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ELPAÍS/Pontevedra* : El Ayuntamiento de Sanxenxo ha levantado en un espacio protegido un museo que, según Salvemos Pontevedra, es ilegal. El colectivo ha presentado una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque la Consellería de Política Territorial autorizó el inmueble sin tener en cuenta un informe que advertía de que el proyecto incumplía la legislación. Salvemos Pontevedra acusa a una jefa de servicio de este departamento de bloquear una resolución contra las obras.
El Ayuntamiento adquirió durante el mandato de Telmo Martín (PP) una antigua fábrica de la parroquia de Vilalonga para restaurarla y convertirla en un museo del mar y centro de interpretación. Cuando en 2004 el gobierno local pidió permiso a la Xunta del PP para ejecutar las obras Política Territorial emitió un informe en el que advertía que el uso que se pretendía dar al inmueble estaba "prohibido".
Este informe no impidió que el entonces director general de Urbanismo, Martín Fernández Prado, autorizase las obras en junio de 2005. Salvemos Pontevedra interpuso un recurso de alzada contra esta decisión que sigue sin resolverse dos años después.
En este tiempo se produjo el cambio de gobierno. La Dirección Xeral de Urbanismo, ya en manos del PSdeG, analizó la reclamación de los ecologistas y emitió un informe en el que acepta sus argumentos. El dictamen confirma que la ejecución de un museo es un "uso prohibido" en esa parcela y revela que las obras no consisten en una restauración sino en una demolición ilegal que no cuenta con autorización. Los técnicos de Urbanismo certifican asimismo que el proyecto prevé un edificio nuevo con más altura de la permitida.
Este informe que da la razón a los ecologistas fue emitido en julio de 2006 pero nunca dio pie a una resolución que parara las obras, ya ejecutadas. Salvemos Pontevedra acusa de "pasividad" a la funcionaria de Política Territorial que debe firmar la resolución. La consellería achaca la situación a un "retraso administrativo" heredado de la anterior Administración y dice que el recurso de 2005 se resolverá "en breve".
* ELPAIS.com - S. VIZOSO - Santiago - 20/09/2007
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Un informe declara ilegal un museo que levantó el Ayuntamiento de Sanxenxo en área protegida
Comunicado ante el anuncio del Gobierno
ASAMBLEAPORUNAVIVIENDADIGNA* : Ante el anuncio del nuevo Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler anunciado ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de la Vivienda, Carmen Chacón, Vdevivienda quiere trasladar a la opinión pública la valoración que ha realizado de dicha iniciativa:
En primer lugar, se trata de un anuncio claramente electoralista, que busca ganar votos a 6 meses de las elecciones generales; es además un plan apresurado, que en principio iba a presentarse en octubre, y del que sólo se han detallado sus dos principales propuestas, pero el resto de las medidas están sin concretar, tanto en su coste como en su desarrollo posterior.
Por otro lado, sería ingenuo pensar que la coincidencia en el tiempo de la presentación de este plan y de la comparecencia en el Congreso de los Diputados del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, suscitada tras los rumores de una extensión de la crisis crediticia internacional a la banca española, es una mera casualidad. Este plan es otro parche más que no entra en lo esencial, que es garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que es lo que defendemos desde vdevivienda, objetivo por el que volveremos a manifestarnos en todas las grandes ciudades del país el próximo 6 de octubre, a las 6 de la tarde.
En segundo lugar, los incentivos que se destinarán desde el Ejecutivo en forma de ayudas directas para fomentar el alquiler entre los jóvenes y de desgravaciones fiscales, también para el alquiler, no garantizan que estos alquileres no vayan a subir, como tampoco lo han hecho las desgravaciones a la compra. Debido a que no se fija un tope máximo para establecer el precio de los alquileres, y a la falta de una verdadera competencia en el mercado del alquiler, tan escasamente desarrollado en nuestro país, nada impedirá a los arrendadores subir el precio de los alquileres, más teniendo en cuenta que sus inquilinos dispondrán de una mayor cantidad de dinero para hacer frente a los mismos. Esto se une al hecho de que los propietarios están exentos de declarar a Hacienda el 100% de los ingresos procedentes de alquileres con inquilinos menores de 35 años (50% exentos para el resto de los propietarios); por tanto, el propietario es el más beneficiado, puesto que no sólo está exento de declarar a hacienda, sino que además podrá apropiarse de la subvención concedida a los inquilinos mediante una subida en la cuantía del alquiler.
Desde Vdevivienda consideramos que el único modo de garantizar el derecho al alojamiento es el de fomentar un verdadero parque público de viviendas en alquiler. Nuestra principal reivindicación en este sentido es la actuación sobre los más de 3 millones de viviendas vacías que hay censadas, y darles un uso social a través de su inclusión en una bolsa de alquiler público.
El próximo 6 de octubre, a las 6 de la tarde, volveremos a defender estas ideas en la que será la manifestación más multitudinaria de la historia por el derecho a una vivienda digna.
* Asamblea por una Vivienda Digna - Madrid, 19 de septiembre de 2007
La crisis inmobiliaria deja en el aire el 'pelotazo' de Soler en Mestalla
ELPAÍS/Valencia* : La crisis del mercado inmobiliario ha echado por tierra las expectativas que el Valencia CF y especialmente su presidente, Juan Soler, había depositado en el pelotazo que proyectaba dar en la venta de los solares del actual Mestalla. La presentación de ofertas para hacerse con la primera parcela en la avenida de Aragón quedó ayer desierta, lo que no augura un buen futuro para la gestión económica en el club valencianista. La subasta de los terrenos de Mestalla, que debe financiar los gastos del nuevo campo, llega en el peor momento para el sector inmobiliario.
Finalizado ayer a las 14.00 el plazo para la presentación de ofertas por la subasta de la primera parcela de las seis que conforman el actual coliseo valencianista, ninguna promotora había mostrado su interés por hacerse con estos terrenos de 18.400 metros cuadrados de edificabilidad, que tenían un precio de salida de 90 millones de euros. El club optó por abrir un nuevo plazo, que finalizará el próximo 30 de noviembre, para que se puedan efectuar nuevas ofertas de compra sobre dicha parcela.
Además, y a pesar de que los dirigentes del Valencia mantuvieron diversas negociaciones con promotoras nacionales e internacionales que pretendían rebajar el importe fijado, el precio de salida seguirá siendo de 90 millones, lo que supone 4.880 euros por metro cuadrado edificable. Demasiado dinero.
La noticia afecta directamente a la viabilidad del nuevo Mestalla, así como a las arcas del club valencianista, que tiene 132 millones de euros de deuda histórica, más 30 millones de déficit acumulado por año desde la llegada de Juan Soler a la presidencia de la entidad.
El mismo día en que se presentó el proceso de subasta de los terrenos que hoy ocupa el estadio de Mestalla, el presidente del club, Juan Soler, garantizó que el proyecto de venta de estos solares saldría adelante. Así, Soler se comprometió a quedarse, al menos, esa primera parcela por el precio de salida si no le salían compradores.
Fuentes cercanas al máximo accionista del club aseguran que el presidente dispone de solvencia económica suficiente. "En los últimos años ha funcionado muy bien en el mercado urbanístico", aseguran. Sin embargo, la opción que plantea el Valencia, la de abrir un nuevo plazo, indica que al empresario tampoco le apetece desembolsar en este preciso momento esos 90 millones por unos terrenos en los que no se podrá trabajar hasta, al menos y siendo muy optimistas, dentro de dos años -cuando ya esté construido el nuevo Mestalla-. La operación reúne demasiado riesgo en un momento tan delicado para las promotoras.
Así las cosas, la crisis del mercado inmobiliario afecta directamente al pelotazo urbanístico ideado para reflotar al club de Mestalla y financiar con coste cero un nuevo estadio (proyectado en unos 240 millones de euros) en la avenida de las Cortes Valencianas. Además, a esos 240 millones cabe sumar los 45 que hay que abonar al Ayuntamiento por el solar en Cortes Valencianas; los siete para la urbanización de la avenida de Aragón; y los seis que costará el polideportivo municipal que el club construirá junto al nuevo estadio, según acordó con la corporación municipal.
El Valencia CF aspiraba inicialmente a obtener unos ingresos próximos a los 324 millones de euros. Si la crisis termina perjudicando realmente a la venta del antiguo Mestalla, la financiación del futuro estadio podría pender de un hilo a no ser que sea Soler el que asuma la compra de las otras cuatro parcelas restantes -ya que al Ayuntamiento de Valencia le corresponde un 18 por ciento de la edificabilidad total, es decir, aproximadamente una de las parcelas situadas junto al nuevo Ayuntamiento -. Seguramente Soler no tiene para tanto.
UNA SUBASTA FRUSTRADA
- El Valencia CF pretendía recaudar 90 millones de euros por la venta de una parcela de 2.400 metros.
- La edificabilidad prevista en la parcela a subasta está fijada en 18.000 metros cuadrados.
- La repercusión mínima del precio del solar sería de 5.000 euros por metro cuadrado construido.
- El comprador del solar tendría que esperar, al menos, dos años para poder actuar sobre el suelo.
* ELPAIS.com - NADIA TRONCHONI - Valencia - 20/09/2007
Foto: Valencia, campo Mestalla - espanja.org
Benidorm pierde 7,2 millones al cambiar el pago de costes de un PAI
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Benidorm ha renunciado a terrenos valorados en 7,2 millones de euros en el Plan de Actuación Integrada 1 Murtal, al cambiar la fórmula de pago de los costes de urbanización que le corresponden al ayuntamiento por el 10% de aprovechamiento y hacerlo en terrenos en lugar de en dinero.
El Gobierno, del PP, decidió en 2005 abonar en metálico los 2,49 millones de euros que le corresponden por la urbanización de los 14.982 metros cuadrados de techo que son de su propiedad, pero alegando la falta de consignación presupuestaria en mayo de este año se cambió la fórmula en un pleno, lo que obliga al consistorio a ceder el 50% de los terrenos, según el coeficiente que fijó el propio consistorio en el año 2000 para los propietarios de terrenos que pagaran en especie. Fuentes del sector inmobiliario cifran el precio del metro cuadrado de techo en la zona a 960 euros, lo que eleva a 7,2 millones de euros el valor de la parcela que el consistorio hubiera podido retener aportando los 2,49 millones de euros en metálico. El PSPV ha ido más allá y ha valorado en 21 millones de euros el valor que puede conseguir el terreno una vez esté urbanizado, a razón de 2.700 euros el metro. El grupo socialista ha presentado un recurso contencioso administrativo en Alicante para que la ciudad "no pierda ni regale su patrimonio", según un portavoz.
La empresa responsable de desarrollar el sector pertenece al grupo Invercon, del promotor Francisco Gómez Hernández, presidente del FC Cartagena y que proyecta levantar la Ciudad del Golf en un paraje protegido de las Navas del Marqués (Ávila) a pesar de que una sentencia lo prohibía. El sector se encuentra en la zona de Poniente, próximo al parque temático Terra Mítica, y tiene una extensión de 907.656 metros, en los que construirá unas 2.000 viviendas. En la actualidad está pendiente de aprobación el proyecto de reparcelación.
"Pelotazo"
El concejal socialista Jaime Llinares denuncia que "no existe ninguna valoración ni el ayuntamiento ha argumentado el porqué de este cambio", y habla de "pelotazo". El portavoz del PP, Antonio Pérez, sin embargo recuerda que dos informes técnicos avalan el acuerdo -uno dice que no hay consignación presupuestaria y el otro que el trámite administrativo seguido es legal-, y que el PSPV "ya presentó un recurso de reposición que ha sido desestimado en base a un informe externo". Este informe, firmado por el abogado Federico López, señala que el coeficiente de intercambio del 50% "no puede sufrir modificaciones en perjuicio del Urbanizador", ya que los acuerdos "son firmes para el Ayuntamiento" al existir varias sentencias.
Prometosa Construcciones, del grupo Invercon, fue adjudicataria del sector en julio del 2000, tras presentar como mejora la aportación voluntaria del 34% del suelo al municipio, una cantidad que valoró en 8,46 millones de euros. Aunque el consistorio pidió que la hiciera efectiva "en solares edificables" la empresa pidió entregar esta cantidad en metálico y calificó de "inviable" la cesión de terrenos.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 20/09/2007
Foto: Benidorm (Alicante)- EFE
Comunicado sobre las medidas electoralistas aprobadas en materia de vivienda
VDEVIVIENDA* : Las recientes medidas aprobadas por el gobierno en relación a la vivienda solo nos demuestran una cosa: Hoy más que nunca debemos continuar con las movilizaciones para exigir que se haga efectivo el derecho a la vivienda. No podemos obviar que dichas medidas se adoptan a pocos meses de la elecciones generales y que su propósito, al igual que el Pacto y la Llei d’habitatge en Cataluña, tienen un carácter descaradamente electoralista. Aunque la desgravación fiscal del alquiler es una medida reivindicada históricamente desde el inicio del movimiento, solo la podemos entender como un primer paso hacia un conjunto de medidas estructurales que aplicadas de manera íntegra hagan de la vivienda un derecho y no una mercancía.
Sin embargo, en lugar de proponer medidas estructurales, el gobierno ha planteado unas ayudas directas al alquiler que son inflacionistas, ya que acabarán repercutiendo sobre el precio ya desorbitado de los alquileres: si el parque de alquileres sigue siendo reducido, los propietarios incorporarán las ayudas públicas a los precios. La casa que hoy alquilan por 1.000€, mañana la alquilarán por 1.200€: ¿es así como el gobierno piensa garantizar el derecho a la vivienda? ¿Por qué no se regulan los precios de los alquileres, como hacen otros países europeos?
Y lo que es peor, marginan a un sector mayoritario de la población: ¿qué pasa con las personas mayores de 30 años? ¿No tenemos derecho a acceder a una vivienda?.
Entendemos que el derecho a una vivienda es un derecho universal, que no entiende de edades y que afecta al conjunto de la ciudadanía.
No nos olvidamos que en todo el Estado existen más de tres millones de viviendas vacías, que no cumplen su función social. Muchas de ellas, nuevas promociones que han quedado invendibles: ¿Por qué no se obliga de una vez por todas a que estas viviendas cumplan la función social a la que obliga la Constitución?
Lamentablemente, nos vemos obligados a constatar, una vez más, que las instituciones no tienen ninguna voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Las medidas anunciadas no sólo son márqueting pre-electoral, sino que encubren la misma política de siempre: destinar dinero público para favorecer aún más a aquellos que hasta ahora se han enriquecido especulando con un derecho fundamental. Ahora que estamos ante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, impulsada desde los distintos gobiernos en los últimos años, y que la venta de pisos ya no es el gran negocio, sacan medidas para seguir asistiendo a la mafia inmobiliaria.
Las personas que seguimos sin casa, las que seguimos pagando alquileres abusivos, las hipotecadas que vemos como suben los tipos de interés mientras los bancos siguen aumentando sus beneficios, las que sufrimos mobing por la presión inmobiliaria en los centros históricos, las que no llegamos a fin de mes… saldremos con más fuerza que nunca el próximo 6 de octubre a la calle para gritar que no nos toman el pelo: que con estas políticas, ¡no vamos a tener una casa en la puta vida!
Más información en: bcn.vdevivienda.net
* Vdevivienda - Barcelona - 18 Septiembre 2007
Juzgados por prevaricación el ex alcalde de A Estrada y 8 de sus concejales
ELPAÍS/Pontevedra* : Han pasado 13 años desde que dio comienzo el proceso judicial contra la corporación de A Estrada por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística iniciado a instancias del BNG. Ayer se celebró un juicio oral en la sala número 1 del Juzgado de lo Penal de Pontevedra, que sigue hoy.
Allí comparecieron nueve de los 11 imputados -los otros dos fallecieron-, miembros del gobierno municipal en 1993 y 1994, incluido el entonces alcalde, el popular Ramón Campos. En aquella fecha los acusados concedieron supuestamente las licencias para unos edificios con dos alturas más de lo permitido y autorizaron la construcción de chalés de forma irregular.
Tanto tiempo ha pasado que ninguno de ellos recordaba ya los detalles de los plenos en los que se aprobaron estas licencias. No obstante, todos coincidieron en que "nunca" fueron "advertidos" de que estaban incurriendo "en una ilegalidad", según explicó el que fue regidor del PP hasta el pasado 27 de mayo. Campos se refirió a los informes de los técnicos municipales que, según dijo, señalaban la idoneidad de corregir algunos aspectos técnicos para ajustarse a la legalidad pero "no eran vinculantes".
La Fiscalía solicita para los imputados una pena de 16 años de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 36 meses a razón de 18 euros diarios. El grueso de la corporación contó para su defensa con el hijo de Xesús Palmou. El ex secretario general del PPdeG era miembro del Gobierno en aquellos años pero fue excluido de la causa por ser aforado y no participar en todos los plenos.
* ELPAIS.com - LARA VARELA - Pontevedra - 19/09/2007
Foto: A Estrada - elconfidencial.com
El Gobierno de Murcia empieza a desfilar ante la Justicia por el pelotazo de La Zerrichera
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VEGAMEDIAPRESS* : Tres altos cargos del Gobierno regional del Partido Popular, de Ramón Luis Valcárcel, son los primeros en empezar a desfilar como imputados por el pelotazo urbanístico en el paraje protegido de La Zerrichera ante el magistrado titular del Juzgado número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, instructor de la querella criminal presentada la primavera pasada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal.
Los primeros en comparecer y prestar declaración han sido el matrimonio integrado por Antonio Alvarado y Encarna Muñoz, que antes de las elecciones de mayo pasado eran directores generales de Calidad Ambiental y del Medio Natural, respectivamente. El tercero en comparecer ante la justicia ha sido Juan Ignacio Sánchez Gelabert, que era jefe del Servicio de Calidad Ambiental. Todos ellos de la consejería de Medio Ambiente.
Para el jueves está prevista la comparecencia ante el magistrado instructor de los dos otros imputados pertenecientes a la consejería de Obras Públicas, así como la del alcalde y un ex concejal de Águilas, en cuyo término municipal el grupo Hispania, del constructor Trinitario Casanova Abadía, proyectó construir una mega urbanización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 128 hoyos, en este paraje de la Red Natura de la Unión Europea. En total son siete imputados, todos ellos destacados militantes del Partido Popular (PP).
Este pelotazo urbanístico produjo 75 millones de euros en plusvalías a Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas y Vivienda, Joaquín Bascuñana, a través de una operación financiera con la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián). Esta caja vasca está implicada en otros pelotazos urbanísticos en la región murciana, como es el del paraje, también protegido, de Lo Poyo, en el Mar Menor.
Tras las elecciones de mayo pasado, el presidente del PP y de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, le ha dado una nueva consejería a Joaquín Bascuñana: la de Política Social, Mujer e Inmigración. Por su parte, el constructor trinitario Casanova, que se había hecho propietario del periódico regional El Faro, llegó a acusar a Valcárcel de “cobarde” y, se presume, abandone la región para fijar su residencia en Madrid, ante el fiasco de sus operaciones urbanísticas.
Se da el caso que, el pasado cinco de septiembre, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia había dictado ya un auto en el que paralizaba cautelarmente la urbanización del paraje de La Zerrichera, al considerar que perjudicaba el interés general. El alto tribunal murciano también tiene paralizado cautelarmente otro proyecto, el de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, en el que también están presuntamente implicados altos cargos del Partido Popular en Murcia.
Se da también el caso de que uno de los imputados, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, director general en el anterior gobierno de Ramón Luis Valcárcel, ha sido nombrado recientemente nuevo Gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Lorca, tras ganar por vez primera el PP las elecciones municipales en este “granero” socialista murciano.
En el caso de La Zerrichera, la Fiscalía de Murcia estuvo durante un año exacto investigando la denuncia que habían presentado las organizaciones Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE, que terminó en querella criminal por presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación, entre otros.
El Gobierno del PP, de Ramón Luis Valcárcel, que en las pasadas elecciones de mayo renovó por cuarta vez la mayoría absoluta en la región murciana, tendrá que comparecer ante el parlamento regional para informar, a petición del grupo parlamentario Socialista, sobre este asunto.
* VegaMediaPress - F.M. MARTÍNEZ - 18/09/2007
Foto: La Zerrichera (Águilas) Murcia - la-actualidad.com
El Ayuntamiento de Orihuela aprueba 2.500 casas pendientes de la desaladora que boicotea
ELPAÍS/Alicante* : Con dos informes desfavorables, uno de la Confederación Hidrográfica del Segura y otro del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVSSA), el PP en el Ayuntamiento de Orihuela aprobará hoy el proyecto de Urbanización PAU 7, que contempla la construcción de 2.500 viviendas para albergar a unos 8.000 nuevos habitantes en la costa. La falta de agua, según la Confederación del Segura, se paliaría con los recursos de la "desalinización de agua marina" de la planta que el propio PP está boicoteando en Torrevieja. Además, el IVVSA critica las pocas viviendas protegidas previstas.
Será la primera gran actuación urbanística aprobada por la nueva alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente del PP, y contará con el rechazo de todos los partidos en la oposición. El pleno extraordinario de esta mañana aprobará el expediente modificado del PAU 7, que promueve Antonio Pedrera, de la Urbanizadora Villamartín.
El proyecto salió a exposición pública en 2002, durante el mandato del anterior alcalde, José Manuel Medina, del PP, su tramitación fue lenta y el último escollo se salvó el 11 de mayo, días antes de las elecciones, cuando la comisión Territorial de Urbanismo informó favorablemente. En su resolución la consejería admite que la Confederación del Segura "condiciona" esta actuación urbanística a la disponibilidad de recursos hídricos, que llegarán de "la desalinización de agua marina con las previsiones, a corto plazo, del programa AGUA". El IVVSA también emitió un informe desfavorable en abril de 2006 que indicaba que las viviendas protegidas, (1.719 en tres sectores diferentes), "no alcanzan el número establecido en el estudio de necesidades de demanda" en cuatro años, que son 2.322 viviendas. Entre la documentación de este proyecto figura un informe de Aquagest Levante con datos sobre el agua potable que la Mancomunidad de Canales del Taibilla abastece a Orihuela que confirma el espectacular aumento de consumo en pocos años, al pasar de los 2.8 millones de metros cúbicos de agua de 1999 a los 5.5 consumidos en 2006. "El agua que pide el PP no es para el campo, es para el ladrillo", dijo ayer la portavoz socialista en Orihuela, Antonia Moreno. Los siete concejales socialistas, los tres de los Verdes y el edil del Centro Liberal Renovador votarán en contra de este proyecto que aprobarán en solitario los 14 ediles del PP. Ayer este periódico intentó sin éxito conocer la versión de la alcaldesa, Mónica Lorente.
La portavoz socialista fundamentó su oposición en la existencia de estos dos informes desfavorables y en que "no exista ningún documento oficial que asegure que se hayan subsanado los errores". La edil también criticó la contradicción que supone "la oposición y el boicot permanente del PP a la desaladora de Torrevieja, y que ahora el mismo partido apruebe nuevas casas que requieren agua desalada". La oposición también se pregunta dónde estas las necesidades educativas y sanitarias que tendrán los 8.000 nuevos habitantes de esta zona de la costa en la que se han construido ya 50.000 viviendas.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 19/09/2007
Foto: Orihuela - wikipedia
El plan estrella del Gobierno sobre el alquiler calca una medida en vigor desde 2004
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ELPAÍS* : Sobre las escaleras de La Moncloa, reservadas a las ocasiones solemnes, José Luis Rodríguez Zapatero y Carme Chacón anunciaron ayer "el salto adelante" del Gobierno en materia de alquiler. A partir de enero, los menores de 30 años que ganen hasta 22.000 euros brutos al año recibirán por ley 210 euros al mes. Lo chocante es que, desde julio de 2004, está en vigor una medida muy parecida: 240 euros al mes que ya reciben unos 40.000 inquilinos y que instauró la entonces ministra, María Antonia Trujillo.
A seis meses para las elecciones, el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda escenificaron con toda la pompa su medida estrella para movilizar el voto joven, su última ley antes de las generales: el "plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler".
"Se trata de que la vivienda deje de ser un problema y pase a ser un derecho", proclamó Zapatero. "Llevo 70 días y 70 noches en el cargo trabajando para que ningún proyecto vital se vea truncado por la falta de acceso a la vivienda", afirmó Chacón. La ministra aparecía visiblemente satisfecha junto al presidente, que alabó su gestión.
La principal medida es la llamada "renta para la emancipación de los jóvenes". Se trata de 210 euros al mes de ayuda al alquiler durante cuatro años como máximo. Podrán acogerse a ella trabajadores de entre 22 y 30 años que ganen menos de 22.000 euros brutos al año. Sólo se concederá una ayuda por vivienda. Es decir, si dos jóvenes comparten piso, sólo recibirán una ayuda. Para pedirla hay que llevar cuatro años residiendo legalmente en España y no valen los alquileres entre familiares.
Como el alquiler medio en España es de 720 euros al mes, la ayuda supondrá un 29% del total, aunque con enormes diferencias. Mientras que en Madrid, donde el alquiler medio es de 1.138 euros, el subsidio supone el 18% del total; en Galicia llega al 63% de la cuota.
Además, Vivienda dará un préstamo de 600 euros para la fianza del piso y un aval de seis meses para garantizarle al propietario que cobrará el alquiler.
Chacón anunció que el primer año se beneficiarán de esta medida 180.500 personas, con un coste de 436,5 millones. La previsión es la misma que el PSOE llevaba en su programa electoral, donde se comprometía a sacar al año 180.000 viviendas "en compra o en alquiler, a un precio razonable".
La cifra está lejos de la realidad. En 2006 se iniciaron 60.358 viviendas protegidas y la Sociedad Pública de Alquiler, creada en 2005, ha gestionado sólo 5.000 contratos en dos años y medio.
La ayuda de 210 euros es el principal pilar del plan y, aunque el Gobierno lo presentó como la gran medida de impulso al alquiler, ya existe algo muy parecido. El 16 de julio de 2004, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo. El texto incluía una ayuda de 240 euros al mes para los menores de 35 años que ganen menos de 19.950 euros brutos al año y para viviendas de hasta 90 metros. La ayuda sigue en vigor y aún puede solicitarse. El Gobierno preveía que la medida llegase a 71.000 personas y desde entonces la han recibido "unos 40.000 inquilinos", según un portavoz del ministerio. Quienes ya cobran los 240 euros al mes no pueden recibir la ayuda de 210 euros. Vivienda destaca que las medidas no son idénticas, pues la de Chacón es más universal. Los requisitos ahora no son tan estrictos en cuanto a renta, aunque sí sobre la edad.
La ayuda de 2004 la tramitan las comunidades y las paga Vivienda. En unas autonomías ha funcionado -en Cataluña se han tramitado 9.000- mientras que en Madrid no ha habido ni una ayuda. Ahora se pedirán al ministerio y estarán garantizadas por ley, ya que el Gobierno tramitará la norma por la vía de urgencia para que esté aprobada y en vigor el próximo 1 de enero. Esta será la última ley que el Gobierno envíe al Parlamento esta legislatura.
El segundo pilar del plan es la deducción fiscal al inquilino. Quienes ganen menos de 24.000 euros brutos se deducirán el 10,05% en el impuesto sobre la renta, una desgravación "idéntica de la que rige para la compra de vivienda", según Chacón. Esta medida será compatible con los 210 euros.
Chacón insistió en que todas las medidas "responden, cifra por cifra, al criterio conjunto" de Vivienda y de Economía. La ministra intentaba borrar cualquier sombra de duda sobre si el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, se opone al gasto extra del paquete de medidas.
En 2006, y preguntado sobre la posibilidad de instaurar desgravaciones fiscales a los inquilinos, Solbes replicó que "la subvención al inquilino se traslada al incremento de precios automáticamente y pensamos que es una medida que tiene muy poco impacto y que, al final, lo que sirve es para aumentar los precios". Chacón, preguntada por EL PAÍS, matizó ayer: "Solbes dijo que estaba de acuerdo con desgravaciones al alquiler siempre que se destinara a un colectivo concreto, como es ahora el caso". El Gobierno prevé que 700.000 familias se beneficien de la deducción (actualmente hay 1,7 millones de pisos alquilados).
Algunos expertos temen que los caseros carguen las ayudas al precio. El gerente de la Universidad Carlos III y experto en el tema, Julio Rodríguez, apoya la medida, "que acaba con una discriminación histórica contra el alquiler", pero advierte de que pasado un tiempo "puede repercutir sobre el precio del alquiler, como ocurrió con las deducciones a la compra".
El plan de vivienda costará 784,5 millones al año (348 millones que Hacienda dejará de ingresar por la desgravación y 436,5 en ayudas directas). Esto, sumado a los 1.500 millones de ayuda a la natalidad y los 826 millones extra para Cataluña, supone que el Gobierno ha comprometido en tres meses 3.155 millones, un 17% del superávit previsto para 2007.
Pero además de las ayudas que ayer presentó el Gobierno -para los inquilinos- el Ejecutivo quiere dar más garantías a los propietarios y favorecer la salida al mercado de los pisos vacíos (sólo en Madrid hay 300.000). Aunque las medidas no están concretadas y difícilmente se aplicarán esta legislatura, la intención de Vivienda es reducir a la mitad el tiempo de desahucio, que actualmente va de 12 a 18 meses. Para ello necesita reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil. También quiere crear juzgados especializados, para lo que debe modificar la Ley del Poder Judicial.
Por último, Vivienda quiere que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que ahora se dedica principalmente a impulsar polígonos industriales, pase a promover vivienda protegida de alquiler. Pero no venderá el suelo a los promotores, sino que se lo cederá por 40 o 50 años, con lo que debe reducir el precio de la vivienda.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 19/09/2007
Foto: Se alquila - J.Aima (elmundo.es)
El TSJB ordena paralizar 96 viviendas de la urbanización Monport del Port d’Andratx
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ÚLTIMAHORADIGITAL/Mallorca* : El denominado ‘caso Monport’ —una zona protegida donde se construyeron quince edificios plurifamiliares con un total de 96 viviendas en el Port d’Andratx— ha entrado en una nueva dinámica tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de paralizar tres licencias, una de ellas de la inmobiliaria Prosmi, que promueve la macrourbanización.
La sentencia, cuyo alcance ya fue debatido por el Ajuntament d’Andratx en su junta de gobierno del pasado viernes, afecta, también, a dos licencias de particulares y motivó la actuación inmediata de la Policía de Andratx, que ayer procedió a paralizar unas obras que se encuentran en su fase final de ejecución.
El tribunal estimó un recurso presentado por el Consell de Mallorca, a través del cual consideraba que había existido «ilicitud administrativa» en la concesión del permiso de las obras.
La primera denuncia sobre esa cuestión fue interpuesta el pasado mes de enero por la entonces portavoz de Unió Mallorquina (UM) en ese municipio, Isabel Alemany, quien se personó ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para denunciar que en las inmediaciones del Hotel Monport en el Port d Andratx -concretamente en una parcela colindante con la calle Ramat- el Ajuntament ha permitido a la promotora inmobiliaria Prosmi SL la construcción de viviendas plurifamiliares.
El suelo, precisamente, tras la aprobación de la Ley de Espacios Naturales (LEN), en 1991, fue declarado Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) y el Plan Territorial de Mallorca (PTM) califica como «zona de alta protección». Posteriormente, también denunció al ex alcalde Eugenio Hidalgo el fiscal de Medio Ambiente, Adrián Salazar, quien observó indicios de delito.
El Ajuntament, por su parte, argumentó en su momento que los terrenos no son de uso rústico sino urbano y destinados a uso «turístico y residencial», y que la licencia fue otorgada por el Ajuntament hace cinco años en base al Plan General de 1978 -todavía vigente- que califica los terrenos de la calle Ramat como urbanos.
El ‘caso Monport’, asimismo, es una de las 68 piezas abiertas del sumario principal de la ‘operación Voramar’, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en ese municipio.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 19 de septiembre de 2007
Foto: Las obras de la urbanización Monport fueron paralizadas ayer tras una sentencia del TSJB - MICHELS - ultimahora.es
Declaran dos de los diez imputados por un delito urbanístico en Sierra de Fuentes
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HOYDIGITAL/Cáceres* : El alcalde de Sierra de Fuentes, Antonio Luis Díez, y el constructor Antonio Abreu, han sido los primeros en declarar ante el juez en calidad de imputados como presuntos inductores de un delito de prevaricación urbanística en el municipio de Sierra de Fuentes. Ambos acudieron ayer al Juzgado de Instrucción número 1, el cual tramita las diligencias previas tras la denuncia del fiscal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan Antonio Galán, por la creación de una sociedad mixta de capital mayoritariamente privado para gestionar el desarrollo urbanístico del municipio.
Los otros imputados, que prestarán declaración a lo largo de los próximos días, son los dos anteriores alcaldes de Sierra de Fuentes, Andrés Guerra Guerra (entonces de IU-Siex) y Julián Polo Guerra (entonces del PP), además de los todavía concejales Adrián Guerra Polo (PP) y Juan Lucero Barroso (IU-Siex), la ex concejala María Felipa Vinagre de la Montaña (IU-Siex), un abogado de Cáceres, un funcionario del Ayuntamiento y el arquitecto municipal.
La actuación de fiscal se inició a instancias de una denuncia presentada por Julián Polo Guerra, ex alcalde de Sierra de Fuentes y también imputado en la causa, quien asegura que Antonio Luis Díez es el «cerebro» de la trama urbanística. Según su versión, fue el actual alcalde quien, tras las elecciones municipales de 2003, propuso al nuevo equipo de gobierno crear una sociedad que se ocupara de la gestión urbanística del pueblo. Con el suelo en manos de una sociedad de mayoría privada y a cambio de su colaboración, los concejales serían nombrados consejeros y podrían ponerse, en palabras de Julián Polo, el sueldo que quisieran, «hasta de medio millón de pesetas al mes».
El abogado de Antonio Luis Díez, Vicente Vega, dijo ayer que ni él ni su defendido harán comentarios sobre el contenido de la declaración ante el juez hasta que no terminen todas las comparecencias previstas de imputados y testigos, lo cual ocurrirá como muy pronto a finales del mes de octubre. Tan solo manifestó que el alcalde está «satisfecho y tranquilo», convencido de que «todo se esclarecerá» al final del procedimiento.
Según ha podido saber este diario, la declaración de Antonio Luis Díez reprodujo básicamente los argumentos esgrimidos por éste durante su comparecencia ante la prensa en Cáceres hace casi dos meses. En ella, el alcalde repartió la copia de un contrato privado firmado entre su despacho de abogados y la Sociedad para el Desarrollo Urbanístico de Sierra de Fuentes por el que ambas partes acordaban resolver un contrato anterior, de modo que Díez & Asociados renunciaba al cobro de 1,8 millones de euros por la asesoría jurídica de la sociedad.
El alcalde aseguró que el contrato fue rescindido antes de presentarse a las elecciones «por una cuestión moral», y por eso el nuevo contrato se firmó con fecha de 25 de marzo de 2007, algo que sin embargo no puede comprobarse, ya que se trata de un acuerdo privado entre ambas partes que, al contrario que el contrato original, nunca pasó por ningún notario.
Antonio Luis Díez considera que todo este asunto es una maniobra política de Julián Polo, quien a su juicio ha puesto el asunto en conocimiento de la Fiscalía a causa de «intereses puramente políticos». Además, ve la mano de «oscuros personajes» que mueven los hilos en la sombra, en referencia a antiguos concejales del PSOE, y en especial a Alejo Nevado, expulsado por la dirección socialista e histórico alcalde del municipio.
El actual primer edil acepta que la manera en la que se creó la sociedad mixta podría ser discutible, pero sólo por la vía de lo contencioso, y nunca por la penal.
Denunciante y a la vez imputado
El ex alcalde de Sierra de Fuentes Julián Polo fue quien puso toda la documentación del caso en manos del fiscal. Dice en su defensa que él fue votando a favor de los trámites administrativos para crear la sociedad mixta porque llegaban con el visto bueno de los técnicos, en concreto del asesor jurídico contratado 'a dedo' por el Ayuntamiento, y del funcionario que ejercía las funciones de secretario-interventor tras la baja de la titular. Julián Polo afirma que estuvo engañado todo el tiempo y que, al darse cuenta de la trama, encabezó una moción de censura y puso en marcha el proceso para anular la sociedad mixta, el cual quedó parado con la llegada al poder tras las últimas elecciones de Antonio Luis Díez en las listas del PSOE. Ahora Julián Polo ha sido también imputado por el fiscal y deberá declarar como tal ante el juez instructor.
* Hoy Digital - CLAUDIO MATEOS/CÁCERES - 18 de septiembre de 2007
Foto: Sierra de Fuentes (Cáceres) - dip-caceres.org
Fiscalías advierten del contagio del 'efecto Marbella' al urbanismo de numerosas localidades costeras
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COLPISA* : Los delitos contra el medio natural y el territorio han empezado a adquirir naturaleza jurídica propia por primera vez en España. Existían antes y se penaban mal que bien, pero es ahora cuando bulle la persecución oficial contra los nuevos delitos ‘estrella’, ambientales y urbanísticos. El incremento de la presión se explica, en buena medida, por la creación en 2006 de la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo, y se traduce en un mayor número de causas abiertas en todo el país. En total, el año pasado se tramitaron 2.252 diligencias en materia de medio ambiente, incendios incluidos, y 1.594 en ordenación del territorio y urbanismo.
En este capítulo, las fiscalías del Sur de España advierten del contagio del ‘efecto Marbella’ a numerosas localidades de la costa y del interior andaluz.
La memoria de 2006 de la Fiscalía General del Estado, difundida este lunes, certifica el auge de este tipo de delitos ‘territoriales’, y también de la lucha penal contra ellos. Dado que la Fiscalía especial de Medio Ambiente echó a rodar en abril de 2006 tras el nombramiento de su titular, Antonio Vercher, no existen datos de años anteriores con los que poder comparar. Con todo, es evidente el incremento de los asuntos relacionados con el medio ambiente y ordenación territorial, y son excepcionales las fiscalías provinciales donde han disminuido en relación con años anteriores. También es notorio el alto número de sentencias, en especial en Cádiz, donde los tribunales dictaron 53 en temas penales medioambientales, 43 en Barcelona, 32 en Jaén y 12 en Córdoba, entre otras.
Corrupción y blanqueo
El compendio de la Fiscalía toca entre otros puntos los incendios forestales, el maltrato a animales – propone un endurecimiento de las penas e inhabilitaciones en la próxima reforma del Código Penal-, captaciones irregulares de agua, caza ilegal o tráfico de especies protegidas, pero carga las tintas en materia urbanística. Aunque el ‘boom’ del ladrillo ha propiciado un aumento general de las irregularidades y los delitos, el panorama cambia mucho según las regiones.
La nota alarmante la pone la Fiscalía de Málaga. “El ‘modus operandi’ delictivo de Marbella”, el modelo de corrupción urbanística y connivencia política acuñado en la ciudad malagueña “ha acabado extendiéndose a otras localidades costeras de la provincia”, en especial las más turísticas, asegura. La Fiscalía de Cádiz coincide y añade la memoria fiscal que en 2006 se ha detectado “la ejecución de construcciones ilegales como medio para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con base en la impunidad que habitualmente se asocia a estas conductas”.
Los fiscales provinciales encargados de medio ambiente y urbanismo también señalan con el dedo acusador a las administraciones. La Fiscalía malagueña denuncia falta de rigor y diligencia inspectora de algunos ayuntamientos en el control de edificaciones ilegales, algunas en pleno monte y en zonas de protección natural. La de Cádiz critica sin ambages la ineficacia de la Junta en materia de control urbanístico y la impunidad derivada. La Fiscalía de Barcelona afirma que, salvo excepciones, la consejería catalana de Medio Ambiente no denuncia los hechos delictivos de que tiene constancia. Sevilla, San Sebastián, León y Madrid, entre otras, cargan contra la falta de colaboración de las corporaciones locales respectivas en materia de suelo, contaminación acústica y otras, y la de Teruel habla incluso de “fuertes indicios de connivencia o al menos pasividad en cargos municipales en cuestiones de medio ambiente en trámite en la capital”.
El fiscal de Pontevedra apunta, por otra parte, un fenómeno pujante en fechas preelectorales como las actuales, que es la litigiosidad urbanística. “La materia urbanística es de las más utilizadas a efectos políticos”, advierte.
Incendios
Los incendios forestales son otra de las grandes preocupaciones ambientales de la Fiscalía. En 2006 se multiplicaron las actuaciones, oficios y comunicaciones con las administraciones para extremar las labores preventivas en vertederos, control de barbacoas y líneas de alta tensión, y mayor rigor en la quema de rastrojos y para obtención de pastos, que son causas destacadas de fuegos en todo el territorio.
El informe del fiscal Vercher reclama más medios materiales y técnicos y subraya la “falta de una adecuada coordinación” entre los diversos cuerpos policiales -Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Vigilancia Aduanera, policías autonómicas, guarderías forestales, etc- que actúan ante infracciones medioambientales. Un problema, dice, que reclama “urgente solución”.
Los incendios del verano 2006 en Galicia, la talas en zona protegida en las Navas del Marqués (Ávila), las múltiples denuncias por contaminación acústica en Madrid, el escándalo urbanístico de Andratx (Mallorca) y la paralización de la subasta en Londres de vigas califales de la Mezquita de Córdoba fueron, entre otros, algunos de los asuntos de especial relevancia social en la actuación de las fiscalías encargadas de medio ambiente, urbanismo y patrimonio.
* Colpisa - 17/09/07
Foto: Níjar (Almería), construcción ilegal paralizada en el Parque Natural Cabo de Gata - diariodeleon.es
TSJEx exige al Ayuntamiento de Badajoz que edificio Biblioteconomía vuelva a su estado original
ELPERIÓDICOEXTREMADURA* : El Ayuntamiento de Badajoz cuenta con un mes de tiempo para devolver a su estado original el edificio donde actualmente se encuentra la Facultad de Biblioteconomía, en el recinto de la Alcazaba árabe, según la sentencia del 14 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo Saavedra, detalla que el texto jurídico insta al ayuntamiento a la presentación de un proyecto técnico que devuelva al antiguo Hospital Militar al estado anterior a las obras para ser la sede de la facultad y de la Biblioteca de Extremadura.
El TSJEX da conocimiento de este auto al Ayuntamiento de Badajoz, al ser la Administración pública que concedió la licencia de las obras de transformación, que en su día fueron pagadas por la Junta de Extremadura.
Estas obras se llevaron a cabo a través de un proyecto seleccionado por la Consejería de Cultura, desde un concurso público celebrado en 1998, que obtuvo el visto bueno e informes favorables del la Comisión de Bienes Inmuebles de Patrimonio Histórico de la Junta de Extremadura. El concejal recuerda que en esta comisión participó en su día, "sin presentar alegaciones", la Asociación Amigos de Badajoz, quien interpuso la primera demanda por la "ilegalidad" de las obras y su ataque al patrimonio histórico de la ciudad. Este proceso judicial se inicia con esta primera demanda de la asociación pacense en el año 2003, por la que el TSJEx les da la razón indicando que las obras no se ajustan a la Ley de Patrimonio, una sentencia recurrida por el consistorio pacense.
En octubre de 2006, el TSJEc desestima este recurso del consistorio de Badajoz, y ahora le insta al inicio de la adecuación prevista en su primera sentencia, por la que daba la razón a la asociación pacense anulando la licencia de obras concedida para realizar obras en el antiguo Hospital Militar para la construcción de la sede de ambas instituciones académicas. El TSJEx, por su parte, condenaba en su sentencia a la "restauración de los bienes del patrimonio histórico" a la situación existente con anterioridad a las mencionadas obras, ya que según la Ley de Patrimonio las obras que se realicen en un Bien de Interés Cultural, como La Alcazaba, deben ser para su conservación o rehabilitación, nunca para "alterar su carácter arquitectónico o paisajístico".
Según comentaron desde Amigos de Badajoz en noviembre del pasado año, su intención no es el derribo de los edificios construidos, sino "que estos se adecuen a la legalidad y se restablezcan los elementos patrimoniales del siglo XIX derribados de la estructura original del Hospital". En este aspecto coincide el concejal de Urbanismo pacense, quien observa que, si bien los técnicos municipales ya trabajan en la redacción del proyecto solicitado por el TSJEx, se ha solicitado una reunión con representantes de la Junta de Extremadura, como ejecutora de la obra, y con la asociación, "para lograr un acuerdo y remar todos en la misma dirección". Celestino Rodolfo reconoce que fue el consistorio quien otorgó la licencia de obras, pero con el visto bueno de la Junta de Extremadura, la Comisión de Patrimonio, la Universidad de Extremadura y Amigos de Badajoz, por lo que "todos deben saber cuál es su parte de responsabilidad". Para el edil, lo principal es buscar "entre todos" una solución que no afecte a los alumnos universitarios ni a la zona.
Por su parte, el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, declara, en el transcurso de la inauguración de la nueva sede de la Universidad Popular de la ciudad, que "el tema se ha cerrado a favor de Amigos de Badajoz", asociación con cuyo presidente, Antonio Manzano, asegura haber mantenido ya una primera reunión para "trabajar en la línea de hacer lo mejor posible para la ciudad". Por ello, Celdrán insiste que la siguiente fase del proceso pasa por una reunión en la que participen todas las entidades implicadas para "llevar a cabo lo que la sentencia ordena", puesto que le "extrañaba que la resolución se dirija únicamente al consistorio", cuando "hizo lo que más convenía según los informes favorables, con todo hecho desde la Junta extremeña".
* El Periódico Extremadura - 18/09/2007
Foto: Badajoz, edificio Biblioteconomía - elperiodicoextremadura.com
Accidentes en la construcción
ALFREDO J. MARTÍNEZ CUEVAS* : El sector de la construcción lleva mucho tiempo siendo una locomotora que tira de la economía española. Sin embargo, existe una losa que pesa sobre él: la siniestralidad laboral. Las cifras de accidentes de trabajo sólo se pueden calificar como graves, sin paliativos. Incluso alguien las ha calificado como de “alerta roja”. Lo es tanto por lo que se refiere al drama humano y social de los accidentados y sus familias como para la propia sociedad y sus consecuencias. El problema afecta al conjunto de la economía española, pues si los resultados fueran otros, los recursos económicos destinados a paliar sus consecuencias podría dedicarse a cubrir muchas otras necesidades de las que tenemos déficit.
La aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995, y su correspondiente reglamento de desarrollo, en 1997, fueron bien recibidos. Sin embargo, no sirvieron para atajar el problema, al menos de momento. Es más, durante unos años fueron aumentando las cifras que nos proporcionaban las diferentes formas de medición estadística. Así ocurrió hasta 2004 en que comenzó un suave y lento declive, en cualquier caso muy insuficiente. Las normas por sí solas no son buenas ni malas. La cuestión es querer hacer prevención o no hacerla, independientemente de aquéllas.
La solución al problema es tan compleja como lo es el propio sector productivo. El propio legislador, en la Exposición de Motivos de la reciente Ley de Subcontratación, reconoce que no resulta posible atribuir el origen de la situación a causa única. Es más, parece dudar e indica que uno de los factores “puede” estar relacionado con la utilización de una forma de organización productiva denominada subcontratación. Debemos resaltar la duda del “puede”.
Sigamos con las opiniones vertidas por el legislador y que cualquiera puede leer en el BOE. Con la modificación de la ley en diciembre 2003 se reconocía que, desde la entrada en vigor de la ley los poderes públicos, Estado y comunidades autónomas, los agentes sociales, las empresas y los trabajadores y demás entidades dedicadas a la prevención han desarrollado un ingente esfuerzo, en todos los órdenes y cada uno en su ámbito de responsabilidad. Continuaba con la necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa.
En 2006, con otra nueva modificación normativa, se seguía insistiendo en el reconocimiento de los esfuerzos realizados y en la deficiente incorporación del nuevo modelo de prevención en la empresa. En ambos casos se insiste en que los cumplimientos de las normas son fundamentalmente formales. En 2003 se hablaba de proscribir el cumplimiento meramente formal y documental de las obligaciones. En 2006 se insistía en que, en muchas ocasiones, el cumplimiento es más formal que eficiente. Coincidencia de diagnóstico de la seguridad fingida, como si lo que se hiciera es pura cosmética, en lugar de seguridad. Lo curioso es que en el primer caso se exponía el problema con un Gobierno del PP y en el segundo, en 2006, bajo Gobierno del PSOE. Si el problema está tan definido, ¿por qué no se ataja de forma contundente? Alguien deberá dar respuesta a ello.
En cualquier caso, entendemos que el problema no se soluciona sólo con lo antes indicado. Hay muchas más cuestiones. Veamos las que entendemos como más importantes. Con frecuencia se señala con dedo acusador a los técnicos, como responsables de los problemas. Creemos que es un error, como lo demuestra el hecho de que, haciéndolo así, el problema sigue sin resolverse. Somos defensores de la seguridad integral, en la que todos los sujetos e instituciones intervinientes en el proceso tengan su cuota de responsabilidad, comenzando por el promotor en la elección de profesionales y empresas idóneos para cada proyecto, continuando por proyectistas, administraciones públicas en las concesiones de licencias y autorizaciones, profesionales, empresas, servicios de prevención y los propios trabajadores.
En todo ello, entendemos, que hay carencia de cultura preventiva. Algo similar ocurre con la formación en la materia, donde concurre una exigencia legal al considerar la necesidad de una formación a todos los niveles educativos. Si es así desde 1985, ¿por qué aún no se educa de forma reglada comenzando por los niños, pasando por estudios intermedios y de trabajadores y finalizando en escuelas técnicas en las que los futuros profesionales tienen atribuciones específicas y no cursan asignaturas troncales u obligatorias para poder titularse? Creemos que alguien no hace sus deberes, tampoco aquí.
* Alfredo J. Martínez Cuevas, profesor de Seguridad
* Diario de Sevilla - Tribuna - 18 de Septiembre de 2007
El promotor del hotel junto al mar en Calp desafía al ministerio al reiniciar las obras
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LEVANTE-EMV* : Dos meses han estado paradas las obras del hotel de 27 plantas de la playa de la Fossa y durante ese tiempo un cartel situado por el promotor en la parcela advertía de que ayer lunes retomaría los trabajos. La contundencia del cartel hacía presumir un desembarco de máquinas y un inicio de las obras a todo trapo. Pero no. Los primeros trabajos fueron más bien tibios. Alrededor de las 11 horas, entraron en la parcela dos máquinas excavadoras. El terreno, por las últimas lluvias, estaba inundado y de ahí que los primeros trabajos consistieran en bombear el agua. Pese a que no hubo mucha más actividad, ya queda claro que el promotor no desiste.
Cuenta con la licencia municipal que le otorgó el anterior equipo de gobierno del PP y también con la autorización de la Conselleria de Infraestructuras. La parcela está a escasos seis metros del mar y el hotel que se pretende construir alcanzará los 104 metros y se convertirá con diferencia en la torre más alta de Calp, donde la construcción en vertical no tiene límite.
Eso sí, el promotor también sabe que el Ministerio de Medio Ambiente ha recurrido la licencia con la clara intención de que se anule. El hotel no invade el dominio público marítimo-terrestre, pero sí -así lo sostiene el ministerio- los aparcamientos y sótanos previstos.
La titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya anunció a finales de junio, en una visita a Calp, que consideraba que la autorización de la conselleria no se ajustaba a derecho y de ahí la decisión de recurrirla. Sugirió incluso la posibilidad de expropiar la parcela y así impedir que esta gran torre se levante en primera línea del litoral.
Así pues, esta torre de 27 alturas, por lo inundada que ayer estaba la parcela (la excavación está por debajo del nivel freático) y por el recurso del ministerio de Medio Ambiente, es una especie de gigante con pies de barro.
Mientras tanto, el nuevo equipo de gobierno (PSOE, Bloc y PSD) está maniatado. El anterior gobierno local del PP aprobó en 2004 una modificación del Plan General de Calp que reducía de 1.000 a 500 metros cuadrados la superficie de la parcela mínima en la que se pueden construir torres sin límite de altura. El hotel de 104 metros tiene licencia y, por tanto, el único resquicio es ese que ha encontrado el ministerio de la posible invasión del dominio público.
Con todo, el nuevo gobierno local quiere revisar el planeamiento y cerrar la puerta a los nuevos proyectos de torres junto al mar.
El promotor de este hotel de 27 alturas, que es un conocido empresario de Calp, paralizó las obras en julio y agosto para cumplir la ordenanza de ruidos, pero, en el cartel situado en la parcela, advertía de que podía haber realizado otros «trabajos molestos» que «voluntariamente» tampoco acometería hasta después del verano.
Ayer terminó la tregua. Las máquinas volvieron a estos terrenos que están junto al paseo de la Fossa y, en los próximos días, cuando se saque toda el agua, continuarán las obras de excavación.
* Levante-EMV - A. P. F., Calp - 18 de septiembre de 2007
Foto: Calpe (Alicante) - parcela futura torre - levante-emv.com
Ley del Suelo: soltar lastre
ISIDRO LÓPEZ* : La Ley del Suelo se ha vendido, en los medios afines al Gobierno, como la intervención legislativa de mayor carácter social y ecológico de la legislatura. Frenar la especulación, aplicar los principios de sostenibilidad y garantizar el acceso a la vivienda son los tres ejes en los que se ha querido situar esta Ley, en oposición, siempre dentro de los medios, al dogmatismo neoliberal de la Ley del Suelo de 1997. Sin embargo, más allá del prestigio que le da a cualquier ley el ser atacada por Esperanza Aguirre y Jiménez Losantos, la Ley de Suelo tiene más de continuación del proyecto de 1997 de lo que podría parecer si tan sólo se leen los titulares. De hecho, la Ley del Suelo junto al PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes) son las dos apuestas del Gobierno para capear los aires recesivos que vienen.
Ocupación de suelo
Antes de analizar el contenido de la Ley, quizá sea necesario describir brevemente qué han venido a significar el suelo y la vivienda para las administraciones públicas españolas en el último decenio. El suelo es el factor de más peso en los precios de la vivienda y además, por ser una mercancía no producida, el más sensible a las espirales de crecimiento de precios tan frecuentes en el mercado inmobiliario. En un contexto económico en el que los salarios reales (salarios descontada la inflación) llevan estancados o en retroceso desde hace 20 años, el alza continuada de precios de la vivienda ha sido la principal fuente de crecimiento del consumo privado y ésta ha sido una de las aportaciones más dinámicas al crecimiento económico español. Para que esto haya sucedido ha sido necesario que el crédito haya fluido hacia unas familias más sometidas que nunca a los imperativos del capital financiero y que las inmobiliarias hayan dispuesto de todo el suelo urbanizable necesario para expandir este proceso. Los enormes costes sociales en forma de destrucción y despilfarro de recursos naturales que ha supuesto este modelo invasivo de ocupación de suelo quedan fuera de las cuentas “propiamente económicas” y sólo podemos estimarlos por aproximaciones.
En este contexto, una bajada de los precios de la vivienda significa una caída del crecimiento económico. Desgraciadamente, ningún gobierno, ni estatal ni local, ni de ‘izquierdas’ ni de ‘derechas’, quiere oír hablar de una ralentización económica que sería deseable por muchos motivos. Las administraciones no tienen ningún interés en fijar las condiciones de una bajada sustancial y posterior estabilización de los precios de la vivienda, ni siquiera en franjas de mercado como la (VPO). Pero, lo quieran o no las administraciones públicas, los precios de la vivienda van a bajar y estos son los que determinan el precio del suelo. El fin central de esta Ley del Suelo es sentar las bases de una bajada ‘estratégica’ de los precios de la vivienda, que sea menos aguda y prolongada de lo que podría ser si no hubiera intervención estatal, permita a nuevas franjas de población acceder a la propiedad y abra posibilidades de mantener tasas de beneficio que mantengan la capacidad operativa de las grandes y medianas inmobiliarias y constructoras. Es decir, con esta ley se están poniendo las bases de un nuevo boom inmobiliario, de igual o mayor destructividad social y ambiental.
A manos de los promotores
En la mayoría de su texto esta Ley del Suelo es una recopilación de artículos referentes al suelo que estaban dispersos hasta hoy. El punto novedoso y núcleo de la nueva Ley del Suelo, atañe a los mecanismos de valoración del suelo rústico. Hasta ahora los suelos rústicos cercanos a zonas urbanas o en expectativa de urbanización se valoraban en función de los precios esperados de las futuras viviendas que allí se iban a construir. A partir de esta Ley, la valoración de los terrenos rústicos se hará a partir de su renta potencial (valor de su producción real) como superficie rústica, pudiéndose multiplicar hasta por dos en función de las rentas de posición (es decir, por cercanía a una gran ciudad o a una infraestructura, etc). Para justificar esta medida se invoca la lucha contra la especulación (en el sentido de retención de suelo), pero en la práctica es una medida inspirada en los famosos ‘agentes urbanizadores’ valencianos. Se trata de abaratar el suelo rústico y con ello dar el control del proceso urbanizador a los promotores frente a los propietarios de suelo.
Un mismo espíritu
Más allá de la retórica del libre mercado, la característica central de la ley de 1997, promovida por el PP, consistía en poner todo el suelo posible en el mercado para disparar la oferta de viviendas y acelerar el ciclo de compraventas. En este sentido, la nueva ley va muy por delante de la anterior al eliminar la figura del propietario, entendido como traba a este proceso. El objetivo: al abaratar los costes del suelo rústico se eleva el margen de beneficio de la promoción inmobiliaria y esto atrae nuevos capitales tanto procedentes de otros sectores como de otros países.
* Isidro López. Observatorio Metropolitano
* Rebelión/ Diagonal - 17-09-2007
Se celebra la Semana Europea de la Movilidad pese a la falta de planes de muchas capitales
EUROPAPRESS* : Más de 50 ciudades españolas celebran, desde hoy y hasta el próximo 22 de septiembre, la Semana Europea de la Movilidad, organizada por la Comisión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), y que el año pasado logró en España el mayor seguimiento de toda Europa, pese a la "ausencia de planes de movilidad sostenible en la mayoría de capitales españolas", según lamentó hoy el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre.
El ministerio presentó los actos de la edición de 2007, que irán dirigidos al colectivo de funcionarios, a los que se les cederán bicicletas diariamente para su desplazamiento al trabajo, con el objetivo de "concienciarlos" para que se decanten por una forma de desplazamiento al trabajo más ecológica. Alejandre señaló que él mismo "va todos los días en bici a trabajar", si bien admitió que "es consciente de que se juega la vida" al hacerlo, dado que, lamentó, "muchas ciudades, entre ellas Madrid, no tienen ningún plan de movilidad sostenible".
Así, recordó que Madrid es la única capital europea que carece de este tipo de planificación, y que no reconoce "el derecho de los ciudadanos a moverse con un medio limpio al trabajo", ya que, en la capital, se considera a la bicicleta "como una forma de ocio y no como alternativa". En cambio, puso como ejemplo el plan aprobado en Barcelona, "que ha tenido una gran repercusión", por lo que pidió a las distintas administraciones locales y autonómicas "que sigan haciendo sus deberes".
"El diagnóstico es claro: la movilidad sostenible debe ser una prioridad, porque en las ciudades hay un exceso de emisiones de gases contaminantes y de ruido, y además hemos caído en el sedentarismo", indicó Alejandre, que criticó que hoy "se lleve a los niños hasta la esquina en el 4x4, porque, si no, parece que no son felices".
HASTA 18 MILLONES DEJARON EL COCHE EN 2006.
El director general de Calidad y Evaluación Ambiental afirmó que, el año pasado, secundaron la semana de movilidad más de 15 millones de españoles, y que otros 18 millones dejaron de utilizar el automóvil en el Día sin Coches, cifras que espera mejorar este año.
Al respecto de la situación en España, celebró que se haya avanzado en muchos colectivos, para lo que reforzarán sus esfuerzos con los funcionarios, pero insistió en que las competencias para mejorar el tráfico en las ciudades y hacerlo más limpio son de las comunidades autónomas. "Son ellas quienes pueden poner peajes, o parquímetros, y deben involucrarse con la calidad de vida de los ciudadanos", dijo.
Sin embargo, el mensaje para esta edición hará hincapié en la decisión individual de cada ciudadano, según Alejandre: "La calle es para todos y el aire es el que todos respiramos, y ningún ser inteligente recorta la esperanza de vida que ha conseguido mejorar". Según recordó, la Organización Mundial de la Salud ha apuntado que en España se registran 16.000 muertes prematuras por la contaminación del aire.
Durante esta semana, también se celebrará la presentación de resultados del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, se presentarán los resultados de la campaña de 2006, y el medallista europeo de los 10.000 metros pronunciará la conferencia 'Deporte y trabajo son compatibles".
* Europa Press - MADRID, 17 Sep
Foto: diasincoche - europa.eu
Sevilla: "Un regalo que pagamos todos"
CARLOS MÁRMOL* : En el críptico código expresivo de los urbanistas suelen denominarse "espacios de oportunidad" a aquellos lugares de una urbe donde puede hacerse algo para mejorar la ciudad entera. Normalmente son agujeros negros, vacíos, áreas donde jamás se construyó o viejas instalaciones en franco declive, como aquel Astillero de la novela de Juan Carlos Onetti. Fábricas antiguas, instalaciones militares abandonadas. Ajados equipamientos del pasado remoto, que es curiosamente el más cercano. Tanto el estadio del Betis, como el del Sevilla FC, eran hace sólo siete años, cuando empezó a elaborarse el PGOU, dos de estos sitios en los que, si se hacían las cosas medianamente bien, existía la posibilidad de beneficiar a toda la ciudad.
A peor. Más de un lustro después se constanta que no ha sido así. No puede decirse además que sea una sorpresa. En Sevilla, a este respecto, nunca hemos hecho las cosas bien, con el agravante de que en el urbanismo, como a veces en la vida, llega un momento en el que resulta imposible rectificar. No resta espacio donde hacerlo o no queda tiempo. Lo peor de lo que ha ocurrido esta semana -la bendición final a la recalificación urbanística del Betis, a la que seguirá dentro de unos meses la del Sevilla FC- no es tanto la estética de las reformas que lideran los dirigentes de ambos equipos de fútbol, sino la aplicación sistemática por parte del Ayuntamiento -el poder que teóricamente nos protege a todos- del mismo viejo patrón de conducta que suele confundir la justicia con el populismo político y el servilismo con la generosidad.
El Betis y el Sevilla, ambos ya con un siglo de historia a sus espaldas como asociaciones deportivas, son hoy día todo lo contrario a esas organizaciones románticas y heroicas que algunos creen, suponen o sienten. Antaño, en otros tiempos, acaso ejercieran el papel de símbolos de las aspiraciones por mejorar mediante el esfuerzo y la tenacidad de la ciudad. Pero, dejando de lado tanto el azúcar como el tremendismo con el que se tratan los asuntos futbolísticos, parece claro que todo esto quedó enterrado el día en que se convirtieron en sociedades anónimas deportivas. Empresas con sus accionistas, sus dueños, sus consejos de administración y su política de inversiones, desinversiones y, como siempre, contención del gasto.
Para muchos sevillanos el Betis y el Sevilla son parte de su vida. En eso no hay nada de malo. Pero esta evidencia, usada generalmente como coartada recurrente para justificar cualquier barbaridad, no importa en demasía en el caso que nos ocupa, que es analizar la conducta municipal con respecto a sus demandas, donde la igualdad y objetividad de trato debería ser la norma. Los clubes hispalenses hace tiempo que buscan triunfar no sólo por la aclamación popular, sino para lograr lo que todas las empresas: ganar dinero. Los títulos deportivos, además de orgullo, dan beneficios en forma de derechos de televisión en un mundo en el que la publicidad es un negocio planetario donde cualquier soporte resulta bueno.
Siendo esto así, no deja de resultar irónico que el Consistorio en Pleno, coincidiendo con sus respectivos centenarios, festeje una vez más el capricho de entregarles en plusvalías urbanísticas 60 millones de euros a cada uno. Un regalo generado de forma artificial por el poder municipal sin más justificación que una decisión política unipersonal. Paradójicamente, este detalle perjudica a la propia urbe, que pierde para siempre la oportunidad histórica de reequipar con espacios libres y lugares de esparcimiento barrios como Nervión o Heliópolis, que quedarán saturados con inmensos complejos comerciales que nadie ha pedido y que, desde el punto de vista de muchísimos ciudadanos todavía silentes, casi nadie necesita.
Todos felices. Ningún partido político levanta la voz contra semejante dislate. Hay silencios muy elocuentes. PSOE e IU aprueban la operación. El PP calla. Pero la responsabilidad máxima, como resulta obvio, es de Monteseirín, que en lugar de usar el urbanismo como instrumento para mejorar Sevilla -una de las cosas de las que presume- lo pone al servicio de los dirigentes de dos entidades privadas con fines particulares. Quizás hubo un momento en que ambas entidades pudieron, emulando a Kennedy, decir aquello de que lo importante no era lo que la ciudad podía hacer por ellos, sino lo que ellos podían hacer por su ciudad. Es fácil: dejar sus estadios, obtener los beneficios lógicos y trasladarse al vacío coliseo de la Cartuja. Su herencia sería entonces más perdurable que la económica, al consistir en ese patrimonio sentimental que tanto explotan y del que ambos se nutren. No todo es el dinero en la vida. ¿O no? Nunca hubo voluntad. Tampoco desde el Consistorio se usó el lápiz urbanístico para forzar una salida. Se ha preferido hacer lo de siempre: regalar lo que no es de nadie -el patrimonio de todos- y poner una bondadosa sonrisa. Bonitas fotos. Todos felices.
-Muchas gracias por el detalle.
-No hay de qué. Vosotros sois una parte importante de la ciudad. Los demás, al parecer, no.
* Diario de Sevilla - La Noria, Carlos Mármol - 17 de Septiembre de 2007
Miles de personas se manifiestan contra la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos
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CANARIAS7* : Varios miles de personas participaron hoy en La Laguna en la manifestación convocada por los vecinos de Camino de la Villa y San Lázaro contra la futura ampliación del aeropuerto de Los Rodeos, sin que se produjeran incidentes. "Políticos mentirosos", "Tenerife despierta, el piche está en tu puerta" o "Este ayuntamiento vive del cemento" han sido algunas de los eslóganes más coreadas en una marcha que, inundada de banderas y pancartas verdes, se convirtió en un grito contra el desarrollo urbanístico y por la defensa de los sectores agrícola y ganadero del municipio.
Al acto acudieron, además de vecinos de la zona, representantes de asociaciones y sindicatos como Asamblea por Tenerife, Intersindical Canaria (IC), Alternativa Sí se puede y Alternativa Nacionalista Canaria.
Además, cuando la manifestación llegó a la altura del barrio de San Benito, ganaderos de la asociación AGATE se sumaron a la marcha con sus tractores y yuntas de vacas.
Fuentes policiales cifraron en dos mil el número asistentes, no obstante, en determinados momentos de la marcha, que partió al mediodía desde el Ayuntamiento hasta llegar al aeropuerto de Los Rodeos, se sobrepasaron ampliamente las tres mil personas.
Muchos de los asistentes llevaron pancartas en las que se leían mensajes como "En defensa de nuestra tierra, contra la especulación", "Sin tierra no hay papas" o "El barrio no se vende". Tampoco faltaron pegatinas que rezaban el lema "No a la ampliación de los Rodeos. En defensa del suelo rústico".
La marcha finalizó con la lectura de un manifiesto por parte de los representantes vecinales de San Lázaro y Camino de la Villa, donde dejaron patente su total rechazo a la utilización de suelo rústico para la ampliación del aeropuerto y su indignación con los dirigentes políticos de Tenerife, "y de La Laguna en particular", a quienes acusaron de engañar y manipular a los vecinos.
El presidente de la Asociación de Vecinos de Camino de la Villa, Pedro Delgado, afirmó que tanto el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, la alcaldesa Ana Oramas como el concejal de Urbanismo de La Laguna, Fernando Clavijo, "han tomado el pelo a los vecinos" ya que, según indicó, "enviaron una carta donde comentaron por escrito que no habría ningún tipo de expropiación" por la consecución de la obra.
Además, recordó que la obra de ampliación de Los Rodeos, afecta al único acuífero que queda en el municipio; "un asunto sobre el cual "Clavijo no dice la verdad. Sólo nos presenta un folio de tres párrafos sin escudo y sin autoridad administrativa explicando el asunto", agregó Delgado.
Por último, aseguró que "la lucha no se termina aquí", y anunció futuras protestas y recogidas de firmas que no cesarán "hasta que se demuestre técnicamente que la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos es necesaria y no puede hacerse en el espacio que ya disponen".
Antes de despedir a los manifestantes, a los que agradeció su participación y sus buenas formas durante la marcha, recordó que las amenaza de la pérdida de suelo agrícola en la zona de Camino de la Villa y San Lázaro no corresponde únicamente a la ampliación del aeropuerto, sino también a la futura construcción de la Vía Exterior y la Vía de Cornisa.
Antes de iniciar la marcha, el presidente de la Asociación de vecinos de San Lázaro, Andrés Pérez, reiteró que aún no se ha hecho un estudio previo que demuestre técnicamente la necesidad de que se amplíe la plataforma este del aeropuerto de Los Rodeos.
Respecto al acuífero presuntamente afectado por la ampliación, indicó que se trata de "la mayor reserva de agua que queda en La Laguna y la única, puesto que el concejal de Aguas ha comentado que los acuíferos del municipio están prácticamente secos".
La manifestación, aseguraron sus promotores, se llevó a cabo en defensa de los más de veinte mil metros cuadrados de terreno rústico, agrícola y ganadero, en peligro por la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos por parte de Aena.
* Canarias 7 - EFE. La Laguna (Tenerife) - 15/09/2007
Foto: La Laguna (Tenerife), manifestación 15Sept - ecologistasenaccion.org
