Fiscalías advierten del contagio del 'efecto Marbella' al urbanismo de numerosas localidades costeras

COLPISA* : Los delitos contra el medio natural y el territorio han empezado a adquirir naturaleza jurídica propia por primera vez en España. Existían antes y se penaban mal que bien, pero es ahora cuando bulle la persecución oficial contra los nuevos delitos ‘estrella’, ambientales y urbanísticos. El incremento de la presión se explica, en buena medida, por la creación en 2006 de la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo, y se traduce en un mayor número de causas abiertas en todo el país. En total, el año pasado se tramitaron 2.252 diligencias en materia de medio ambiente, incendios incluidos, y 1.594 en ordenación del territorio y urbanismo.

En este capítulo, las fiscalías del Sur de España advierten del contagio del ‘efecto Marbella’ a numerosas localidades de la costa y del interior andaluz.

La memoria de 2006 de la Fiscalía General del Estado, difundida este lunes, certifica el auge de este tipo de delitos ‘territoriales’, y también de la lucha penal contra ellos. Dado que la Fiscalía especial de Medio Ambiente echó a rodar en abril de 2006 tras el nombramiento de su titular, Antonio Vercher, no existen datos de años anteriores con los que poder comparar. Con todo, es evidente el incremento de los asuntos relacionados con el medio ambiente y ordenación territorial, y son excepcionales las fiscalías provinciales donde han disminuido en relación con años anteriores. También es notorio el alto número de sentencias, en especial en Cádiz, donde los tribunales dictaron 53 en temas penales medioambientales, 43 en Barcelona, 32 en Jaén y 12 en Córdoba, entre otras.

Corrupción y blanqueo

El compendio de la Fiscalía toca entre otros puntos los incendios forestales, el maltrato a animales – propone un endurecimiento de las penas e inhabilitaciones en la próxima reforma del Código Penal-, captaciones irregulares de agua, caza ilegal o tráfico de especies protegidas, pero carga las tintas en materia urbanística. Aunque el ‘boom’ del ladrillo ha propiciado un aumento general de las irregularidades y los delitos, el panorama cambia mucho según las regiones.

La nota alarmante la pone la Fiscalía de Málaga. “El ‘modus operandi’ delictivo de Marbella”, el modelo de corrupción urbanística y connivencia política acuñado en la ciudad malagueña “ha acabado extendiéndose a otras localidades costeras de la provincia”, en especial las más turísticas, asegura. La Fiscalía de Cádiz coincide y añade la memoria fiscal que en 2006 se ha detectado “la ejecución de construcciones ilegales como medio para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con base en la impunidad que habitualmente se asocia a estas conductas”.

Los fiscales provinciales encargados de medio ambiente y urbanismo también señalan con el dedo acusador a las administraciones. La Fiscalía malagueña denuncia falta de rigor y diligencia inspectora de algunos ayuntamientos en el control de edificaciones ilegales, algunas en pleno monte y en zonas de protección natural. La de Cádiz critica sin ambages la ineficacia de la Junta en materia de control urbanístico y la impunidad derivada. La Fiscalía de Barcelona afirma que, salvo excepciones, la consejería catalana de Medio Ambiente no denuncia los hechos delictivos de que tiene constancia. Sevilla, San Sebastián, León y Madrid, entre otras, cargan contra la falta de colaboración de las corporaciones locales respectivas en materia de suelo, contaminación acústica y otras, y la de Teruel habla incluso de “fuertes indicios de connivencia o al menos pasividad en cargos municipales en cuestiones de medio ambiente en trámite en la capital”.
El fiscal de Pontevedra apunta, por otra parte, un fenómeno pujante en fechas preelectorales como las actuales, que es la litigiosidad urbanística. “La materia urbanística es de las más utilizadas a efectos políticos”, advierte.

Incendios

Los incendios forestales son otra de las grandes preocupaciones ambientales de la Fiscalía. En 2006 se multiplicaron las actuaciones, oficios y comunicaciones con las administraciones para extremar las labores preventivas en vertederos, control de barbacoas y líneas de alta tensión, y mayor rigor en la quema de rastrojos y para obtención de pastos, que son causas destacadas de fuegos en todo el territorio.
El informe del fiscal Vercher reclama más medios materiales y técnicos y subraya la “falta de una adecuada coordinación” entre los diversos cuerpos policiales -Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Vigilancia Aduanera, policías autonómicas, guarderías forestales, etc- que actúan ante infracciones medioambientales. Un problema, dice, que reclama “urgente solución”.
Los incendios del verano 2006 en Galicia, la talas en zona protegida en las Navas del Marqués (Ávila), las múltiples denuncias por contaminación acústica en Madrid, el escándalo urbanístico de Andratx (Mallorca) y la paralización de la subasta en Londres de vigas califales de la Mezquita de Córdoba fueron, entre otros, algunos de los asuntos de especial relevancia social en la actuación de las fiscalías encargadas de medio ambiente, urbanismo y patrimonio.





* Colpisa - 17/09/07
Foto: Níjar (Almería), construcción ilegal paralizada en el Parque Natural Cabo de Gata - diariodeleon.es