LAVERDAD/Murcia* : Los dirigentes del PP y del PSOE se han enfrascado en una escalada para ver quién reclama el mayor castigo político a los detenidos e imputados de cada bando -expulsados ya de la militancia- a cuenta de los escándalos urbanísticos de Totana y de Los Alcázares. Esa carrera parece no tener fin a la hora de extremar y apurar las responsabilidades, con el deseo de fondo de trasladar la culpabilidad a los órganos directivos de cada partido. En definitiva: A ver quién llega más lejos propinando el mayor escarmiento público, para satisfacer a los ciudadanos y arrogarse el premio de la ética y la estética políticas.
Mientras tanto, el problema de fondo que ha dado pie a esta ola de corrupción -presunta- en territorio murciano sigue en el limbo. Esto es, el uso y abuso de los convenios urbanísticos que, pese a estar regulados y reconocidos por ley, se manifiestan con renglones torcidos e ilícitos cada vez que la tentación es muy fuerte ante voluntades volubles y corrompibles. Una especie de reino de jauja se ha instalado en determinados municipios y ahora está pasando factura.
No hay que generalizar, pero a este paso se corre el peligro de que la excepción se convierta en costumbre, ya que, además de Totana y Los Alcázares, jueces y fiscales también ha levantado en peso los archivos urbanísticos de Torre Pacheco y Fuente Álamo. Eso, aparte de las denuncias en curso en otras poblaciones. De momento, tirando por lo alto y a modo de balance provisional, hay un alcalde en prisión, otros tres imputados, un ex alcalde hasta ayer en los calabozos, otro ex alcalde y diputado regional a punto de ser procesado; además de concejales y ex altos cargos imputados en otros casos. Una lista demasiado larga y socialmente inaceptable.
El deseo de unos cuantos regidores de alicatar su municipio de ladrillo, cemento y campos de golf a golpe de convenios urbanísticos tiene estas consecuencias. No hay nada más peligroso y arbitrario que un concejal tirando rayas con un lápiz sobre el mapa: Esta parte urbanizable; ésta otra protegida; aquí un convenio; al otro lado una recalificación que genera millonarias plusvalías; y más allá el plan urbano a palo seco. ¿Qué puede salir de todo eso? ¿Dónde va un alcalde aprobando más de 50 convenios urbanísticos de golpe? Con intención o sin ella, los jueces y fiscales, la Guardia Civil y la Policía Nacional le han tapado por ahora la boca a aquellos del PP murciano que se quejaban de un trato desigual de la Justicia y de la Fiscalía. A Totana (PP) le ha seguido Los Alcázares (PSOE), donde el secreto de sumario se había ido prorrogando, quizás a la espera de pruebas concluyentes. Pero la cosa, probablemente, no va a quedar así, ya que como ha comentado alguien estos días, «esto no es un empate. Estamos en el minuto 10 del partido».
Según diversas fuentes, es muy probable que a Los Alcázares le sigan otros casos y municipios gobernados por el PP y que están siendo investigados por las brigadas anticorrupción, sobre la base de denuncias presentadas en su día, como ya publicó La Verdad. Alguna diligencia incluso podrían apuntar más alto. Está por saber si el próximo golpe será antes o después de las elecciones generales del 9 de marzo. Mientras tanto, ¿qué imagen!
* La Verdad - ANUEL BUITRAGO - 21 enero 2008
Foto: Murcia, vista huerta - wikipedia.org
¿Cuál es el siguiente municipio?
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21.1.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Murcia
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