El mapa de la corrupción urbanística cuenta con 21 ayuntamientos con causas penales abiertas en Andalucía

AntonioMONTILLA* : "La cifra impacta: 21 ayuntamientos andaluces salpicados por presuntos casos de corrupción urbanística, con imputaciones penales para alcaldes, concejales y ex concejales en lo que va de mandato, desde las elecciones de 2003. Si se compara este número con el total de municipios de la Comunidad autónoma, el porcentaje ofrece otra lectura: sólo el 2,7 por ciento de los 770 ayuntamientos cuentan con representantes involucrados en casos en los que supuestamente se han violado las normas de ordenación del territorio. ¿Muchos o pocos? Seguro que no hay una única respuesta.


«Aquí no hay políticos corruptos de un signo político u de otro, lo que hay son delincuentes». La frase es de Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil que esta misma semana ha presentado 194 nuevos agentes para combatir la delincuencia urbanística, lo que supone un refuerzo en la investigación de estas infracciones penales, su impacto en el medio ambiente y los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La apreciación de Mesquida se cumple, al menos en Andalucía, porque hay cargos públicos afectados de todos los colores y signos políticos.

Ciudades pequeñas

La corrupción tan poco se decanta por una provincia u otra y ni siquiera se puede aseverar al cien por cien que estos delitos sean exclusividad de las localidades costeras.

El único común denominador es que, salvo el caso de Marbella, el resto de concejos afectados no alcanzan los 50.000 habitantes; es decir, que son corporaciones medias o pequeñas donde existe una menor fiscalización previa de las actuaciones de alcaldes y concejales. En cualquier caso, ningún gobierno de capital de provincia se incluye en un listado que hay que actualizar casi semanalmente.Y es que existe otro medio centenar de denuncias relacionadas con el urbanismo que aún no han derivado en una causa penal y que están en fase de investigación, bien por parte de la Fiscalía, por cuerpos como la UDYCO, el SEPRONA o por la propia Junta de Andalucía.

La inminente campaña para las elecciones municipales también incrementará el anuncio de interposición de medidas legales que no siempre se consuman. La primera parada en este recorrido por los presuntos casos de corrupción en Andalucía nos lleva a Marbella. La denominada 'operación Malaya' fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la Junta que impulsó una decisión sin precedentes, la disolución de la corporación y la instauración de una Comisión Gestora, que rige los designios de la ciudad hasta mayo.

Más allá de 'Malaya'

La ex alcaldesa, Marisol Yagüe, y todo su equipo de gobierno fueron enviados a prisión bajo la imputación de los presuntos delitos de cohecho, malversación y prevaricación. Pero la 'operación Malaya' ha supuesto mucho más por sus connotaciones mediáticas, relacionadas con el mundo del papel 'couché' y, sobre todo, por las dimensiones de un proceso que sigue abierto y que esta misma semana ha deparado tres nuevas detenciones relacionadas con el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

Más allá de este sumario, ex alcaldes y ex concejales de los distintos gobiernos del GIL están imputado en al menos un centenar de procesos y, algunos de ellos, ya han sido condenados a penas de prisión por delitos contra la ordenación del territorio. En la provincia de Málaga hay, por ahora, tres frentes más abiertos.

El juez Miguel Ángel Torres, el mismo que instruye la 'operación Malaya', dirige la investigación del caso 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol que, como el caso anterior, materializa la UDYCO. Dicho proceso sacó a la luz las irregularidades en los convenios urbanísticos. El alcalde, Pedro Tirado (independiente que perteneció al GIL) dimitió tras ser enviado a prisión. El primer edil de Tolox, Juan Vera, del PA, se enfrenta a varias acusaciones de haber permitido la construcción de promociones inmobiliarias en suelos calificados de no urbanizables. En Alhaurín El Grande, el alcalde Juan Martín Serón, y el delegado de Urbanismo Cristóbal Guerra fueron detenidos por un presunto delito de cohecho. Ambos pertenecen al PP.

Más detenciones

Granada ha tomado el relevo de Málaga en relación con las detenciones, aunque los implicado han podido eludir la cárcel tras la presentación de las fianzas marcadas por el juez. Manuel Fernández, concejal delegado de Urbanismo de Alhendín, tuvo que depositar 18.000 euros y está en libertad bajo fianza, aunque su imputación incluye varios supuestos delitos: cohecho, prevaricación y fraude.

En Armilla, el alcalde socialista, José Antonio Morales, el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavete y otros cuatro concejales del PSOE se enfrentan a sendas imputaciones por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en el denominado 'caso Nevada', que también salpica a Tomás Olivo, empresario que se encuentra en libertad bajo fianza por el caso Malaya.

Aforados

Pese a que Ogíjares es un municipio pequeño, los indicios de posible corrupción en su consistorio han llegado hasta el Tribunal Supremo. José Luis del Ojo une a su condición de concejal y ex delegado municipal de Urbanismo la diputado nacional por el PP. Es, por lo tanto, un aforado que sólo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. La Fiscalía del máximo órgano judicial español ya ha pedido a la del TSJA que le informe sobre el supuesto trato de favor que Del Ojo habría presuntamente dado a una empresa constructora en relación a unas obras contratados por el Ayuntamiento.

Juan Carlos Benavides, alcalde independiente de Almuñecar que comenzó el mandato bajo las siglas del PA, tiene ante sí un rosario judicial copioso, con cuatro procesos penales abiertos y más de 60 contenciosos administrativos que incluyen presuntos delitos de diversa índole.

En Fuente Palmera, Córdoba, el ex alcalde socialista está imputado por haber vendido, supuestamente, una zona verde para construir viviendas.


*diariosur.es - Domingo, 18 de marzo de 2007

Foto: Almuñécar /motrildigital