Canarias: El proyecto de ley territorial ampararía actos arbitrarios

LAOPINIÓN* : El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias advierte en su dictamen 5/2008 de que el anteproyecto de ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo propuesto por el Gobierno de Canarias posibilitaría que las administraciones públicas tomen ciertas decisiones urbanísticas de forma arbitraria.

Por ejemplo, en cuanto a las calificaciones del suelo, el consejo señala que las administraciones podrían dar luz verde a actuaciones no prohibidas expresamente en las leyes urbanísticas, pero tampoco previstas en el planeamiento de un territorio.
De esta forma, la decisión final "radicaría una vez más en instancias administrativas, con el riesgo de ampliar el margen para la intervención discrecional".
Según el CES, los actos administrativos relativos a las calificaciones territoriales sólo necesitan cumplir un requisito: no amparar actuaciones expresamente prohibidas por la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico de cada localidad. Esta condición es, a juicio del consejo, insuficiente para garantizar que las calificaciones del territorio se hacen únicamente atendiendo al bien de interés público.

Suelo rústico. Si hay algo que preocupe al Consejo Económico y Social es cómo queda la protección del suelo rústico si se aprueba el anteproyecto de ley. Para el CES, las medidas recogidas en el texto propuesto permiten hacer en suelo rústico equipamientos dotacionales e infraestructuras, además de la realización de diversas actuaciones en las instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias y ganaderas. Y todo ello "sin necesidad del otorgamiento de una previa calificación territorial".
El CES también critica el exceso de ocasiones en las que el anteproyecto de ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial remite al lector a un posterior desarrollo reglamentario de muchos de sus artículos.
En opinión del consejo, esta cuestión afectará, en caso de no modificarse, a la seguridad jurídica de los operadores económicos y los agentes sociales. "Este exceso de previsiones para un ulterior desarrollo reglamentario podría también reabrir un debate estéril en torno a cuáles son las instancias administrativas competentes", afirma el CES en su dictamen.

Turismo. En relación a la actividad turística de Canarias, el Consejo Económico y Social considera "absolutamente necesario e imprescindible" establecer una serie de medidas para la rehabilitación y modernización de la planta turística obsoleta y/o degradada, así como para la descongestión del suelo turístico saturado y un crecimiento razonado de la oferta.
Precisamente sobre las nuevas plazas alojativas que resulten de los procesos de rehabilitación y renovación, el CES resalta que "la inexistencia de datos e información hacen difícil un pronunciamiento" sobre el número ideal de autorizaciones de nuevas plazas.
No obstante, da un consejo al respecto: El número de plazas "debería modularse mediante la fijación de máximos, atendiendo siempre las circunstancias de cada una de las islas o de zonas específicas de ellas".

Fragmentación legal. Aunque el dictamen considera necesarios los objetivos por los que se ha elaborado este anteproyecto (como el de simplificar los trámites administrativos en materia urbanística), también advierte sobre "el riesgo" que significa realizar "una fragmentación legal" que podría producir una "mayor inseguridad jurídica y complejidad legal y administrativa".

El mayor consenso posible

El Consejo Económico y Social de Canaria recomienda al Gobierno regional que el anteproyecto de ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial sea elaborado con el mayor consenso posible. "El anteproyecto introduce modificaciones relevantes en nuestro actual ordenamiento jurídico en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con evidentes repercusiones en el suelo rústico y en un subsector de particular relevancia
para el desarrollo económico de las islas como es el turismo", resalta el consejo en su dictamen. Por eso, añade, "la conveniencia de los objetivos que se pretenden alcanzar, así como las dificultades advertidas para su consecución hacen necesario obtener un amplio consenso para su articulación legal".





* La Opinión de Tenerife - SOL RINCÓN BOROBIA - 23 de agosto de 2008
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