Francisco de la Torre* / Alfredo Olmedo* : "Las conductas actualmente calificadas de corrupción urbanística son hijas legítimas de un actuar administrativo perverso, contaminado por luchas partidistas y por un clientelismo servil hacia los centros de decisión, que confunde el ejercicio de los derechos con el otorgamiento de prebendas y bulas, consumando así, en un mismo acto, la permuta del reinado del principio de legalidad, por el imperio del principio de oportunidad. No hace tanto, la conducta consistente en apropiarse de lo ajeno era denominada, genéricamente, como robo, hurto, atraco o apropiación indebida (todos ellos con sus distintas variedades), según las características del hecho concreto y de las circunstancias que lo acompañaran. Y se tenía a bien aplicar estos conceptos, por igual, a cualquiera que practicase tan antiguo arte, con independencia de su adscripción social o política, o del carácter público o privado del ámbito en que el hecho acaeciera.
Hoy, por el contrario, asistimos a una mutación semántica, no ajena a la labor de la prensa, según la cual la acción consistente en la apropiación indebida de una cantidad de dinero, a cambio de firmar o no firmar éste o aquél documento relativo a la actividad urbanística municipal, viene a denominarse corrupción urbanística, y no, como debiera, robo, hurto, atraco, soborno, etc.
La distinción conceptual no es baladí. Tanto los medios serios como los circos mediáticos que se generan alrededor de estos ladrones, se refieren a ellos como protagonistas de la corrupción urbanística, en un inconsciente ejercicio que desvía el disparo de la diana.
Se caracteriza el urbanismo por ser una actividad compleja en la que necesariamente han de actuar de manera coordinada distintas Administraciones Públicas. La actuación unilateral de cualquiera de ellas no podrá conseguir la transformación jurídica y material del suelo perseguida por dicha actividad. El planeamiento no puede ser aprobado sin la participación de la Administración Autonómica y Local, y en caso de imposibilidad de acuerdo o consenso, serán los tribunales los que de acuerdo con la legislación vigente decidan en última instancia. De la misma forma no puede otorgarse licencia urbanística sin planeamiento previo, so pena de la aplicación de los mecanismos de control e instrumentos de tutela con que las normas urbanísticas dotan a municipios y Comunidades Autónomas desde hace décadas, y que éstas pueden hacer valer en vía administrativa y en el orden jurisdiccional (sirva como ejemplo la actuación de la Gestora y de la Junta de Andalucía durante los últimos meses de Marbella).
La complejidad del sistema impide que una conducta concreta del individuo o individuos que ocupan un determinado cargo público en una determinada institución pueda producir, por sí sólo, un despropósito urbanístico de tal magnitud como el que vive la Costa del Sol malagueña.
La corrupción urbanística precisa de un actuar conjunto y sistematizado de aquellos operadores urbanísticos con poder suficiente para adoptar decisiones relativas a la transformación jurídica y material del suelo, hasta convertirlo en solar con una adscripción de edificabilidad determinada y con unas plusvalías económicas concretas. O bien, para dotarlo de aquellos sistemas de protección que impidan la degradación de una serie de valores que por su importancia ambiental, histórica o cultural merecen ser conservados para beneficio social.
Los operadores urbanísticos intervinientes en la tramitación de cualquier instrumento de planeamiento o desarrollo del planeamiento son multidisciplinares, y se ubican en una pluralidad de Administraciones, Organismos y Entes Públicos, que suponen otros tantos controles del instrumento urbanístico en cuestión. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras y Transportes, de Medio Ambiente, de Cultura, de Agricultura, Organismos de Cuenca, Carreteras y un largo etcétera, amén de la propia Administración Local, intervienen de una u otra forma en la aprobación, gestión y ejecución de cualquier instrumento urbanístico.
Por si lo anterior no bastara, también existe la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, donde tienen cabida representantes de la Administración Central, Autonómica y Local y que conoce de cualquier actuación de cierta relevancia que afecte a cualquier municipio de la provincia.
Púes bien, dicho lo anterior, tenemos que afirmar que la efectiva constatación de una actividad urbanística corrupta precisa, para ser tal, que el actuar de estos operadores se dirija, no a la consecución del bien público y el interés social, sino a finalidades distintas, que pueden incluir desde favoritismos políticos al pago de servicios prestado, y a una suerte de clientelismo que preside todo el sistema.
Es decir, los operadores urbanísticos utilizarían los instrumentos jurídicos de que se encuentra dotada la actividad urbanística, Planes, Convenios, Licencias, Autorizaciones etc.., no conforme a lo establecido por las propias normas que los prevén y regulan, sino en pos de intereses distintos a los perseguidos por la norma, y por tanto sin sujeción al principio de legalidad. La corrupción urbanística supone siempre una previa perversión teleológica de la norma aplicada.
Así, podemos entender como corrupción urbanística, la sistemática aplicación torticera, por parte de los operadores urbanísticos competentes, de la más estricta legalidad a unos determinados y muy concretos ayuntamientos, de signo político distinto a la de aquel partido que los sustenta, mientras que a la inmensa mayoría se les aplica la legislación urbanística conforme a los principios de equidad y mesura, cuando no, con manifiesta flexibilidad y generosidad y, en no pocos casos, con notoria dejación de funciones en lo que concierne a la disciplina urbanística.
También habrá que calificar de corrupción urbanística la persecución tenaz y pública de actuaciones urbanísticas en unos concretos espacios, mientras que las mismas actuaciones son consentidas en el resto del territorio, o en territorios muy concretos.
Sería corrupción urbanística la aprobación de modificaciones de planeamiento de idéntico contenido según el municipio en que tales modificaciones se hubieran propuesto, o según el promotor que la presentara.
Supone corrupción urbanística el que el tiempo de tramitación de un determinado expediente pueda depender del equipo técnico que lo firma, del despacho que lo gestiona, del promotor que lo presenta, o del municipio donde se ubica.
Podríamos llamar corrupción urbanística el hecho de que la Administración tutelarte de la actividad urbanística municipal, impugnara todos los actos adoptados por determinados municipios en determinadas materias, y que, sin embargo, no impugnara ninguno de los adoptados en las mismas materias, con idénticas características, contenido y forma, en otros municipios, y cuya única diferencia fuera el color político de los municipios afectados.
Estaríamos ante un sistema de corrupción urbanística si el acceso de los operadores privados a las instancias decisorias de la Administración dependiera de una red de clientelismo donde se mezclaran los intereses públicos con los partidistas, y éstos, con los intereses privados.
Llegados a este punto, si efectivamente, existen comportamientos de los operadores y Administraciones ajenos a los previstos en la norma; si efectivamente, existe perversión telemática de la actividad urbanística por parte de los órganos encargados de su tutela; si los mecanismos reales de tramitación y aprobación de los instrumentos urbanísticos se apartan de los procedimientos y tiempos establecidos en las leyes; si la rapidez, celeridad y eficacia de la resolución de los procesos urbanísticos dependen, no de la calidad técnica de los trabajos presentados, ni la adecuación jurídica de sus contenidos a las normas reguladoras de la actuación concreta de que se trate, sino que dependa de cualquiera otra circunstancia, entonces sí, entonces estaremos claramente ante un sistema corrupto que contamina toda la actividad urbanística, ajeno a cualquier marco normativo, y fundamentado en prácticas perversas que imponen las reglas al margen del cauce legal previsto, dejando en situación real de fuera de juego a todos aquellos operadores que quieran acercarse o intervenir en la actividad urbanística desde la legalidad vigente.
Y es precisamente aquí donde aparecerán de manera inevitable los salteadores, los saqueadores que acompañan cualquier tipo de catástrofe, ya sea natural (Terremotos, incendios, apagones, huracanes) ya sea social, política o financiera (Caos financieros, guerras, revoluciones, grandes crisis sociales etc.). Aparecerán los Julián Muñoz, Roca, Marisol Yague, Isabel Pantoja y un largo etcétera, que lejos de encarnar la corrupción urbanística, o ser sus verdaderos protagonistas, constituyen un producto marginal y folclórico del mismo, pero también inevitable.
Si de verdad queremos depurar el sistema, regenerar su funcionamiento, habrá que empezar a buscar a los verdaderos protagonistas de la corrupción, que no se encuentran en los programas del corazón. Habrá que investigar en serio el funcionamiento de los centros de poder que han controlado las decisiones urbanísticas de calado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en especial, en la Provincia de Málaga durante los últimos 25 años.
Y es que si hablamos de corrupción urbanística en Marbella y en numerosos puntos de la costa andaluza habrá que comenzar a pensar por qué en ninguno de los casos destapados se ha citado a declarar a los operadores urbanísticos públicos con mayor responsabilidad en el ámbito provincial y autonómico. Limitar la investigación al ámbito municipal y a los operadores privados, así como utilizar el castigo público de los salteadores como única medida preventiva ante males futuros sólo conseguirá saciar la sed de sangre televisiva de los espectadores rosas, espantar la inversión interna y externa que se refugia despavorida y rápida en otros territorios merced a la deslocalización, y perpetuar un sistema tan corrupto como eficiente, que más pronto que tarde proporcionará nuevas carnicerías en el circo rosa de la televisión.
* Francisco de Paula de la Torre García. Abogado y Secretario-Interventor
* Alfredo Olmedo Peñaranda. Abogado y Secretario-Interventor.
* Blog esPublico - 11.05.2007
De los robos y la corrupciones urbanísticas
Greenpeace reclama proteger el 40% del Mediterráneo de la contaminación y el urbanismo
EFE* : "La asociación ecologista Greenpeace denunció hoy que la construcción masiva, con casi 1.600.000 nuevas viviendas proyectadas, la contaminación y el cambio climático amenazan el Mediterráneo español, y reclamó la protección del 40 por ciento de este mar, frente al uno por ciento protegido actualmente, según fuentes del colectivo. El buque insignia de Greenpeace 'Rainbow Warrior II' arribó ayer al puerto valenciano de Sagunto y navegará durante las próximas dos semanas por el Mediterráneo español, donde hará escala en puntos como Valencia, Barcelona y Palamós para exigir la protección de este mar dentro de la campaña 'Recuperemos el Mediterráneo'.
Los objetivos de esa campaña son dar a conocer las amenazas que ponen en peligro estos ecosistemas, crear una Red Global de Reservas Marinas -equivalente a los Parques Nacionales- que abarque el 40 por ciento del Mediterráneo, y conseguir que la Estrategia Marina Europea, que actualmente se discute en el Parlamento Europeo, proporcione herramientas para la protección efectiva de este mar.
En este sentido, Greenpeace denunció que el 'crecimiento vertiginoso del turismo' en los últimos 50 años y el 'desarrollo urbano incontenible' han hecho que el 34 por ciento del primer kilómetro de las costas españoles esté ya urbanizado.
Sin embargo, hay recalificado el triple de lo que hay construido y sólo el año pasado se proyectaron más de 1.500.000 nuevas viviendas, 275 campos de golf y 36 nuevos puertos deportivos, aseguran.
Además, al tratarse de un mar semi-cerrado, el Mediterráneo es muy sensible a la contaminación y se necesitan casi cien años para que sus aguas se renueven totalmente.
Muchas poblaciones de peces han sido sobreexplotadas y algunas de ellas están al borde del colapso, especialmente los grandes depredadores como el pez espada y el atún rojo, cuya población adulta ha disminuido un 80 por ciento en los últimos 20 años.
Greenpeace también advierte de que la región mediterránea será una de las más afectadas por los impactos del cambio climático, que supondrá un incremento de la temperatura del agua, cambios en la biodiversidad, un aumento de la erosión costera y la salinidad del agua, así como en las corrientes.
En este sentido, en nuestro país se prevé para el año 2050 una subida del nivel del mar de 20 centímetros, y cada centímetro equivale a un retroceso medio de un metro de costa.
El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, insistió en que 'no podemos seguir maltratando el Mediterráneo a base de la destrucción de sus ecosistemas, la sobrepesca de sus especies y de la sistemática ocupación del litoral por el hormigón y el cemento', y aseguró que 'es hora de que los responsables políticos pongan en marcha políticas para su protección.
* Terra Actualidad - 09-07-2007
Foto: El barco de Greenpeace, Rainbow Warrior, atracado en el puerto de Sagunto (Valencia).
Noticia relacionada: El Rainbow Warrior llega a Valencia para exigir medidas urgentes para un Mediterráneo amenazado de muerte
El muro urbanístico invade más de la mitad del litoral con seis millones de segundas residencias
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M.Buitrago.- LaVerdad* : "Suba a un avión por la noche y tome rumbo Barcelona-Murcia. Siéntese en la parte derecha de la cabina y contemple la sucesión de luces que jalonan las poblaciones del litoral mediterráneo. Es una forma bastante aproximada de comprobar el avance de la barrera urbanística de la costa. El informe sobre El Mediterráneo en el Horizonte 2020 expuso en Barcelona la necesidad de reducir la contaminación en la cuenca y hacer frente a las consecuencias de una superpoblación. Ya en el Plan Bleu de 2001 se alertaba de esta situación. En lo que respecta al Mediterráneo español indicaba que las áreas construidas y que actúan de barrera entre la tierra y el mar sellan más del 50% de la línea de costa. Es el llamado Muro Med, levantado por una argamasa de más de seis millones de segundas residencias ocupadas estacionalmente. El fenómeno va en aumento.
La franja mediterránea acoge a más del 40% de la población española. Y el 85% reside en ciudades de más de 10.000 habitantes
Muchos expertos consideran que las urbanizaciones en esta franja afecta a valiosos biotopos costeros, integrados por dunas, bosques litorales, zonas húmedas y playas. Algunas administraciones, entre ellas el Gobierno murciano, han decidido impedir la construcción de viviendas a menos de 500 metros de la línea de playa.
Los puntos calientes identificados en el 2001 se encuentran en las proximidades de Cartagena, Algeciras, Valencia y Tarragona, donde se hallan los principales puertos industriales. Existen otras zonas de preocupación medioambiental localizadas en Cádiz, Málaga, Almería, el Mar Menor, Alicante, Benidorm, el Delta del Ebro, Barcelona, Girona y Palma de Mallorca.
El comportamiento del Mediterráneo tampoco es uniforme. Sus aguas son más oxigenadas entre el Estrecho de Gibraltar y el Cabo de Gata, así como en la franja sur en la costa africana, debido al empuje de las aguas atlánticas.
* La Verdad - Murcia - 8 de julio de 2007
Foto: LA MANGA. Esta singular franja costera ha experimentado un notable incremento urbanístico en los últimos años. J. M. RODRÍGUEZ /AGM /La Verdad
Más de mil personas se manifiestan en Águilas contra la destrucción del litoral
VegamediaPress/Murcia* : "Más de mil personas participaron de la marcha anual contra la destrucción del litoral en Águilas, organizada por la plataforma LA REGIÓN DE MURCIA NO SE VENDE. Un éxito de la manifestación, a pesar de la discutida hora, 6 de la tarde, sábado y en pleno verano. La marcha partió desde la playa del Hornillo, uno de los espacios en donde se puede observar edificaciones en las laderas que hay junto al mar, muy lejos de los 500 metros de distancia que asegura el gobierno regional se cumplen para poder construir. Ancianos, jóvenes y niños, algunos de ellos extranjeros, formaron parte de una protesta que fue aplaudida por vecinos y por algunos bañistas, y que transcurrió durante casi dos horas y media, hasta llegar a la plaza del viejo ayuntamiento, donde se leyó el manifiesto.
También estuvo en El Hornillo el periodista Miguel Ors, famoso por sus crónicas deportivas en el franquismo y la transición en diarios como el ABC y EL ALCÁZAR. Por lo demás, la sociedad civil.
Dos ancianos, un hombre y una mujer, aguantaron estoicamente el acto portando sendas banderas republicanas. La organización no consiguió hacerles desistir de que no era muy conveniente esa actitud y la pareja marchó muy dignamente durante tres horas, reivindicando su república. "Alcalde al banquillo, con la mafia del ladrillo", "Murcia no se vende, gobierne quien gobierne", "Corruptos a la cárcel", "Alcalde, borrego, irás al talego", "No a Marina Cope", fueron algunos de los lemas que se corearon durante la jornada de protesta.
Héctor Quijada, de Ecologistas en Acción, manifestó a VMPress que "Águilas lamentablemente es uno de los ejemplos más negativos de la destrucción de los espacios naturales en la Región. Y se han cargado en Marina de Cope de un plumazo cerca de dos mil hectáreas, en un proyecto urbanístico con miles de viviendas, hoteles, campos de golf, puertos deportivos. Es un espacio natural que se podría haber aprovechado inteligentemente para el turismo, pero que se ha aprovechado para enriquecer a algunos rápidamente. Hay un recurso en el Tribunal Constitucional y esperamos que llegue a tiempo"·.
"El gobierno regional dijo que iba a urbanizar Marina Cope aunque hubiese un dictamen judicial contrario, y eso demuestra que es un gobierno insumiso a las leyes", explicó el ecologista.
Quijada añadió que el movimiento de Murcia No Se Vende sigue adelante "con entusiasmo e interés. Esperamos que la justicia cumpla con algunos que se saltan las leyes. Pero nuestro trabajo, empezamos hace dos años, es un trabajo de concienciación, a medio plazo. Y tenemos que mantenernos ahí, gane quien gane. Por eso nuestro lema de gobierne quien gobierne. Es un trabajo constante, y lo que estamos haciendo es trabajar por el futuro de nuestros hijos. Estaríamos aquí si hubiese en Murcia un gobierno de otro signo. Y tenemos esperanzas de conseguir logros, que no son para nosotros sino para toda la sociedad murciana".
Comentario[s]
Gracias
Escrito por Invitado el 2007-07-08 Por vuestra movilización y compromiso con Murcia. Plataformas como LA REGION DE MURCIA NO SE VENDE o el FORO CIUDADANO son indispensables como contrapeso a los excesos y cacicadas de Valcárcel y sus amiguetes . Con la izquierda regional descabezada y dispersa, plataformas como éstas han de servir de caldo de cultivo del cambio que necesitamos. Saludos y mucho ánimo.
* Vegamedia Press - 08/07/2007
Foto: Murcia no se Vende, manifa Águilas 7julio07 - vegamediapress
VdeVivienda considera que lo necesario es un cambio en la política pública de vivienda, no un relevo de nombres
Desde la asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna (VdeVivienda*) no queríamos quedarnos en silencio ante el cambio de ministra de vivienda:
El problema no era, ni es, de una persona. Lo que hace falta es un cambio en las políticas públicas de vivienda y no un cambio en la titularidad del ministerio. Es necesario que se empiece a considerar la vivienda como derecho y que, por encima de un relevo de nombres, se empiecen a generar políticas públicas encaminadas a garantizar ese derecho de todos y todas. Para esta asamblea el cambio pasa por:
- Intervenir en el problema de los más de 3 millones de casas vacías
- Constituir un parque público de alquiler social fuera del mercado
- Acabar con el ritmo de construcción salvaje que sigue destruyendo el territorio y no beneficia en nada al derecho a la vivienda
- La retirada de cargos contra los detenidos tras las movilizaciones por una vivienda digna.
Este ministerio de la vivienda que durante los ultimos años ha encabazado la Sra. Trujillo no se puede calificar de otra cosa que decepcionante. Hizo, en su momento, de repartir zapatillas su politica estrella, ha acabado con una "ley del suelo" claramente insuficiente y, sobre todo, no ha reaccionado en ningun sentido ante las constantes movilizaciones en la calle que reclaman el reconocimiento y la garantización del derecho a la vivienda. Incluso hace caso omiso de las recomendaciones que hace unos días hizo al respecto el relator de la ONU, Milon Kothari, para que no dejeran el acceso a un derecho como la vivienda en manos del mercado inmobiliario.
Y a la nueva ministra, Carme Chacon, solo decir que el proximo 6 de Octubre tendrá que pasar uno de sus primeros examenes porque vuelven las movilizaciones por la vivienda digna. Dijimos que no ibamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho de todos y no lo haremos independientemente de quien este al frente del ministerio de la vivienda. Quisieramos creer que con esta nueva ministra desde la administración se empezara a reaccionar aplicando una politica social encaminada a garantizar este derecho pero no lo creemos. El tiempo dira pero seguimos apostando por la movilización desde la calle, de toda la ciudadania, para conseguir que la vivienda sea un derecho y no un negocio.
* ANIA - VdeVivienda - 06/07/2007
Construcciones fuera de orden
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B.Cia.- EL PAÍS/Barcelona* : "¿Cómo y por qué se sigue construyendo un edificio como la Sagrada Familia sin licencia ni control municipal? ¿Cuándo se ha derribado en Barcelona algún edificio con más pisos o volumetría de la autorizada? A la primera pregunta nadie responde. A la segunda, sí: las cuatro plantas del llamado edificio novísimo del Ayuntamiento hace siete años. La torre se alzó en medio de Ciutat Vella con sus 12 plantas a finales de la década de los sesenta para agrupar dependencias municipales. Ya avanzada la democracia, el Consistorio decidió decapitarla y derribó los últimos cuatro pisos para que no fuera tan disonante con el conjunto de la Barcelona antigua. Más allá de este caso, responsables del urbanismo municipal no recuerdan derribos de otros edificios singulares de la ciudad.
No es frecuente que los tribunales contenciosos declaren irregulares edificios enteros o parte de ellos. Cuando esas sentencias ordenan derribos raramente se ejecutan. De hecho, casi nadie pide la ejecución de esos fallos porque lo que se persigue, de verdad, es una indemnización.
Los derribos sólo se realizan cuando hay peligro o cuando suponen una agresión al medio ambiente. Y tampoco siempre. Algo parecido ocurre cuando se inicia una construcción sin licencia. Los técnicos municipales la pueden parar hasta que se subsanen los problemas y se ajuste a la normativa. No obstante, siempre hay excepciones, como la Sagrada Familia, que avanza con silencio administrativo.
Tampoco hubo derribos tras la época del desarrollismo. Por ejemplo, en la década de los setenta, cuando una ordenanza de la última etapa del alcalde José María de Porcioles posibilitó edificar torres de altura para destinarlas a hoteles y luego fue declarada ilegal. Éstos son algunos ejemplos de la regularización de edificios singulares declarados judicialmente ilegales o de modificaciones urbanísticas para hacer posibles excepciones.
- Hotel Melià-Sarrià. Nada menos que 60 millones de las antiguas pesetas fue la indemnización que se pagó al Ayuntamiento de Barcelona a cambio de perdonar el derribo de 4.428 metros cuadrados que excedieron en su construcción. El hotel se alzó a principios de los setenta y fue construido por la entonces Empresa Nacional de Turismo (Entursa), dependiente del Instituto Nacional de Industria (INI). Fue llevado a los tribunales y en 1973 la Audiencia de Barcelona ordenó el derribo de la seis últimas plantas. La sentencia fue ratificada dos años después por el Tribunal Supremo. Este derribo nunca se ejecutó por los altos costes que una operación de ese tipo representaba, según la justificación municipal.
- Hotel Hilton de la Diagonal. Hoy Hospital de Barcelona. Fue un caso similar al del Gran Sarrià, pero con final diferente. También se construyó con la ordenanza impugnada de José María de Porcioles. El alcalde franquista, que acariciaba la idea de que Barcelona optara a organizar otra Exposición Universal, decidió conceder más edificabilidad para construir hoteles de lujo. En el caso del Hilton, lo finalmente construido excedía la norma en un 40% y los tribunales ordenaron el derribo de lo sobrante. No se hizo y, tras años de litigios y de parón, también se optó por una indemnización millonaria a la ciudad. En ese caso, además, en 1980 se aprovechó el interés de una entidad hospitalaria para modificar la calificación urbanística de uso hotelero a equipamiento. Así se justificaba su volumetría y altura, y no era necesario derruir.
- Caja escénica del Liceo. No es ilegal, pero resulta excesiva cuando se ve la perspectiva de esa parte de Ciutat Vella desde cierta altura. La caja de color entre marrón oscuro y negro se ve con claridad desde buena parte del Poblesec y desde Montjuïc. (La foto que ilustra esta página está tomada desde una de las plantas superiores del edificio del Ayuntamiento en la plaza de Sant Miquel). Sus aproximadamente 10 metros por encima del alineamiento general no se aprecian desde la propia Rambla y apenas desde las calles de Marquès de Barberà y menos todavía desde la calle de Sant Pau porque se construyó de forma retranqueada en el solar que se liberó en el interior de la manzana que ocupa el teatro del Liceo y que también fue ampliada.
Cuando las administraciones decidieron reconstruir el teatro después del incendio, en el mismo lugar y atendiendo a las necesidades de espacio y operativas, se expropiaron 16 viviendas y 33 comercios. Para realizar el proyecto se aprobó un plan especial en el que, entre otras cosas, se modificó la calificación urbanística de los solares y todo pasó a ser equipamiento. Aquel plan especial justificó la altura de la caja escénica -que guarda cierta semejanza con el cajón de la central nuclear de Vandellòs- porque sin ese espacio y esa altura no podía funcionar, señalan fuentes de Urbanismo.
- Hotel Miramar. Es un caso que todavía está en los tribunales, que tienen que decir la última palabra sobre el sistema de adjudicación y concesión municipal del establecimiento hotelero que empezó a funcionar esta pasada primavera. Con todo, la razón de fondo de las acciones judiciales emprendidas por CiU abundan en el impacto paisajístico que representa para la montaña de Montjuïc la edificación añadida a la antigua fachada del edificio que ocuparon los estudios de TVE y que fue construido con motivo de la Exposición Universal de 1929.
* ELPAIS.com - Barcelona - 08/07/2007
Foto: Barcelona desde avión /Sergi Larripa /wikimedia.org
Los Verdes pide que se inicie "la Operación Malaya de los jueces"
Servimedia* : "El diputado y portavoz confederal de Los Verdes, Francisco Garrido, pidió hoy que se inicie "la Operación Malaya de los jueces" ya que cree que el caso del juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, que ha sido suspendido por un presunto delito de cohecho y prevaricación, es tan sólo "un caso más". Garrido señaló que, en abril de 2006, él mismo pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigase a los jueces de Marbella y de la Audiencia de Malaga, pero dos meses después el CGPJ contestó negativamente a su petición. "La actitud del consejo fue bastante negativa", explicó el diputado de Los Verdes, quien cree que los miembros del CGPJ "ignoraron el problema" argumentando que no podían iniciar una investigación de carácter "general".
El diputado asegura que, entre 1991 y 2005, las denuncias ante los juzgados de Marbella por casos de corrupción "superaron el centenar" aunque todas ellas "fueron o archivadas o ni siquiera admitidas a trámite o perdidas en el procedimiento".
Garrido dijo estar convencido de que "sin la connivencia y pasividad del poder judicial" hubiese sido imposible que la trama de corrupción en Marbella alcanzase las dimensiones que alcanzó y se prolongase tanto en el tiempo.
El diputado señala que "vista la tasa de delitos y de procesos" que se cometieron en Marbella entre 1991 y 2005, parece imposible que "no hubiese ninguna investigación" al respecto y añadió que "la actitud del mismo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" fue la de "no querer ver lo que sucedía en el entorno de Malaga y Marbella".
Por último, ha pedido que se abra una investigación "a las cajas de ahorros y a los bancos", concretamente "a UniCaja y CajaSur" porque considera que ambas "han estado muy implicadas en todas las operaciones inmobiliarias" en las que han estado involucrados "los grandes capos de la operación Malaya".
* Discapnet - MADRID, 05-JUL-2007
Foto: placa CGPJ /EP
Noticia relacionada: "Los Verdes pide investigar a los jueces en la trama de corrupción y se termine su impunidad"
El presidente del TSJC apuesta por la "moralidad colectiva" para solucionar la corrupción urbanística
CantabriaConfidencial* : "El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, afirmó hoy que los ciudadanos "deben ser conscientes de que sólo los cambios legislativos no resuelven los problemas sociales" y consideró que el problema de la corrupción y de la especulación urbanística "parte de la voluntad de los que participan en el proceso urbanístico". En su opinión, "acabar con el incumplimiento de la Ley depende de la moral colectiva y de la voluntad", por lo que la solución "tiene que pasar por un principio de moralidad social y en la vida pública". Tolosa, que clausuró hoy el curso de la Universidad de Cantabria (UC) que se ha desarrollado en su sede de Reocín, ha aplaudido el hecho de que la nueva normativa incorpore "una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local", un resorte útil para que "los responsables políticos no puedan incurrir en este tipo de conductas".
César Tolosa, quien ha basado su intervención en el curso en la nueva Ley del Suelo española y su influencia en la Ley cántabra, señaló que "la capacidad normativa del Estado para regular la actividad urbanística es muy limitada" desde que, en el año 1997, se declaró inconstitucional gran parte del texto de 1992.
"El peso más importante de la regulación de la actividad urbanística recae en este momento en las comunidades autónomas", ha subrayado Tolosa, que ha añadido que "el papel del Estado es menos importante de lo que se puede creer".
Para el presidente del TSJC, la nueva Ley del Suelo, en cuanto a su influencia en la legislación urbanística de Cantabria, "no es, a mi juicio, especialmente importante", aunque ha reconocido que "es verdad que se han introducido mecanismos novedosos que pueden ser útiles para acabar con la especulación", así como para "hacer realidad el principio de acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos".
En su opinión, una de las consecuencias de esta nueva norma que se dejará sentir con especial incidencia es la de "limitar el uso indiscriminado, en muchos casos, de las modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico, cambiando la clasificación de los suelos arbitrariamente y provocando incrementos poblacionales de muy difícil absorción por el conjunto de los servicios".
Asimismo, la nueva clasificación del suelo que se contempla en el artículo 12 de la Ley y "el hecho de establecer mecanismos de reserva de suelo para la construcción de vivienda protegida" son otras de las novedades destacadas.
Por último, César Tolosa restó importancia a la medida impuesta en Madrid, siguiendo la estela de Cataluña y Córdoba, a través de la que se prevé la creación de un Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se aplicará a los solares que tengan todos los permisos para edificar, pero que no hayan iniciado todavía la construcción. Tolosa ha señalado que "es cierto que la edificación es un derecho del propietario del suelo, pero también una obligación", aunque ha precisado que "la legislación contempla medidas mucho más radicales, como es la posibilidad de proceder a la expropiación de los terrenos".
* Cantabria Confidencial - 6 de julio de 2007
La fiscalía de Lleida investiga tres irregularidades urbanísticas
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M.J.Ibáñez.- ElPeriódico* : "Hasta una treintena de presuntas irregularidades urbanísticas investigó el año pasado la Fiscalía de Lleida, como consecuencia de denuncias presentadas por vecinos o tras haber intervenido de oficio, según explicó ayer el responsable provincial del ministerio público, Juan Boné. De todas ellas, tan solo tres prosperaron "al hallarse indicios de delito", dijo el fiscal jefe. Se trata de casos registrados en Vilaller (Alta Ribagorça), Els Alamús (Segrià) y la entidad menor descentralizada de Gerb, en Os de Balaguer (Noguera), donde puede haberse cometido prevaricación urbanística.
En el caso de Els Alamús, el socialista Josep Maria Beà podría haber incurrido en una irregularidad administrativa en la concesión de dos licencias de obras, según estima la fiscalía. Beà se enfrentaba inicialmente a dos acusaciones por la vía penal, pero las demandas fueron retiradas la semana pasada por falta de pruebas. Sigue adelante una querella presentada contra el alcalde por una plataforma vecinal, que le acusa de segregar una parcela de manera ilegal. Beà revalidó la alcaldía del Ayuntamiento de Els Alamús el pasado mes de mayo con mayoría absoluta.
PLENO
También ha sido reelegido en el cargo --en este caso, con el apoyo de CiU-- el alcalde de Vilaller, Jaume Monsó (ERC), que el 25 de junio tuvo que declarar ante el Juzgado de Tremp por la concesión irregular de un licencia de obras en el municipio. Al saber que se enfrentaba a una querella, el alcalde convocó un pleno extraordinario para anular el permiso, pero aun así la fiscalía ha seguido adelante con la acusación.
El tercer caso bajo sospecha, el de Gerb, núcleo agregado de Os de Balaguer, está en una fase de investigación más incipiente, aunque el fiscal jefe teme que las irregularidades vienen produciéndose desde hace años. La construcción de una reciente urbanización, explicó Boné, ha puesto de manifiesto que en el pueblo se conceden permisos de obras para construir en suelo rural.
El fiscal jefe, que ayer participó junto a otros juristas de Lleida en una jornada de trabajo de la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España, explicó, a modo de anécdota, que las denuncias por presuntas ilegalidades urbanísticas "se multiplicaron por tres o por cuatro antes de las elecciones municipales".
* El Periódico de Catalunya - 7/7/2007
Foto: Edificio en construcción en el municipio de Els Alamús, ayer. /MARTA RAÏCH (El Periódico)
El 30% de la superficie artificial en España ha sido ocupada en los últimos catorce años
EFE* : "El 30 por ciento de la superficie ocupada de forma artificial en España a lo largo de la historia lo ha sido durante los últimos catorce años, y ese crecimiento del suelo ocupado se ha concentrado sobre todo en el entorno de las grandes ciudades y a lo largo de la costa. Así se pone de manifiesto en el 'Perfil Ambiental 2006', que radiografía la situación medioambiental del país y que ha elaborado por tercer año consecutivo el Ministerio de Medio Ambiente. La ocupación del suelo por el desarrollo urbano y las infraestructuras aumenta a un ritmo mayor que la población, según este estudio, que valora además que el pasado año el consumo eléctrico creció menos que el Producto Interior Bruto y el descenso del consumo de carbón para generar electricidad.
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, concluyó a la vista de los resultados que la situación ambiental en España 'está mejorando', pero apuntó, entre las asignaturas pendientes, la de mejorar la calidad del aire, sobre todo en las grandes ciudades.
El perfil ambiental pone de relieve que los mayores crecimientos de las superficies artificiales se produjeron en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.
La proporción de la superficie artificial en la franja costera es cuatro veces superior a la que existe en todo el territorio español, según el informe.
Las principales amenazas de la ocupación del suelo son, constata el informe, la erosión, la contaminación, la salinización, la pérdida de biodiversidad, los deslizamientos de tierra o las inundaciones.
El 'Perfil Ambiental' español refleja una 'apreciable' modernización de los regadíos, gracias al crecimiento de los sistemas de goteo, aunque el consumo global de agua ha crecido de una forma constante durante los últimos diez años.
Constata además el crecimiento de la desalinización y las mejoras técnicas aplicadas a estos procesos para la distribución de la salmuera (los restos sobrantes del proceso de desalinización) y en conseguir una mayor eficiencia energética.
El pasado año continuó disminuyendo la contaminación orgánica de los ríos, debido sobre todo al incremento de la depuración de las aguas residuales urbanas, apunta el informe, pero incide en que la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos continúa siendo un problema.
Respecto a los residuos urbanos, la tasa por habitante y año (524 kilos) es todavía inferior a la media de la UE (567 kilos) aunque el crecimiento es mayor, por lo que el estudio constata que los valores se equipararán en poco tiempo.
El Perfil Ambiental refleja además que a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europa en España siguió creciendo durante la última década el consumo de energía primaria, aunque constata también el aumento de las energías renovables (un 21 por ciento entre el 2000 y el 2005).
Analiza también el sector turístico, y tras repasar las principales cifras e indicadores de los últimos años concluye que la sostenibilidad de las actividades turísticas depende de la ampliación de las alternativas para evitar la concentración, la masificación y la temporalidad de la oferta.
Subrayan además los autores del estudio la necesidad de impulsar el turismo hacia el interior y de promover un cambio en el transporte dentro de cada territorio y dar preferencia a los modelos más sostenibles.
Respecto al transporte, el 'perfil' advierte que entre 1995 y 2005 las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de este sector aumentaron un 78,3 por ciento, y señala que a pesar de las mejoras tecnológicas que incorporan los vehículos esas emisiones no se han reducido debido al aumento del parque automovilístico y al mayor uso del coche.
* Terra Actualidad - 06-07-2007
La Fiscalía denuncia el Plan Territorial de Ibiza y a cuatro consellers
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EFE* : "La Fiscalía de Medio Ambiente de Baleares ha presentado una denuncia contra el Plan Territorial de Ibiza y Formentera, por indicios de delito en su redacción y aprobación, y contra los representantes del PP Estrella Matutes, Josep Sala, Joan Marí Tur y Antoni Marí Tur. Esta decisión es el resultado de las diligencias informativas abiertas y de las investigaciones realizadas a partir de una denuncia anterior, realizada por la asociación ecologista GEN-GOB de Ibiza. En un comunicado el GEN expone que dicha denuncia fue presentada por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, actividades prohibidas a autoridades y contra la ordenación del territorio en la elaboración y aprobación del Plan Territorial.
El documento presentado por la asociación ecologista ante los tribunales se basaba en la inclusión 'totalmente injustificada e irregular' de disposiciones que 'se ajustaban a proyectos urbanísticos que podían suponer grandes beneficios económicos para consellers implicados en su aprobación'.
Así, el GEN-GOB denunció a los consellers insulares del PP Estrella Matutes, Josep Sala y Joan Marí Tur, al que en la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente se ha añadido al hermano de éste, Antoni Marí Tur, ex alcalde de Sant Antoni.
La asociación ecologista responsabiliza a Matutes, consellera insular de Economía, Hacienda, Vías y Obras e hija del ex ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes, de haber votado 'modificaciones urbanísticas directamente vinculadas a negocios inmobiliarios, tanto propios como de su familia directa'.
Estas modificaciones, según el grupo ecologista, 'suponían un trato claramente diferenciado del resto de urbanizables en primera línea de mar'.
El GEN también acusa a Sala, conseller de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 'blindar mediante un convenio urbanístico ilegal, los negocios inmobiliarios de su compañera de filas (Estrella Matutes)'.
La denuncia de la asociación también responsabiliza al conseller de Patrimonio y portavoz de la institución insular, Joan Marí Tur, de haber votado 'el mantenimiento ilegal de la calificación de urbanizables' de unos terrenos propiedad suya y de su familia directa.
El GEN señala en su comunicado que Antoni Marí Tur, ex alcalde de Sant Antoni, votó en diversas ocasiones, como miembro de la Comisión Insular de Urbanismo, la imposibilidad de tramitación de terrenos en las mismas circunstancias que los que tenía en propiedad junto a su hermano Joan.
Además responsabiliza al ex alcalde de haber ayudado en un 'montaje', orquestado para evitar la normativa que hacía inviable el plan parcial del que se beneficiaban sus terrenos.
La asociación ecologista añade que prepara una ampliación de su denuncia, que presentará los próximos días a la Fiscalía.
* Terra Actualidad - 06-07-2007
Foto: Ibiza vila /Forbfruit (Wikipedia)
Región Murciana -7 de julio: VI Marcha en defensa del Litoral
Un año más, la Coordinadora "La Región de Murcia No Se Vende" organiza la manifestación en defensa del litoral. Protestaremos por la continua urbanización del territorio costero y la usurpación de zonas naturales y protegidas en favor de un modelo turístico-residencial destructivo, del que se benefician sólo unos pocos y que además se intenta lavar la cara con esta mentira: "En la Región de Murcia no se construye a menos de 500 metros del mar". (los que se acerquen a la costa este verano podrán comprobar como en muchos lugares esto no se cumple). ¿Cómo es posible que sabiendo, como sabemos, que la práctica totalidad del litoral mediterráneo español está urbanizado no se proteja lo poco que queda virgen?
La costa murciana es una joya de biodiversidad terrestre con muchas más especies vegetales y animales de las que imaginamos. Una joya de biodiversidad marina con extensas praderas de posidonia, planta de gran importancia tanto por su aportación de oxígeno como por la vida que alberga a su alrededor. Una joya paisajística y un hábitat único en Europa.
Desgraciadamente esta “joyica” se encuentra seriamente amenazada. La presión urbanística de la industria del ladrillo, la especulación, la avaricia y el blanqueo de capitales han puesto sus garras sobre ella. Frente a esta situación la postura de las administraciones regionales y locales deja mucho que desear, ya que mantienen una absoluta complicidad con intereses empresariales privados, haciendo dejación de su obligación de velar por el interés público y de conservar los valores naturales y culturales de esta tierra para que también puedan ser disfrutados por las futuras generaciones.
Aún podemos evitar este desastre ecológico y social, que a la larga será también económico; ejerzamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y defendamos esta tierra tan hermosa que nos acoge.
Como siempre, la protesta tendrá caracter pacífico y festivo, y culminará con la lectura del manifiesto en la Plaza de España de Águilas.
Posteriormente habrá una fiestecilla, para los que quieran quedarse un poco más por este pueblo costero.
Algunas personas de Murcia iremos por la mañana, a eso de las 12h, al lugar de salida, la playa del Hornillo, para comer allí y pasar un rato agradable. Está invitada toda persona a la que le apetezca echar un rato con nosotr@s, o que quiera pasar el día por la zona.
¡¡¡Anímate y participa junto a tu familia y/o amig@s!!!
Fecha: Sábado 7 de Julio de 2007
Hora: A las 18:00h
Lugar: Playa del Hornillo - Águilas
* Murcia no se Vende - 2 de julio de 2007
Apartado de la carrera un juez de Marbella por cohecho y prevaricación en el 'caso Malaya'
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M.Martín/J.Cano.- SUR* : "El 'caso Malaya' hunde sus tentáculos en la judicatura. La trama de corrupción ha alcanzado a un juez, que, presuntamente, podría haber aceptado sobornos del entorno de Juan Antonio Roca a cambio de dictar ciertas resoluciones judiciales favorables. Se trata del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, al que el Consejo General del Poder Judicial suspendió ayer cautelarmente de sus funciones. De Urquía está siendo investigado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por delitos de cohecho y prevaricación en relación al 'caso Malaya'. Francisco Javier de Urquía podría, presuntamente, haber percibido del entorno del ex gerente de Urbanismo «ciertos pagos para satisfacer gastos corrientes de tipo personal», según manifestaron fuentes cercanas al caso.
Otras fuentes precisaron que aquellos podrían estar relacionados con la vivienda del juez en Marbella. A cambio, el magistrado -conocido por haber instruido recientemente el 'caso Hidalgo', otra importante operación contra el blanqueo de capitales-, habría tomado decisiones para favorecer a determinados implicados en la trama de corrupción urbanística marbellí.
Implicación del compañero
Las diligencias penales abiertas por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA contra Francisco Javier de Urquía se producen a partir del informe remitido por el instructor del 'caso Malaya', Miguel Ángel Torres, que recoge una investigación policial en la que su compañero aparece relacionado con los implicados de la trama de corrupción mediante supuestos sobornos. Al tener Francisco Javier de Urquía condición de aforado (por su cargo de magistrado), el juez Torres decidió remitir el documento policial al órgano competente, el TSJA, que finalmente ha abierto diligencias, que se mantienen secretas.
El juez De Urquía declarará en los próximos días como imputado en el TSJA en una comparecencia que podría producirse incluso hoy, según manifestaron fuentes jurídicas.
El juez suspendido es conocido fundamentalmente por ser el instructor del denominado 'caso Hidalgo', que investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, procedimiento en el que hay 24 imputados por el momento, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete. Ha sido el caso más mediático, pero Francisco Javier de Urquía, al igual que otros jueces de Marbella, también ha instruido casos por delito urbanístico, en los que figuran Julián Muñoz, Juan Antonio Roca, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el edil Rafael Calleja como imputados. También recayó en su juzgado las presuntas irregularidades denunciadas por un sindicato en las oposiciones a subinspector de la Policía Local de Marbella, que la Audiencia de Málaga acabó finalmente archivando. El juez suspendido también procesó por un presunto delito de homicidio imprudente a un policía local por la muerte de un ciudadano belga al que trataba de reducir en la calle.
Precisamente, hace unos días, el TSJA, que ahora lo imputa por supuesta prevaricación, archivó la querella presentada por una notaria de Marbella contra Francisco Javier de Urquía por este mismo delito. La fedataria querellante, Amelia Berguillos, decana de los notarios de Marbella e imputada en el 'caso Hidalgo', entendía que la orden judicial de detención carecía de motivación y resultaba completamente arbitraria.
«Designio prevaricador»
En el auto de archivo, el TSJA afirmó a que las dudas sobre el modo más correcto de actuar respecto a la detención o no de la notaria imputada «no pueden motivar la apertura de una causa criminal contra el juez instructor (De Urquía)», en el que «no se advierte ningún designio prevaricador» y que sus decisiones se basaron «en la confianza sobre lo manifestado en los informes policiales». Paradójicamente ha tenido que ser ahora el TSJA el que abra una causa criminal contra el juez, pero por el 'caso Malaya'.
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, explicó ayer que el acuerdo adoptado por unanimidad por su Comisión Permanente de suspender cautelarmente al juez De Urquía, se ha producido después de ser informado el CGPJ de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había abierto diligencias penales contra el juez por delitos de cohecho y prevaricación. El órgano de gobierno de los jueces ha contado con un informe favorable del fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo que se pronunció sobre el caso el pasado miércoles. López explicó que «se ha actuado como siempre, con la celeridad y la diligencia que estos casos aconsejan. Esto pone de manifiesto que nuestra Justicia aplica de una forma absolutamente efectiva y eficaz el principio de igualdad de trato de todos los ciudadanos ante la ley».
Por otra parte, el TSJA comunicará hoy o mañana el sustituto de Francisco Javier de Urquía al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella.
* Diario SUR - 6 Julio
Foto: COMPAÑEROS. Francisco Javier de Urquía, a la izquierda, junto a Miguel Ángel Torres, el instructor del 'caso Malaya'. /JOSELE-LANZA - diariosur.es
Escandalosa rectificación del TSJCV sobre el PAU 21 de Orihuela
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Ecologistes en Acció del País Valencia* considera escandaloso e inaudito el auto aclaratorio del TSJ de la Comunidad Valenciana donde se le da la vuelta al auto anterior que aceptaba nuestra petición de suspensión cautelar del Plan Parcial PAU 21 de Orihuela. No encontramos otra explicación a esta sorprendente rectificación que las supuestas presiones ejercidas por la empresa urbanizadora sobre el Tribunal Superior de Justicia, que han conducido al ridículo con este auto “aclarador” y contradictorio, que cambia el sentido del fallo anterior, con la excusa de “una serie infortunada de circunstancias informáticas”, por la cual se “coló” un fallo que correspondía a otro procedimiento judicial.
La empresa GMP Nueva Residencial SL (compradora de la Torre del BBVA del Paseo de la Castellana de Madrid), que pertenece a la familia Montoro, con relaciones económicas con Ricardo Romero de Tejada, exnúmero 2 del PP madrileño, pidió una rectificación del fallo porque, según ellos, encontraban contradicciones significativas, y a partir de aquí se revisó el expediente y entonces se dieron cuenta del “error” informático.
Ante esta situación, Ecologistes en Acció del País Valencià presentará un recurso de suplica ante el TSJ, donde se pedirá la nulidad del auto “aclaratorio”, ya que según el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nunca una aclaración puede suponer un cambio en el sentido del fallo judicial. También se solicitará de nuevo la suspensión cautelar del Plan Parcial PAU 21 porque no está garantizado el abastecimiento hídrico al sector por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura ni de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Posteriormente, si este recurso no prosperara, se presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial para que se abra una investigación tras la emisión por parte de la sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), de estos dos autos contradictorios sobre el PAU 21 de Orihuela, un plan urbanístico que se está ejecutando en el corazón del futuro Parque Natural de Sierra Escalona. Ambos autos están dictados por Edilberto Narbón Lainez como presidente y por los magistrados Juan Luis Lorente Almiñana y Carlos Altarriba Cano (ponente).
Desde ámbitos jurídicos se ha comentado que no existen precedentes en los últimos 25 años de una actuación judicial como esta y nos han trasmitido su sorpresa ante una situación inédita en la jurisprudencia, ya que un auto aclaratorio, no puede cambiar el sentido del ya emitido, sino puntualizar o aclarar ciertos aspectos oscuros o rectificar errores numéricos.
En resumen, consideramos un auténtico escándalo judicial esta situación que supone un duro golpe para la credibilidad del sistema judicial valenciano, así como para el medio ambiente del País Valenciano.
* Ecologistas en Acción - País Valencià 3 de julio
Foto: Foto aérea del pau21, cedida por Amigos de Sierra Escalona (ASE) /ecologistasenaccion.org
Noticia relacionada: Suspensión cautelar del PAU 21 de Orihuela en el futuro P.N. de Sierra Escalona
Casi la mitad de los ayuntamientos catalanes no tienen reservas de suelo público
C.Blanchar.- El País/Barcelona* : "El síndic de greuges, Rafael Ribó, pidió ayer a los ayuntamientos catalanes que hagan un mayor uso del patrimonio público de suelo para construir vivienda social. Ribó presentó en el Parlament un informe de vivienda realizado a partir de las quejas recibidas y de una encuesta de la fundación Un Sol Món, de Caixa Catalunya, que afirma que el 46,2% de los 41 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes preguntados no ha constituido su patrimonio municipal de suelo y vivienda.
El 48,7% de los ayuntamientos encuestados sí tiene reservas para edificar vivienda pública y el 5,10% no respondió. Inventariar el suelo procedente de las cesiones (el 10% que deben entregar los privados) y ponerlo a disposición de políticas públicas de vivienda es una obligación de los ayuntamientos de acuerdo con la nueva Ley de Urbanismo, apunta el director de Ordenación del Territorio y Relaciones Locales del Síndic, Matias Vives. Antes, recuerda, los consistorios solían vender este suelo.
La razón que explica que casi la mitad de los ayuntamientos no cumplan con esta obligación es que todavía trabajan con Planes Generales de Ordenación Urbana antiguos y no tendrán que realizar las reservas hasta que redacten los nuevos Planes de Ordenación Urbana Municipal. El síndic también instó a los consistorios para que agilicen los trámites y para fijar calendarios en la vivienda social.
Ribó, que el año pasado ya emitió un informe centrado en el asedio inmobiliario, afirmó que el estudio de 2007 obedece a que el asunto de la vivienda "es una preocupación social" y a que las quejas al respecto aumentan "año tras año". Recibió 132 en 2005 y 207 en 2006. El síndic comparó los problemas de la vivienda con la percepción del paro que se tenía en los años ochenta. "El derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución y en el Estatuto, pero hoy es un derecho inaccesible para mucha gente", dijo.
En opinión del síndic, para resolver el problema "es precisa una implicación seria de todos los actores, desde las administraciones hasta los privados". La voluntad del informe de 2007, El derecho a la vivienda: obstáculos y límites, es "incidir en las políticas públicas". Ribó insta a las administraciones para que potencien el alquiler social, que implanten una ventanilla única de solicitudes, que den prioridad al sorteo como forma de adjudicación y que apuesten por la rehabilitación y el control del parque de viviendas existente. Algunas de estas medidas están previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda que está en el Parlament, pero Ribó declinó ayer comentarla precisamente porque está en trámite.
* ELPAIS.com - Barcelona - 05/07/2007
Cáritas denuncia «la especulación que impide el acceso a una vivienda digna»
N.Bolado.- ElDiarioMontañés* : "Las diferentes agrupaciones de Cáritas Parroquiales de Torrelavega, se han unido para dar un paso adelante y denunciar públicamente la «carencia de viviendas dignas» para determinados grupos sociales y presentar un manifiesto «para reivindicar el derecho a una vivienda digna, una necesidad básica que, sin embargo, no es accesible para muchas personas de nuestro entorno». Cáritas recuerda «que el derecho a un hogar es un elemento constitutivo de la dignidad de todo ser humano». Para promover este manifiesto, Cáritas de Torrelavega emprende una campaña. Desde esta institución de la Iglesia se añadió que «el acceso a una vivienda digna, por desgracia, es un derecho que para muchas personas está siendo negado. Esta situación -agregan- la padecen colectivos como el de los inmigrantes, cierto tipo de matrimonios, personas jóvenes, adultos solteros, minorías étnicas, mujeres con cargas familiares y, en general, todos aquellos que tienen dificultades para acceder o para mantener una vivienda adecuada», se puntualiza en el manifiesto.
«Aunque es cierto que en el mundo entero se ha levantado un clamor que exige justicia ante esta situación, también observamos que se están produciendo enormes beneficios derivados de la especulación urbanística. Esta situación es un insulto a la dignidad de la persona», se resalta. Ante lo que se consideran «una injusta realidad», las agrupaciones parroquiales de Cáritas de Torrelavega se han unido para promover una campaña mediante este manifiesto que recoge cinco acciones concretas de solidaridad y denuncia.
En el primer punto se pide el acceso a una vivienda digna como un derecho constitucional para los colectivos más vulnerables. En el segundo punto se solicita «el compromiso de las administraciones locales y autonómicas para la creación de una oferta seria y efectiva de alquiler social destinada a los sectores más vulnerables y empobrecidos».
Tercera propuesta
La tercera propuesta resalta la necesidad de «colaborar en la sensibilización pública para frenar y controlar el peso desmesurado del entramado financiero constructor que favorece la compra de la vivienda como inversión especulativa, en lugar de como un valor de uso».
Impulsar entre la comunidad cristiana iniciativas solidarias de alquileres asequibles para las personas y familias más desfavorecidas es el cuarto punto del Manifiesto de Cáritas que, por último, pide «mejoras de las condiciones de habitabilidad de las viviendas antiguas situadas en los centros históricos de las ciudades, principalmente de aquellas ocupadas por personas mayores y por población de escasos recursos», concluyen.
Esta agrupación recordó que Cáritas está formada por una amplia red internacional, con 162 Cáritas nacionales, más de 5.000 parroquiales y 68 diocesanas, que tienen como principal objetivo la ayuda al desarrollo integral de la dignidad humana de todas las personas que se encuentran en situación de precariedad social.
Por este motivo, «las Cáritas de Torrelavega -añaden- creemos adecuado insistir en la campaña que desde la Navidad pasada se viene proponiendo a nivel nacional bajo el lema general 'Los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo'», campaña que se desarrolla en dos etapas.
Desde Cáritas se recuerda que en la pasada Navidad se puso el acento «en el derecho a la vivienda digna como elemento constitutivo de la dignidad de todo ser humano y en el día del Corpus se incidió en el derecho a la educación como elemento fundamental para el desarrollo».
* El Diario Montañés - 5 de julio de 2007
Las abuelas del Ventorrillo resisten
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P.ÁLVAREZ.- El País/Madrid* : "Vecinas de entre 62 y 85 años del barrio de Embajadores se unen contra una inmobiliaria para evitar que las echen de la corrala en la que viven desde hace décadas. "Si me voy será muerta". Luisa Martín, 82 años, se sienta en una silla en su casa de menos de 20 metros cuadrados. Delante, un televisor junto a una nevera vieja. Una fina pared separa el electrodoméstico de un vestidor al que hay que entrar de lado. Otro tabique y su habitación. Junto a la cama, un váter a motor que instaló tras décadas usando el baño común del patio de la corrala. Cuando falla la corriente, la cisterna no funciona. Y nada más. O nada menos. Luisa Martín lo considera su único hogar posible. Una carta tipo de la inmobiliaria que ha comprado la corrala donde vive le pide que se marche. "Le requerimos", solicita la misiva, que la invitaba a dejar el piso "completamente vacío, expedito, libre de enseres" antes del 13 de junio.
Todo lo contrario. En su casa no cabe un alfiler. Y su historia no sería más que otra más en un vecindario antiguo desalojado para convertir el inmueble en un lugar nuevo. Pero no es la historia de siempre. Y no lo es porque Luisa Martín ha dicho no. "De aquí no me voy", repite.
No está sola. Otras cuatro vecinas, con edades comprendidas entre 62 y 85 años, han rechazado marcharse de la corrala, construida en 1900 en la calle del Ventorrillo (Embajadores). Aseguran que están en lucha. "Hemos aguantado una guerra, una posguerra y ahora aguantaremos esto", comenta enfadada la más veterana, Ernestina Salcedo, de 85 años. "Estamos dispuestas a recoger firmas, pondremos pancartas o lo que haga falta, pero nos quedamos", prosigue.
Las abuelas del Ventorrillo han contratado abogados, están dispuestas a salir en televisión, han pedido ayuda al Defensor del Pueblo y apelan al apoyo del barrio. "En el mercado nos conoce todo el mundo, a mí me dan ánimo todos los días", dice Luisa Martín. Ella llegó a la corrala en plena Guerra Civil, en 1937. Eran otros tiempos. "He vivido aquí con mis padres, mis tíos, mis sobrinos y con mis hijos, soy gata de pura cepa y pertenezco a este barrio", explica del tirón. Paga renta antigua (75 "euros", detalla), como la mayoría de las familias que aún ocupan el edificio, no más de una quincena.
Vive sola. Tiene seis nietos y cuatro biznietos, pero prefiere que vayan de visita antes que instalarse con ellos. "No quiero incordiar. Que hagan su vida, que disfruten, que son jóvenes".
Entre las puertas y ventanas de los pisos clausurados con ladrillos, los puntales del patio, los sacos de obra y los tablones de madera, las mujeres del Ventorrillo juegan a la vida normal. La misma que comparten desde hace décadas. Su ropa sigue colgada en las cuerdas, a pesar del polvo. La corrala "está en rehabilitación", según el Ayuntamiento. El edificio pertenece al Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y tiene protección "estructural".
Los muros son intocables. También la fachada, cubierta de arriba abajo por una red verde desde hace meses. "Salimos a la calle con miedo, ese armatoste no nos deja ver los coches", añade Ernestina Salcedo. La responsable de la reforma, la inmobiliaria Sistema 23, declina especificar su proyecto. En su página web, ofrecen alquileres de estudios por un mínimo de 600 euros mensuales. "Está claro que tienen que hacer negocio, pero se puede buscar una solución intermedia, dejar a las vecinas allí los años que les queden". Es la reflexión de José Antonio Fernández, el abogado contratado por la familia de Luisa Martín.
Fernández quiere llevar al juzgado el caso de su clienta. Piensa que tiene posibilidades de ganar. Pero hace todo lo posible para que la anciana mantenga los pies en el suelo. "Para una mujer de su edad, estar pendiente de una demanda no es plato de buen gusto, pero tiene que estar preparada por si la desalojan y yo le recuerdo cada vez que hablamos que eso puede ocurrir". Aunque no se lo recordaran, a Luisa no se le olvida. "Como mal y duermo poco, lo único que quiero es quedarme aquí", repite.
La que más ánimos da es Ernestina, que está "de vuelta" en este asunto. La veterana llegó a la corrala en 1982. Antes vivía a pocos metros, en la calle de Mira el Sol, una perpendicular, en la que le ocurrió algo parecido.
Una inmobiliaria compró el edificio y se tuvo que marchar. Resistió siete años. "Nos echaron porque se iba a caer, pero sigue en pie 20 años después. Desde mi balcón veo mi antigua casa", explica. De fondo se escucha el ajetreo de los obreros, que derriban las paredes y clausuran las puertas de los bajos, ya vacíos. Pertenecían a vecinos que llegaron a algún tipo de acuerdo con la inmobiliaria, que no ha respondido a las llamadas de este
José Antonio Martínez, de 65 años, es uno de los vecinos que accedió a irse. Se acaba de jubilar y en menos de una semana se traslada a Ávila, con su familia. "A mí no me dan nada, me han perdonado dos meses de alquiler", cuenta.
A Juanita Fernández le ofrecieron 12.000 euros, dos millones de pesetas. No los quiere. Prefiere su vecindario "de toda la vida", dice bajito mientras se ajusta las gafas. Tiene 62 años, es la más joven del grupo de resistencia. Trabajaba de costurera y ahora vive con una pensión de 500 euros, de los que 33 son para el alquiler de su casita.
Lleva en la corrala desde 1969. "Este polvo me mata", añade en la puerta de su vivienda, impregnada del olor del repollo que hierve en la cacerola. Los "malabarismos" que hace para llegar a fin de mes justifican su dieta. "Hoy y mañana, repollo, otro día tocará huevo". Es la única que se emociona a ratos, a punto de soltar una lágrima. Las demás aprietan los dientes.
Como Ángela Guallart, que tiene 73 años y lleva un mes con mal cuerpo. "Me estoy poniendo enferma", se queja. A ella le ofrecieron cambiar su piso por un alquiler en Cuatro Caminos. Su casa está en la última planta. "Me dijeron que ofreciera la cantidad que pudiera, cuando les dije que unos cien euros, ya no hubo respuesta", añade.
Su pensión roza los 500 euros. Vive puerta con puerta con sus dos hijas. La menor y su nieta, por un lado. La mayor por otro. Toda la familia en la misma planta. La historia se repite en el caso de María Solís, que tiene 74 años y rostro amable. Casi es la hora del almuerzo. La mujer aparece con un trozo de pan para Ernestina que, con el revuelo, ha olvidado comprarlo. "Para eso estamos", dice sin más.
Es la más tímida, se esconde detrás de sus vecinas para las fotos. También la más antigua en el portal. Su abuela era la portera de la finca, en la que ella nació y por la que correteó de niña con sus cuatro hermanos. La misma por la que ahora juega su nieta.
Las cinco han compartido sus vidas en la corrala. Las alegrías de antaño cuando el patio se llenaba de visitas en la verbena de San Cayetano, con los niños y la música.
Las penas, las enfermedades, la viudez, los almuerzos, las confidencias. Ahora comparten una lucha. Pelean para que las dejen en su casa, en el lugar que han elegido para vivir y morir en paz.
* ELPAIS.com - 02/07/2007
Foto: Las vecinas de la corrala del Ventorrillo - C. M. /El País
La juez se lleva cinco cajas con documentos urbanísticos del Ayuntamiento de Fuente Álamo
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A.Rubio/EFE/Murcia* : "Una delegación judicial se personó ayer en el Ayuntamiento de Fuente Álamo para recoger documentación de planes parciales sobre suelo industrial tramitados en este municipio. El requerimiento partió de la titular del Juzgado número 4 de San Javier, Aránzazu Moreno, la misma que ordenó el 19 de junio pasado la incautación de casi 200 expedientes sobre la gestión urbanística del Ayuntamiento de Torre Pacheco entre los años 2004 y 2006, de los que poco después devolvió dos terceras partes. En concreto, han recogido unas cinco cajas de documentación sobre varias empresas que trabajan con el Ayuntamiento, así como sobre planes parciales que afectan a suelo industrial.
La alcaldesa, María Antonia Conesa, explicó que confía en la actuación judicial y espera que se esclarezca de forma rápida y correcta para evitar incertidumbres y rumores. Conesa se mostró tranquila y aseguró estar «dispuesta a colaborar» con la justicia en este caso.
La alcaldesa explicó ayer que la delegación que realizó la acción estaba encabezada por un secretario judicial, quien informó de que se trata de un requerimiento de entrega de documentos ordenado por Moreno.
Fuentes de la investigación señalaron que los agentes pidieron una relación de empresas que trabajan con el ayuntamiento de Fuente Álamo, y entre ellas los expedientes relacionados con la sociedad Construcciones Torre Pacheco, del empresario Facundo Armero, ex propietario del grupo urbanístico Polaris World.
«Estricta legalidad»
Según la alcaldesa los cinco expedientes «son varias carpetas, que caben en una caja», pero los funcionarios recogieron varias cajas, que cargaron en un monovolumen. Conesa desmintió que se produjera un despliegue policial «como ocurrió en Torre Pacheco», en referencia a la operación ordenada por la misma juez en el ayuntamiento de esa localidad el pasado 19 de junio, En este caso sólo estaban el secretario, un auxiliar, y otras dos o tres agentes, todos de paisano.
Hace tan sólo unos días, cuando se incautaron documentos al Ayuntamiento de Torre Pacheco, la alcaldesa aseguraba no le podían acusar de cobrar comisiones ilegales al consistorio fuentealamero, porque «las adjudicaciones de obras siempre se han hecho de acuerdo a los informes técnicos y a la más estricta legalidad». Según Conesa «los expedientes son públicos y «cualquier vecino o autoridad que desee verlos están a su entera disposición, nunca ha habido comisiones ilegales, ni tratos de favor».
Los expedientes incautados ayer se suman a los documentos sobre planes parciales del Ayuntamiento de Torre Pacheco de los que, a pesar de haber devuelto la mayoría, aún hay unos 60 en poder de la Fiscalía. Y es que forma parte de las investigaciones del Juzgado número 4 de San Javier, que, de momento, se encuentran bajo secreto sumarial.
María Antonia Conesa, que a la llegada de los agentes judiciales no se encontraba en el consistorio, se enteró de la operación sobre las 11.30 horas cuando llegó a la sede, y afirmó que el secretario judicial la había requerido información sobre varios planes parciales que afectan a suelo industrial.
Aránzazu Moreno ha decretado el secreto sumarial de este caso, que se inició a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
* La Verdad - 4 de julio de 2007
Foto: Fuente Álamo (Murcia) /ayto-fuentealamo.es
El PGOU de Marbella lo legaliza todo: desde la mansión de Antonio Banderas al Hipercor de Puerto Banús
F.Martín.- ElConfidencial* : "Los VIP’s con mansión, negocio o terreno irregular en Marbella, tal que Antonio Banderas, Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) o Luis Portillo (Colonial), están de enhorabuena. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación inicial ya ha entregado la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Ángeles Muñoz, lo legaliza casi todo. Pero la normalización no será gratis: a cambio, los empresarios deberán ceder suelo al Consistorio por cada edificación ilegal. Al menos, ése es el punto de partida del Plan. Sólo se queda fuera del mismo el Banana Beach de Ávila Rojas, cuya demolición se deja en manos de los tribunales. El constructor granadino es el gran perjudicado de esta ‘pax’ urbanística firmada entre Junta socialista, Ayuntamiento popular y empresariado.
En el ‘todo vale’ del Plan se incluyen hoteles NH, Guadalpines, Hipercor y Opencors, La Cañada de Tomás Olivo, el Senator de Hoteles Playa, todo tipo de promociones denunciadas, como Los Jardines del Príncipe, de Gaelco, o la Guadalmina de Fadesa, y mansiones con irregularidades, como la de Antonio Banderas en Los Monteros, o la de Amusátegui en Nagüeles.
La idea de los muñidores del plan, con el otrora prestigioso arquitecto andaluz Manuel Fustegueras y el director gerente de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de la Junta, José María Ruiz Povedano a la cabeza, era normalizar los desmanes urbanísticos con un peaje muy concreto: la cesión de cien metros cuadrados por cada vivienda ilegal.
De ese trueque sale la legalización del Hotel Senator, propiedad de Hoteles Playa, mientras las 99 viviendas aledañas, propiedad de una sociedad participada por Luis Portillo, pasarán a ser de dominio público. Del mismo modo, la tercera fase del centro comercial La Cañada de Tomás Olivo será el precio a pagar por la regularización de las dos anteriores. Todo sea con tal de recuperar el antiguo esplendor de Marbella ahora que la Costa del Sol está plagada de carteles de ‘se vende’.
El gran perdedor de este plan inicial es José Ávila Rojas, cuyo Banana Beach se queda en el limbo. El edificio promete dar mucho juego, no ya porque esté habitado, sino porque entre sus propietarios se encuentran personajes como Yola Berrocal o Carmen Sevilla, quien en la reforma de su ático se cargó dos ascensores.
Dos años de negociaciones
Pero las rebajas no han terminado. Hasta su aprobación definitiva, al patrón del plan que regirá el urbanismo de Marbella de aquí en adelante le queda mucha tela que cortar. “Es un punto de partida”, reconocen tanto políticos como empresarios, que contarán con dos años para negociar las contrapartidas a sus irregularidades.
Pese a los esfuerzos, la aparente vuelta a la normalidad urbanística de Marbella no ha agradado a todo el mundo. Quienes llevan más de 15 años luchando contra los ‘giles’ y sus trapacerías destacan que las edificaciones que tienen sentencia de no deberían entrar en el plan. “La no demolición de las edificaciones irregulares supone una demolición del Estado de Derecho”, claman. Pero estos ‘aguafiestas’ son minoría. Más del 70% de los marbelleros se manifestaron contra las demoliciones tanto en encuestas como en las urnas.
* El Confidencial - 04/07/2007
Foto: Marbella Ayuntamiento /UrbPatasArriba
En el origen del urbanismo salvaje
J.MOTA.- El País/Crítica* : "Hay que excavar un poco entre la prosa a veces pedregosa, pero enseguida aparece el hilo conductor de La gallina de los huevos cemento. El ensayo toma como motivo la distorsión económico-política que, entre otros desmanes, ha pavimentado gran parte del litoral mediterráneo y ha empollado casos graves de corrupción municipal y autonómica. Martín Mateo dibuja con precisión las causas de tan descomunal despropósito, hoy ya muy conocidas, y lo hace sin dramatizar el alcance de la corrupción urbanística del litoral, aunque no se oculte la importancia del fenómeno. Salvo mejor interpretación, el hilo conductor mencionado que está en la raíz institucional del caos urbanístico empieza por el monopolio municipal de las decisiones de recalificación del suelo, fuente de inagotables plusvalías, continúa por la destrucción de la estructura funcionarial independiente de los ayuntamientos, sustituida por cuadrillas de políticos, y casi termina en la incapacidad de instancias políticas superiores para enfrentarse a la tumescencia del urbanismo salvaje. Las dos primeras causas parecen muy acertadas y cualquier autoridad dispuesta a contener la escalada imparable del cemento debería tenerlas en cuenta.
El mal, según esta tesis, radica en el modelo según el cual los municipios disponen de impunidad para calificar los destinos del suelo. Durante quinquenios los políticos electos en los municipios se han dedicado a neutralizar cualquier atisbo de control que pudiera imponérseles desde las, por otra parte, muy débiles barreras erigidas por secretarios e interventores de Ayuntamiento. No es que los cuerpos burocráticos hayan presentado gran resistencia al progreso de la corrupción, el soborno y la arbitrariedad de alcaldes y concejales. Pero cuando lo han hecho han recibido una sentencia fulminante. A este respecto se cita en el libro la espeluznante declaración del celebrado Jesús Gil, cuando anunció que iba a destituir al secretario de Marbella "porque está parando el Ayuntamiento".
Así que uno de los procedimientos para recuperar el buen orden urbanístico consiste en restaurar a toda prisa el poder de los funcionarios locales independientes. A todos los efectos la independencia debe entenderse en este caso como la imposibilidad de que los secretarios o los interventores sean destituidos por los gestores políticos del concejo. En apariencia, y por el momento es mejor dejarlo ahí, ese criterio de independencia debería implicar necesariamente que secretarios e interventores dependiesen de una instancia nacional. De esta forma, quedaría garantizado al menos un equilibrio nominal de poderes.
Ramón Martín Mateo, con indudable audacia, propone que los ciudadanos participen activamente en la definición del urbanismo de su localidad; y el procedimiento de participación que menciona es el referéndum. No es una mala idea, aunque pueda parecer liosa y segregue en los cuerpos de políticos encallecidos las consabidas protestas de desorden, carestía, alboroto o desinformación. La argumentación del autor es de peso; los votantes no encuentran los planes urbanísticos reales en los programas electorales. Así que la forma más segura de evitar las tropelías del cemento en forma de hechos consumados es la consulta popular. Es decir, que los políticos electos abandonen las cómodas exposiciones en círculos reducidos de profesionales del ramo y estén obligados a defender sus planes en el ágora, directamente ante los ciudadanos.
La lectura del ensayo tiene interés porque enumera sin pasión las causas legales y burocráticas del abuso del cemento y, por lo tanto, de la corrupción. Hay otras causas importantes que el texto sugiere, pero que son igualmente importantes y que deberían ser atajadas desde un cambio legal de cierta envergadura. Las más importantes son los imperfectos, por no decir desdichados, sistemas reconocidos de financiación de los ayuntamientos y de los partidos políticos. Los no reconocidos, por supuesto, lindan con el soborno y la corrupción descarada.
* ELPAIS.com - 01/07/2007
