Miquel ADROVER.- DiariodeMallorca* : "Los convocantes de la multitudinaria manifestación del pasado sábado reclaman al Govern y al Consell una gran moratoria para reflexionar durante un tiempo y acometer un importante cambio en el modelo territorial de Mallorca. Consideran que las 50.000 personas que se echaron a la calle el sábado en Palma tienen el suficiente peso para que los gobernantes, tanto los actuales como los que saldrán de las elecciones del 27 de mayo, escuchen las revindicaciones. Entidades como el GOB, la Plataforma del Parcs de les Vies, la Obra Cultural Balear o Salvem la Real, entre muchas otras, exigen que se detenga el "desarrollismo urbanístico en la isla".
La gran moratoria que proponen debe servir para aplicar medidas contundentes que den un vuelco al modelo urbanístico que ha imperado en Mallorca en los últimos años. Para ello abogan por aplicar medidas como la modificación del Plan Territorial de Mallorca; la implantación de un sistema de control de licencias en los ayuntamientos, como por ejemplo las cuotas anuales, y la protección de más espacios naturales.
El presidente del GOB, Macià Blázquez, defiende un modelo territorial equilibrado. "Nosotros creemos -apuntó Blázquez- que después de lo del sábado es preciso que en Mallorca se realice un planteamiento global y se reconsidere el modelo que hemos tenido en los últimos años. Por ello apostamos por una gran moratoria, la implantación de la ecotasa y, naturalmente, más espacios naturales protegidos".
El presidente del GOB también habló de medidas mucho más directas, como la "modificación del Plan Territorial para que se paralicen las 1.500 hectáreas previstas de crecimiento; la desclasificación de suelos urbanizables y la implantación de un sistema de cuotas de licencias que establezca los permisos de obra que puede otorgar cada año un municipio. "Si no se toman este tipo de medidas estamos abocados a convertir Mallorca en un lugar masificado como la Costa del Sol", concluyó Blázquez.
Àngels Fermoselle, portavoz de la Plataforma Parc de les Vies, una de las más activas en la organización de la manifestación, dejó claro que "la gallina de los huevos de oro se está acabando con este crecimiento desbocado". Fermoselle también aboga por "parar" este modelo mediante una moratoria o alguna figura similar: "La política del PP está poniendo en peligro la economía de esta isla y es preciso planificar un modelo mucho más racional".
Plataformas como la del Parc de ses Vies, la Façana Marítima o Salvem la Real apuntan que en la manifestación del pasado sábado también quedó claro que la ciudadanía "protesta contra los políticos que no escuchan y castigan a las entidades que les tienden la mano".
Aina Calafat, portavoz de Salvem la Real, es partidaria de "paralizar como sea el crecimiento territorial de Mallorca". Considera que tras la protesta del sábado los políticos "deben escuchar" y teme que si el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, "acabarán con la isla".
Los responsables de la Obra Cultural Balear también son conscientes de que la sociedad reclama "parar el crecimiento sin límite que vive Mallorca".
*diariodemallorca.es , Lunes, 19 de marzo de 2007
Foto: Imagen de los manifestantes a su paso por la Rambla / David Martínez.
Exigen una moratoria urbanística global
El desarrollo urbanístico destruye las zonas forestales
*Ecologistas en Acción denuncia que la actividad urbanística es una de las principales causas de destrucción de la superficie forestal, que en la última década se ha reducido en 250.783 ha (una superficie similar a la provincia de Vizcaya) en el Estado español. En los últimos años se ha producido una importante involución en la protección del suelo forestal de tal forma que se están aprobando proyectos urbanísticos descabellados que arrasan cientos de miles de árboles y miles de hectáreas forestales.
En el periodo 1987-2000, han desaparecido 250.730 ha de suelo forestal, de éstas, 6.536 corresponden a bosques de frondosas, 59.933 a bosques de coníferas, 55.520 a pastizales naturales, 26.436 a zonas de matorral y 157.208 a vegetación esclerófila.
En el mismo periodo se ha producido un incremento de 80.182 ha de suelo urbano y 57.588 ha destinadas a redes de transporte. Gran parte de esta red de transporte corresponde a infraestructuras viarias y trenes de alta velocidad, que dan servicio a las nuevas zonas urbanas. Si además se añade la superficie destinada a zonas de extracción minera y vertederos la cifra asciende a 240.166 ha. Hay que tener en cuenta que la actividad minera abastece de materia prima a la industria de la construcción y los vertederos de inertes albergan los residuos de esta misma actividad.
Además, en los últimos años se ha incrementado ostensiblemente la actividad urbanística, concretamente 800.000 proyectos visados de nuevas viviendas en 2005 y 920.000 en 2006, indicando que en los próximos años la reducción de la superficie forestal va a continuar.
Ecologistas en Acción considera grave y alarmante la dinámica en la que han entrado la mayoría de las comunidades autónomas permitiendo e incluso promoviendo proyectos urbanísticos irracionales sobre terrenos forestales. Entre estos cabe destacar:
· Los proyectos de la ciudad del golf en Navas del Marqués sobre un pinar incluido en zona ZEPA y la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, recientemente aprobada por ley por la Junta de Castilla y León y que afecta al Soto de Garray, también sobre suelo forestal protegido.
· En Cáceres el proyecto Marina de Valdecañas, proyecto promovido por la Junta de Extremadura y que consiste en la construcción de hoteles, apartamentos, villas de lujo, campos de golf dentro de dos islas existentes en el embalse de Valdecañas, dentro de una zona ZEPA
· La Ciudad Agroalimentaria promovida por el Ayuntamiento de Tudela (Navarra) que se está construyendo sobre terrenos que eran hábitat de aves esteparias
· Recalificaciones en la zona de Serelles, en Alcoi (Alicante) en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de la Sierra de Mariola.
· Construcción de la estación de esquí, con un amplio desarrollo urbanístico, de San Glorio (Castilla y León y Cantabria) afectando a dos espacios protegidos como son el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina.
· En Murcia, construcción de 4.000 viviendas y campo de golf en La Zerrichera, en la ZEPA y LIC de la Sierra de Almenara (Águilas).
· En El Puerto de Santa María, Cádiz, el Ayuntamiento y diversas empresas han firmado un total de 25 convenios urbanísticos para recalificar 2,5 millones de m2 de suelo no urbanizable, de los que 500.000 m2 son forestales de especial protección.
· En Aragón, en el municipio de Montanuy se proyecta la ampliación de la estación de esquí de Cerler por la Zona del Valle de Castanesa. Todo ello afecta a terrenos forestales.
· En la isla de Gomera, Canarias, en el Parque Rural de Valle Gran Rey, se está afectando a una montaña y a toda su vegetación para extraer material para la construcción del nuevo puerto de Valle Gran Rey.
· En la Comunidad de Madrid, son muchos los proyectos que pretenden eliminar superficie forestal. Entre estos cabe destacar los nuevos planeamientos generales que están tramitando en 20 municipios de la Sierra de Guadarrama y 8 en la ZEPA de los Río Alberche y Cofio, en total se plantea la recalificación de unas 6.000 ha de terreno forestal, una superficie similar al municipio de Galapagar.
· En el caso concreto de Boadilla del Monte, el Plan General vigente ha recalificado 400 ha del encinar que formaba parte del Monte de Boadilla y ha iniciado los trámites para ampliar el campo de golf de Las Rejas sobre el encinar.
Estos son sólo una pequeña muestra de lo que está sucediendo en todo el Estado, y Ecologistas en Acción considera muy grave que en todos los casos las administraciones públicas, locales o autonómicas desempeñan un papel fundamental en la promoción y autorización de estos proyectos.
Por ello, coincidiendo con la próxima celebración del Día Forestal Mundial, el 21 de marzo, Ecologistas en Acción reclama que con motivo de las próximas Elecciones Autonómicas y Locales, las formaciones políticas se comprometan a garantizar la protección efectiva de las zonas forestales y a dar un giro radical en las insostenibles políticas urbanísticas de las diferentes administraciones.
*Ecologistas en Acción - Naturaleza 19 de marzo
Foto: E.A.
Un juez investiga a dos cargos del PP de Castilla y León por una trama urbanística
RafaelMÉNDEZ.- EL PAÍS* : "El juez de instrucción nº1 de Valladolid ha pedido a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva regional del PP de Castilla y León: el secretario regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para investigar su posible participación con una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pocas investigaciones de tramas urbanísticas apuntan tan alto.
El juez pide a información fiscal de otras 13 personas y las operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo.
Freijo y su segundo están imputados por prevaricación y tráfico de influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos semanas.
Arroyo de la Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos. Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930 habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006, el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias de oficio para investigar las recalificaciones en el pueblo a raíz de una información de El Norte de Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo, alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex empleada suya -María Iluminada Miguel- un convenio urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía. María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio, concejal del PP en Valladolid.
En ese convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía daba al ayuntamiento 12,468 millones de euros, mucho menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 euros de beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su presidente, Ramón López Casal.
El juez ya imputó por delito contra la hacienda pública, prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y eleva el perfil político de los investigados. En un auto fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la Agencia Tributaria que le remita "copia auténtica del resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de los últimos cinco años" de otras 15 personas, entre ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP, Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz.
Dionisio Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los convenios urbanísticos del municipio. Su hija María Iluminada firmó el convenio a favor de Mahía como apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la posible relación de Dionisio Miguel en la trama "visto el estado de las presentes actuaciones". El magistrado reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos años después tenía 50 empleados.
El juzgado también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario de organización del PP regional, procurador en las cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la renta, reclama al ayuntamiento que informe "sobre la condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico" y que "certifique si la labor de asesoramiento abarca el ámbito urbanístico". De la Hoz es el número tres del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan Vicente Herrera.
El magistrado también reclama información del ex concejal de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados de baja del partido) en el punto de mira del magistrado, más dos familiares directos.
El auto refleja una compleja trama de vínculos familiares y empresariales. El juez reclama las declaraciones de la renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez consejero de la empresa municipal de suelo Emuva, Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga los ingresos de éste y de sus socios en otras promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. En total, son ya 18 personas las investigadas, en un caso que ha sacudido a Valladolid. El auto investiga también a Florentino González Rodríguez, albacea de la familia Ibáñez, que era propietaria de todo el suelo originalmente rústico.
Por último, reclama a la Guardia Civil una "investigación e informe sobre localización, sede, instalaciones y datos de las empresas Promociones TJ-4, Urbaduero 21, Binurba, Arquiduero, Obribérica, Hotel Villa de Olmedo, Fernández y Soares Construcciones, Trycsa, Avgeira Gestión". Se trata de las firmas relacionadas con los investigados y que conforman una intrincada madeja.
*ELPAIS.com - Madrid - 19/03/2007
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid)/ noticias
Nueva concentración en el Portalet contra la especulación urbanística
EL PERIÓDICO* : "Alrededor de 200 personas se concentraron ayer en el Portalet para denunciar, por cuarta vez, el "desarrollo especulativo-urbanístico" de la sociedad Aramón en el entorno de la estación de esquí de Formigal, una iniciativa convocada por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.
En la concentración, bajo el título Espelunciecha nunca más, se dieron cita representantes de CHA e IU, el profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldman de Medio Ambiente, Pedro Arrojo, el himalayista aragonés Santiago Sagaste, y el director del programa Al filo de lo Imposible, Sebastián Álvaro.
Los asistentes desplegaron una pancarta en la que podía leerse Naturaleza irrepetible, destrucción no y comenzaron una campaña de recogida de firmas que, bajo el lema Diálogo por las Montañas, tiene como objetivo efectuar una solicitud a la comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón para que recupere el texto de la Ley de las Montañas, que contó con el apoyo de decenas de miles de aragoneses.
ACTUACIONES EN MONTANUY En esta línea, consideran "grave y urgente" paralizar la intención del alcalde de Montanuy, José María Agullana, de aprobar por la vía de urgencia un nuevo plan urbanístico "que significaría la destrucción del valle de Castanesa (Ribagorza) bajo un macro-complejo urbanístico asociado a la nueva estación de esquí de Aramón-Castanesa", según los convocantes. La movilización comenzó en el Portalet con una excursión guiada hasta el Ibón de Espelunciecha.
Aunque finalmente no estuvo presente el catedrático de Geografía de Montaña, Eduardo Martínez de Pisón, se dio lectura a un texto suyo titulado, igual que la concentración Espelunciecha nunca más. "Hemos asistido aquí desolados a la desfiguración de un paisaje querido y hemos aprendido mucho en esta batalla perdida en la que hemos dejado la candidez pero no el idealismo que, al contrario, ha salido reforzado", señalaba el manifiesto según informó la agencia Efe.
Asimismo, los convocantes insistieron en que no han cesado en el intento de "defender nuestras razones ni la vigilancia con el fin de estar alertas cuando ese modelo aciago quiere extenderse como una plaga por el Pirineo", concluyó.
*EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 19/03/2007
Foto: Defensa de las Montañas. - S.E. (DiarioAltoAragón)
El problema de la vivienda se agrava en el caso de los hombres y mujeres separados
JorgeSALIDO COBO* : "Según el último barómetro del CIS, la vivienda es el cuarto problema que más preocupa a los españoles. Los altos precios y la continuada ascensión de los tipos de interés han hecho que acceder a una casa sea poco más que una odisea que puede desembocar en hasta 40 largos años de pagos hipotecarios. Pero este difícil panorama se complica aún más si nos fijamos en los matrimonios que se acaban rompiendo.
El hogar paterno, pisos compartidos de alquiler, campings, albergues, centros sociales e incluso coches se han convertido en las principales viviendas de los hombres y mujeres separados en el territorio español. Para intentar cambiar esta realidad, el País Vasco y Madrid mantienen acuerdos en materia de vivienda con las respectivas asociaciones regionales de padres y madres separados. A ellos les dedican un cupo de su lote anual de VPO.
En el 2004, el INE (Instituto Nacional de la Estadística) hizo público que había 132.789 separados o divorciados en España. Hombres y mujeres que, además de tener que hacer frente a su complicada situación social y sentimental, chocan de frente con el problema de dónde marcharse a vivir. En la mayoría de los casos (93%-94%) es el hombre quien se ve desterrado del que era su hogar y un 80% de éstos no tiene dónde ir. Además, arrastran un amplio lastre económico que acota demasiado su nivel de vida. Lo mismo ocurre en el 6%-7% de las mujeres.
En el 2004 había 132.789 separados o divorciados en toda España
En estas circunstancias económicamente difíciles, uno de los cónyuges se ve obligado a cambiar de vida y de casa, tarea ardua. En el mejor de los casos, a un hombre o mujer con dos hijos y con un salario de 2.000 euros mensuales le sobrarían 800 € para pagar su nuevo hogar y los gastos diarios. A la cifra total hay que restarle el crédito hipotecario de su anterior casa familiar (500 € aprox.) y la manutención de sus hijos (700 € aprox.).
El reducido poder adquisitivo hace que estas personas tiren de imaginación para poder vivir lo más dignamente posible. En el País Vasco, los camping han pasado a ser las nuevas 'urbanizaciones' de los separados/as. Hasta un 10%-12%, según Justo Sáenz, presidente de la Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados (KIDETZA), acude a estos campamentos para salir del paso en un primer momento.
"A estas personas, que conviven diariamente en estos campamentos o incluso duermen en sus coches, les da vergüenza hacer pública su situación diaria y desde la Federación hemos dado pasos muy importantes, en consenso con la Consejería de Vivienda, para conseguir la máxima equiparación social en materia de vivienda entre el hombre y la mujer. Hemos firmado un acuerdo pionero en España donde se favorece a los ex cónyuges a la hora de acceder a pisos de protección oficial y también hemos creado las condiciones necesarias para favorecer la liquidación de los bienes gananciales", afirma Sáenz.
Más allá de estas medidas oficiales, la KIDETZA también les aconseja cómo conseguir locales bajos y reconvertirlos en vivienda de carácter transitorio. "Hay que tener en cuenta que el problema no sólo afecta a la parte que tiene que abandonar la casa, en la mayoría de los casos, por orden judicial. Suele ocurrir que el cónyuge que se queda con la casa quiere empezar de cero y olvidarse del pasado. Para eso tiene que cambiar de hogar", declara Sáenz.
elmundo.es ha hablado con el propietario de, al menos, uno de los tres camping que acogen a este tipo de personas. "Nosotros sólo tenemos ocupados por separados tres de los 45 puestos fijos con los que contamos. Todos tienen alquilado un módulo y se han traído sus respectivos bungalows. Firman el mismo tipo de contrato que el resto de la gente y pagan 196 € al mes", informa José. El desequilibrio entre la oferta y la demanda de pisos de alquiler en el País Vasco es otro de los hándicap que juegan en contra de las personas divorciadas.
La Comunidad de Madrid, a través del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), también dedica un cupo de sus VPO a separados. Por primera vez, en 2006 el IVIMA dedicó un tanto por ciento de sus viviendas sociales (alquiler o venta) a este sector social. Sin ir más lejos, en los próximos meses este organismo entregará 2.300 viviendas de alquiler social de las que 202 irán destinadas directamente a los ex cónyuges. El Ministerio, en su Plan Estatal de Vivienda, no hace referencia directa a este sector de personas. Se limita a favorecer el acceso a viviendas pequeñas, los llamados 'minipisos', a jóvenes, divorciados, separados, jubilados, familias monoparentales, etcétera.
*elmundo.es - Su Vivienda - 09/03/2007
Foto: Bungalows tipo de uno de los camping donde residen divorciados. (Foto: ELMUNDO)
¿Por qué se movilizan los agentes forestales?
JesúsGarcíaJiménez* : "Hoy, los agentes forestales están en plenas movilizaciones en la Comunidad de Madrid y Castilla y León, ayer en Cataluña y mañana será Andalucía u otra comunidad autónoma. Cuando estos funcionarios públicos reivindican ejercer sin trabas y presiones sus potestades de coacción administrativa, lo que realmente piden es que la Administración les permita realizar su trabajo, que es la vigilancia y protección del medio natural, sin discriminar ni colaborar con bolsas de impunidad ante los ilícitos administrativos y penales que atentan contra el medio ambiente y que surgen por la influencia que ejercen determinados sectores sociales en las estructuras político-administrativas de las administraciones públicas.
El caso Andratx, en Baleares, es un claro ejemplo de cómo una denuncia (posible ilícito penal) de un agente forestal ha estado inmovilizada varios meses en algún despacho administrativo, sin llegar al juzgado correspondiente.
Los agentes forestales cuando reivindicamos nuestro tradicional ejercicio de la condición de policía judicial genérica, recogida en la legislación vigente, es para poder investigar delitos como las construcciones ilegales en nuestros terrenos forestales, la caza furtiva de nuestras especies protegidas, la provocación de los incendios forestales en nuestros bosques, la contaminación de nuestro medio ambiente, etcétera, y que cuando de nuestras pesquisas resulte un posible indicio de delito, la denuncia o atestado llegue sin dilación alguna al juez o fiscal competente. Queremos que el trabajo público realizado tenga un sentido social, que nuestras actuaciones sirvan para prevenir atentados contra la naturaleza y el medio ambiente y que, en los casos que no sea posible, se sancione al autor o autores sin ninguna discriminación.
Es intolerable que en 2007, en un Estado de derecho, la genuina policía ecológica de España desde hace más de 130 años, compuesta en la actualidad por unos 5.500 agentes, la quieran algunos gestionar como una guardia pretoriana al servicio de una casta técnica poco evolucionada ante los nuevos retos que plantea la defensa de nuestro medio ambiente.
*Jesús García Jiménez, (vicepresidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA))
*ELPAIS.com - 19/03/2007
Unas 50.000 personas salen a la calle para exigir que no se destruya Mallorca
F.GUIJARRO* : ""Habéis participado en la manifestación en defensa del territorio más importante de la historia de Mallorca". Con estas palabras recibía la portavoz del GOB y de la Plataforma Salvem Mallorca, Tonina Sitjar, a las más de 50.000 personas que ayer participaron en una movilización destinada a poner fin a la "destrucción" de la isla.
Pese al inevitable baile de cifras -más de 60.000 participantes según los organizadores, de 45.000 a 50.000 según la Policía Nacional, y más de 30.000 según la Policía Local-, lo cierto es que los representantes de las organizaciones participantes no ocultaban su euforia ante el éxito de la convocatoria, en esta ocasión bajo el lema Prou destrucció, salvem Mallorca.
Una parte importante del éxito de esta movilización hay que buscarla en el respaldo conseguido por los partidos de la oposición, con una presencia sin precedentes de militantes y simpatizantes del PSIB-PSOE y del Bloc per Mallorca (PSM y EU-EV), tal y como se ocupó de destacar alguno de los responsables de estas organizaciones a la vista de las numerosísimas banderas que se portaban con las siglas de estas formaciones.
Como hecho mas significativo, se subrayaba que una hora y cuarto después de iniciarse la manifestación, cuando la cabecera ya estaba en la Plaça de Cort, salían los últimos grupos del punto de inicio en la Plaça d´Espanya.
El portavoz del GOB, Miquel Àngel March, destacó que este éxito de movilización debe de servir para que "todos los partidos" apuesten por un cambio en la política territorial que se ha venido desarrollando durante la presente legislatura, con la construcción de grandes infraestructuras y el crecimiento de las urbanizaciones.
Sin embargo, admitió que protestas anteriores, desarrolladas con Jaume Matas como presidente de la Comunitat Autònoma, no han servido para modificar la línea de actuación de sus Gabinetes, por lo que consideró que "el PP ha demostrado que sólo sabe gobernar de esta forma".
Apoyo de 180 organizaciones
Según March, está actividad "depredadora" del territorio es la que ha provocado que exista una enorme concienciación entre los ciudadanos de las islas de la hipoteca que ello supone para su futuro, y destacó que el reflejo más claro es que si la movilización convocada en 2004 contó con el respaldo de un centenar de organizaciones, la de ayer sumó finalmente unas 180 adhesiones.
Pero además puso sobre la mesa un nuevo factor que en su opinión ha ayudado a que un numero mayor de personas optaran ayer por salir a la calle: la "indignación" que los casos de corrupción urbanística han generado entre los isleños, y la permisividad demostrada por algunas organizaciones políticas ante estos hechos.
*diariodemallorca.es - Domingo, 18 de marzo de 2007
Foto: Los manifestantes, a su paso por el Born /diariodemallorca
Orihuela tiene el 10% de sus urbanizaciones sin servicios básicos
R.LLORENTE* : "El 10% de las urbanizaciones ilegales que se levantan en Orihuela (Vega Baja) carece de servicios básicos como agua potable, luz, alumbrado público, alcantarillado y asfaltado, según la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). El colectivo impulsó la denuncia contra el Ayuntamiento de Catral y cinco promotores por la masiva construcción de casas en suelo no urbanizable del municipio.
El presidente de AECU, Honorio Fernández, apunta que el número de vecinos afectados por esta falta de dotaciones y servicios es difícil de precisar en tanto que estos núcleos residenciales están integrados por entre cuarenta y cien viviendas.
Después de sufrir durante al menos una década el gravamen de unos impuestos por unos servicios de los que jamás han disfrutado, el colectivo de usuarios critica la fórmula a la que sistemáticamente recurren los ayuntamientos que optan por considerar propietarios-promotores a los afectados y transferirles de esta forma las cargas de la urbanización de cada enclave.
Residenciales como El Presidente, La Solana, Montezenia, Lomas de Don Juan, en Orihuela; o Las Piqueras, de San Fulgencio, son algunas de las urbanizaciones donde sus moradores fueron estafados y desde entonces "malviven" sin servicios básicos. AECU subraya que son los promotores quienes están obligados a urbanizar el suelo rústico gracias a la plusvalía que obtienen de la recalificación del suelo, "y siempre antes de empezar a construir las viviendas o a más tardar simultáneamente", precisa Fernández.
El presidente de la entidad subraya que la responsabilidad de los incumplimientos de los promotores a la hora de ejecutar los servicios básicos en las zonas comunes de la urbanización son ayuntamientos y colectivos profesionales implicados en el proceso de la construcción.
*ELPAIS.com - Alicante - 18/03/2007
Foto: Orihuela costa
Cuatro alcaldes del área metropolitana de A Coruña, implicados en negocios inmobiliarios
PaolaOBELLEIRO* : "Los alcaldes con intereses inmobiliarios proliferan en el área metropolitana de A Coruña, uno de los polos de mayor auge de la construcción. Los regidores de Arteixo, Oleiros y Betanzos están siendo investigados para determinar la compatibilidad de sus cargos con sus actividades empresariales. El de Cambre tuvo que rendir cuentas por su promotora de viviendas en el vecino municipio de Sada. En A Costa da Morte, ahora con un fuerte bum urbanístico, las actividades privadas del alcalde de Cee y su familia están también en la mesa de la fiscalía tras una denuncia de los socialistas.
"Estamos aquí para servir, tanto desde el punto de vista de empresa como desde el punto de vista de ayuntamiento. Al que viene como vecino, se le atiende como vecino, y al que viene como cliente, se le atiende como cliente. Sin mezclar las cosas". Manuel Pose Miñones justifica con esta frase la compatibilidad de sus intereses empresariales con su cargo de regidor de Arteixo. Los alcaldes promotores suelen alardear de la transparencia de sus actuaciones. Y todos juran y perjuran que no dan trato de favor a sus empresas.
- De Arteixo a Cambre. Pose Miñones es alcalde por el PP desde 1995 y presidente de un grupo que engloba 15 sociedades, cinco de ellas nacidas tras llegar al cargo y dedicadas a actividades inmobiliarias. Pose reconoce haber votado la concesión de licencias a empresas de las que es accionista para la construcción de cinco edificios en Arteixo. Admite que su actuación "no estuvo bien" aunque defiende su legalidad. Pose emitió la documentación a la Fiscalía, que estudia abrir diligencias. El alcalde cobra por dedicación exclusiva 61.200 euros al año.
El regidor socialista de Cambre, Antonio Varela, también rindió cuentas el pasado año ante la Fiscalía por su participación en una promotora que edificó 46 viviendas en Sada. Varela, que lleva 25 años en la alcaldía, por la que cobra dedicación exclusiva, y sus otros siete socios, entre ellos un ex edil de Urbanismo, percibieron 4.017 euros cada uno. El fiscal no halló indicios de delito.
- Las fincas de los alcaldes. El alcalde socialista de Betanzos, Manuel Lagares y su hermano Antonio, también concejal, están citados a declarar ante el juez por una denuncia del PP, que los acusa de aprobar una urbanización en la que tienen intereses. Un año antes de que el pleno municipal acordase esa operación, los hermanos Lagares vendieron fincas en las que está previsto construir parte de los pisos, pero acordaron con el comprador que éste abonaría 721.000 euros por los terrenos 30 meses después de lograr la licencia para edificar.
La Fiscalía también denunció al alcalde de Oleiros, el independiente Ángel García Seoane, al apreciar indicios de que se aprovechó de su cargo para enriquecerse con negocios inmobiliarios. "Ha venido adquiriendo distintas fincas que han incrementado sus valoraciones urbanísticas", sostiene el ministerio público.
- Cee. Desde la llegada de José Antonio Domínguez a la alcaldía de Cee, en 2001, su esposa y su hijo desarrollaron una importante actividad como socios de seis empresas relacionadas con la construcción. Tres de ellas edifican en A Costa da Morte, incluida una urbanización en Cee. Domínguez, del PP, compaginó durante tres años la alcaldía con la administración de su empresa de electricidad que realizó obras en el nuevo mercado municipal.
- Ferrol. El teniente de alcalde de Ferrol, el independiente Juan Fernández, socio de gobierno del PP, es propietario de unos terrenos urbanizables en Serantes, donde la promotora Bros Noroeste planea construir una urbanización con 69 chalés adosados.Fernández adquirió los terrenos en 1978 como suelo rústico y en 2000 se recalificaron como urbanizables.Cuatro años más tarde ya en el gobierno, el edil firmó un edicto donde figuraba entre los afectados por el plan de sectorialización y recibió un pagaré de 192.324 euros por una opción de compra sobre una finca. En mayo del 2005 solicitó como promotor una modificación del PXOM para desviar el trazado de un vial que atravesaba su parcela, informa Lorena Bustabad.
- Concejales de Urbanismo. Pese a percibir un sueldo de más de 36.000 euros por dedicación exclusiva, el edil de urbanismo de Teo, el independiente Manuel Parajó, admitió en uno de los plenos -a los que acude con la carpetilla de una conocida promotora- que no sólo realizaba negocios urbanísticos fuera del municipio (como se había publicado en la prensa), sino también dentro del ayuntamiento. Parajó ultima su campaña para repetir como socio del PP y ocupar nuevamente la concejalía de urbanismo. Sobre su colega de Porto do Son, el socialista Manuel Vázquez, pesa una denuncia de la Fiscalía que lo acusa de un presunto delito de negociación prohibida a funcionarios y autoridades. El concejal compró a su nombre cuatro fincas no urbanizables en Portosín que posteriormente aparecieron recalificadas en el Plan General, informa José Precedo.
*ELPAIS.com - A Coruña - 18/03/2007
Foto: Ferrol /turismo
El mapa de la corrupción urbanística cuenta con 21 ayuntamientos con causas penales abiertas en Andalucía
AntonioMONTILLA* : "La cifra impacta: 21 ayuntamientos andaluces salpicados por presuntos casos de corrupción urbanística, con imputaciones penales para alcaldes, concejales y ex concejales en lo que va de mandato, desde las elecciones de 2003. Si se compara este número con el total de municipios de la Comunidad autónoma, el porcentaje ofrece otra lectura: sólo el 2,7 por ciento de los 770 ayuntamientos cuentan con representantes involucrados en casos en los que supuestamente se han violado las normas de ordenación del territorio. ¿Muchos o pocos? Seguro que no hay una única respuesta.
«Aquí no hay políticos corruptos de un signo político u de otro, lo que hay son delincuentes». La frase es de Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil que esta misma semana ha presentado 194 nuevos agentes para combatir la delincuencia urbanística, lo que supone un refuerzo en la investigación de estas infracciones penales, su impacto en el medio ambiente y los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La apreciación de Mesquida se cumple, al menos en Andalucía, porque hay cargos públicos afectados de todos los colores y signos políticos.
Ciudades pequeñas
La corrupción tan poco se decanta por una provincia u otra y ni siquiera se puede aseverar al cien por cien que estos delitos sean exclusividad de las localidades costeras.
El único común denominador es que, salvo el caso de Marbella, el resto de concejos afectados no alcanzan los 50.000 habitantes; es decir, que son corporaciones medias o pequeñas donde existe una menor fiscalización previa de las actuaciones de alcaldes y concejales. En cualquier caso, ningún gobierno de capital de provincia se incluye en un listado que hay que actualizar casi semanalmente.Y es que existe otro medio centenar de denuncias relacionadas con el urbanismo que aún no han derivado en una causa penal y que están en fase de investigación, bien por parte de la Fiscalía, por cuerpos como la UDYCO, el SEPRONA o por la propia Junta de Andalucía.
La inminente campaña para las elecciones municipales también incrementará el anuncio de interposición de medidas legales que no siempre se consuman. La primera parada en este recorrido por los presuntos casos de corrupción en Andalucía nos lleva a Marbella. La denominada 'operación Malaya' fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la Junta que impulsó una decisión sin precedentes, la disolución de la corporación y la instauración de una Comisión Gestora, que rige los designios de la ciudad hasta mayo.
Más allá de 'Malaya'
La ex alcaldesa, Marisol Yagüe, y todo su equipo de gobierno fueron enviados a prisión bajo la imputación de los presuntos delitos de cohecho, malversación y prevaricación. Pero la 'operación Malaya' ha supuesto mucho más por sus connotaciones mediáticas, relacionadas con el mundo del papel 'couché' y, sobre todo, por las dimensiones de un proceso que sigue abierto y que esta misma semana ha deparado tres nuevas detenciones relacionadas con el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
Más allá de este sumario, ex alcaldes y ex concejales de los distintos gobiernos del GIL están imputado en al menos un centenar de procesos y, algunos de ellos, ya han sido condenados a penas de prisión por delitos contra la ordenación del territorio. En la provincia de Málaga hay, por ahora, tres frentes más abiertos.
El juez Miguel Ángel Torres, el mismo que instruye la 'operación Malaya', dirige la investigación del caso 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol que, como el caso anterior, materializa la UDYCO. Dicho proceso sacó a la luz las irregularidades en los convenios urbanísticos. El alcalde, Pedro Tirado (independiente que perteneció al GIL) dimitió tras ser enviado a prisión. El primer edil de Tolox, Juan Vera, del PA, se enfrenta a varias acusaciones de haber permitido la construcción de promociones inmobiliarias en suelos calificados de no urbanizables. En Alhaurín El Grande, el alcalde Juan Martín Serón, y el delegado de Urbanismo Cristóbal Guerra fueron detenidos por un presunto delito de cohecho. Ambos pertenecen al PP.
Más detenciones
Granada ha tomado el relevo de Málaga en relación con las detenciones, aunque los implicado han podido eludir la cárcel tras la presentación de las fianzas marcadas por el juez. Manuel Fernández, concejal delegado de Urbanismo de Alhendín, tuvo que depositar 18.000 euros y está en libertad bajo fianza, aunque su imputación incluye varios supuestos delitos: cohecho, prevaricación y fraude.
En Armilla, el alcalde socialista, José Antonio Morales, el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavete y otros cuatro concejales del PSOE se enfrentan a sendas imputaciones por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en el denominado 'caso Nevada', que también salpica a Tomás Olivo, empresario que se encuentra en libertad bajo fianza por el caso Malaya.
Aforados
Pese a que Ogíjares es un municipio pequeño, los indicios de posible corrupción en su consistorio han llegado hasta el Tribunal Supremo. José Luis del Ojo une a su condición de concejal y ex delegado municipal de Urbanismo la diputado nacional por el PP. Es, por lo tanto, un aforado que sólo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. La Fiscalía del máximo órgano judicial español ya ha pedido a la del TSJA que le informe sobre el supuesto trato de favor que Del Ojo habría presuntamente dado a una empresa constructora en relación a unas obras contratados por el Ayuntamiento.
Juan Carlos Benavides, alcalde independiente de Almuñecar que comenzó el mandato bajo las siglas del PA, tiene ante sí un rosario judicial copioso, con cuatro procesos penales abiertos y más de 60 contenciosos administrativos que incluyen presuntos delitos de diversa índole.
En Fuente Palmera, Córdoba, el ex alcalde socialista está imputado por haber vendido, supuestamente, una zona verde para construir viviendas.
*diariosur.es - Domingo, 18 de marzo de 2007
Foto: Almuñécar /motrildigital
En el suelo urbanizable de Madrid se pueden construir más de un millón de casas
MartaBELLVER/BenditoMUÑOZ* : "Si el crecimiento inmobiliario de Madrid tiene fronteras, éstas se encuentran situadas a una distancia de años luz. Al menos en la teoría. Contando sólo con el suelo listo para urbanizar que tiene la Comunidad se podrían edificar más de un millón de nuevas viviendas. Pero no sólo eso. La región dispone además de otro 17,5% de terreno no comprometido que en el futuro tendría la opción de albergar desarrollos residenciales. Si se calcara el modelo urbanístico actual, con esta reserva se levantarían otros 7,4 millones más de casas.
Ahora bien, ¿cuál debería ser el patrón de desarrollo de la Comunidad de Madrid (CAM)? «El escenario de urbanizar todo lo posible es una pesadilla», responde el arquitecto y urbanista José María Ezquiaga, quien aboga por un sistema en el que los espacios libres se infiltren en la ciudad, se considere indispensable un buen transporte colectivo y se dote a la metrópoli de entidad propia.
En este sentido, Ignacio Alcalde, director del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Negocios CEU, plantea la necesidad de que el Ejecutivo regional elabore una estrategia de crecimiento territorial que marque pautas generales para todos los ayuntamientos.
Dando un paso hacia la concreción, los expertos estiman imprescindible que se incrementen las densidades de construcción para hacer un uso más racional del suelo y, al mismo tiempo, se potencien los modelos mixtos de acuerdo con las peculiaridades geográficas y ecológicas de la zona.
Por ejemplo: «En la zona sur, se podría construir un 40% de unifamiliares y un 60% de multifamiliares con un máximo de seis o siete pisos; en Guadarrama, en cambio, la mayoría de las edificaciones deberían ser chalés y los edificios no superar las cuatro alturas», apunta Alfonso de Esteban, catedrático de Sociología Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos.
La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con un parque de viviendas de alrededor de 2,8 millones de unidades, lo que se traduce en una media de 2,1 habitantes por casa. Si la teoría se llevara a la práctica, en el futuro podría transformarse en una región que cobijaría a más de 23 millones de ciudadanos.
¿Tiene techo Madrid? En teoría, el suelo es limitado y, lógicamente, no se podrán seguir construyendo casas de forma indefinida. En la práctica, sin embargo, el final de las reservas de la Comunidad está tan lejano que casi parece una entelequia.
Sólo con los solares preparados para urbanizar que atesora la región (es decir, los que han recibido ya luz verde administrativa para el inicio de la edificación) se podrían construir más de un millón de nuevos pisos, de acuerdo con los cálculos de los expertos consultados por SU VIVIENDA. Esto supone el 4,1% de la superficie total, que asciende a 8.030 km2.
Sur y sureste
Pero es que, además, hay un 17,5% de suelo no comprometido, situado principalmente en el sur y sureste de la Comunidad de Madrid (CAM), que en un futuro quizá no demasiado lejano podría cobijar nuevos desarrollos residenciales. Con este terreno la cifra de hogares potenciales suma alrededor de 7,4 millones de unidades más.
Los datos no son exactos, aunque sí muy aproximados. El parque de viviendas de la región contabilizaba 2.478.145 casas en 2001, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). A esto hay que añadir las 336.750 licencias de nueva construcción que se han concedido en los últimos cinco años. Si bien no todas acaban ejecutándose, sí dan una idea muy certera del ritmo madrileño de crecimiento inmobiliario. Así, se podrían contabilizar en la actualidad más de 2,8 millones de inmuebles finalizados o a punto de concluir.
Por otro lado, las ciudades y pueblos de la CAM ocupan un 8,6% de su suelo total, mientras que las infraestructuras y redes públicas se llevan un 4,4% de la superficie. Si se repitiera el modelo de urbanización existente en la actualidad en ese 17,5% de terreno no comprometido, citado anteriormente, el resultado en viviendas sería de esos 7,4 millones de pisos.
«El escenario de urbanizar todo lo posible es una pesadilla», afirma José María Ezquiaga, arquitecto y urbanista. «Lo importante es pensar un modelo. Éste debería contemplar un sistema de espacios libres que se infiltren en la ciudad y que no sea una mancha de aceite que lo ocupa todo. El modelo debe contar con algo esencial: un buen transporte colectivo para toda la región; y alimentar la metrópoli con múltiples centros con entidad propia, no sólo con viviendas, sino con ocio, comercio, actividad económica en forma de empleo...», asegura.
Desde su punto de vista, «es vital buscar una manera de reducir tantos 'viajes cautivos' de los madrileños sólo para ir al trabajo».
Además, este arquitecto señala dos cuestiones fundamentales para los nuevos desarrollos: «Lo importante es que todo el suelo de que se dispone llegue al mercado a precios asequibles y no con un valor desmedido; que se permita el primer acceso a la vivienda».
«El problema del crecimiento de Madrid no es el suelo comprometido, sino el suministro de agua», apunta Alfonso de Esteban, catedrático de Sociología Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos. «El consumo actual es de 280 litros por habitante y día; si multiplicamos esa cifra por 12 millones de ciudadanos potenciales, es evidente que será necesario construir nuevos pantanos o hacer trasvases desde el río Duero», añade.
Estrategia
En esta línea de planteamientos generales, Ignacio Alcalde, director del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Negocios CEU, no se explica que la CAM no disponga aún de una estrategia de desarrollo territorial que marque las pautas del crecimiento. «Es importante hacer I+D sobre el suelo, porque es necesario utilizarlo de manera inteligente. Hay que conocer la vocación de cada espacio y su encaje en el conjunto regional», propone.
Madrid ha tenido un desarrollo singular a lo largo de los años. «En los 60 se apostó por la edificación en torre, en los 80 y 90 por los adosados, en los 90 por las manzanas. La oferta de ahora debe ser lo más variada posible y capaz de mezclarse con otros usos, económicos, sociales, educativos, sanitarios», añade José María Ezquiaga.
Según Rosa Cervera, directora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá de Henares, «el crecimiento debe ser muy moderado». Y destaca: «En seis décadas ha existido una invasión del territorio. En los 80 se pensó que Madrid no crecería más. Ahora vivimos otra ola de expansión. De seguir así, en un par de generaciones se acabará con el suelo del futuro».
Para el urbanismo del mañana los expertos consultados apuestan por incrementar las densidades de construcción, a la vez que se potencien los modelos mixtos y se atiende a las peculiaridades geográficas y ecológicas del área.
Por ejemplo: «En la zona sur, se podría construir un 40% de unifamiliares y un 60% de multifamiliares con un máximo de seis o siete pisos; en Guadarrama, en cambio, la mayoría de las edificaciones deberían ser chalés y los edificios no superar las cuatro alturas», propone De Esteban.
«La vivienda del futuro debe apostar por la continuidad y construir tanto apartamentos pequeños en altura como pensar en unifamiliares. Evitar esos saltos inexplicables entre desarrollos. La discontinuidad es lo que baja la densidad», apunta José María Ezquiaga.
«Pero antes de pensar en crecer hay que diseñar desde la demanda de vivienda como valor de uso. Recuperar casas en los centros urbanos, no sólo de Madrid, también de Alcobendas, Parla, Leganés..., que lo están pidiendo. Ir, también, hacia un crecimiento ordenado de la inmensa cantidad de suelo calificado actual; y reconstruir los barrios periféricos de los 50, 60 y 70», dice Ezquiaga.
En esta misma línea, Rosa Cervera añade: «Se debe hacer un mejor uso de lo que hay, una colmatación razonable mejorando lo existente y regenerando el tejido construido, pero no por extensión sino por coherencia».
Flexibilidad
«Las tipologías de vivienda deben ser muy flexibles, modelos cambiantes en función del crecimiento. Y con criterios que aseguren el ahorro energético y la sostenibilidad», apunta. En estos aspectos de sostenibilidad, ahorro energético y cuidado del medio ambiente ha insistido también Ezquiaga.
Alcalde propone una tesis muy parecida: «Es necesario apostar por ecourbanismo, que puede materializarse en directrices muy concretas. Por ejemplo, que el plan general de ordenación urbana de un municipio establezca una doble malla viaria dura y blanda, para vehículos y para ciclistas y peatones».
«El desarrollo infinito es imposible, como lo es prever la movilidad demográfica. Ni se debe cerrar ni pretender agotarlo. Es necesario pensar en que la ciudad es un lugar de convivencia, no de mercantilismo», indica Rosa Cervera antes de terminar: «Todo plan de suelo debe ir en paralelo a un plan de infraestructuras en la búsqueda de equilibrio».
De hecho, en el sector se empieza a dar forma (de momento verbal) a la creación de la futura M-60. Aunque el primer escollo ya está servido: la nueva vía de circunvalación debería discurrir bajo los montes de El Pardo, una opción técnicamente factible que plantea también no pocos problemas ecológicos.
Que Madrid fuera designada sede de los Juegos Olímpicos de 2016 podría suponer un empujón a estos planteamientos urbanísticos. «Evidentemente, se aceleraría el ritmo residencial», considera el catedrático Alfonso de Esteban. «Hay suficiente tiempo como trabajar con calidad y sensibilidad y hacer las cosas bien», concluye Ignacio Alcalde.
*El Mundo - SU VIVIENDA - 16 de marzo de 2007
Foto: Gran extensión de terreno el sur de la Comunidad de Madrid. / JULIÁN JAÉN
La España del ladrillo (II): nieve va
Perla Sambá* : "En las últimas semanas se ha puesto en marcha el lanzamiento publicitario de Marina d’Or Golf, segunda fase del famoso emporio turístico inmobiliario diseñado para recluir a 100.000 turistas. A plena ocupación, Marina d’Or pasará estar entre las cuarenta ciudades más pobladas de España. Pero antes de que aterrizen los nuevos colonos es preciso realizar una serena descripción de lo que les espera…
Aprendiendo de Las Vegas
Como no podía ser menos, el nuevo complejo incluirá los preceptivos tres campos de golf, diseñados por los superprofesionales mercenarios Sergio García y Greg Norman. Pero, como ya se imaginarán, a estas alturas del Delirio Urbanístico Generalizado (DUG), lo de los campos de golf es casi lo de menos… Gracias a Anne Igartiburu, portavoz oficiosa del emporio y conocida presentadora del concurso Mira quién saca tajada de la destrucción del territorio, nos hemos enterado de que entre las insensatas novedades que propone el demencial holding castellonense se incluyen los siguientes servicios de interés general: 1) Una serie de románticos canales para pasear en góndola. 2) Un balneario científico de agua marina (signifique esto lo que signifique). 3) Un arrecife coralino con más de 12.000 peces tropicales. 4) Reproducciones de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y los Jardines de Versalles. 5) Dos kilómetros de magníficas playas caribeñas (repetimos: caribeñas). 6) Y por último, aunque no por ello menos desquiciado, la mayor pista de esquí artificial del mundo.
Entre unas cosas y otras, los requerimientos de agua de Marina d’Or Golf representarían una quinta parte del trasvase del Ebro, según Ecologistas en Acción. (Nota: para que este tipo de nimias estadísticas no impidan el pleno disfrute de las nuevas atracciones, imaginamos que Marina d’Or proporcionará, a quien no lo lleve incorporado de serie, el mismo kit de aislamiento sensorial que llevan los “turistas” de Guantánamo para que el mundo exterior y sus engorrosos límites no impidan al visitante disfrutar de su vertiginoso descenso en trineo).
El tío Ger
Aunque la idea de esquiar en Castellón en pleno agosto suene quimérica, no hay que olvidar que el lema “nada es imposible” encaja como un guante en la personalidad de Jesús Ger, carismático alcaide de Marina d’Or. A Ger le gustán los desafíos y, para colmo, la Diosa de la Fortuna siempre ha estado de su lado:
- Primero tuvo la buena suerte de que los ayuntamientos de Oropesa y Cabanes le adjudicaran 19 millones de metros cuadrados para edificar Marina d’Or Golf. ¿Qué cómo consiguió la adjudicación? Bueno, según denuncias de Isaura Navarro, diputada de Izquierda Unida por Valencia, “dos de los seis concejales del Partido Popular de Cabanes que votaron a favor del proyecto, dos hijas de los máximos dirigentes del PSOE en Oropesa y la secretaría general del PSOE en esa localidad están en nómina de Marina d’Or”. Y lo dice como si cobrar dinero de Ger fuera algo malo… Vamos a ver: después de todo, los municipios de Oropesa y Cabanes van camino de convertirse en meros suburbios de Marina d’Or, así que es lógico que las autoridades locales reciban órdenes del alcaide Ger que, a fin de cuentas, es el que corta el bacalao. ¿O no?
- Más tarde, en otro increíble caso de buena suerte, las autoridades locales decidieron que el futuro aeropuerto de la provincia estuviera cerca del chiringo vacacionista de Ger. Por si esto no fuera suficiente, Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón, decidió que había que construir una carretera entre el nuevo aeropuerto y Marina d’Or aplicando la siguiente lógica: la-distancia-más-corta-entre-dos-puntos-es-la-línea-recta (formula geométrica de dudoso encaje legal, según algunos jueces, cuando la línea recta incluye una zona protegida y un yacimiento arqueológico).
Bajarse al moro… con los palos de golf
Pero no se alarmen, porque a Ger nadie le para los pies: aunque haya que secar el Ebro y sus batracios se caguen en la puta raza de Fabra y Ger, en Marina d’Or va a haber agua, suelo, carreteras y energía para lo que a él le de la real gana. No obstante, tras haber conseguido que nieve en Oropesa en agosto y en vista de que en España no hay autoridad competente que se le resista, Jesús Ger está intentando ahora el más difícil todavía: construir un complejo marinadoriano en Marruecos. ¿Utilizará el agua de los oasis marroquíes para construir una reproducción de Cullera en el Sáhara Central? Bueno, hasta que esto se aclare que mejor manera de amenizar la espera que echando un vistazo a uno de los últimos videos ideados por las autoridades de Castellón para atraer a sus costas a los colonos/turistas. Ladies and gentlemen, con ustedes, el único, el incomparable, el legendario… ¡LUIIIIIIIS AGUILÉ!
*LadinamoBlog - Miércoles, 21 Febrero, 2007
Foto: Marina D'Or /integral
Alrededor de 160 entidades se unen contra la destrucción del territorio
I.OLAIZOLA* /Palma : "Más de 160 entidades educativas, ambientales, culturales, formaciones políticas, sindicatos, asociaciones vecinales, plataformas territoriales y una gran variedad de otras asociaciones se han adherido a la manifestación contra la destrucción del territorio convocada para hoy a la seis de la tarde en la plaza de España por la plataforma Salvem Mallorca.
Tonina Siquier, militante del Gob que ha participado activamente en la organización de esta protesta, no se atrevía aventurar una cifra de las personas que acudirán a la manifestación convocada para esta tarde. "No sé, soy muy mala con las cifras. Llevamos más de un mes de trabajo y confiamos en que acuda tanta gente como la que vino a la gran protesta de 2004", pronosticó la ecologista.
Cabe recordar que el 14 de febrero de 2004 el Gob y otras dos plataformas contra proyectos viarios consiguieron congregar a más de 40.000 personas (otras fuentes hablaron de 50.000) por las calles de Ciutat bajo el lema ´Qui estima Mallorca no la destrueix´. La primera consecuencia de esta gran movilización ciudadana fue la retirada del polémico proyecto viario que pretendía unir Inca y Manacor con una autopista. Recordando esta victoria, las diferentes entidades convocantes animaban a la gente a acudir hoy a la manifestación contra la destrucción del territorio en Mallorca.
Los ataques contra el portavoz del Gob, Miquel Àngel March, por una presunta irregularidad urbanística en una finca de su propiedad en una zona Anei de Pollença serán, a juicio de los organizadores, una motivación añadida para que más gente acuda a la protesta.
"La denuncia la ha interpuesto un militante del PP y, curiosamente, todo el asunto se ha destapado la semana previa a la manifestación. En la finca de March no se ha hecho ninguna obra. Estamos bien tranquilos de que cualquier persona de nuestra organización es de una honestidad y transparencia absolutas. Quizá toda esta campaña responde a que no saben como tapar sus propios casos de corrupción e intentan desprestigiar a otros", apuntó Siquier.
En este mismo sentido se pronunció la secretaria general de los socialistas de Mallorca, Francina Armengol, para quien el PP emprende "campañas de desprestigio contra las organizaciones sociales y partidos que piensan diferente. Ya se ha demostrado que el Govern utiliza dinero público para pagar programas como IB3 Confidencial en los que se ataca a todo tipo de disidencia. Me repugna esta forma de hacer política", recalcó.
Más adhesiones
En lo que atañe a los últimos preparativos de la manifestación, Siquier se mostró sorprendida del alud de adhesiones que están teniendo hasta el último momento. "Ayer (por el jueves) se nos habían sumado unas 130 entidades. Hoy (por ayer, viernes) ya sumamos más de 160. Treinta nuevas organizaciones en un solo día", resaltó Siquier.
Aparte de la gente que acuda en sus propios vehículos, se han fletado autobuses desde las localidades de Pollença, Felanitx y Andratx, como informó este diario el jueves, a los que en las últimas fechas se han sumado otros autocares que partirán de Campanet, Inca, Alcúdia, Llucmajor, Esporles y Petra, según informaron desde la organización. "Los medios de comunicación están dando mucha cobertura a esta manifestación. Acudo a tres o cuatro radios cada día. Espero que la gente responda y acuda hoy a la plaza de España. Hemos trabajado para repetir el éxito de 2004", mostró su esperanza Siquier.
*diariodemallorca.es, Sábado, 17 de marzo de 2007
Foto: Militantes del Gob y de entidades que se han sumado a la manifestación desplegaron ayer en Son Sardina la pancarta que encabezará la protesta. /G.BOSCH
Afectados por posibles derribos esperan que la Junta recapacite tras el «rapapolvo»
SUR*/Marbella : "La contundencia de los argumentos con los que el juez Miguel Ángel Torres, instructor del 'caso Malaya', ha rechazado la personación de la Junta de Andalucía como acusación particular no ha dejado indiferente a nadie. Tampoco a los vecinos que pudieran verse afectados por algunas de las demoliciones de viviendas ilegales que podrían derivarse de las peticiones de ejecución de sentencias por parte del Gobierno andaluz.
La plataforma de ciudadanos afectados por los posibles derribos en Marbella no se anduvo ayer por las ramas y se mostró confiado en que el «rapapolvo» del magistrado a la Junta «le haga recapacitar y anuncie antes de las elecciones que no habrá ninguna demolición de viviendas adquiridas de buena fe».
Desde la plataforma no ocultaron su satisfación porque el juez haya considerado en el sumario a la Junta más responsable que perjudicada en la trama de corrupción urbanístico. En un comunicado, afirmaron que el «mal funcionamiento» de las administraciones públicas ha llevado a miles de vecinos a «situaciones muy graves», al mismo tiempo que acusaron de «hipocresía» de la Junta «al querer derribar viviendas después de haberse enriquecido por ellas».
Frente a estas duras críticas, la comisión gestora de Marbella cerró filas en torno al Ejecutivo andaluz. El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, consideró que culpar a la Junta de lo ocurrido «es como culpar a la Policía de la situación en el País Vasco».
«Muy precipitadas»
A su juicio, las observaciones reveladas tras el último levantamiento de sumario son «muy precipitadas» y no dudó en respaldar el argumento de Manuel Chaves, considerando que «quien cobra por la expedición de licencias ilegales y los impuestos de plusvalía es el Ayuntamiento». «Las palabras del juez se están sacando de contexto», añadió.
La propia Junta siguió ayer defendiendo a ultranza su gestión durante los 15 años de gilismo. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, recordó que desde que se obtuvo el respaldo de los jueces en las primeras sentencias anulando las licencias ilegales la actuación en Marbella ha sido «siempre contundente». Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, insistió en que la Administración autonómica no se ha beneficiado «en nada» de las operaciones urbanísticas irregulares que se han producido en Marbella.
Los coletazos al demoledor auto del juez también vinieron ayer de parte de los dirigentes del PP, del PA y de IU. Javier Arenas, presidente del PP andaluz, reiteró que el auto «no es subjetivo» porque la Junta lleva «15 años mirando para otro lado en Marbella». Por su parte, la portavoz del PA en el Parlamento , Pilar González, consideró que el Gobierno andaluz ha podido incurrir en un «fraude político» si se confirma el ingreso de dinero por impuestos de viviendas ilegales.
Por último, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, apostó por abrir una investigación para concretar la responsabilidad de la Junta y si sabía que las licencias eran «ilegales».
*diariosur.es - Sábado, 17 de marzo de 2007
Foto: Puerto Banús /malagaweb
El alcalde de Oleiros acusa a la Xunta de castigarlo mientras permite destruir la costa
PaolaOBELLEIRO* : "El alcalde de Oleiros, el independiente Ángel García Seoane, atacó ayer con dureza la política urbanística del Gobierno gallego ante la decisión de Política Territorial de rechazar el Plan Xeral de Ordenación Municipal de esta localidad del área metropolitana de A Coruña. "Somos víctimas del politiqueo", acusó, "nos paran el plan para jugar electoralmente con él". Nada que ver, denunció, con "la permisibilidad" ante alcaldes que destruyen la costa. "A esos nadie los para, sólo les dan tirones de oreja", denunció en alusión a los regidores de la Mariña lucense.
Hay dos varas de medir, según García Seoane. "Pero no vamos a dejar que esa política miserable mancille nuestra gestión", advirtió. El regidor desplegó una artillería de descalificaciones contra la política urbanística de los socialistas, que equiparó a la del PP: "Basta darse una vuelta por los ayuntamientos donde gobiernan unos y otros, están llenos de desfeitas y falcatruadas".
García Seoane tenía claro que iba ocurrir lo mismo que con los dos anteriores planes urbanísticos de Oleiros, de 1983 y 1995: también fueron rechazados, en vísperas de elecciones municipales, por el Gobierno gallego, entonces en manos de los populares, recordó. Y ahora, con los socialistas, la política urbanística de la Xunta se caracteriza, según este alcalde, por su "desnorte", su incapacidad para tramitar planes de ordenación -más de un centenar están pendientes, dijo- y su "permisividad mientras la costa gallega sigue siendo destruida".
El Ayuntamiento de Oleiros, que presume de "la singularidad" de su urbanismo, redactará para después del verano, tras las elecciones, un documento de respuesta al informe de Política Territorial en el que se desgranan las deficiencias del plan municipal por las que el departamento autonómico rechazó darle la aprobación definitiva. Pero ayer García Seoane ya lanzó crudas aseveraciones contra la resolución de la Xunta: "Es el informe personal de unos técnicos que interpretan la ley a su manera, en algunas ocasiones incluso con una maldad y ruindad terrorífica". Denunció que la resolución no fuera firmada por el director general de Urbanismo, sino por un subdirector "vecino de Oleiros y que se jacta de ser enemigo del alcalde".
Es extraño, continuó el regidor, que Política Territorial emitiera su informe sin esperar por la indispensable evaluación de la Consellería de Medio Ambiente, un documento que, según él, estará listo el próximo miércoles. Y recordó que cuenta con informes favorables de las demás administraciones, como el Ministerio de Fomento o Patrimonio de la Xunta.
En cuanto a la clasificación de los suelos, principal motivo para devolver a Oleiros su plan de ordenación, el alcalde se explayó en explicar que su propuesta rebaja la edificabilidad en el municipio. Acusó a la consellería de pretender, con sus criterios para la declaración de suelo urbano en núcleos de población ya existentes, "quitarles de un plumazo las fincas a vecinos que tienen esa clasificación desde 1983". Seoane advirtió de que el Ayuntamiento está dispuesto a acudir a los tribunales, si es necesario, para "parar esas tropelías". Y recurrió a un símil taurino para destacar la disposición de su gobierno a dar la batalla: "Vamos a coger el toro por los cuernos y llevarlo al cercado. Pero no vamos a usar toros mansos, porque nosotros nunca lo fuimos".
*ELPAIS.com - A Coruña - 17/03/2007
Foto: Sta.Cristina /Oleiros
El precio de la vivienda ha subido 10 veces más que los salarios en el último decenio en Catalunya
AGENCIAS* : "Los salarios han subido una media del 30% en la última década en Catalunya, mientras que los precios medios de los pisos han crecido más de un 310%, lo que ha dejado a una importante parte de la población sin posibilidad económica de acceso a una vivienda.
La provincia catalana en la que se ha registrado un aumento más espectacular ha sido Girona, donde el precio de la vivienda ha subido un 372,8% entre 1994 y el 2006, llegando a 3.848 euros el metro cuadrado, según ha afirmado el conseller de Medi Ambient i Vivenda, Francesc Baltasar, durante una comparecencia en el Parlament. De cerca le siguen las demarcaciones de Tarragona, donde el crecimiento ha sido del 325%; Barcelona, con un 297,4%, y Lleida, con un 250%.
La clase media, cada vez más afectada
El político ecosocialista ha explicado que la fuerte inflación de precios que se ha producido en esta década, "una de las más intensas conocidas en la historia inmobiliaria", ha llevado a una discrepancia extraordinaria entre la evolución de los salarios, que han crecido muy modestamente, y el coste de la vivienda, que se ha disparado en todas las esferas del mercado inmobiliario, tanto en la obra nueva como de segunda mano y alquiler.
"[La situación] Ha superado los ámbitos habituales en los que se desarrollaba la política de vivienda porque cada vez más afecta a franjas de clases medias con ingresos por encima de los considerados habitualmente como elegibles para tener derecho a ayudas públicas", en palabras del conseller.
Este escenario, además, ha venido acompañado de una "caída drástica" en la producción de vivienda protegida, ya que de los volúmenes de entre 15.000 y 20.000 pisos protegidos que se construían cada año en la década de los 90 se ha pasado a producciones inferiores a los 10.000 en los últimos años.
Batería de medidas
Para hacer frente a esta situación, Baltasar ha señalado que su departamento está impulsando una serie de medidas que pasan por ampliar el abanico de la población beneficiaria de pisos de protección oficial, incrementar los recursos presupuestarios y cambiar los instrumentos de intervención en el campo de la vivienda social.
En este sentido, ha subrayado que una de las iniciativas que se están potenciando es la concesión de ayudas para el pago del alquiler a familias con unos ingresos 2,5 veces por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). El pasado año se beneficiaron de estas ayudas 8.376 personas, con 17,1 millones de subvenciones, y está previsto que en el 2007 la cifra de agraciados llegue a 10.000 personas.
Otras de las "medidas de choque" que está preparando la conselleria que dirige Baltasar son la ampliación de créditos para la emancipación de la gente joven, el establecimiento de un sistema universal de avales a los inquilinos y la firma de un protocolo interdepartamental contra el acoso inmobiliario.
*ElPeriodico.com 16/3/2007
Las impugnaciones han impedido construir 10.490 viviendas ilegales en Marbella
DiegoNARVÁEZ* : "Los controles de la administración autonómica y de los tribunales de Justicia sobre el urbanismo de Marbella, cuya eficacia es objeto recurrente de polémica, sí tuvo resultados al menos en los tres últimos años de mandato del Grupo Independiente Liberal. Desde que en marzo de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cambió de doctrina y comenzó a ordenar suspensiones cautelares de obras con licencia impugnada, se ha impedido la construcción de 10.490 viviendas contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 4.427 están paradas, y el resto no llegaron a iniciarse.
Hasta ahora se daba por bueno que en Marbella se construyeron unas 30.000 viviendas contrarias al PGOU entre 1991 y 2005. El dato lo obtuvo el equipo redactor del nuevo planeamiento cuando elaboró el documento de avance, pero estaba extraído de los datos de las licencias otorgadas de forma ilegal.
Ahora, una vez que la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella ha hecho un control sobre el terreno de lo que ha ocurrido con cada una de estas licencias, la cifra se rebaja en una tercera parte. Y es que desde el año 2003 las órdenes de suspensión de obras que el TSJA dictaba siempre que la Junta impugnaba una licencia irregular han impedido la construcción de 10.490 casas ilegales. De ese total, 5.795 ni siquiera llegaron a iniciarse y las parcelas continúan libres. Otras 4.427 están en distinta fase de obra, pero paralizadas y precintadas. La lista se competa con otras 268 casas que sí se han acabado pero no han llegado a ocuparse, lo que alivia el problema social que se plantearía en caso de que finalmente el TSJA decidiera demolerlas.
También ha habido promotores que han incumplido las órdenes de paralización cautelar y han acabado las construcciones que ya están habitadas, situación en la que se encuentran 999 viviendas que corren el riesgo de ser declaradas ilegales en sentencia firme.
Según la consejera de Obras Públicas, estos datos evidencian que la Junta ha cumplido su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística en Marbella. "Cuando hemos tenido apoyo del tribunal, hemos tenido eficiencia", sostiene la consejera, quien recuerda que la Junta ha impugnado más de 400 licencias de obras en Marbella y siempre pidió la suspensión cautelar de las obras al TSJA, que es a quien compete tal decisión, y que éste las denegó hasta marzo de 2003, cuando ya se habían impugnado 130 permisos sin que se adoptaran medidas.
Entre las obras en construcción que se encuentran paralizadas hay algunas de promotores imputados en la Operación Malaya, como José Ávila Rojas -279 casas en Río Real y 192 en La Trinidad, de Naviro Inmoviliaria; y 210 de Turasa-, o Carlos Sánchez -242 viviendas en Elviria de CCF 21 y dos hoteles-, o Fidel Sanromán -dos centros comerciales del grupo Tifan-.
Unifamiliares
Naviro Inmobiliaria (Ávila Rojas), construía 11 casas en suelo para parques y jardines que el TSJA ordenó parar en noviembre de 2004.
Apartamentos
Promoción de 279 viviendas de Naviro Inmobiliaria en suelo urbanizable pero sin instrumento de planeamiento. Parada en mayo de 2004.
Urbanización
Sur Inversiones Sema construía 181 viviendas, más de las permitidas en la zona y sin plan de desarrollo. Parada en abril de 2004.
Adosados
En junio de 2004 el TSJA mandó parar la promoción de 14 adosados que Anotaciones Veinticuatro alzaba en suelo destinado a parques y jadines.
*ELPAIS.com - Málaga - 16/03/2007
Foto: Apartamentos en construcción- EL PAÍS
El Juzgado de Avila llama a declarar como imputado al Director General del Medio Natural de la Junta
EFE* : "El Juzgado de Instrucción número 2 de Avila ha atendido la petición del fiscal jefe al llamar a declarar como imputados en el caso de la 'Ciudad del Gof' de Las Navas del Marqués al director general del Medio Natural de la Junta, Mariano Torre, y el alcalde navero, Gerardo Pérez (PP), entre otros. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción no atiende la petición presentada por la Asociación Centaurea, para que el número de imputados se viera ampliado con otros dos cargos de la Administración autonómica.
La providencia del juzgado a la que tuvo acceso hoy Efe fija para el próximo 11 de abril, a partir de las 10.00 de la mañana, el día para que ambos presten declaración ante el juez Miguel Angel Moreno, junto al secretario del Ayuntamiento de Las Navas, Carlos de la Vega, y al ex delegado de la Junta en Avila, Félix San Segundo, que cuando se tramitó el proyecto también era presidente de la Comisión de Urbanismo.
Los ecologistas solicitaban la declaración del jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, José Angel Arranz, y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Avila y vocal de la Comisión Territorial de urbanismo de Avila en la época en la que ocurrieron los hechos, Juan Manuel Pardo.
La providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 no llama a declarar a estos dos últimos, pero sí atiende a la solicitud de Centaurea, que pedía al juez la declaración como testigos de tres funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente.
Se trata de Sabas Yagüe, jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente en la época en que ocurrieron los hechos; José Ignacio Molina, jefe de Especies Protegidas de la Consejería, y Alfredo Martín, técnico de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Todos ellos han sido llamados a declarar el próximo 10 de abril, a partir de las 10.30 de la mañana en esta instancia judicial que ordena practicar estas diligencias 'sin perjuicio de otras que pudieran acordarse en vista del resultado de las que ahora se acuerdan'.
Además, el Juzgado requiere a la Consejería de Medio Ambiente, al Servicio Territorial de Fomento, al Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y a la Sociedad Montes de Las Navas que remitan la documentación que, a juicio de los ecologistas, 'no han entregado' hasta la fecha.
Esta providencia es emitida un día después de conocer que La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha decidido paralizar cualquier trabajo encaminado a la construcción de la 'Ciudad del Golf', hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados en esta instancia judicial.
El proyecto incluía la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en 210 hectáreas de terreno en una zona protegida.
El presidente de Centaurea, Carlos Bravo, elogió hoy, en declaraciones a Efe, la 'celeridad' con la que tanto la Fiscalía como el Juzgado están actuando en este caso.
Desde su punto de vista, ambas instancias 'avanzan correctamente' para que 'cuanto antes, se resuelva esta situación, ya que están en juego espacios naturales con políticas de especulación urbanística y cacicadas en Castilla y León, como la Ciudad del Medio Ambiente -Soria-'.
En este contexto, se mostró esperanzado en que con estos testimonios 'se pueda empezar a conocer la verdad' y 'se concreten los delitos penales' que se hayan podido cometer.
*Terra Actualidad - EFE 16-03-2007
Foto: habitat cigüeña negra /forocastellano
Políticos de ladrillo
Mª.DOLORES F.-FÍGARES* : "Hemos tardado, pero ahora nos estamos dando cuenta de para qué se meten en la política un grupo de ciudadanos, bastante numeroso al parecer. Una vez que han sembrado las verdes praderas de la Vega granadina y los secanos de otros pagos de urbanizaciones bien macizas de volúmenes de cemento, de extensos centros comerciales, empiezan a saltar los escándalos urbanísticos, al calor de la primavera en flor y las próximas elecciones municipales. Cada día aparecen nuevas noticias, saltan nombres de personas y de pueblos, donde presuntamente se cometen las tropelías y los incautos ciudadanos que creíamos que a la política se iba a servir al bien común y no a enriquecerse lo más pronto posible, no paramos de ponernos las manos en la cabeza, aunque vamos perdiendo nuestra capacidad para la sorpresa.
Lo malo es que les pase lo mismo a los esforzados reporteros que sacan a la luz de los periódicos los asombrosos datos y un buen día den por saturado el cupo del periodismo de investigación y nos dejen otra vez a oscuras. Eso sería una tragedia, porque se ha comprobado que lo que más les duele a esos políticos de ladrillo es verse de protagonistas en este tipo de historias, ante el escarnio general.
Por debajo de los cimientos, de los tabiques, de las estructuras, asoman las tupidas redes de influencias montadas, los clanes pueblerinos que funcionan como mafias y se cuelan en los partidos, repartiendo a diestro y siniestro algunas migajas de los pingües beneficios obtenidos bajo cuerda.
Poco a poco van cayendo los nombres de una lista que se hace larga y casi nadie se extraña de que sean así las cosas, como si la corrupción se hubiese ganado la comprensión y hasta el prestigio. Muchos lo sabían, o lo temían, casi nadie se extraña y, sin embargo, ahí seguían, impunemente, haciendo oídos sordos a las advertencias de unos técnicos continuamente desautorizados.
Cabe preguntarse por qué nadie hizo nada cuando todavía el daño a los intereses públicos, al paisaje, a la cordura, aún no estaba hecho. Está quedando claro que hay un vacío de poder y de autoridad, ya que comprobamos que nadie pone freno a los desmanes cuando aún es tiempo. Así se ha visto en el caos de Marbella, que nadie se explica cómo no actuó la Junta de Andalucía, en este y en otros casos flagrantes. Quizá no existan los medios jurídicos y administrativos necesarios para que la transparencia de las gestiones se vea garantizada de manera suficiente. Pues que se busquen y se pongan en acción cuanto antes. No sólo nos estamos jugando todo un modelo de ética ciudadana, sino la propia credibilidad de los partidos políticos, que ya se están viendo salpicados por los escándalos.
Pero lo más triste es que no parece que estén aprendiendo la lección. Como émulos de lo que hacen sus patrones en la política nacional, la única reacción que vemos en los partidos es la de lanzar a los adversarios ese infantil recurso del «y tú más», que es el grito guerrero que usan los niños de cinco años, cuando se pelean en los recreos del colegio. En vez de ese intercambio sin fin de acusaciones, más vale que se dediquen a diseñar procedimientos de depuración en sus propias estructuras y sean capaces de garantizar a los ciudadanos que nadie que sea sospechoso de corrupción tendrá la osadía de presentarse antes las urnas, a que los votantes respalden sus trapicheos.
*idealdigital, Granada - miércoles, 14 de marzo de 2007
Un pueblo de Toledo planea 20.000 viviendas a 15 kilómetros de la macrociudad de Seseña
J.LAFUENTE/LL.MARTÍNEZ* : "La comarca toledana de la Sagra va camino de convertirse en la del ladrillo. En Illescas, localidad de 17.000 habitantes a 30 kilómetros de Madrid, el Ayuntamiento (PSOE) está tramitando un inmenso proyecto urbanístico: la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo, 560.000 de los cuales son protegidos, para construir más de 20.000 viviendas (60.000 habitantes). Sería la segunda macrociudad en la zona después de que hace más de un año el promotor Francisco Hernando, El Pocero, consiguiera que le recalificaran un secarral en Seseña para levantar 13.000 viviendas en edificios de 10 alturas.
La zona que une Madrid con Toledo es muy apetecible para los promotores urbanísticos: grandes extensiones de suelo rústico y barato que, con una recalificación de por medio, pueden albergar viviendas en una zona relativamente próxima a la capital. Tras el ejemplo de Seseña (13.000 viviendas para un municipio de apenas 9.000 habitantes con problemas de abastecimiento de agua), llega Illescas. El alcalde socialista de esta localidad, José Manuel Tofiño, asegura que su caso "no es comparable". Aunque el proyecto que se está tramitando supone la construcción de más de 20.000 viviendas, Tofiño argumenta que se harán "de forma moderada, en unos 30 años".
Los cuatro Programas de Actuación Urbanística (PAU) que desarrollan la macrociudad prevén un 80% de edificios de cuatro y cinco alturas y el resto de hasta 10 plantas. El enclave elegido para la futura Illescas está separado del casco urbano por la vía del ferrocarril. El alcalde alega que la nueva urbanización le viene de perlas para enterrar los raíles y lograr que el pueblo de toda la vida y las futuras casas estén integradas "sin barreras que las separen". El espacio que ocupan los raíles se transformará en una ronda de circunvalación. Bajo tierra, se instalará una doble vía que permitirá que el tren de cercanías llegue a Illescas.
Soterramiento
Del soterramiento de la vía férrea se encargarán cuatro entidades. Las mismas que, según el convenio firmado en 2005 con el Ayuntamiento, ya se han postulado como agentes urbanizadores para desarrollar los PAU cuando estén aprobados. Para IU, estas sociedades serán las únicas beneficiarias de la operación. La coalición lamenta que el asfalto "se lleve por delante" cientos de miles de metros de suelo protegido "por su valor ecológico". También reprocha que se tramite un proyecto "descomunal" sin que el municipio haya aprobado todavía un Plan de Ordenación Municipal. Ecologistas en Acción y la asociación de vecinos Al-Sagra respaldan estas críticas.
El concejal de Urbanismo de Illescas, Pedro Caballero, se defiende: "Todo es legal, ordenado y transparente". Lo argumenta diciendo que el proyecto fue aprobado en un pleno municipal por unanimidad y que la zona protegida no tiene "tanto valor ecológico" como dice IU. Otra ventaja que ve la corporación es que los promotores construirán los equipamientos y servicios públicos necesarios.
Sobre la petición de IU de declarar nulo el convenio urbanístico, el Gobierno municipal recuerda que las instituciones superiores ya se encargarán de revisar o corregir lo que haga falta. Mientras, el Ministerio de Fomento ha encargado un estudio informativo sobre el soterramiento de la vía, "el primero en una ciudad de tamaño medio que se financia en España", destaca el concejal.
Respecto al modelo de la nueva Illescas, Tofiño defiende que es "asequible y sostenible". "No será un enjambre", alegó el edil, que no teme que Illescas se convierta en una ciudad dormitorio. Será una ciudad en toda regla. El Ayuntamiento prevé dedicar otros 14 millones de metros cuadrados a industrias y servicios.
El proyecto tiene todavía mucho camino que recorrer. Falta que la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo lo apruebe y que el pleno municipal le dé el visto bueno definitivo. La última palabra la tendrá la nueva corporación que salga de las elecciones.
*ELPAIS.com - Madrid - 16/03/2007
Foto: Terreno protegido en Illescas- J. L.
