TERRA/Madrid* : La imputación del ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada, ha abierto una nueva línea de investigación en el entramado de la 'operación Guateque'. El juez Torres ha comenzado a investigar a varios colaboradores de Armada, así como a diversos empleados que, entre 1997 y 2003, trabajaban en la Gerencia Municipal de Urbanismo.
De esta manera, la supuesta trama funcionarial podría comenzar a afectar no sólo a personal del actual y anterior mandato municipal -los de Ruiz-Gallardón-, sino también a otros cargos de confianza de la época anterior, la de José María Álvarez del Manzano. Personas, algunas de ellas, que no se encuentran ya trabajando en el Consistorio madrileño, según precisaron fuentes cercanas al caso.
Probablemente, de esto se hable también hoy en el juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Será allí donde acuda, en calidad de imputado, al mediodía, Luis Armada. Deberá responder a las preguntas que le haga el juez Santiago Torres sobre la concesión de varias licencias otorgadas durante su etapa como 'número dos' en Urbanismo, con José María Álvarez del Manzano como alcalde. Armada deberá responder, por ejemplo, sobre una licencia concedida para levantar el hotel Pío XII, en el distrito de Chamartín, y sobre un permiso que firmó para la reforma de un sótano de un palacete familiar de la calle de la Bola. Se trata de un edificio protegido, de principios del siglo XX, donde el propio Armada estaba empadronado.
Al conocer la citación, el abogado del viceconsejero aseguró que desconocía por completo el contenido de la imputación, si bien matizó que podría deberse a un expediente de licencia tramitado en 1998 para construir un hotel en el distrito de Chamartín. 'La licencia de este hotel se ajustó escrupulosamente a la legalidad. Se cumplió el planeamiento urbanístico al detalle', expuso el abogado, añadiendo que la actuación de su representado 'no supone ninguna infracción administrativa ni penal'.
Además de Armada, el titular del Juzgado de Instrucción 32 interrogará de nuevo a Óscar Acero, jefe de la Unidad Técnica de Licencia de la Gerencia de Urbanismo. Acero ya declaró en la primera fase como imputado, saliendo libre del juzgado. También comparecerán Manuel Cid, funcionario de Disciplina Urbanística, y Ángel Alzaga, del Área de Medio Ambiente.
Por otra parte, el juez Santiago Torres levantó ayer la totalidad del secreto sumarial del caso que pesaba sobre las diligencias en las que investiga presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de expedientes de concesión de licencias correspondientes a la Concejalía de Medio Ambiente y a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
A principios de enero, el magistrado levantó el secreto de diez tomos de la causa, correspondientes a las diligencias practicadas hasta el 17 de noviembre. La parte que se hizo pública entonces se refería a la mayoría de las escuchas telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y a los registros realizados unos días antes sobre el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y las Juntas de Distrito de San Blas, Centro y Chamberí.
El levantamiento total del secreto de la causa (de los once tomos restantes) permitirá a las partes personadas, que se elevan a 37 entre abogados defensores y acusaciones, conocer las actuaciones practicadas hasta ahora y las que se desarrollen próximamente.
* Terra Actualidad - VMT - 23/01/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
El juez del caso 'Guateque' investiga el entorno de Armada en la Gerencia
Cien metros de costa libres de ladrillos
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EUROPAPRESS* : Un total de 14 países mediterráneos han firmado en Madrid el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, en el que se establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa, según explicó hoy la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tras el acto protocolario.
La suscripción de este acuerdo sucede a la celebración la semana pasada en Almería de la XV Conferencia de las Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera de esta área (Convenio de Barcelona), y se convierte en el primer instrumento legal vinculante a nivel internacional sobre protección integral del litoral.
Sólo Turquía ha presentado una reserva de estudio al protocolo, según explicó el jefe de la División de Protección de Medio Ambiente y los Ecosistemas Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, Javier Cachón, en relación a la gestión integrada del litoral de las islas. Ahora, este país tiene dos opciones: firmar el resto del documento e inhibirse en esta parte o no firmarlo. En todo caso, Cachón recordó que basta con la ratificación de seis países para que la norma entre en vigor.
Tampoco firmaron ni la Comunidad Europea (que requiere de más trámites burocráticos) ni Líbano, Libia, Chipre, Bosnia-Herzegovina ni Egipto, que podrán hacerlo a lo largo del próximo año. Sí han firmado ya el protocolo Argelia, Croacia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Malta, Montenegro, Marruecos, Eslovenia, Siria, Túnez y España.
Narbona subrayó la importancia de esta protección teniendo en cuenta que se prevé un retroceso entre 20 y 60 metros de la línea de costa en el litoral mediterráneo en 50 años por efecto del cambio climático. "Este es el desafío al que se enfrenta España", aseguró.
Afectados de la Ley de Costas
Por otra parte, la ministra aseguró que "aún no ha recibido el informe", que la plataforma de afectados por la Ley de Costas señaló que le había remitido y que hará llegar a la UE, y que sólo conoce el texto a través de los medios de comunicación.
La ministra explicó que "analizará con todo el rigor que merece un planteamiento que parte de unos ciudadanos que se ven afectados por dicha ley" y que espera obtener una "respuesta satisfactoria" por parte de la UE, si finalmente la Plataforma dirige ese informe a las autoridades europeas.
Narbona apuntó que cuando tenga el estudio intentará "poner de manifiesto, de forma documentada, cada uno de los casos de supuesto abuso que se contemplen en el texto y de cómo se ha llevado, en estos años, la Ley de Costas".
La titular de Medio Ambiente mantuvo que "en ningún caso se está aplicando la Ley de Costas con retroactividad" y añadió que "la Ley contempla situaciones transitorias que afectan a concesiones obtenidas antes de su aprobación".
Además, explicó que el proceso de deslindes es "garantista", ya que los ciudadanos que se consideren afectados pueden recurrir a los tribunales si no están de acuerdo con la decisión del deslinde correspondiente.
La ley establece garantía de derechos para los ciudadanos: tanto para los propietarios y para los que no siendo propietarios, tienen derecho al uso publico del litoral de acuerdo con la legislación vigente. Para la ministra el problema reside en que ha habido una insuficiente aplicación de la ley que ha llevado a la privatización al margen de la ley de un espacio público y que ahora hay que preservar, entre otras cosas, por los efectos del cambio climático.
Asimismo, explicó que el Convenio de Barcelona, que nace para reducir la contaminación, combatir la pérdida de diversidad y preservar las zonas costeras, tiene mucho que ver con la Ley de Costas, ya que supone la incorporación de determinados principios a la protección del litoral.
En concreto, al igual que con la ley aprobada en 1988, este convenio establece el compromiso de todos los países del mediterráneo de evitar la construcción en los primeros 100 metros de las costas.
* El Mundo - E.P. - Madrid, 21/01/2008
Foto: Benidorm, obras Punta Lisera - L.Hevesi (El Mundo)
Instan al cierre inmediato del hotel de los futbolistas famosos de Almuñécar
20MINUTOS/Granada* : El hotel Bahía Almuñécar tiene 48 horas para echar el cierre. El Ayuntamiento de esta localidad costera ha instado al cese inmediato de su actividad al establecimiento. El local, promovido por futbolistas famosos como Fernando Morientes o los ya retirados Carlos Aguilera, Amavisca o Roberto Ríos, deberá cumplir así el auto de un juzgado de Granada que suspendió la licencia de primera ocupación concedida a la empresa en enero de 2007.
Aunque el hotel recibió la notificación de esta resolución en octubre, ha continuado con su actividad de manera normal "haciendo caso omiso" a las advertencias tanto del Consistorio como de la Junta de Andalucía. Al parecer, los responsables del establecimiento consideraban que la presentación de un recurso de apelación contra el auto judicial les amparaba para mantener abierto el hotel.
Fue en julio del año pasado cuando el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Granada suspendió la licencia municipal de primera ocupación concedida al hotel.
Según el Gobierno andaluz, la tramitación del proyecto había sido irregular, ya que el Ayuntamiento cambió el uso de una parcela destinada a equipamiento público y la convirtió en suelo de uso "residencial hotelero exclusivo".
Así, lo que iba a ser un bloque para oficinas de nueve plantas se convirtió en un hotel de doce pisos.
Y es que, según Obras Públicas, el Bahía Almuñécar supera en 3.366 metros cuadrados la edificabilidad que había prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Sin embargo, éste no es el único establecimiento que tienen estos futbolistas en la localidad. El Bahía Tropical, abierto en 2001, también es de ellos, aunque ninguno figura en el consejo de administración de la sociedad que los gestiona. Ambos locales son conocidos como los hoteles de los "galácticos".
La Marbella granadina
Almuñécar es el municipio granadino que acumula más denuncias por irregularidades urbanísticas. La localidad costera está en el punto de mira desde que, en plena operación contra la corrupción urbanística en Marbella, la Junta avisó de que retiraría las competencias sobre el tema a todos los municipios que incumplieran la legalidad.
Sin embargo, aún no existe ni una sentencia firme que condene al Consistorio sexitano por estos delitos. La mayoría de los expedientes abiertos se refieren a excesos de edificabilidad, licencias irregulares o modificaciones del PGOU que exceden las competencias municipales.
* 20 minutos - R. R.. 21.01.2008
Foto: Almuñécar - motrildigital
Paisajes robados
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Están de enhorabuena los ladrones de paisajes. Una vez puesta en marcha la "normalización urbanística" de Marbella, ese eufemismo que encubre la legalización de casi todo lo construido de forma irregular, se abre paso otro proceso normalizador. Ahora el judicial. La Fiscalía y las defensas de los ex concejales del GIL, inmersos en más de 70 causas por conceder licencias ilegales, van a cerrar un pacto para que las múltiples causas pendientes no atasquen los juzgados. El asunto es fácil de explicar y parte de una premisa esencial, la de considerar que todas las causas son "delitos conexos" y tienen un límite de cumplimiento de condena, el triple de la pena mayor que se imponga.
Lo explico con un ejemplo: Julián Muñoz, el ex alcalde marbellí, tiene pendientes medio centenar de causas por las que debe ser juzgado, pero el artículo 76 del Código Penal establece que cuando una persona comete dos o más delitos entre los que hay conexión, el máximo de cumplimiento de las condenas "no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más graves de las penas en que haya incurrido". Por ello, a partir de la tercera condena, a Julián Muñoz los desmanes urbanísticos cometidos le saldrían gratis.
La Fiscalía, consciente de que la iniciativa no está exenta de polémica, ha advertido de que el acuerdo se limitaría a las causas abiertas por la concesión de licencias ilegales y no afectará a otros delitos urbanísticos, como la firma de convenios irregulares o el propio caso Malaya, que investiga la trama de corrupción instaurada en el consistorio. Y hasta ahí podríamos llegar, habría que decirle a la Fiscalía. A resultas del acuerdo, las defensas de los ex concejales asumirían las penas solicitadas en cada causa individual y, a cambio de ello, el ministerio público rebajará las peticiones de prisión de los ediles, que en cualquier caso sólo pueden ser de un máximo de 24 meses. A efectos prácticos, se evitarían celebrar múltiples vistas orales y los condenados, como máximo, acumularían penas de seis años. A efectos reales, las penas serán menores, ya que el compromiso de la Fiscalía es rebajar la condena a cambio de la aceptación de la pena.
Jurídicamente no hay nada que objetar. Es más, la celebración de los juicios no garantizaría penas mayores, dilataría los procesos, colapsaría los juzgados y tendría un enorme coste para la administración de Justicia. Entonces, el problema de que el acuerdo rechine por todos lados y que los desmanes urbanísticos de los gobiernos gilistas vayan a acabar con penas casi ridículas, habrá que buscarlo en otro sitio. El pasado mes de diciembre el Grupo de Estudios de Política Criminal, un colectivo integrado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal, elaboró un manifiesto proponiendo a las administraciones que actúen con mano dura frente a la corrupción urbanística. En este foro reprocharon que ni el Estado ni las autonomías ni los ayuntamientos ni los jueces ni los fiscales son todavía eficaces para combatir este creciente problema, por ello pidieron medidas ejemplarizantes. De un lado, la demolición de edificios ilegales. De otro, el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con este fenómeno.
De momento, en Marbella los dos procesos de normalización puestos en marcha -tanto el urbanístico como el jurídico- están lejos de estas propuestas y van dejando cierta sensación de impunidad que tiene poco de ejemplarizante. Hay, además, una normalidad que han olvidado todos: cómo se devuelve el paisaje robado. Quién restituye la playa o repone los árboles perdidos. Y otro olvido no menor, esta vez en el Código Penal, qué condenas se contemplan para cuando los delitos de medio ambiente afectan al ambiente entero.
* ELPAIS.com - Andalucía - 22/01/2008
Cantabria: El TSJC anula las Normas Urbanísticas Regionales para 29 ayuntamientos
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) que el Gobierno de Cantabria aprobó el 25 mayo de 2006 porque el Ejecutivo no sometió a información pública la Evaluación de Impacto Ambiental.
Con esta sentencia, un total de 29 ayuntamientos que representan un tercio del territorio regional aunque con menos del 5 por ciento del población, quedan privados de una serie de criterios urbanísticos básicos para regular la construcción en sus municipios, pues dichas normas eran de aplicación directa allí donde se carecía de plan general o de normas subsidiarias.
Los 29 ayuntamientos ocupan exactamente el 38,5% del territorio, si bien en tan extenso espacio tan sólo se encuentra el 4 por ciento de la población total de Cantabria. La relación es la siguiente: Anievas, Cabezón de Liébana, Camaleño, Cieza, Cillorigo de Liébana, Herrerías, Lamasón, Liendo, Luena, Miera, Penagos, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Rasines, Ruesga, San Pedro del Romeral, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Udías, Valdáliga, Valdeprado del Río, Valderredible, Valle de Villaverde, Vega de Liébana, Vega de Pas y Villafufre.
Según la sentencia, la Sala anula las NUR por no haber sometido a información pública su estudio de impacto ambiental, un requisito que era obligatorio desde unos días antes. De este modo, la sentencia acepta el recurso que presentaron una serie de ayuntamientos (ver recuadro) que alegaban, entre otros motivos, una cuestión de procedimiento como la falta de información pública de aquel trámite ambiental.
Recurrir o subsanar
La primera reacción del Gobierno a esta sentencia ha sido un comunicado para anunciar un probable recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que supone que dicha sentencia del TSJC no es firme. Tampoco han descartado subsanar la laguna de procedimiento censurada por el TSJC sometiendo a información pública lo requerido.
El abogado Francisco Javier Fernández González, que llevó el recurso de los ayuntamientos, estima que con un recurso ante el Supremo se puede crear «una inseguridad jurídica» en materia urbanística y que puede dar lugar lugar «a una situación de esquizofrenia»: el Gobierno considera aplicables las NUR porque la sentencia no es firme, pero los ayuntamientos pueden plantear que las NUR no se apliquen porque cualquier recurso que se presente en adelante va a ser estimado por el TSJC.
Las NUR recibieron el visto bueno del Gobierno a mediados de 2005 y durante dos meses se sometieron a información pública. El texto se envió a los ayuntamientos para su consulta, pero no se adjuntaba el Informe de Impacto Ambiental. Las referidas Normas Urbanísticas Regionales acabaron siendo aprobadas en mayo de 2006, pero poco después se adaptaba a la legislación española una directiva europea que establecía la obligatoriedad de presentar y acompañar el informe medioambiental. Una norma con efectos retroactivos y que, por tanto, afectaba a las NUR pese a estar aprobadas con anterioridad.
Según se señala en la sentencia, el TSJC considera que de acuerdo con la nueva normativa básica, «la consulta al público en general del informe ambiental pasaba a ser necesaria y preceptiva». Sin embargo, la Sala lamenta tener que «adoptar tan drástica solución (anular las Normas) frente a una Administración que ha dado muestras sobradas de receptividad a la normativa comunitaria ambiental». Tanto que el propio TSJC califica de «paradójica» la situación de que un Gobierno como el cántabro, «que viene dando muestras sobradas de sensibilidad en materia medioambiental», vea anulado un Decreto «que incrementa la protección en este ámbito».
Frente a la postura del recurso de casación que anuncia el Gobierno, el letrado Fernández González entiende que el Ejecutivo y los ayuntamientos afectados «deben sentarse a dialogar» con posturas flexibles «para consensuar unas medias razonables».
En su opinión, el camino del recurso que anuncia va a tomar el Gobierno «puede dar lugar a una inseguridad jurídica» porque si bien las NUR son aplicables al no haber sentencia firme, la Sala estimará cualquier recurso que se presente contra las NUR. Y esa inseguridad jurídica puede alargarse entre tres y cinco años, el tiempo estimado en conocer el fallo del Tribunal Supremo.
«El Gobierno no se puede poner una venda en los ojos», estima el abogado Fernández González, «por mucho que se recurra al Supremo». Considera que ambas partes, Ejecutivo y ayuntamientos «deben aplicar el sentido común y buscar soluciones, y sobre todo, deben buscar una seguridad jurídica»
* El Diario Montañés - TEODORO SAN JOSÉ - 22 enero 2008
Foto: Vista de un barrio de la población de La Hayuela, en el municipio de Udías, uno de los recurrentes y afectados por la anulación de las Normas Urbanísticas Regionales / eldiariomontanes.es
El juez también imputa al alcalde de Telde el delito de prevaricación en el ´caso Yrichen´
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Telde, Miguel Ángel Agüero, ha acordado imputar al alcalde Francisco Santiago, al concejal Ildefonso Jiménez y a los ex ediles Marcelino Galindo y Julián González la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y otro contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de la sede de la ONG Yrichen -dedicada a la atención a los drogodependientes- en un suelo emplazado en el barrio de La Pardilla y que no contaba con la calificación de urbano en el momento de iniciarse los trabajos.
Según los datos obtenidos por este medio, Agüero dictó a finales de noviembre un auto por el que acordaba la apertura de juicio oral por este pleito y la remisión de la causa a los juzgados de lo Penal de la capital grancanaria. Previamente, el magistrado acordó asumir las peticiones cursadas por el fiscal del TSJC Carlos Fernández Seijo, quien en su escrito de calificaciones, que obra en poder de este rotativo, solicitaba la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de nueve años para Santiago y el resto de políticos, mientras que para los arquitectos Elisenda M. y Antonio B. interesaba dos años de prisión, una multa global de 5.400 euros e inhabilitación en el ejercicio de su profesión por el tiempo de dos años.
Básicamente, el representante del ministerio público arguye en su texto que los imputados plantearon el edificio en un suelo rústico agrícola no protegido y que, siete años después, en 2002 había pasado a tener la consideración de suelo urbanizable, pero sólo para acoger un parque urbano y en ningún momento un inmueble.
Fernández entiende que los imputados tenían que haberse pertrechado de informes técnicos y jurídicos que diesen cobertura legal a la ubicación del bloque en ese punto "pese a no ser preceptiva la licencia municipal de obras". El escrito también deja la puerta abierta a la posibilidad de que se tenga que demoler el centro, algo que intentará evitar el Ayuntamiento, según reconoció ayer el edil del área, José Antonio Perera.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ / TELDE - 21-01-2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
El Ayuntamiento de Valencia edifica sobre el antiguo camping del Saler
LEVANTE* : En enero de 1999 el Ayuntamiento de Valencia tomó la decisión de cerrar el camping municipal que tenía construido y explotaba en plena Devesa del Saler. En el marco de las actuaciones de recuperación del parque natural, se anularon los contratos de los campistas y se desmantelaron las instalaciones de "obra dura" derribando hasta diez edificaciones, símbolo de otros tiempos y otras formas de entender el urbanismo y el medio ambiente.
Siete años después del cierre y derribo, la concejalía de Devesa-Albufera ha impulsado el proyecto "El lugar de los sentidos", constituido por una residencia, talleres y un museo del parque natural accesible a los disminuidos y que supone volver a edificar en el parque natural aunque, según los responsables, con la obra mínima necesaria.
El ayuntamiento pensó desde el principio en algún tipo de instalación para este espacio basándose, según los informes, en que "ya se encuentra antropizado" aunque en los años transcurridos desde el desmantelamiento se han sucedido varias campañas de plantación de vegetación autóctona. Los edificios de nueva planta se situarán en un área que se reservó para dotaciones públicas. Según los técnicos, el proyecto no está sometido a la declaración de impacto ambiental pero sí será necesario el visto bueno del mismísimo Consejo de Ministros ya que linda con la zona de protección marítimo-terrestre donde Costas sólo permite las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación y prohíbe expresamente el alojamiento excepto si se justifican razones de utilidad pública.
El ayuntamiento ya construyó un retén de bomberos en el parque natural. Con esta nueva obra, y para que el impacto en el paisaje no sea grande, está previsto que el edificio o edificios tengan pocas plantas y queden cubiertos por arena y vegetación a modo de duna. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la utilización de energías renovables y la elección de materiales respetuosos con el medio.
"El lugar de los sentidos" incluirá varios usos, los principales (residencia, talleres y museo) estarán vinculados al parque natural. Los talleres combinarán actividades lúdicas y docentes y la residencia permitirá que los colectivos escolares que participen puedan pernoctar en el edificio. El museo o área de exposiciones estará abierto al público en general y el complejo también hará funciones de oficina de información y orientación.
Una de las principales características -y condiciones- del proyecto es que sea accesible a personas con cualquier tipo de minusvalía. En este sentido, colaborará con el ayuntamiento la Fundación Once. El ayuntamiento acaba de convocar el concurso para contratar la consultoría y asistencia técnica de redacción del proyecto (con un precio de licitación de 164.478,40 euros), para lo que se prevé un plazo de cinco meses. Los cálculos de los técnicos municipales sobre el anteproyecto estiman que las obras tendrán un coste total de 6.103.081 euros. La oposición votó en su día a favor de este proyecto.
* Levante-EMV - 22 de enero de 2008
Foto: Obras de derribo de las antiguas edificaciones del camping de El Saler/ alberto sáiz, levante-emv.com
Córdoba: El anónimo que levantó la liebre
ELPAÍS* : El o la denunciante se presentaba como una persona preocupada por el deterioro urbano y rural provocado por las edificaciones ilegales en Córdoba en el preámbulo del escrito que envió a la Guardia Civil el 25 de julio de 2007. La carta no tenía firma, pero sí adjuntaba un plano dibujado a mano en el que se señalaba la ubicación exacta de la parcelación ilegal de Torreblanca.
Porque el dedo acusador del anónimo señalaba a esa urbanización y a una pareja de agentes de la Policía Local de Córdoba que trabajan en la unidad de protección del medio ambiente y que se han levantado allí una casa ilegal, según la detallada información que manejaba este desconocido.
El Ayuntamiento mantiene abierta una investigación en este momento para tratar de averiguar si en el seno de esta unidad de la Policía Local, que entre otros cometidos tiene el control de las infracciones urbanísticas, se ha podido cometer alguna irregularidad. Hasta el momento, se sabe que cinco agentes municipales, entre los que está la pareja denunciada de forma anónima, se han construido cuatro edificaciones en un suelo de Torreblanca que compraron a medias en 1997.
El escrito sin firma se recibió en la Guardia Civil el seis de agosto de 2007, según consta en el registro de entrada. Los agentes de este cuerpo visitaron la parcelación, que está en trámites de legalización, aunque todavía no está permitido edificar allí. Y tomaron nota de la matrícula de un vehículo que estaba estacionado en la zona. Posteriormente, el 27 de noviembre, la Guardia Civil reenvía a la Policía Local y a la Gerencia de Urbanismo el escrito anónimo e informa de las pesquisas que ha realizado y de la presencia del coche aparcado a las puertas de uno de los chalés ilegales.
Tres días después, el jefe de la Policía Local de Córdoba responde con otra misiva a la Guardia Civil en la que se detalla quién es el propietario del vehículo. Se trata de Francisco D., uno de los cinco municipales que compraron en 1997 aquel terreno que luego dividieron en cuatro. Sin embargo, éste no es ninguno de los dos miembros del matrimonio de policías al que el escrito anónimo señalaba.
El responsable de la Policía municipal adjunta en su respuesta a la Guardia Civil la relación de denuncias que hay contra el propietario del vehículo. La primera es por la construcción de un "cerramiento" y data de 2000. La segunda es de 2001 por un "cuarto trastero". Y la última está fechada en 2003 y se levanta por la construcción de la casa de dos plantas.
¿Por qué no se facilitó información sobre el resto de agentes y ex agentes con una edificación en esa parcelación? Fuentes municipales apuntan que quizás se deba a que sólo se consideró pertinente adjuntar las denuncias que pesaban sobre el propietario del vehículo señalado. Y estas mismas fuentes esgrimen como un argumento de peso las dos actas de denuncia que constan en los archivos de la Policía Local contra la construcción de los agentes de la unidad medioambiental y contra un tercer policía que actualmente trabaja como guardaespaldas de la alcaldesa Rosa Aguilar. Ambas denuncias tienen fecha de 26 de septiembre de 2007.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 22/01/2008
Foto: Córdoba, urbanización - abc.es
El juez y el fiscal citan al equipo del ex alcalde de Puerto Rosario
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CANARIAS7/Fuerteventura* : A partir de hoy y hasta el lunes, declararán seis ediles, cuatro funcionarios y dos arquitectos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística en la concesión de 17 licencias en suelo rústico en 2002. El equipo de gobierno del ex alcalde Manuel Travieso comienza a partir de hoy, y durante varios días, a declarar ante el juez por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística en la concesión de 17 licencias en 2002 para la construcción de viviendas en suelo rústico de edificación dispersa.
El fiscal Guillermo García Panasco asiste a la toma de declaraciones de estos seis cargos públicos, cuatro funcionarios y dos arquitectos, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Las 17 licencias municipales se otorgaron para levantar 31 viviendas que legalmente no se deberían haber autorizado, según la Fiscalía de Medio Ambiente: 16 en Casillas del Ángel, ocho en Tetir, dos en Los Estancos, dos en Los Llanos de laConcepción y promociones individuales en La Asomada, La Matilla y Tetir. Las penas solicitadas por el fiscal rondan entre los dos y cuatro años de prisión, además de entre cinco y diez años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
A entender de la Fiscalía, los permisos se otorgaron de manera «reiterada» y actuando «con total y absoluto incumplimiento de unas normas que eran suficientemente claras y conocidas, y con evidente desprecio por su literalidad y su finalidad». La lista de irregularidades a la hora de otorgar las licencias engloba desde que las parcelas no tenían acceso a un camino público hasta que carecían asimismo de conexión a la red de abastecimiento y suministro eléctrico.
En activo
Manuel Miranda, actual consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular y entonces teniente de alcalde por el Partido Popular (PP), es el único de los cuatro acusados que todavía ejerce un cargo público. El ex alcalde Manuel Travieso, el edil nacionalista Domingo Rodríguez, los entonces populares Esteban Acosta y Antonio Alonso Patallo y Luis Lorenzo Mata (Independientes de Fuerteventura) han abandonado la política activa.
Los funcionarios que prestarán declaración a partir de hoy en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 son la interventora Cristo Sánchez Berriel, la secretaria Mercedes Contreras Fernández, el secretario accidental Juan Manuel Gutiérrez Padrón y la secretaria accidental Sandra Domínguez Hormiga. También están implicados los arquitectos municipales José María García Alcolea y Candelaria Franquis de León.
* Canarias 7 - Catalina García - 22 enero 2008
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk
El alcalde de L'Atzúvia desvía agua de riego a chalés ilegales
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ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de L'Atzúvia, Manuel Reig, del PP, ha autorizado el abastecimiento de agua para los lujosos chalés levantados en suelo no urbanizable con licencia para casas de labranza a través de la red de distribución de riego. Esta iniciativa del regidor, adoptada en su calidad de presidente de comunidad de regantes del municipio (La Sociedad Agraria de Transformación -SAT- Cristo del Milagro) carece de cobertura legal, según recoge la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar a una denuncia presentada por el colectivo ecologista local Gelibre.
El organismo hidrológico ha abierto una investigación sobre esos hechos y sobre una segunda decisión del primer edil, también en función de su cargo de presidente de la SAT Cristo del Milagro, relativa a la firma de un certificado en el que garantiza la disponibilidad de agua para una urbanización en la Moleta sobre la base de futuras cesiones de recursos de la comunidad de regantes. La CHJ considera que el certificado del alcalde carece de cobertura legal y, por tanto, que el PAI no tiene acreditado el abastecimiento de agua. La Confederación ha dado traslado de los hechos al servicio de Guardería Fluvial.
El promotor del PAI de la Moleta es el empresario Jaime Ten. El constructor y otras seis personas se censaron en un chalé en obras de su propiedad unas semanas antes de los pasados comicios municipales, extremo que les permitió votar en las elecciones pese a no haber residido jamás en el municipio.
Los lujosos chalés, una docena de viviendas ubicadas al sur del núcleo urbano de la localidad, han sido levantados por un promotor alemán. La construcción de estas viviendas es objeto de una investigación que dirige el Juzgado número 1 de Dénia. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha remitido al Consistorio un requerimiento para que anule las licencias otorgadas al promotor.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 22/01/2008
Foto: Valle donde se enclava L'Atzúvia y la pedanía de Forna con chalés al fondo, en la ladera de la montaña, una zona donde se han presentado varios programas urbanísticos, cerca de donde se construyeron los chalés ilegales/ lasprovincias.es
El Obispado de Ávila gana 19 millones al vender unos terrenos que recalificó el gobierno local
SER* : El Ayuntamiento de Ávila ha propiciado un pelotazo urbanístico de la Iglesia. El Obispado de esta ciudad ha ganado 19 millones de euros al vender unos terrenos rústicos que habían sido recalificados previamente por el gobierno local del PP. La Iglesia ha tapado con este dinero el enorme agujero económico de la Universidad Católica promovida en su día por el Arzobispo Antonio Cañizares y por el entonces alcalde de Avila, Ángel Acebes.
El Obispado de Ávila disponía desde el año 1969 de una inmensa parcela, de más de un millón de metros cuadrados de suelo rústico que puso en manos de la Iglesia su propietaria, la Marquesa de Muñoz, a través de una fundación religiosa que lleva su nombre. Unos terrenos cuyo valor se disparó cuando el Ayuntamiento de Ávila los recalificó para uso industrial en el año 2005.
De esa parcela, el obispado de Ávila vendió casi un millón de metros cuadrados el pasado mes de mayo a la empresa Iniciativas Empresariales Habit S.A. que pagó por ellos 19 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER. El Ayuntamiento de Ávila justificó la recalificación en que la ciudad necesitaba más suelo industrial cuando lo cierto es que el actual polígono de Ávila apenas se ha desarrollado en un 60%. Además con esta recalificación el Ayuntamiento no consiguió ni un solo metro cuadrado industrial público puesto que todos los terrenos siguieron en manos privadas, fundamentalmente de la Iglesia.
El fiasco de la universidad que impulsó Acebes
Con los 19 millones de euros conseguidos en la venta, el Obispado ha saldado la deuda que arrastraba Universidad Católica estimada por sus propios gestores en aproximadamente 1.000 o 1.200 millones de pesetas.
La Universidad Católica acumulaba esta deuda desde su creación en el año 1996, una iniciativa liderada por el entonces obispo de Ávila, Antonio Cañizares, y promovida, entre otros, por Ángel Acebes, entonces alcalde de Ávila, y Sebastián González, ahora número tres del Partido Popular y entonces presidente de la Diputación Provincial de Ávila.
* Cadena SER - 21-01-2008
Foto: Ávila, ayuntamiento - lawebmunicipal.com
El desinterés europeo frena la segunda residencia en la costa
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ELPAÍS/Alicante* : "La gente está a la expectativa. Se están esperando a ver qué pasa. Eso no quiere decir que dejen de comprar o de venir a la Costa Blanca, pero sí que se han tomado un tiempo", explica Johan de Wit, miembro del Foro Internacional de L'Alfàs, colectivo que agrupa a todas las asociaciones de ciudadanos europeos en el municipio.
De Wit es un holandés que regenta el establecimiento Albir Muebles, donde ha notado una disminución de ventas de hasta un 25%, caída que asocia al parón del mercado inmobiliario. El comentario del ciudadano holandés corrobora los datos de distintos profesionales del sector inmobiliario de Alicante que cifran desde un 25% y hasta un 70% la bajada de las ventas de segunda residencia en la costa a la clientela extranjera, básicamente británica.
Un cliente europeo de una agencia inmobiliaria en Xàbia asegura haber comprado una casa en el sur de Italia por entre 80.000 y 90.000 euros. La subida de precios, la aparición de nuevos destinos turísticos y el fuerte crecimiento urbanístico pasan factura. Alicante, la provincia que en el segundo trimestre de 2007 acumuló más del 90% de las ventas inmobiliarias a extranjeros no residentes en la Comunidad Valenciana, sufre una merma de ventas que ha puesto en jaque a algunas pequeñas agencias dirigidas al público europeo, principalmente inglés. Algunas están cerrando, otras reducen personal, según profesionales de distintos puntos de la costa alicantina. Inmobiliarias de Xàbia y Torrevieja detectaron un parón de ventas al turista alemán hace tres años, que en alguna zona incluso "está vendiendo" para trasladarse a países como Yugoslavia, según la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Marifé Esteso. En el caso inglés, el principal turista europeo de la Comunidad Valenciana, "algo se vende, pero muy poco", explica Esteso. En poblaciones como Xàbia "lo único que se está vendiendo en segunda residencia es a madrileños y valencianos", añade.
El porcentaje de caída varía según a quién se le pregunte, pero la tendencia es similar. Lynn Harley, de J.B. Property, en la playa Flamenca de Orihuela, cifra la bajada de ventas a irlandeses del norte, el público al que se dirigen, en un 25%. "En los últimos meses las ventas van más despacio", subraya. Harley dice que el euro está "muy alto" para los ingleses y asegura que muchos británicos están poniendo en venta sus casas en la costa para irse al interior. La evolución del mercado extranjero es, en definitiva, "un daño añadido", asegura Esteso, a una situación de "crisis y preocupante porque no sabemos cuánto va a durar".
"La caída de las ventas entre los extranjeros empezó antes que la de los españoles, hace dos o tres años, por una subida de precios que no se corresponde en absoluto con la calidad de las viviendas y los servicios que ofrecen las poblaciones", explica Miguel Arnaiz, de la agencia Trenor de Benidorm. "Berlín ahora es más barato que Benidorm", apostilla. Arnaiz explica que los extranjeros dejan de comprar viviendas en la Costa Blanca para hacerlo en Marruecos o en países del Este de Europa, "donde tienen tranquilidad y precios más baratos". Va más allá y considera que el urbanismo salvaje también ha jugado su papel. Explica que europeos que llevan 20 años en la zona se están yendo por la masificación. "Se perdió el turismo alemán, después se ha perdido el francés y ahora se está perdiendo el inglés". Esta apreciación es compartida por los representantes del partido Claro (organización radicada en la costa Orihuela que aglutina a los extranjeros residentes en La Vega Baja). "En este punto de la costa el caótico urbanismo con decenas de urbanizaciones a medio hacer, con calles sin asfaltar y sin servicios ha acabado por ahuyentar a los compradores extranjeros", señala Antonio Cerdán, miembro de esa formación política.
Optimismo de futuro
Pese a este frenazo, hay quien todavía mantiene el optimismo ante una eventual inflexión al alza de las ventas. El concejal del Partido Popular (PP) en L'Alfàs del Pi Eric Svanberg conoce con detalle la realidad del colectivo del que forma parte, ya que él nació en Noruega: "Van a continuar invirtiendo. En este momento es lógico que estén indecisos, porque todo apunta a que los precios van a bajar. De lo que estoy convencido es de que van a llegar en masa dentro de un par de años".
Svanberg coincide con Johan De Wit en considerar que se avecina una ola de jubilados europeos. "En 2009 muchas personas que nacieron tras el boom de la Segunda Guerra Mundial cumplen 65 años y están deseando jubilarse para abandonar el país", explica este edil. "Tienden a ir al sur, principalmente por las condiciones climatológicas. Por eso estoy convencido de que en poco tiempo se reactivará el sector", asegura.
El también holandés De Wit coincide con el concejal. El comerciante de mobiliario afincado en L'Alfàs del Pi afirma que en su país de origen "hay muchos nacidos cuando finalizó la guerra que han sacado adelante Holanda, y ahora quieren venirse a vivir aquí. Son gente que ha ahorrado durante toda su vida y tiene un elevado poder adquisitivo. Es cuestión de cuatro o cinco años".
* ELPAIS.com - ROSA BIOT / SERGI CASTILLO - Alicante / Benidorm - 21/01/2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
La jueza investiga cohecho y fraude en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo
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LAVERDAD/Murcia* : La Justicia investiga en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.
Fuentes judiciales informaron hoy además de que la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de la localidad murciana de San Javier, Arantxa Moreno, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de las diligencias que se instruyen en este caso, tras los requerimientos judiciales efectuados el pasado verano en ambos ayuntamientos.
En este caso, iniciado por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por presuntas irregularidades administrativas en ambos consistorios, la jueza ha tomado declaración a 14 imputados, y el procedimiento "continúa parcialmente bajo secreto de sumario".
El 19 de junio de 2007 funcionarios judiciales se personaron en el ayuntamiento de Torre Pacheco para recabar documentación relacionada con la gestión del consistorio desde 2004 referida a planes parciales, expedientes sancionadores, de contratación de obra pública y de proyectos de urbanización realizados en el término municipal.
El pasado 27 de junio el juzgado devolvió parte de la documentación que se había llevado del ayuntamiento.
Pocos días después, el 3 de julio, una delegación judicial se personó en el consistorio de Fuente Álamo para recoger documentación sobre planes parciales de urbanismo tramitados en el municipio, expedientes relacionados con la sociedad Construcciones Torre Pacheco, del empresario Facundo Armero, que el pasado 6 de noviembre declaró ante la jueza por este caso.
Ese mismo día lo hicieron también la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, del PP; la edil de Obras y Servicios Públicos, Inés Mendoza; el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini, y la ex concejala de Urbanismo, María del Mar Pedreño, que salieron en libertad sin cargos.
No obstante, Armero y Martini tienen la obligación de comparecer mensualmente ante la Justicia.
* La Verdad - 21.01.08 - EFE | MURCIA
Foto: Fuente Álamo (Murcia) - ayto-fuentealamo.es
Arzúa se pone en pie de guerra contra el plan de urbanismo
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : La casa de cultura de Arzúa se quedó pequeña para acoger a más de medio millar de personas que se dieron cita convocadas por la Plataforma Veciñal que intenta defender los intereses de una buena parte de los arzuanos, tanto del casco urbano como del rural, ante las últimas modificaciones incluidas en el Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal (PXOM).
En una cita sin precedentes en el municipio arzuano, por el número de vecinos que congregó, la nueva plataforma decidió solicitar al grupo de gobierno –en manos del BNG con mayoría absoluta– la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se acuerde la devolución del PXOM a la Consellería de Medio Ambiente, la exposición pública del documento a efectos de alegaciones por el plazo de un mes y la contestación razonada a cada una de esas alegaciones. Dicho pleno creen que se debe celebrar en el multiusos para que puedan acudir todos los interesados
Los responsables de este nuevo colectivo sienten que los vecinos afectados fueron engañados y que quedaron indefensos ante lo que consideran un atentado a los derechos de las personas a ser informadas y a poder alegar, ya que las modificaciones del PXOM en ningún momento se expusieron al público.
La Plataforma Veciñal se queja de que una gran parte de las modificaciones –como variaciones de alturas, alineación de edificaciones y nuevos inmuebles catalogados en Patrimonio– se hicieron después de la aprobación inicial del PXOM y que no responden a ningún tipo de valor arquitectónico o cultural, dejando indefensos a los afectados al no poder encauzar las alegaciones que estimen oportunas.
La situación es más dolorosa porque la plataforma afirma que el gobierno municipal conocía estos cambios y, pese a todo, no los puso en conocimiento de los vecinos interesados. Este hecho es interpretado desde este nuevo colectivo como una falta de transparencia y un ocultismo que pueden derivar en posibles favoritismos personales en el entorno del grupo de gobierno nacionalista.
LAS CLAVES
Explicaciones al grupo de gobierno
La Plataforma Veciñal que logró unir los intereses de más de quinientos vecinos de Arzúa solicitó el apoyo de los grupos de la oposición para exigir al gobierno municipal una explicación a los cambios del PXOM.
Movilizaciones si no hay una respuesta
En caso de que el gobierno local arzuano no apoye las solicitudes de la Plataforma Veciñal, ésta convocará de nuevo a los afectados para organizar nuevas movilizaciones como concentraciones o cortes de carretera.
* El Correo Gallego - Santiago - 21.01.2008
Foto: Edificio de la esquina de la calle Calvo Sotelo que también se contempla/ Formoso, elcorreogallego.es
NOTICIA RELACIONADA: Los vecinos de Arzúa se rebelan contra los cambios en el PXOM - El Correo Gallego - 17.01.2008
Obras Públicas costeará el derribo de viviendas ilegales en Cádiz
ELPAÍS* : La Junta de Andalucía tiene abiertos 12 expedientes de demolición con sentencia firme en la provincia de Cádiz, sobre las que ya hay ocho órdenes de derribo con carácter inminente. Una de las principales trabas que encuentra la Fiscalía para reponer la legalidad urbanística es la tardanza que acumula la ejecución de estos fallos judiciales.
La falta de recursos económicos de los particulares y de los ayuntamientos para acometer estos derribos lleva a la Junta a asumir de forma subsidiaria estos pagos, aunque transcurrido un considerable tiempo. La Consejería de Obras Públicas y la red de fiscales de Andalucía han ultimado un protocolo para que sea el Ejecutivo andaluz el que asuma estos costes y reduzca trámites al restablecimiento de la legalidad.
El código penal establece que deben ser los propietarios los que acometan y paguen el derribo de sus casas sin licencia. Pero pocas veces se da esta circunstancia. Todavía en El Palmar (Vejer, Cádiz) se recuerda el caso de Rosendo Bonillo, que en 2006 se derribó sus cinco chalés en cumplimiento de una sentencia. O el más reciente de una pizzería en la misma pedanía, cuyo dueño también prefirió demoler por su cuenta. No es lo más habitual.
Los propietarios suelen aferrarse a recursos judiciales y a la esperanza de que una futura regularización salve sus casas. Cuando los particulares no actúan, el mismo código penal establece que son los ayuntamientos los que deben asumir esta responsabilidad, aunque no todos tienen fondos para ello. Al final, es la Junta la que ejecuta la demolición.
Para evitar estas trabas, Obras Públicas y la red de fiscales de Medio Ambiente han preparado un protocolo que establece que la Consejería se haga cargo de los costes de este proceso. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, se felicita. "Es una ayuda necesaria porque el proceso de demolición es muy complejo y se dilata en el tiempo", sostiene. El delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, matiza que las aportaciones autonómicas no serán generales sino que se aprobarán tras estudiar cada caso.
Desde 2001 la Delegación de Obras Públicas de la Junta y hasta finales de 2007 había abierto 385 expedientes urbanísticos para perseguir la proliferación de viviendas ilegales. La mayoría de ellos, 283, fueron sancionadores. En la actualidad la Junta tiene aprobados los expedientes de contratación de obras de demolición para dos casas de El Palmar.
También la Demarcación de Costas ha decidido intervenir ante las viviendas ilegales. El Ministerio de Medio Ambiente entregará incentivos a los ayuntamientos que colaboren en poner orden al urbanismo salvaje. Ya se han iniciado conversaciones con los ayuntamientos de Vejer, Rota, Chipiona, Sanlúcar y Barbate. Esos planes consensuados conllevarían el derribo de casas ubicadas en zonas protegidas. A cambio esos suelos recibirían inversiones para mejorar los accesos a las playas, tratar las dunas dañadas o crear senderos en el litoral.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 21/01/2008
Foto: Chiclana (Cádiz), zona viv. ilegales - ELPAIS / Roman Ríos
La Costa da Morte volvió a manifestarse contra el Plan Acuícola en Malpica
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : "Se isto non se amaña, ¡caña, caña...!" Esta fue una de las numerosas consignas coreadas ayer en Malpica de Bergantiños, donde más de medio millar de personas se manifestaron en contra del Plan Acuícola diseñado por la Consellería de Pesca, y en especial, contra la inclusión en el mismo del área de Seiruga.
Además de vecinos de Malpica, uniformados con camisetas de color naranja, entre los manifestantes resaltaban también las de color azul, que vestían los de Merexo (Muxía), y las verdes de los de Camelle (Camariñas) que, una vez más, volvieron a unir sus voces en contra de la ubicación de piscifactorías en sus respectivas localidades.
A ellos se sumaron también representantes del colectivo ecologista Verdegaia y de todos los grupos políticos de Malpica, entre ellos el alcalde, el socialista Ramón Varela, que la pasada semana intentó en vano convencer a la conselleira para que Seiruga se excluyese del Plan Acuícola.
La marcha partió de la casa consistorial y se dirigió al puerto de la villa, concluyendo una hora después en el punto de partida. Durante la misma se oyeron peticiones de dimisión a Touriño y Carmen Gallego, a la que acusaban en algunas pancartas de haber diseñado "un plan hipotecario" para la costa.
La presidenta y el portavoz de la plataforma Seiruga Limpa, Irene Muíño y Alfonso Vidal, antes de disolver la concentración, acusaron a la Xunta de diseñar un Plan Acuícola que "é un feixe de mentiras", ya que mientras la Administración autonómica dice que se van a crear 2.800 puestos de trabajo en Galicia, "as empresas dín que só serán 1.200". En el caso de Seiruga, añadieron, "ó noso alcalde dixéronlle que serían 50, e se facémo-lo cálculo polo plan serían 127".
Creen asimismo que se está "especulando" con los terrenos, pues, según Vidal, en Mougás se pagaron terrenos a 30 euros el metro cuadrado, "mentras que aquí só valen 6, en Merexo nada, e en Camelle unha miseria".
Una zona muy turística
Entre las razones que vienen esgrimiendo los vecinos de Malpica para oponerse a la construcción de una granja acuícola en Seiruga está el impacto visual y ambiental que causaría en una zona que atesora un gran potencial turístico, ya que se ubica entre dos playas. Además, de los informes que maneja la plataforma vecinal se deduce que perjudicaría al equilibrio biológico de dicho espacio, en cuyas proximidades hay también un castro, por lo que su deseo es preservar el entorno natural.
Unas razones que la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, considera que carecen de peso y así se lo hizo saber al alcalde, confirmándole además que el proyecto cuenta con los informes favorables de Medio Ambiente y Patrimonio, y se aprobará en un mes y medio.
EL DATO
Más movilizaciones
La plataforma Seiruga Limpa tiene previsto continuar con sus movilizaciones en contra del Plan Acuícola. Anuncian concentraciones ante la Consellería de Pesca mientras su titular, Carmen Gallego, se niegue a recibirlos. Además preparan, junto con otros colectivos, una gran concentración en Santiago.
* El Correo Gallego - J. M. RAMOS • MALPICA - 21.01.2008
Foto: Los manifestantes recorrieron las calles de Malpica para pedir a la Xunta que cambie el Plan Acuícola/ RAMÓN BUSTO, elcorreogallego.es
Málaga: El Seprona investigó 44 delitos por casos urbanísticos en 2007
LAOPINIÓN/Málaga* : Los casos urbanísticos copan gran parte de la actividad judicial en la provincia de Málaga. La Fiscalía de Medio Ambiente estima que la mitad de los municipios de la provincia han sido investigados por cometer presuntas irregularidades urbanísticas, ya sea por edificaciones ilegales, por la concesión de licencias de obra que contravienen la normativa urbanística, o por no cumplir con los plazos legales para construir.
Precisamente el Servicio de Protección de la Naturaleza investigó en 2007 un total de 44 delitos por casos urbanísticos, de los que 37 correspondieron a edificaciones presuntamente ilegales y siete a obras, según datos proporcionados por la Subdelegación del Gobierno. No obstante, los casos en materia urbanística tramitados por el Seprona se han reducido considerablemente, en concreto a la mitad con respecto a hace dos años. El pasado año la Guardia Civil abrió 261 expedientes urbanísticos -suman las infracciones administrativas y los delitos-, mientras que en 2006, actuó en un total de 495, lo que convirtió a Málaga en la provincia con más infracciones en Andalucía. No obstante, de esos expedientes, sólo se consideraron delitos seis casos.
En cuanto a las infracciones administrativas tramitadas en 2007 (no conllevan a un proceso penal), 109 hacían referencia a edificaciones, 89 a obras y 19 a trabajos de movimientos de tierra.
Minería. El Seprona también intervino en casos contra el medio ambiente, derivados del uso de recursos naturales sin permisos o sobreexplotación de yacimientos. En el ámbito de la minería se tramitaron un total de 48 infracciones administrativas por extracción de recursos mineros y 38 por explotación de los minerales sin autorización de la administración competente.
Otras intervenciones en este ámbito correspondieron a expedientes administrativos por actividades con aguas minerales o termales, y otras once por infracciones derivadas de otras actividades mineras.
Denuncias. En el apartado de turismo, se formularon 71 denuncias administrativas por acampar en zonas no habilitadas, nueve por el uso de caravanas y 27 por el empleo de embarcaciones de recreo en parajes costeros. Asimismo, se recibieron cuatro denuncias por construcciones en vías pecuarias.
El Seprona trabaja muy ligado a la Fiscalía de Medio Ambiente para luchar contra la delincuencia urbanística en la Costa del Sol. Sus actuaciones se han convertido en la principal fuente parta los órganos judiciales que inician causas contra la ordenación del territorio.
Además de este servicio, la Guardia Civil cuenta con un equipo especializado en corrupción inmobiliaria que colabora con la Fiscalía Anticorrupción. En España hay 200 agentes dedicados a esta labor.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 21 de enero de 2008
Foto: El Seprona vela por el cuidado del entorno. EFE
¿Cuál es el siguiente municipio?
LAVERDAD/Murcia* : Los dirigentes del PP y del PSOE se han enfrascado en una escalada para ver quién reclama el mayor castigo político a los detenidos e imputados de cada bando -expulsados ya de la militancia- a cuenta de los escándalos urbanísticos de Totana y de Los Alcázares. Esa carrera parece no tener fin a la hora de extremar y apurar las responsabilidades, con el deseo de fondo de trasladar la culpabilidad a los órganos directivos de cada partido. En definitiva: A ver quién llega más lejos propinando el mayor escarmiento público, para satisfacer a los ciudadanos y arrogarse el premio de la ética y la estética políticas.
Mientras tanto, el problema de fondo que ha dado pie a esta ola de corrupción -presunta- en territorio murciano sigue en el limbo. Esto es, el uso y abuso de los convenios urbanísticos que, pese a estar regulados y reconocidos por ley, se manifiestan con renglones torcidos e ilícitos cada vez que la tentación es muy fuerte ante voluntades volubles y corrompibles. Una especie de reino de jauja se ha instalado en determinados municipios y ahora está pasando factura.
No hay que generalizar, pero a este paso se corre el peligro de que la excepción se convierta en costumbre, ya que, además de Totana y Los Alcázares, jueces y fiscales también ha levantado en peso los archivos urbanísticos de Torre Pacheco y Fuente Álamo. Eso, aparte de las denuncias en curso en otras poblaciones. De momento, tirando por lo alto y a modo de balance provisional, hay un alcalde en prisión, otros tres imputados, un ex alcalde hasta ayer en los calabozos, otro ex alcalde y diputado regional a punto de ser procesado; además de concejales y ex altos cargos imputados en otros casos. Una lista demasiado larga y socialmente inaceptable.
El deseo de unos cuantos regidores de alicatar su municipio de ladrillo, cemento y campos de golf a golpe de convenios urbanísticos tiene estas consecuencias. No hay nada más peligroso y arbitrario que un concejal tirando rayas con un lápiz sobre el mapa: Esta parte urbanizable; ésta otra protegida; aquí un convenio; al otro lado una recalificación que genera millonarias plusvalías; y más allá el plan urbano a palo seco. ¿Qué puede salir de todo eso? ¿Dónde va un alcalde aprobando más de 50 convenios urbanísticos de golpe? Con intención o sin ella, los jueces y fiscales, la Guardia Civil y la Policía Nacional le han tapado por ahora la boca a aquellos del PP murciano que se quejaban de un trato desigual de la Justicia y de la Fiscalía. A Totana (PP) le ha seguido Los Alcázares (PSOE), donde el secreto de sumario se había ido prorrogando, quizás a la espera de pruebas concluyentes. Pero la cosa, probablemente, no va a quedar así, ya que como ha comentado alguien estos días, «esto no es un empate. Estamos en el minuto 10 del partido».
Según diversas fuentes, es muy probable que a Los Alcázares le sigan otros casos y municipios gobernados por el PP y que están siendo investigados por las brigadas anticorrupción, sobre la base de denuncias presentadas en su día, como ya publicó La Verdad. Alguna diligencia incluso podrían apuntar más alto. Está por saber si el próximo golpe será antes o después de las elecciones generales del 9 de marzo. Mientras tanto, ¿qué imagen!
* La Verdad - ANUEL BUITRAGO - 21 enero 2008
Foto: Murcia, vista huerta - wikipedia.org
La mayoría de PGOU de 2007 no tiene informe de sostenibilidad
ELPAÍS/Valencia* : La mayoría de los Ayuntamientos valencianos ignora la legislación estatal y autonómica en materia de impacto medioambiental y participación pública en el trámite de sus nuevos planeamientos urbanísticos, según constata un estudio del colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano. El informe resalta que de los 28 planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sometidos a información pública durante el año 2007, tras superar la fase de concierto previo, sólo tres municipios habían elaborado el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental.
Los conservacionistas responsabilizan a la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de "tolerar" esa vulneración de la norma. El departamento que dirige José Ramón García Antón rechaza la denuncia.
Ecologista en Acción del País Valenciano asegura que la tramitación de la mayoría de los nuevos planes generales vulnera la ley estatal de evaluación ambiental estratégica e impide, por tanto, la participación pública recogida en la misma. El grupo ecologista, a tenor del seguimiento realizado a la actividad urbanística de los municipios valencianos en el año 2007, también denuncia que el grueso de planes no incluye la participación pública para la redacción de los estudios de paisaje, incumpliendo de esta forma la normativa autonómica.
El estudio de Ecologistas en Acción del País Valenciano constata que sólo dos de los 28 municipios habían recogido en sus respectivos PGOU un plan de participación pública previsto en la Ley 9/2006 sobre evaluación ambiental estratégica y en la ley 27/2006 que incorpora la normativa europea recogida en el convenio de Aarhus. Los Ayuntamientos que cumplimentaron ese trámite fueron el de Palomar, en la provincia de Valencia, y Castalla (Alicante). Además, únicamente otros tres municipios habían elaborado el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental y lo sometieron a información pública. Esos tres Ayuntamientos fueron los de Palma de Gandia, Aielo de Malferit (ambos en la provincia de Valencia) y Caudiel (Castellón), aunque este último con posterioridad a la información pública del proyecto.
Y en cuanto al cumplimiento de la participación pública prevista en la legislación autonómica (reglamento de paisaje, aprobado por el decreto 120/2006 de 11 de agosto), sólo se observó en los PGOU tramitados por los Ayuntamientos de Beniarjó, Lloc Nou d'En Fenollet y Palomar, en la provincia de Valencia; Albocàsser, Almenara, Borriol y Jérica, en la de Castellón, y Planes, Alcalalí y Castalla, en la provincia de Alicante. Para los ecologistas, la principal responsabilidad de que el procedimiento de participación pública no se esté dando actualmente recae en la Generalitat valenciana. El grupo naturalista sostiene que el Consell no informa ni guía a los Ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, de sus obligaciones, y que no ha incorporado la normativa estatal a la legislación autonómica. "Quizás se explique por la falta de interés en aplicar una normativa estatal que, cumpliendo con las directivas europeas, es mucho más ambiciosa que la realidad existente en el País Valenciano", precisa Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción.
La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a través de su gabinete de prensa, rechazó la acusación de los ecologistas. "Todos los PGOU en marcha en la Comunidad Valenciana se están tramitando de manera legal y respetando la norma estatal y autonómica, tanto en el apartado de evaluación ambiental como de la participación pública", señaló la responsable del área de comunicación del departamento que dirige el consejero José Ramón García Antón.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) más polémico aprobado provisionalmente recientemente es el de Sant Joan d'Alacant, que no cumple ninguno de los requisitos recogidos en la legislación vigente (ni el de participación pública ni el de sostenibilidad). Este plan ha recibido más de 300 alegaciones de vecinos, la oposición política y colectivos conservacionistas, entre ellos de Ecologistas en Acción del País Valenciano. El grueso de las alegaciones planteadas al documento urbanístico rechaza la iniciativa del equipo de gobierno local del PSPV de agotar prácticamente todo el suelo no urbanizable que existe en el término municipal y que supera los dos millones de metros cuadrados. El plan previsto para el crecimiento urbanístico de la población a medio plazo llevaría a Sant Joan d'Alacant a tener 32.000 viviendas y a multiplicar por cuatro su actual censo de habitantes, hasta rondar los 70.000 vecinos.
Los planes generales de ordenación urbana tramitados en 2007 en la Comunidad Valenciana y que no cumplen ninguno de los tres requisitos mencionados son los aprobados por los Ayuntamientos de Aielo de Malferit (en concreto el de fecha 29 de diciembre de 2006, uno de los dos que ha impulsado el municipio), Montserrat, Teresa de Cofrentes, Altura, Onda, Benafer, Antella, Alfarp, Lloc Nou d'En Fenollet (uno de los dos que ha tramitado el Consistorio de este municipio valenciano), Rafelcofer, Beniarbeig, Geldo, Caudiel (uno de los dos tramitados), Llutxent, Museros, Teulada, Useres y el citado de Sant Joan d'Alacant.
Planes tramitados que cumplen
- Contemplan la participación pública en la redacción de los estudios de paisaje:
Beniarjó (15/02/2007)
Albocàsser (24/09/2007)
Planes (17/10/2007)
Fenollet (07/11/2007)
Almenara (23/11/2007)
Alcalalí (21/12/2007)
Palomar (21/12/2007)
Borriol (24/12/2007)
Castalla (26/12/2007)
Jérica (27/12/2007)
- Los que incluyen el Informe de Sostenibilidad Ambiental:
Palma de Gandia (20/02/2007)
Aielo del Malferit (21/03/2007)
Caudiel (22/06/2007)
- Los que incluyen la participación pública de Evaluación Ambiental Estratégica:
Castalla (26/12/2007)
Palomar (21/12/2007)
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 20/01/2008
Foto: Sant Joan d'Alacant, playa - mma.es
Fantasma de cemento
SUSO DE TORO* : Tanto la Cidade da Cultura como el puerto exterior de Punta Langosteira son grandes empeños nacidos del pasado. Ambos nacieron en el oscurantismo, de decisiones a espaldas de la ciudadanía y cubiertas con el silencio de medios de comunicación. Ambos fueron proyectos completamente irracionales en origen y por eso ambos deben ser conocidos y racionalizados. El proyecto Cidade da Cultura ha sido expuesto al público, sometido a discusión y ahora parece que está en vías de racionalización. A ver. El proyecto de Punta Langosteira, en cambio, sigue en su limbo, seguimos sin saber nada de él.
No vemos mapas de su localización, foto aérea de su ubicación, alguna explicación cabal del proyecto. Sólo nos queda recurrir a Google Earth, pues en la prensa oímos un denso silencio sobre el lugar y el tema. Sin embargo, igual que la Cidade da Cultura, es un proyecto que la sociedad necesita conocer y luego debatir para poder asumirlo, pues no es una inversión particular de una empresa sino una gran obra pública. Verdad que la Cidade da Cultura se construye con dinero público, pero el dinero para construir el puerto exterior, aunque venga de la Unión Europea, también es público. Es un dinero que se da para ese proyecto y por lo tanto se nos negará para otros proyectos, así que nos debe ser rentable.
A Coruña hace años que necesita sacar de la ciudad los depósitos de Campsa- en años pasados se vivieron situaciones de verdadera emergencia- y seguramente otras descargas también. Por otro lado, la propia dinámica de la ciudad, su crecimiento, su falta de suelo, hacen deseable recuperar para los vecinos el espacio ocupado por el puerto de mercancías. Pero la operación urbanística en curso se fraguó como la trama de un lobby local en torno del alcalde de entonces para dar un pelotazo inmobiliario. Lógicamente se hizo de espaldas a la ciudadanía, sin conocimiento público del proyecto ni posibilidad de debate entre los vecinos. Fue una decisión demasiado importante para la ciudad como para hacerse así, pues condiciona su futuro.
En la práctica, A Coruña renunció a ser puerto, pues se buscó un lugar en otro ayuntamiento sin considerar un emplazamiento más cercano. Es una decisión arriesgada, quizá tenga su lógica pero debería haber sido más meditada pues es un precio muy alto el pagado por la ciudad. Por otro lado, el enclave escogido para levantar el nuevo puerto es muy cuestionado por su peligrosidad en caso de temporal, y hablamos de un proyecto que nació aprovechando la revoltura social creada por el desastre del Prestige. Lo que acaba de hacerlo inverosímil es que una inversión tan costosa queda a unas pocas millas de otro puerto exterior ya construido, el de Ferrol.
En su momento, el lobby promotor, con el alcalde y la Administración de Aznar, consiguió echar a rodar el proyecto y luego, tras resistencias iniciales por parte de la Administración socialista que lo veían disparatado, que la UE lo financiase. La actual ministra de Fomento se topó con el proyecto aprobado por su antecesor, el inolvidable Álvarez Cascos (oportunamente condecorado con medallas), y lo paró. Obligó a reformular los planes de construcción, a dejar más espacio público y a aumentar considerablemente el número de viviendas sociales que se preveían construir. No es raro que la ministra, que de por sí da pie a controversia, fuese tan atacada desde alguna prensa local. Una verdadera campaña, con motes y empapada de sexismo, desatada para evitar esa revisión del proyecto que lo sometía a criterios más sociales.
En cuanto al nuevo puerto en construcción, sigue en la niebla, un fantasma de cemento. Se echan toneladas de euros al fondo del mar y no sabemos lo que se está haciendo allí. Habría que poner sobre la mesa el mapa del proyecto del puerto exterior de Punta Langosteira y a su lado el del puerto exterior de Ferrol. Considerar la posibilidad de unirlos en un único sistema portuario, revisar el sistema de comunicaciones de Ferrolterra y repartir las funciones y servicios entre ambos. Crear un verdadero gran puerto doble, un puerto esgallado, pero con conexión a las autovías y ferrocarril. Tenemos el deber de pensarlo, porque tendremos que pagar las comunicaciones a ambos puertos e integrarlos en un proyecto de país, hacerlos nuestros y rentables.
* ELPAIS.com - 20/01/2008
