Afectados por posibles derribos esperan que la Junta recapacite tras el «rapapolvo»

SUR*/Marbella : "La contundencia de los argumentos con los que el juez Miguel Ángel Torres, instructor del 'caso Malaya', ha rechazado la personación de la Junta de Andalucía como acusación particular no ha dejado indiferente a nadie. Tampoco a los vecinos que pudieran verse afectados por algunas de las demoliciones de viviendas ilegales que podrían derivarse de las peticiones de ejecución de sentencias por parte del Gobierno andaluz.


La plataforma de ciudadanos afectados por los posibles derribos en Marbella no se anduvo ayer por las ramas y se mostró confiado en que el «rapapolvo» del magistrado a la Junta «le haga recapacitar y anuncie antes de las elecciones que no habrá ninguna demolición de viviendas adquiridas de buena fe».

Desde la plataforma no ocultaron su satisfación porque el juez haya considerado en el sumario a la Junta más responsable que perjudicada en la trama de corrupción urbanístico. En un comunicado, afirmaron que el «mal funcionamiento» de las administraciones públicas ha llevado a miles de vecinos a «situaciones muy graves», al mismo tiempo que acusaron de «hipocresía» de la Junta «al querer derribar viviendas después de haberse enriquecido por ellas».

Frente a estas duras críticas, la comisión gestora de Marbella cerró filas en torno al Ejecutivo andaluz. El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, consideró que culpar a la Junta de lo ocurrido «es como culpar a la Policía de la situación en el País Vasco».

«Muy precipitadas»

A su juicio, las observaciones reveladas tras el último levantamiento de sumario son «muy precipitadas» y no dudó en respaldar el argumento de Manuel Chaves, considerando que «quien cobra por la expedición de licencias ilegales y los impuestos de plusvalía es el Ayuntamiento». «Las palabras del juez se están sacando de contexto», añadió.

La propia Junta siguió ayer defendiendo a ultranza su gestión durante los 15 años de gilismo. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, recordó que desde que se obtuvo el respaldo de los jueces en las primeras sentencias anulando las licencias ilegales la actuación en Marbella ha sido «siempre contundente». Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, insistió en que la Administración autonómica no se ha beneficiado «en nada» de las operaciones urbanísticas irregulares que se han producido en Marbella.

Los coletazos al demoledor auto del juez también vinieron ayer de parte de los dirigentes del PP, del PA y de IU. Javier Arenas, presidente del PP andaluz, reiteró que el auto «no es subjetivo» porque la Junta lleva «15 años mirando para otro lado en Marbella». Por su parte, la portavoz del PA en el Parlamento , Pilar González, consideró que el Gobierno andaluz ha podido incurrir en un «fraude político» si se confirma el ingreso de dinero por impuestos de viviendas ilegales.

Por último, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, apostó por abrir una investigación para concretar la responsabilidad de la Junta y si sabía que las licencias eran «ilegales».


*diariosur.es - Sábado, 17 de marzo de 2007

Foto: Puerto Banús /malagaweb