Apartado de la carrera un juez de Marbella por cohecho y prevaricación en el 'caso Malaya'

M.Martín/J.Cano.- SUR* : "El 'caso Malaya' hunde sus tentáculos en la judicatura. La trama de corrupción ha alcanzado a un juez, que, presuntamente, podría haber aceptado sobornos del entorno de Juan Antonio Roca a cambio de dictar ciertas resoluciones judiciales favorables. Se trata del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, al que el Consejo General del Poder Judicial suspendió ayer cautelarmente de sus funciones. De Urquía está siendo investigado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por delitos de cohecho y prevaricación en relación al 'caso Malaya'. Francisco Javier de Urquía podría, presuntamente, haber percibido del entorno del ex gerente de Urbanismo «ciertos pagos para satisfacer gastos corrientes de tipo personal», según manifestaron fuentes cercanas al caso.

Otras fuentes precisaron que aquellos podrían estar relacionados con la vivienda del juez en Marbella. A cambio, el magistrado -conocido por haber instruido recientemente el 'caso Hidalgo', otra importante operación contra el blanqueo de capitales-, habría tomado decisiones para favorecer a determinados implicados en la trama de corrupción urbanística marbellí.

Implicación del compañero

Las diligencias penales abiertas por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA contra Francisco Javier de Urquía se producen a partir del informe remitido por el instructor del 'caso Malaya', Miguel Ángel Torres, que recoge una investigación policial en la que su compañero aparece relacionado con los implicados de la trama de corrupción mediante supuestos sobornos. Al tener Francisco Javier de Urquía condición de aforado (por su cargo de magistrado), el juez Torres decidió remitir el documento policial al órgano competente, el TSJA, que finalmente ha abierto diligencias, que se mantienen secretas.

El juez De Urquía declarará en los próximos días como imputado en el TSJA en una comparecencia que podría producirse incluso hoy, según manifestaron fuentes jurídicas.

El juez suspendido es conocido fundamentalmente por ser el instructor del denominado 'caso Hidalgo', que investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, procedimiento en el que hay 24 imputados por el momento, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete. Ha sido el caso más mediático, pero Francisco Javier de Urquía, al igual que otros jueces de Marbella, también ha instruido casos por delito urbanístico, en los que figuran Julián Muñoz, Juan Antonio Roca, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el edil Rafael Calleja como imputados. También recayó en su juzgado las presuntas irregularidades denunciadas por un sindicato en las oposiciones a subinspector de la Policía Local de Marbella, que la Audiencia de Málaga acabó finalmente archivando. El juez suspendido también procesó por un presunto delito de homicidio imprudente a un policía local por la muerte de un ciudadano belga al que trataba de reducir en la calle.

Precisamente, hace unos días, el TSJA, que ahora lo imputa por supuesta prevaricación, archivó la querella presentada por una notaria de Marbella contra Francisco Javier de Urquía por este mismo delito. La fedataria querellante, Amelia Berguillos, decana de los notarios de Marbella e imputada en el 'caso Hidalgo', entendía que la orden judicial de detención carecía de motivación y resultaba completamente arbitraria.

«Designio prevaricador»

En el auto de archivo, el TSJA afirmó a que las dudas sobre el modo más correcto de actuar respecto a la detención o no de la notaria imputada «no pueden motivar la apertura de una causa criminal contra el juez instructor (De Urquía)», en el que «no se advierte ningún designio prevaricador» y que sus decisiones se basaron «en la confianza sobre lo manifestado en los informes policiales». Paradójicamente ha tenido que ser ahora el TSJA el que abra una causa criminal contra el juez, pero por el 'caso Malaya'.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, explicó ayer que el acuerdo adoptado por unanimidad por su Comisión Permanente de suspender cautelarmente al juez De Urquía, se ha producido después de ser informado el CGPJ de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había abierto diligencias penales contra el juez por delitos de cohecho y prevaricación. El órgano de gobierno de los jueces ha contado con un informe favorable del fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo que se pronunció sobre el caso el pasado miércoles. López explicó que «se ha actuado como siempre, con la celeridad y la diligencia que estos casos aconsejan. Esto pone de manifiesto que nuestra Justicia aplica de una forma absolutamente efectiva y eficaz el principio de igualdad de trato de todos los ciudadanos ante la ley».

Por otra parte, el TSJA comunicará hoy o mañana el sustituto de Francisco Javier de Urquía al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella.






* Diario SUR - 6 Julio

Foto: COMPAÑEROS. Francisco Javier de Urquía, a la izquierda, junto a Miguel Ángel Torres, el instructor del 'caso Malaya'. /JOSELE-LANZA - diariosur.es



1 comentarios :

Unknown dijo...

Apareció la "presunta" prevaricación judicial en casos de corrupción urbanística. ¡Ya era hora!

Estaba cantado que debía haber más implicaciones de distintos estamentos, en Marbella y en la mayoría de las localidades de la geografía nacional. Nuevamente ha tenido que ser el "nunca bien ponderado" juez Torres el que avisara al CGPJ.
A ver si cunde el ejemplo y se tira de la manta. Caiga quien caiga.

Para que la corrupción urbanística haya llegado a estos niveles en España (caso único mundial, como han dicho organismos internacionales) han debido intervenir profundamente en esta actividad delictiva diversos colectivos y estamentos públicos.

Tras empresarios y políticos corruptos deben "caer" ahora representantes de la justicia y de las diferentes administraciones (cargos técnicos) que han permitido llegar a estos niveles de estafa social tercermundistas.

Y que se actúe con prontitud y haya sanciones ejemplares. Porque si no... la sospecha de complicidad va a continuar creciendo, pese a quien pese.
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