiese detectado "alguna irregularidad" en el consorcio Turisme Jove, "habría actuado en el minuto cero", dijo públicamente el 12 de agosto su máxima responsable política durante el Govern Matas, Rosa Puig, tras ser forzada por su partido a dar la cara ante la prensa.
Llama la atención que el elevado déficit que asolaba el consorcio no levantara la más mínima sospecha de la ex consellera, quien autorizó 10 millones de euros en aportaciones extraordinarias a lo largo de la pasada legislatura, en multitud de transferencias. Las asignaciones fueron a fondo perdido y no se exigió a la cúpula del consorcio -hoy a caballo entre la cárcel y la libertad con cargos- que las justificase. La cifra no es nada desdeñable si se tiene en cuenta que el presupuesto de Turisme Jove para el presente año ronda los 1,4 millones de euros, una cuantía similar a la que tenía durante el mandato de Puig. Por tanto, el promedio de aportaciones de la consellera triplicaba el presupuesto anual del ente.
Las continuas inyecciones económicas tampoco parece que alteraran a Juan Francisco Gálvez, a la sazón director general de Juventud e imputado por el presunto entramado de corrupción en el ente. Declaró ante el juez de guardia y los fiscales Anticorrupción que "ignoraba que pudiera haber una quiebra tan elevada", y que "no era consciente de la magnitud de la mala situación económica". Y eso que el propio Gálvez fue el que negoció con la Conselleria multitud de estos pagos extraordinarios.
El personal lo veía a las claras
Contrariamente a la actitud de sus superiores, bastantes empleados del organismo público que han declarado ante la Policía como testigos en la investigación han puesto de manifiesto el "despilfarro" que allí se producía por parte de los dos principales imputados, Damià Amengual y Juan Francisco Gosálbez. La asesora jurídica del consorcio, Irene Crespí, no dudó en constatar ante los agentes que "la situación técnica de Turisme Jove era de quiebra total y absoluta", y que la iban "agravando" con sus actuaciones el gerente y el jefe de servicios e instalaciones de entonces.
Varios de estos trabajadores también explicaron a los agentes cómo a mitad de legislatura se defenestró a la contable, Catalina Concepció Pou, aupando para esta labor a Jaume Cerdà, hasta ese momento el chófer de Puig y persona de confianza de Gosálbez. La investigación policial evidencia que el nuevo contable -actualmente en excedencia- nunca hacía preguntas sobre los elevados gastos de representación de Gosálbez y Amengual.
Como si la cosa no fuera con ella, la consellera de Presidencia y Juventud concedió desde su acceso al cargo en 2003 continuas subvenciones nominativas al consorcio, cada vez que éste no podía afrontar los pagos por falta de dinero. Sólo entre el dos de marzo y el 30 de mayo de 2006, la Conselleria trasvasó 1.384.196 euros a Turisme Jove, y así constantemente.
* Diario de Mallorca - MATEU FERRER. PALMA - 23 de agosto de 2008
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Canarias: El proyecto de ley territorial ampararía actos arbitrarios
LAOPINIÓN* : El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias advierte en su dictamen 5/2008 de que el anteproyecto de ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo propuesto por el Gobierno de Canarias posibilitaría que las administraciones públicas tomen ciertas decisiones urbanísticas de forma arbitraria.
Por ejemplo, en cuanto a las calificaciones del suelo, el consejo señala que las administraciones podrían dar luz verde a actuaciones no prohibidas expresamente en las leyes urbanísticas, pero tampoco previstas en el planeamiento de un territorio.
De esta forma, la decisión final "radicaría una vez más en instancias administrativas, con el riesgo de ampliar el margen para la intervención discrecional".
Según el CES, los actos administrativos relativos a las calificaciones territoriales sólo necesitan cumplir un requisito: no amparar actuaciones expresamente prohibidas por la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico de cada localidad. Esta condición es, a juicio del consejo, insuficiente para garantizar que las calificaciones del territorio se hacen únicamente atendiendo al bien de interés público.
Suelo rústico. Si hay algo que preocupe al Consejo Económico y Social es cómo queda la protección del suelo rústico si se aprueba el anteproyecto de ley. Para el CES, las medidas recogidas en el texto propuesto permiten hacer en suelo rústico equipamientos dotacionales e infraestructuras, además de la realización de diversas actuaciones en las instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias y ganaderas. Y todo ello "sin necesidad del otorgamiento de una previa calificación territorial".
El CES también critica el exceso de ocasiones en las que el anteproyecto de ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial remite al lector a un posterior desarrollo reglamentario de muchos de sus artículos.
En opinión del consejo, esta cuestión afectará, en caso de no modificarse, a la seguridad jurídica de los operadores económicos y los agentes sociales. "Este exceso de previsiones para un ulterior desarrollo reglamentario podría también reabrir un debate estéril en torno a cuáles son las instancias administrativas competentes", afirma el CES en su dictamen.
Turismo. En relación a la actividad turística de Canarias, el Consejo Económico y Social considera "absolutamente necesario e imprescindible" establecer una serie de medidas para la rehabilitación y modernización de la planta turística obsoleta y/o degradada, así como para la descongestión del suelo turístico saturado y un crecimiento razonado de la oferta.
Precisamente sobre las nuevas plazas alojativas que resulten de los procesos de rehabilitación y renovación, el CES resalta que "la inexistencia de datos e información hacen difícil un pronunciamiento" sobre el número ideal de autorizaciones de nuevas plazas.
No obstante, da un consejo al respecto: El número de plazas "debería modularse mediante la fijación de máximos, atendiendo siempre las circunstancias de cada una de las islas o de zonas específicas de ellas".
Fragmentación legal. Aunque el dictamen considera necesarios los objetivos por los que se ha elaborado este anteproyecto (como el de simplificar los trámites administrativos en materia urbanística), también advierte sobre "el riesgo" que significa realizar "una fragmentación legal" que podría producir una "mayor inseguridad jurídica y complejidad legal y administrativa".
El mayor consenso posible
El Consejo Económico y Social de Canaria recomienda al Gobierno regional que el anteproyecto de ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial sea elaborado con el mayor consenso posible. "El anteproyecto introduce modificaciones relevantes en nuestro actual ordenamiento jurídico en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con evidentes repercusiones en el suelo rústico y en un subsector de particular relevancia
para el desarrollo económico de las islas como es el turismo", resalta el consejo en su dictamen. Por eso, añade, "la conveniencia de los objetivos que se pretenden alcanzar, así como las dificultades advertidas para su consecución hacen necesario obtener un amplio consenso para su articulación legal".
* La Opinión de Tenerife - SOL RINCÓN BOROBIA - 23 de agosto de 2008
Foto: Canarias, hoteles sur grancanaria - laprovincia.es
¿Por qué nos oponemos al circuito urbano de F1?
LUIS CERRILLO* : La barbaridad de la construcción del Valencia Street Circuit de Fórmula 1 dentro de la ciudad (cauce del río, barrio de Nazaret, del Grau, del Cabanyal y dársena interior del puerto) es de tal calibre que difícilmente se puede comprender, a no ser porque tenemos un Gobierno autonómico con terribles ansias de notoriedad cueste lo que cueste, con una megalomanía patológica y sin ninguna preocupación seria por el urbanismo de la ciudad, ni tampoco por las prioridades sociales de los ciudadanos, menos vistosas, pero más importantes para la mayoría de la población.
Tenemos ya un circuito, el Ricardo Tormo, en Cheste, para competiciones de coches y motos, que acumula unas pérdidas de 60 millones de euros desde su puesta en funcionamiento hace nueve años. No se entiende todo este derroche en algo que tanto va a perjudicar a la ciudad y tanto va a molestar a los ciudadanos.
Hasta el momento, que se sepa, se han gastado más de 85 millones de euros, que todavía no se sabe cuándo y cómo podrán pagarse, teniendo en cuenta, además, que este Gobierno autonómico está gravemente endeudado en más de 11.550 millones de euros. ¿Tiene este Gobierno el dinero para hacer frente a todo ello? ¿Y qué será de las inversiones que urgentemente necesitan las partidas de educación y sanidad -sólo se han gastado 69,3 millones de euros en hospitales y centros de salud-, por no hablar de más cosas? ¿Se sabe, por ejemplo, que el barrio del Grau, una de las zonas afectadas, no tiene todavía un centro de salud?
La realización del circuito urbano, siendo el País Valencià uno de los territorios de Europa que más se aleja del cumplimiento del Protocolo de Kioto y de los acuerdos medioambientales de la UE, y siendo Valencia una de las ciudades con mayor nivel de contaminación acústica y atmosférica de Europa procedente del tráfico privado, evidencia la total insensibilidad por el medio ambiente tanto del ayuntamiento como el Gobierno autonómico. Suponen un retroceso educativo en la seguridad vial al ligar en el imaginario ciudadano, sobre todo de los jóvenes, ciudad y velocidad. Esta ilógica asociación de ideas está en el origen de las carreras ilegales y del terrorismo suicida vial que se viene produciendo en las calles de diferentes ciudades.
No se ha proporcionado a la ciudadanía toda la información que un gobierno democrático debe ofrecer, se ha negado la participación pública al colectivo ciudadano Fórmula Verda, que integra a varios grupos ecologistas, sociales y vecinales, esquivando el estudio de impacto ambiental. El decreto de interés general del 8 de febrero de 2008 por el cual el Gobierno autonómico regula la construcción del circuito y las actividades relacionadas con la prueba automovíslitica, vulnera un total de ocho leyes distintas. Nunca antes en la historia de la democracia española se había reducido un conjunto tan numeroso de garantías jurídicas del Estado de Derecho con esta brevedad.
Con la construcción de este circuito se ha perdido la gran oportunidad de terminar racionalmente la urbanización de la ciudad y no responde a las prioridades sociales. Cuesta mucho dinero, que ha provenido de las administraciones públicas, pero los beneficios se lo llevan unos pocos. Ocasiona graves molestias a la población, de ruido, de contaminación, de obras. Y para los que habitan cerca del circuito, todo esto es un infierno; para el resto, una pesadilla. Y a mucha gente joven y no tan joven se les está mostrando una bonita lección: la ciudad maltratada, el medio ambiente ignorado (piensen en las emisiones de CO2) y el culto a la velocidad sublimado. Todo un ejemplo de falta de democracia y de maltrato a la ciudad.
En síntesis, y por todas las razones anteriores, nuestra radical oposición al circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia. No tanto al espectáculo en sí, sino al modelo de vida y de cultura urbana que representa, ajeno a los desafíos medioambientales y energéticos del siglo XXI y a los nuevos horizontes de producción, consumo y bienestar sostenibles, compartidos y solidarios que queremos para nuestros hijos y nietos.
* Ecologistes en Acció de València y Coordinadora Fórmula Verda.
* Levante-EMV - Opinión - 23 de agosto de 2008
