CincoDías*: "Un hilarante Albert Plá se mete con la especulación urbanística". Todo comenzó cuando alguien le explicó que existían programas de edición de vídeo tan sencillos que él mismo podría hacer cine desde su casa, con la simple ayuda de una camarita y un PC.
Al poco, tras un par de ensayos caseros, se lanzó a hacer un largometraje con su amiga y compañera en el montaje Judit Farrés.
Como él mismo cuenta, hicieron la película: “Sin director, sin productora, sin guión, SIN SENTIDO”. Así, sobre la marcha, se les ocurrió que el protagonista sería el abogado de una inmobiliaria que viaja a un pequeño pueblo para lograr la firma que le permitirá convertir el idílico paisaje rural en un polígono industrial. Y, de este modo, casi sin quererlo, les ha salido una crítica hilarante, y en ocasiones absurda, sobre uno de los males de nuestro tiempo. Ahora, tras una gira por Latinoamérica, recala en el teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes.
Albert Plá presenta 'El malo de la película'
María G. Silva / MADRID (02-03-2007)
"Es una película, y Judit Farrés y yo estamos en el escenario para ayudar a contarla", explica Albert Pla para definir su "participación interactiva" en el espectáculo.
En la parte filmada, Plá ha contado con la ayuda de los directores de cine Cesc Gai, Juanma Bajo Ulloa y Joaquim Jordá, que han participado como actores. "Tenemos cierta amistad con ellos y les pedimos que actuaran. No ha sido difícil dirigirlos", comenta el artista.
*Cinco Días.com
Teatro y especulación urbanística
La ruta de las denuncias y los 'pelotazos' urbanísticos
ELPAÍS*: "La delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está desde ayer en la Comunidad Valenciana. En su agenda los parlamentarios recorrerán algunos de los municipios que han denunciado en los últimos años irregularidades y pelotazos urbanísticos. La ruta incluye: Orihuela, Torrevieja, Catral, Tibi, Parcent, Benissa, S.Miguel de las Salinas, Benicassim y Oropesa.
Orihuela. El alcalde José Manuel Medina, del PP, imputado por corrupción, acaba de adjudicar la urbanización del último tramo de costa virgen a un promotor afín al PP. Se prevén 1.700 casas. CLARO, partido auspiciado por los residentes extranjeros, denuncia que 12.000 de ellos no votarán al no haber sido localizadas sus casas.
Torrevieja. La oposición al alcalde Pedro Hernández Mateo, del PP, ha denunciado la recalificación de suelo en el perímetro del parque natural de La Laguna de Torrevieja. La denuncia hace referencia a una parcela, situada en el sector del Limonar, propiedad de la empresa que vendió una finca al alcalde Hernández Mateo, imputado por esta operación.
Catral. Un colectivo de consumidores denunció la edificación 1.200 chalés en suelo no urbanizable y sin licencia en plena huerta de Catral y en el área de influencia de protección del Parque del Hondo.
Tibi. El Ayuntamiento concluyó en 1976 la aprobación del plan parcial para la urbanización de la Finca Terol. La urbanización, formada en un principio por 1.000 parcelas, fue doblada luego a 2.200 gracias a una modificación que introdujo el equipo de gobierno, del PP.
Parcent. La plataforma Veïns de Parcent presentó una queja al Comité de Peticiones del PE contra tres PAI aprobados por el Consistorio para construir 1.800 casas. El TSJ paralizó de forma cautelar en 2006 uno de ellos.
Benissa. La Ronda Norte, donde se prevé una urbanización de 2.000 casas, y el PAI de la playa de la Llobella, uno de los pocos tramos libre de construcciones en la costa de la Marina Alta, centran la polémica.
San Miguel de Salinas. Los vecinos denuncian urbanizaciones que se han construido sin dotarlas de los servicios básicos, entre ellos el abastecimiento de agua.
Benicàssim. Al Ayuntamiento de Benicàssim aprobó en 1999 el PAI Benicàssim Golf. El proyecto contempla un gran campo de golf de 18 hoyos junto a los que se levantaría un complejo residencial con unifamiliares. En total un millón de metros cuadrados.
Oropesa. La Plataforma en Defensa de la Sierra de la Renegà y su Entorno -un enclave situado en el término de Oropesa- ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente la adquisición de terrenos "de gran valor ambiental" de la zona, con el fin de "preservarlos del proceso urbanizador": Torre la Sal.
EL PAÍS - Valencia - 01/03/2007
Foto: Cala La Mosca en la costa de Orihuela
Mitos inmobiliarios de nuestro tiempo
JoséManuelNaredo* : "No cabe duda de que uno de los principales problemas ambientales en España es el causado por un excesivo crecimiento urbanístico, fuera de toda mesura. A menudo, las reivindicaciones ecologistas exigiendo racionalidad topan con mitos y lugares comunes muy arraigados, que impiden que sean atendidas sus razones. Precisamente algunos de estos mitos son los que se desenmascaran y desmontan en este artículo. La conclusión apunta a que, a pesar de lo que se diga, en nuestro país hay ‘burbuja inmobiliaria’, empujada por la espiral de compras especulativas y créditos baratos.
La interpretación del panorama inmobiliario español está viciada por la pervivencia de una serie de mitos acordes con el negocio inmobiliario imperante que, a fuerza de repetirse, acabaron arraigando entre la población e influyendo en su comportamiento. Vamos a enumerar estos mitos y a revisar su fundamento.
El primero de ellos viene a decir así: “En España no hay cultura de alquiler: los españoles quieren vivienda en propiedad casi desde el neolítico”. Esta creencia es falsa, ya que en 1950 la situación era justo la contraria: las viviendas ocupadas por sus propietarios suponían solo el 46% del total y eran mucho más minoritarias en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Barcelona solo el 5% de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios, en Madrid el 6%, en Sevilla el 10%, en Bilbao el 12%...
La creación franquista de un Ministerio de Vivienda apuntó, entre otras cosas, a promover la vivienda en propiedad como vacuna preventiva frente a la inestabilidad social: con la retórica falangista del momento se decía que para hacer “gente de orden”, para asegurar el conformismo de la población, había que facilitar su acceso a la propiedad de la vivienda y atarla para ello a responsabilidades de pagos importantes.
El éxito de esta política vino a culminar medio siglo después de haberse iniciado y un cuarto de siglo después de muerto Franco. Solamente un continuismo digno de mejor causa, en lo que concierne a esta política, permitió cambiar la cultura del alquiler en favor de la propiedad y otorgar a España el récord europeo en este campo. Es evidente que si la situación se forzó en un sentido también podría reorientarse en sentido contrario. ¿Habrá resucitado el Ministerio de Vivienda para invertir la situación en este campo? ¿Podrá movilizar en favor del alquiler a ese tercio de viviendas secundarias y desocupadas la nueva Agencia creada para ello?
El segundo nos dice “Pagando alquiler se tira el dinero: compre una vivienda y conviértase en propietario”. Este es un buen eslogan publicitario para promover la venta de viviendas, pero esconde la verdadera disyuntiva a la que se enfrenta quien quiere habitar una vivienda pero carece del patrimonio necesario para comprarla. La decisión oscila entre pagar una renta al propietario de una vivienda en concepto de alquiler, o pagar una renta a una entidad financiera para que le preste dinero para comprarla. En ninguno de los dos casos se tira el dinero, sino que se paga por un servicio.
El engaño también procede de ignorar que el titular no es propietario pleno de la vivienda hipotecada, ya que en caso de impago el prestamista pasaría a ser el propietario, desahuciando al titular de la misma. Sólo si el comprador paga religiosamente los intereses del crédito y devuelve el principal, acabará adquiriendo al fin la propiedad –libre de cargas– del inmueble. Y con los plazos tan dilatados que hoy se establecen para posibilitar los pagos, esto podría ocurrir dentro de treinta o cuarenta años, beneficiando con la plena propiedad del piso, más que al adulto que empezó a pagarlo, a los posibles herederos y al prestamista, que habría cobrado en forma de intereses cantidades que probablemente superen el importe mismo del piso.
Son las previsiones de evolución del tipo de interés y del precio y el alquiler de la vivienda las que determinan si saldrán mejor parados los que alquilan o los que compran, además de las desgravaciones o apoyos que la fiscalidad otorgue en uno u otro sentido. Con previsiones de tipos de interés al alza y de precios de la vivienda a la baja, el alquiler sería más recomendable que la compra y viceversa. De ahí que el afán de comprar venga avalado por el siguiente mito a comentar.
Tercero: “Los precios de la vivienda nunca han bajado ni bajarán”. La experiencia indica, por el contrario, que los precios bajaron en el pasado y, con mayor razón, podrán hacerlo en el futuro. Sin ir más lejos, el índice general de precios de la vivienda, elaborado por el antiguo Ministerio de Fomento, registró caídas para la media nacional cuando la anterior burbuja inmobiliaria, que se desinfló tras los festejos de 1992. En efecto, este índice cayó para la vivienda nueva durante 1992 y 1993 y para la vivienda usada durante 1992. Y hay que advertir que en el caso de la vivienda usada este índice tiene aversión a la baja, pues no se apoya en verdaderos precios de mercado sino de tasación que, al igual que los precios de los anuncios, acusan una inercia importante: cuando decae un período de auge aumenta el período de venta y los más necesitados de liquidez acaban vendiendo por debajo de los precios inicialmente demandados en los anuncios o atribuidos en las tasaciones.
En período de declive los precios de mercado tienden a caer más que los de tasación, tal y como confirma la experiencia del ciclo anterior, en el que los precios de las nuevas promociones –más acordes con los precios de mercado– cayeron mucho más que los de tasación de la vivienda usada. En cualquier caso el declive anterior fue corto, al igual que la memoria que se tiene de él. El hecho de que no tengamos experiencias de caídas estrepitosas y prolongadas de los precios de la vivienda, como las ocurridas en otros países, permite mantener impunemente el mito de la irreversibilidad a la baja de los precios de la vivienda, pese a que los espectaculares niveles alcanzados hacen mucho más previsibles que nunca correcciones a la baja. Sobre todo cuando las promociones nuevas están inundando el mercado, que ya cuenta con un importante stock de viviendas en venta.
Cuarto: “Hay que forzar la construcción de vivienda nueva para cubrir el déficit existente”. Cuando España encabeza a la Unión Europea en número de viviendas por cada mil habitantes no cabe seguir hablando de déficit de viviendas. Sin embargo España ocupa un lugar bastante modesto en número de viviendas principales por mil habitantes. La espectacular disociación que separa la dotación de viviendas totales y de viviendas principales se explica porque España también es líder europeo en viviendas secundarias y desocupadas por mil habitantes. Pues en el último boom inmobiliario han comprado y acumulado viviendas –como inversión más o menos compartida con el uso– quienes podían pagarlas, no quienes más las necesitaban para vivir en ellas. De ahí que la masiva construcción de los últimos años haya sobredimensionado el stock de viviendas sin que con ello se haya satisfecho la falta viviendas de la población más necesitada, habida cuenta el desplome de la vivienda social.
Quinto: “Los emigrantes son los grandes compradores de vivienda que compensan el declive de la demografía interna” o, también, “la demanda de viviendas se mantiene fuerte por la entrada de emigrantes”. En los últimos años el número de viviendas construidas alcanzó máximos históricos a la vez que la baja natalidad, que se viene observando desde hace treinta años, acentuó el envejecimiento de la población y redujo a mínimos históricos el crecimiento natural de la misma. Así, cuando el estancamiento y la previsible disminución de la demografía interna no reclaman para el uso las enormes cantidades de vivienda nueva que se están construyendo, se recurre a la justificación de los inmigrantes, confundiendo dos cosas bien distintas: necesidades de alojamiento y demanda solvente de vivienda.
Todo ello con tal de no reconocer que lo que mueve tan desmedidos afanes constructivos no es ningún empeño de satisfacer necesidades de alojamiento, sino el pingüe negocio de las plusvalías derivadas de las recalificaciones de suelo, siendo la construcción el medio colaborador necesario para posibilitar la transformación de los terrenos rústicos en suelo edificado, añadiendo como poco tres ceros a su valor.
Con todo, hay que matizar que, por contraposición a los inmigrantes-trabajadores, están los inmigrantes-inversores (turistas o jubilados) que sí han inflado sensiblemente la demanda de viviendas de uso más o menos estacional en los territorios insulares y del litoral mediterráneo.
Sexto: “No hay burbuja inmobiliaria: la escasez de suelo es la culpable del alto precio de la vivienda”. Esta idea queda sin respaldo cuando se observa que la expansión del suelo urbanizable ha venido superando ampliamente las necesidades de edificación. El precio del suelo urbanizable se calcula como saldo tras descontar del precio de venta (de los metros cuadrados construidos que admite) todos los gastos de promoción y construcción. El precio así obtenido sirve para estimar el valor del stock total de suelo urbanizable, que sólo en escasa medida se moviliza y construye. Vemos, por tanto, que el precio de ese producto final que es la vivienda atribuye valor al precio del suelo y no sólo al revés. De hecho ambos precios se ligan de forma indisoluble, ya que el precio de los solares que puede comprar un promotor se estima como saldo de la manera indicada y pesa inevitablemente sobre el coste de la vivienda.
La sobredimensión del suelo que se recalifica anualmente como urbanizable denota que este suelo se valora más por las expectativas que ofrece que como materia prima para construir ya mismo los muchos millones de viviendas o locales que cabrían en él y que sobrepasarían ampliamente las exigencias de uso y la demanda solvente. Y es que el suelo no es una materia prima como los ladrillos o el cemento, ni tampoco un salario. Ni la vivienda es un producto como los tomates u otros bienes de consumo. Ambos son bienes raíces que la gente valora y atesora por sí mismos.
La confusión arranca de ignorar el carácter patrimonial del suelo (y de la vivienda) y de razonar sobre sus mercados como si de cualquier otra mercancía-flujo se tratara. En el caso de mercancías que son producidas para ser vendidas y consumidas, no acumuladas, el precio es muy sensible a los flujos de producción y consumo. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de stocks que no son producidos para ser vendidos y consumidos –como el suelo, el dinero, las acciones… o las obras de arte– sino que se atesoran por sí mismos como inversión. En este caso su valor de mercado responde sólo a la pequeña fracción de dichos stocks que cambia de mano y se revela poco sensible al coste y a la producción del bien patrimonial en cuestión, dependiendo sobre todo de consideraciones y expectativas ajenas a éstos y de su comparación con el tipo de interés, que marca la retribución alternativa del dinero.
De ahí que sus precios se hayan visto impulsados al alza cuando la caída conjunta de la bolsa y el tipo de interés desincentivó las alternativas de inversión, induciendo a la gente a adquirir y conservar la propiedad de un amplio stock de suelo urbanizable y de viviendas como inversión más o menos encubierta. Y la mayor demanda de terrenos y viviendas acarreó subidas de precios que atrajeron nuevas oleadas de compras y nuevas perspectivas de revalorización, originando esa espiral de revalorización y compra especulativa (apalancada con créditos) que suele llamarse burbuja inmobiliaria. Como hemos indicado, la mitología al uso se empeña en decir, en contra de toda evidencia, que “no hay burbuja inmobiliaria”, sino subidas normales de precios derivadas de la escasez de suelo.
* José Manuel Naredo, economista y estadístico, Premio Nacional de Medio Ambiente 2000
El ecologista nº 46
Rebelión.org - 01-03-2007
¿Quién es más culpable de que el Urbanismo esté patas arriba?
RESULTADOS ENCUESTA (DIC-FEB): Como no podía ser de otra manera, el resultado de la votación no deja lugar a dudas (ver gráfico): "los políticos" han ganado por abrumadora mayoría (50%). Según nuestros sabios votantes, la clase política, en general, es la principal culpable del actual urbanismo "patas arriba". Y así sucede con los políticos, sean del color que sean o en dónde desarrollen su actividad. Lo mismo en el doméstico escándalo municipal que en las "competentes" autonomías. En el gobierno estatal "vigilante" o en el megachollo europeo.
En segundo lugar por número de votos (24%) figuran "los empresarios", auténticos motores del desarrollo (suyo) y verdaderas águilas del ladrillo y del cemento que, gracias al sudor de su frente y a la capacidad de los maletines de cuero negro, han conseguido multiplicar milagrosamente en poco tiempo su patrimonio.
En un discreto tercer puesto (12%) han quedado "los técnicos", profesionales del sector y del funambulismo oportunista, que han sabido adaptar sus ingentes conocimientos en la materia para hacer caja y, de paso, maquillar los desaguisados con discreción y buenos modales.
Por último, "los ciudadanos" de a pie se han debido conformar con un tímido 11% del total, que, sin duda, es expresión de su bisoñez y todavía escasa agudeza para aprovecharse de las ventajas del "sistema", como han hecho otros participantes de anteriores apartados.
Ah! y del "sursum corda" mejor no hablar.
Abusos Urbanísticos justifica el viaje de los europarlamentarios en el aluvión de quejas
S.N./R.B.* : "La asociación "Abusos Urbanísticos No" rechazó el aluvión de críticas vertidas por el Consell y los empresarios valencianos a la visita de la Delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo a Alicante para inspeccionar el urbanismo de la zona. Para esta entidad pionera en la denuncia de abusos urbanísticos cometidos al amparo de la extinta LRAU el viaje de la delegación de la UE está plenamente justificado para verificar "de primera mano" las miles de quejas de los ciudadanos en materia urbanística.
Los dos grupos de la oposición, PSPV y EU, secundaron los argumentos del colectivo.
Un comunicado oficial de esta plataforma, surgida en 2004 en la Marina Alta, resalta el derecho de los ciudadanos (españoles y extranjeros) supuestamente perjudicados por iniciativas urbanísticas "a su defensa por las instituciones europeas". El colectivo también rechaza el argumento lanzado desde el Consell de que se está gastando dinero público para el viaje. "Natural que empleen dinero público, tan público como el utilizado por el presidente del Consell, Francisco Camps, cuando pronto se largó a Bruselas para exponer a Herr Poettering, presidente del Parlamento europeo sus lemas de campaña, o el que ha financiado el viaje de la jefa de gabinete de la Consejería de Territorio y Vivienda a Bruselas para tratar de reducir al máximo posible las reuniones de esta delegación con los ciudadanos que denuncian prácticas abusivas", dice el nota.
El colectivo critica el esfuerzo institucional en "desautorizar misiones y declaraciones de gente que sólo trata de ayudar a los ciudadanos europeos, que somos todos, y en esconder o minimizar ante la opinión pública las actuaciones de tantos alcaldes y concejales que actúan a espaldas de sus municipios". "No podemos aceptar", concluye el comunicado, "que la defensa de los derechos humanos y cívicos de los ciudadanos de esta comunidad, el derecho a la propiedad, al medio ambiente, a la calidad de vida, a la salud, al paisaje y tantos otros se califiquen por parte de de quien no está legitimado para hacerlo como intromisión en debate estrictamente electoral".
Por su parte, el eurodiputado valenciano del PSOE Joan Calabuig consideró que el hecho de que una misión del Parlamento Europeo viaje a la Comunidad Valenciana para estudiar quejas urbanísticas demuestra que "no se han solucionado los problemas" ya denunciados por las instituciones comunitarias.
En declaraciones a los periodistas, Calabuig recordó que el Parlamento europeo aprobó en diciembre de 2005 un informe en el que censuraba la antigua Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y recomendaba ajustarla a la legislación europea. "El Parlamento Europeo vuelve a la Comunidad Valenciana un año y pico después, alarmado por el hecho de que no se han arreglado los problemas, y las peticiones y las quejas siguen llegando", dijo.
Mientras, el portavoz del grupo municipal de EU en Torrevieja, José Manuel Martínez, aseguró que la visita de los europarlamentarios, un grupo que defendió como "variopinto", responde a las múltiples demandas recibidas en el Parlamento Europeo de muchos ciudadanos, sobre todo ingleses. Martínez defendió como obligada una visita a la Comunidad Valenciana, "porque es en la que más irregularidades se han hecho gracias a la LRAU y ahora a la LUV". Y Torrevieja es, en su opinión, con 100.000 habitantes y 140.000 viviendas "prototipo de crecimiento insostenible", una "visita obligatoria", un "ejemplo de lo que no hay que hacer", explicó. El edil de EU contextualizó las críticas del PP en que "no le conviene esta visita porque los casos de corrupción urbanística y de imputados se han hecho muy famosos y no quieren ni oír hablar del tema".
*ELPAIS.com - Alicante - 28/02/2007
Jueces para la Democracia cree que la LUV no acaba con el "urbanismo masificado"
PANORAMA-ACTUAL* : "JpD manifestó su preocupación por un "desarrollismo sin límites, estimulado desde la administración autonómica e impulsado por determinadas instituciones locales, que está degradando nuestros paisajes más emblemáticos, como el litoral, los humedales, la huerta o las masas forestales".
Jueces para la Democracia (JpD) señaló que a pocos meses de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), se están detectando "síntomas preocupantes" de que dicha norma, ante la falta de restricciones legales, "facilitará la continuidad de las construcciones incontroladas y masificadas por parte de agentes públicos y privados".
"Ante la gravedad de la situación y las pérdidas irreversibles que ya se están produciendo para la integridad del territorio", considera necesaria una apuesta por el desarrollo sostenible, que pueda conciliar el crecimiento urbanístico con la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Por ello, realiza un firme llamamiento a las autoridades valencianas para que efectúen una defensa del patrimonio común y no favorezcan unas actuaciones especulativas que resultan contrarias al interés general.
En este sentido recordó la vigencia del artículo 47 de la Constitución, que proclama "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", lo cual debiera implicar "una ordenación del territorio valenciano inspirada en valores colectivos y no en concepciones que están originando enormes beneficios para unos pocos y perjuicios a largo plazo para el conjunto de la sociedad".
La asociación considera que las actuaciones contrarias a una protección razonable del medio ambiente y de los valores paisajísticos están siendo favorecidas por el modelo que efectúa la Generalitat Valenciana y por sus alegatos a favor de un supuesto dinamismo empresarial, que en realidad representa un aprovechamiento de beneficios inmediatos más que previsibles.
Desasosiego
Jueces para la Democracia comparte el "desasosiego" expresado por las instituciones europeas, que han señalado "el impacto desastroso que dichas actuaciones urbanísticas están causando en el medio ambiente, la ecología y el paisaje de la geografía valenciana, sin olvidar la hipoteca que afecta cada vez más a nuestros recursos naturales y los riesgos concretos referentes a las condiciones futuras de abastecimiento de agua", señala en el texto. También coinciden en mostrar su preocupación ante las denuncias sobre irregularidades urbanísticas y ante el creciente número de casos de corrupción que se investigan.
Valoran positivamente la actuación de los órganos jurisdiccionales, que están mostrando su sensibilidad frente a determinadas prácticas contrarias al sistema legal y en el ámbito de la sensibilización que esta problemática está causando en el ámbito de la judicatura ha organizado unas jornadas de reflexión sobre la necesidad de optar por un urbanismo diferente.
Dichas jornadas, que se organizan en colaboración con el Fòrum de Debats de la Universitat de València, contarán el jueves 1 con la presencia de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
*PANORAMA-ACTUAL - 27/02/2007
´La corrupción es una amenaza para la democracia´
MARISAGOÑI* : "La corrupción es una amenaza para la democracia", denunció ayer el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en el Club de Opinión Diario de Mallorca, donde ofreció una conferencia junto con el profesor de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Juanjo Ganuza. "Cuando uno lee en la prensa local un anuncio que dice ´se vende chalet en primera línea con acceso directo al mar y plataforma de roca privada´, entiende lo que está pasando en las islas", comentó Jiménez Villarejo, quien propugnó la "creación de una cultura cívica contra la corrupción".
"A más democracia no hay menos corrupción, sino igual o más corrupción que en las economías de transición" apuntó el ex fiscal, quien recetó un régimen de incompatibilidades más estricto en los municipios, la recuperación de controles internos como las advertencias de legalidad de los secretarios, registros públicos de los patrimonios de alcaldes y concejales y la eliminación de reservas competenciales a los primeros ediles, que posibilitaron en su día el ´caso Gil y Gil´. También subrayó la necesidad de reformar la ley de partidos, que ya va por la prórroga número 30 en el plazo de presentación de enmiendas. Criticó especialmente la negativa del PP a eliminar las donaciones anónimas, una figura que "puede tener luego sus contraprestaciones", y recordó condonaciones de deuda, como la del PSC por parte de La Caixa. El ex fiscal señaló que en España hay 45.800 inmobiliarias, de las que sólo 4.600 tienen más de tres empleados, según datos del GAFI, que ve en esta sobredimensión del sector "un espacio abierto a posibles lavados de dinero ilícito".
En materia urbanística, el ex fiscal repasó la "abundante jurisprudencia" emanada del Tribunal Supremo que tiene sus paralelismos con el ´caso Andratx´: casos de alcaldes y concejales que construían en su propio municipio, licencias otorgadas en suelos inedificables, o licencias que excedían lo permitido por el planeamiento, entre otros. También se refirió a "decisiones aparentemente lícitas que pueden ser fraudulentas" como las 227 modificaciones de planeamientos detectados por el Consell de Mallorca en la isla entre 1998 y 2000. Entre los municipios que tratan de evitar una revisión -figura más adecuada cuando hay muchos cambios- citó el caso de Santanyí, donde se registraron 74 cambios de planeamiento entre 1985 y 2003.
"Lo que para algunos es un problema para otros es un drama. La economía frena el desarrollo. En los países emergentes y del tercer mundo es una enfermedad mortal", afirmó Ganuza, tras presentar un mapa de la corrupción en el mundo, que permite extraer algunas conclusiones generales: la corrupción prolifera más en los lugares cálidos que en los fríos y se da más entre los católicos que entre los protestantes. Entre los más limpios, los países escandinavos, entre los menos, la Europa del Este y África.
Ganuza presentó varias máximas: cuando menos corrupto es un país, más rico es, más crece; cuando más corrupto es un país, peor desarrollo humano tiene, peor sanidad y peor educación; a mayor corrupción, mayor desigualdad. "La corrupción es una trampa. Cuando hay mucha la sociedad no lo ve mal. Por eso hay mucha. Crea una círculo vicioso", comentó el profesor, convencido de que "se corrompe porque el beneficio es mayor que el riesgo de ser descubierto y castigado". Como antídoto recetó más transparencia, un sector privado competitivo y liberalizado, participación social, prensa independiente, cultura democrática, judicatura eficaz e independiente y meritocracia en el acceso a la Función Pública. Según expuso, hasta el Banco de España denuncia que la corrupción frena el desarrollo económico, social y humano de una sociedad. Los conferenciantes recibieron una intensa ovación del público, entre los que se encontraba el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, acompañado de su segundo, Ladislao Roig.
*DIARIO DE MALLORCA, Martes, 27 de febrero de 2007
La ruta de los 'pelotazos' inmobiliarios
E.SÁNCHEZ* : "Una comisión del Parlamento Europeo visitará el próximo 3 de marzo el municipio serrano madrileño de Galapagar para comprobar in situ las denuncias de ciudadanos y partidos políticos sobre crecimientos urbanísticos excesivos. También tienen intención de recorrer Torrelodones, Alpedrete, Moralzarzal, Rascafría y Las Rozas, aunque todavía no está confirmado.
- Galapagar. Esta localidad, situada a 35 kilómetros de Madrid y con el 72,56% de su término protegido, aprobó de forma inicial en julio de 2005 un nuevo ordenamiento urbano. En él se prevé la construcción de 8.910 viviendas y un techo poblacional de unas 60.000 personas. En la actualidad, el pueblo tiene 32.096 habitantes. El plan impulsado por el PP ha suscitado el rechazo de los vecinos y de la oposición municipal (PSOE, IU y Foro Verde).
- En Torrelodones los escándalos urbanísticos rompieron el partido popular. El alcalde, Carlos Galbeño, del PP, expulsó a dos de sus concejales que habían denunciado supuestas corrupciones. Una de las cuestiones urbanísticas que más críticas vecinales ha levantado en el municipio es la intención del PP de recalificar el Área Homogénea Norte, una zona de 128 hectáreas, considerada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de gran valor ecológico. El Ayuntamiento pretende edificar en este entorno 1.536 viviendas y un campo de golf municipal.
- Alpedrete. El municipio, gobernado por el PP, está tramitando un plan general que, caso de ser aprobado, duplicará la población actual de 13.100 habitantes. Los vecinos se han unido en una plataforma y han recogido firmas en contra de los planes municipales. Denuncian que con el plan urbanístico que pretende aprobar el gobierno local se multiplicará la población del municipio.
- En Moralzarzal, el regidor, José María Moreno, del PP, ha vuelto a resucitar un viejo proyecto: el desarrollo urbanístico de Los Praderones. Esta finca fue declarada hace tres años suelo no urbanizable de especial protección. La Comunidad de Madrid ha rechazado los planes municipales para una zona conocida como Los Praderones en tres ocasiones.
- Rascafría. La alcaldesa de Rascafría, Yolanda Aguirre, del PP, se vio obligada a reducir a la mitad el número de viviendas previstas para su municipio. Pasaron de 1.600 a 900 debido al fuerte rechazo que provocó entre los vecinos y los socialistas, en la oposición, sus planes para el municipio.
- Las Rozas. El municipio, gobernado por el PP, prepara un plan urbanístico que elevará la población a 110.00 habitantes, el 47% más que la actual. La propuesta municipal prevé un límite de 7.556 nuevas viviendas y agota el suelo edificable de la localidad. Para el PSOE local, los cálculos del equipo de gobierno se quedarán cortos y según sus propias estimaciones alcanzarán los 130.000 habitantes en 10 años.
*ELPAIS.com - Galapagar - 27/02/2007
Un estudio de Medio Ambiente incide en el impacto del urbanismo en la costa de Málaga
FERNANDOJ.PÉREZ* : "Las aguas que bañan Andalucía recibieron en 2004, último año de que se disponen estadísticas, un total de 3.273 millones de metros cúbicos de aguas residuales tanto de origen industrial como agrícola y urbano. Este caudal, en gran parte depurado, llegó al mar a través de los 1.182 puntos de vertido autorizados por la Junta de Andalucía, según el último inventario de la Consejería de Medio Ambiente, actualizado en enero de 2007. Los datos se recogen en un estudio elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el estado ecológico del litoral malagueño.
De los 1.182 puntos de vertidos controlados por la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Junta de Andalucía, 402 pertenecen a la provincia de Cádiz. A continuación se sitúa Sevilla, con 230 puntos autorizados. Aunque esta provincia carece de litoral propiamente dicho, los vertidos al estuario del Guadalquivir en el que se mezclan aguas dulces y marinas, acaban afectando a la costa atlántica andaluza. Sevilla concentra además 77 de los 151 puntos de salida de aguas de origen agropecuario.
Huelva cuenta con 174 vertidos; Almería, 157; Málaga, 128 y Granada cierra la clasificación con 91 puntos. La naturaleza de los vertidos es mayoritariamente urbana, con 864 puntos, frente a los 151 que genera la actividad agropecuaria y los 148 producidos por la industria. La forma de conducción más habitual (976 puntos) es el desagüe directo en un curso de agua que va al litoral, mientras que en 80 casos, las aguas residuales llegan al mar a través de emisarios submarinos.
Las emisiones de aguas residuales no parecen afectar en gran medida a la calidad del agua en las playas, uno de los motores de la economía regional. Según los datos de la AMA, en 2005, el 85,6% de las aguas litorales cumplían los llamados valores guía de contaminación. El 13,79% se encontraban dentro de los valores mínimos exigidos y apenas el 0,63% incumplía los valores imperativos. El programa de vigilancia sanitaria de las aguas de baño litorales estableció 319 puntos de muestreo en 227 playas.
Según la Junta de Andalucía, estos buenos niveles se deben en gran parte a que las 63 aglomeraciones urbanas del litoral andaluz, con una población superior a los 5,4 millones de personas, cuentan con sistemas de depuración de aguas residuales.
Las poblaciones que presentan mayores problemas están en la provincia de Cádiz. En Algeciras, el Ministerio de Medio Ambiente acaba de adjudicar la construcción de la planta depuradora. En Bolonia y Chipiona las obras están en ejecución y en Tarifa los trabajos se encuentran pendientes de licitación. En otras diez poblaciones, como Benalmádena (Málaga), las depuradoras se han quedado pequeñas para acoger el caudal de aguas residuales, que forman las desagradables natas a la orilla del mar y se están acometiendo tareas de ampliación.
Los datos de los puntos de vertido, pertenecientes a la Junta de Andalucía, estaban recogidos en el Estudio Ecocartografico del Litoral de Málaga, un proyecto encargado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y que ha costado 2,14 millones de euros. Aunque como reconoce el director técnico del estudio, Rafael Consuegra, "se trata únicamente de un análisis descriptivo" del estado del litoral, tanto de las aguas como de los primeros 500 metros del espacio costero, el estudio hace numerosas referencias al impacto que ha tenido el urbanismo en el medioambiente costero malagueño.
El estudio ecocartográfico, que ocupa 26 baúles con 125 tomos, constata científicamente que los 164 kilómetros del litoral de la Costa del Sol "han sufrido en las últimas décadas una gran inestabilidad ambiental". Los autores señalan que "la falta de orden y planificación ha traido como consecuencia más inmediata una gran sobrepoblación, modificación de la línea de costa, excesiva infraestructura urbana y vertido de sustancias de desecho". Todas estas acciones, señalan, son "responsables del deterioro ambiental y del retroceso de la calidad de vida".
En el aspecto faunístico, la "fuerte presión urbanística" ha dejado como consecuencia una "escasez de zonas naturales bien conservadas". En cuanto a la flora, el litoral cuenta con al gunas áreas que mantienen interés "pero que podrían ser fuertemente degradadas en un futuro próximo debido al alto grado de amenaza por la creación de urbanizaciones y obras públicas", advierten los expertos.
La "excesiva urbanización" del litoral ha provocado en buena medida "la desaparición y grave alteración de numerosos yacimientos arqueológicos y paleontológicos y de edificios arquitectónicamente muy valiosos".
*ELPAIS.com - Málaga - 27/02/2007
Foto: Desagüe y vertidos en playas- ÁLEX ZEA / JOSÉ BIENVENIDO
Urbanismo, vivienda y medio ambiente
IgnacioConde* : "Últimamente, en los distintos medios de comunicación podemos encontrar noticias relacionadas con una corrupción urbanística que parece generalizada. Una de dos: o antes no existía o simplemente no resultaba tan interesante como para ser publicada. Lo curioso de todo esto es que no se trata ya de un problema de los grandes ayuntamientos sino que lo podemos encontrar a una escala inferior, en ayuntamientos como Gondomar o Barreiros.
En ocasiones, vemos como en estos pequeños ayuntamientos se imponen planes generales de ordenación que suponen duplicar o triplicar el número de vecinos (o al menos el número de viviendas) en un muy corto plazo, lo que, sin duda, supone un modelo de desarrollo urbano claramente insostenible.
Esta explotación abusiva del suelo es un gravísimo problema ya que rebaja la calidad de vida de los ciudadanos y condiciona la protección ambiental de la zona. Las administraciones públicas y, muy particularmente, los ayuntamientos, deben garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a una vivienda digna (este un mandato constitucional, nada menos), pero lo deben hacer desde el respeto al medio ambiente, protegiendo el interés general en la búsqueda de mejoras sociales y económicas para los ciudadanos y evitando abiertamente toda especulación abusiva en los distintos procesos urbanizadores.
Desde el punto de vista político, en los próximos meses, previos a las elecciones municipales del 27 de mayo, los ciudadanos tenemos una buena ocasión para saber por donde se mueven nuestros “ilustres representantes” y para decidir nuestro voto. No se trata sólo de escuchar las más o menos interesantes promesas que vamos a escuchar de unos y de otros, sino de valorar lo que ya han hecho tanto en el gobierno municipal como en la oposición según el caso.
Es mucho lo que nos jugamos, yo apuesto por un urbanismo sostenible que no olvide nunca la función social de la propiedad, que garantice un equilibrio entre el acceso a la vivienda, la protección de nuestro medio ambiente y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Parece misión imposible, pero se trata de aplicar el sentido común sin caer en la tentación de vincular el progreso de las comunidades locales con el crecimiento urbanístico.
En Santiago de Compostela, la concejala responsable de su magnífico casco histórico acaba de poner en marcha un plan más que interesante que consiste en conceder ayudas públicas para rehabilitar viviendas a cambio de su posterior alquiler a personas jóvenes a precios razonables.
Lo dicho, simplemente sentido común.
*Xornal.com, martes 27 de febrero de 2007
Los tribunales y la UE intentan frenar el urbanismo salvaje de los últimos 10 años
CRISTINAVÁZQUEZ*: "Los tribunales han empezado a hablar. Y lo que dicen es que los planes generales de ordenación no están para saltárselos, o que un pueblo de 1.000 habitantes no puede pasar a 10.000 en cuatro años por arte de un PAI. O que sin un informe que acredite que hay agua no se pueden levantar cientos de bungalós. En poco más de cuatro meses, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha paralizado de forma cautelar tres proyectos urbanísticos. Además, un grupo de eurodiputados inician este martes su tercera visita a España para ver si se están corrigiendo las irregularidades.
El urbanismo valenciano de la última década está sometido a un doble juicio. El político, que lidera el Parlamento Europeo tras la petición de amparo de miles de afectados, y el judicial. Sólo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano tiene cerca de 800 causas judiciales relacionadas con asuntos urbanísticos. De momento, ha emitido tres autos que paralizan de forma cautelar otros tantos PAI en los municipios de Parcent, Porxinos y Ador. Además, la Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas porque la legislación urbanística valenciana no respeta las directivas de contratación pública.
Bajo el paraguas de los abusos urbanísticos entra un amplio espectro de derechos supuestamente violados y de malas prácticas urbanísticas, según los afectados. En Parcent, por ejemplo, una localidad alicantina de 1.000 habitantes, donde se ha proyectado una urbanización de 1.500 nuevas casas fuera de ordenación, el tribunal suspende el proyecto porque casi un 40% de los afectados por el PAI no fueron informados del mismo. El PAI de Porxinos, situado en la localidad valenciana de Riba-roja y donde el Valencia C. F. tiene previsto levantar su nueva ciudad deportiva, se ha parado porque la Generalitat ratificó el proyecto sin el preceptivo informe que garantice agua suficiente para abastecer otras 2.800 casas.
La obligación de pequeños propietarios a ceder parte de su terreno, a pagar millones en cuotas de urbanización calculadas en muchos casos de manera opaca y a no disponer de prácticamente tiempo -porque no eran informados- para evitar el embargo, escandalizó a medio mundo. 17 embajadores tuvieron que solicitar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que atajara lo que está ocurriendo en el litoral, mientras la prensa británica ilustraba lo que sucede en la costa valenciana con viñetas donde una pareja de residentes extranjeros se da de bruces con una pala excavadora cuando pasea tranquilamente por su jardín. "En la práctica es una expropiación por la puerta falsa y sin justiprecio", explica Jaume Sendra, coordinador del equipo de abogados que ha conseguido el auto de Parcent.
En 2003, el entonces magistrado del TSJ valenciano José Díaz Delgado reconocía los problemas de indefensión que generaba la LRAU, aprobada por un gobierno socialista y adoptada desde 1995 sin cambios por los sucesivos gobiernos del PP. Uno de los más llamativos, a juicio del magistrado, es poner de acuerdo los intereses de dos partes -el urbanizador y la Administración- sobre los bienes de una tercera, que es el propietario y que queda al margen de la negociación.
Para Bernardo Hernández, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del equipo jurídico de Sendra, las denuncias tienen que ver con que se permita a un empresario sacar adelante proyectos urbanísticos de hasta seis millones de euros sin acreditar su solvencia, con la falta de publicidad y transparencia en la licitación de los PAI, con plazos tan breves que imposibilitan que haya otro competidor, y con la falta de un precio cierto.
En 2005, la Comisión Europea expedienta a España por la falta de transparencia en el proceso de contratación pública de la LRAU, lo que abre la puerta a que los afectados reclamen por vía judicial indemnizaciones.
"Los poderes públicos valencianos no atienden los derechos reconocidos por la UE", concluye Sendra, quien advierte de que ya existen dos precedentes -en Italia y Francia- en los que se ha condenado a dos legislativos y que esto mismo podría darse en España. El abogado recuerda además que la legislación comunitaria es considerada derecho interno en los Estados miembro por lo tanto con los dictámentes de la Comisión es posible acudir ya a los tribunales.
Mientras esto se dilucida, otra delegación de eurodiputados inician el 27 de febrero una visita a España de seguimiento de las irregularidades detectadas en las visitas anteriores. En su agenda está previsto que recorran el municipio madrileño de Galapagar, varios puntos de Almería y al menos 15 localidades valencianas, entre ellas Orihuela, Torrevieja, Parcent, Carral, Dénia, Xàbia, Benicàssim u Oropesa.
CALENDARIO DEL CONFLICTO URBANÍSTICO
1999. La Sindicatura de Greuges destaca en su informe anual las quejas de ciudadanos por las "exorbitantes facultades del agente urbanizador".
2002. Medio millar de residentes extranjeros crean la asociación de afectados Abusos Urbanísticos No. La plataforma pide amparo al embajador del Reino Unido por la aplicación "abusiva" de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
2003. 13 embajadores piden al presidente valenciano que corrija la LRAU. Las protestas de los afectados se extienden a la calle.
2004. 17 países piden al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que acabe con los atropellos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. La UE expedienta a España por el mal uso de la LRAU y el Parlamento Europeo envía una delegación para verificar in situ las denuncias de los propietarios.
2005. Segunda visita de eurodiputados a la costa valenciana. La Eurocámara aprueba el Informe Fourtou, que corrobora los abusos urbanísticos y recomienda a la Generalitat una moratoria. La Comisión Europea expedienta a España porque la LRAU vulnera las directivas de contratación pública. El Consell presenta el proyecto de nueva ley Urbanística Valenciana (LUV) y la CE insiste en que sigue sin cumplir las normas europeas. Se aprueba la LUV.
2006. La CE ultima la denuncia contra España ante el Tribunal de las Comunidades Europeas por la LUV. El TSJ paraliza cautelarmente el PAI de Parcent.
*El País, 26/02/2007
Una difícil ecuación: urbanismo, vivienda y medio ambiente
GERARDORUIZ-RICO* : "La actualidad política viene marcada últimamente por las secuelas mediáticas y políticas de una corrupción urbanística que, por desgracia, ya no es sólo patrimonio de los grandes ayuntamientos. A una escala inferior, no faltan tampoco los ejemplos de pequeñas corporaciones locales que ha duplicado en pocos años el número de vecinos o ampliado sin mesura alguna el suelo urbanizado de su término municipal.
La pregunta que cabe hacerse por tanto tiene que ver con la legitimación de estos entes locales para disponer de su territorio, como fórmula mágica para un progreso social y económico claramente insostenible. Porque es evidente que la multiplicación de este esquema de funcionamiento conduciría sin duda a un deterioro del medio ambiente, seguramente irreversible para las generaciones futuras. Parece muy cruda esta última afirmación, pero mientras el cambio climático se podría superar con la contención y disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera, la expansión de un urbanismo irracional no tiene un mecanismo de restauración ecológica sencillo. La sola idea de derribar una construcción ilegal provoca un impacto social considerable, y desde el punto de vista de los poderes públicos pocos quieren asumir el coste político que implica. Visto así, el daño ambiental queda consolidado hasta el fin de los tiempos.
El problema de aplicar criterios desarrollistas basados en un crecimiento urbanístico desmedido resulta a todas luces inconstitucional. El mandato de nuestra norma fundamental a las Administraciones responsables de garantizar el derecho a la vivienda deja muy clara la metodología que debe emplearse para ese objetivo. La utilización del suelo tiene que responder al interés general para evitar la especulación. Esta es una obligación que no sólo tiene como destinatarios a los agentes económicos privados; su ámbito de proyección abarca por supuesto también al conjunto de los poderes públicos competentes en la ordenación del territorio; es decir, comunidades autónomas y entidades locales.
Pero esas últimas disponen asimismo por expreso reconocimiento de la Constitución de una autonomía para la gestión de sus intereses propios. Es indudable que uno de los elementos y dimensiones más importantes de esa autonomía municipal es la capacidad para planificar su desarrollo urbano. Sobre este argumento no caben discusiones. Sin esa potestad para decidir sobre los procesos urbanizadores, los ayuntamientos se verían privados de un instrumento fundamental para generar expectativas sociales y económicas entre sus ciudadanos.
Sin embargo, la autonomía local no se configura como una potestad absoluta ni incondicionada. Por encima del interés estrictamente local hay un interés más global que nos afecta a todos los ciudadanos, aunque no seamos residentes en un municipio que ha apostado por el ladrillo y el asfalto. Ninguna corporación municipal tiene legitimidad para rebajar la calidad de vida de la mayoría e hipotecar para el futuro el medio ambiente que es de todos. Tampoco es de recibo la utilización del derecho la vivienda como un pretexto para especular con el suelo.
Por lo tanto, el dilema consiste de nuevo en encontrar un equilibrio que permita armonizar, primero, objetivos constitucionales como el medio ambiente y el desarrollo económico; y después, las competencias de las diferentes Administraciones para regular y ordenar el territorio. En este sentido, entiendo que el principio de sostenibilidad, que aparece por primera vez formulado en el nuevo Estatuto de Andalucía, un texto de envergadura cuasi-constitucional, estaría marcando la pauta a seguir para todos los poderes públicos.
Efectivamente, para lograr una correcta ponderación entre tantos intereses y competencias, garantizando así un urbanismo verdaderamente sostenible, hay que empezar a dotar a las entidades locales de una financiación adecuada a sus necesidades. Los problemas presupuestarios de los Ayuntamientos, reales sin duda, no pueden justificar la explotación abusiva del suelo. Los partidos deberían controlar mejor a sus élites locales, porque resulta fácil caer en la tentación propagandística que vincula el progreso de una pequeña -o grande- comunidad local especialmente con el crecimiento urbanístico. Así se pueden ganar elecciones, pero se pierde en coherencia política y se destruye la idea, en absoluto utópica, de un mundo algo más racional y menos contaminado de hormigón.
*Gerardo Ruiz-Rico Ruiz es catedrático de Derecho Constitucional.
El País, 26/02/2007
Plataformas ciudadanas critican la «destrucción urbana» en Granada
+20+minutos.jpg)
J.E.GÓMEZ* : "Una veintena de plataformas ciudadanas, protagonizaron una concentración lúdica con el objetivo de informar, alentar a la defensa de Granada y pasar una mañana de domingo en contacto con los problemas de la capital. Convirtieron el entorno de la Fuente de las Batallas en una exposición pública de lo que consideran son los atentados que el Partido Popular ha cometido contra la ciudad de Granada y que han llevado a la «destrucción de la ciudad».
La concentración, que aprovechaba la gran cantidad de personas que cada domingo pasean por Puerta Real, aglutinaba a organizaciones de todo tipo, unas eminentemente reivindicativas de un problema puntual, como la de defensa del camino de la Fuente de la Bicha, otras de carácter ecologista como Salvemos la Vega, Granada al Pedal, Ecologistas en Acción y Salvar los árboles, y otras de carácter pseudopolítico, como Granada, o nunca, y culturales como Granada Histórica.
Junto a ellas, la presencia de personas de marcado carácter de oposición municipal, como los dos concejales de IU, Lola Ruiz y Manuel Morales, y el candidato en las listas del PSOE y presidente de Granada Histórica, César Girón. Esta última organización repartía esquelas mortuorias con Granada como protagonista. «Fallecerá en breve, lo más tardar antes de mayo de 2007» y culpa al concejal de Urbanismo y al alcalde de los diferentes males de la ciudad, como la tala de árboles, el futuro puente en Bola de Oro, el túnel de Severo Ochoa y el de Villarejo, y otras actuaciones como el tapiado de las cuevas de San Miguel.
Otras organizaciones critican las obras de la Gran Vía y todas ellas rechazan las de los jardines del Salón.
Una jornada al aire libre que servía también a asociaciones de vecinos para informar sobre el rechazo a la escuela de golf en La Chana.
También era una de las primeras tomas de contacto de nuevas organizaciones que pretenden hacerse un hueco en el espectro político de la ciudad.
*IDEAL, Lunes, 26 de febrero de 2007
Foto: Torres - 20minutos
Parlamentarios europeos visitan la Comunitat por denuncias urbanísticas
EFE* : "La Comunitat Valenciana centrará la agenda de trabajo de un grupo de parlamentarios europeos que, en respuesta a diversas quejas urbanísticas planteadas por asociaciones vecinales ante la UE, visitará España a lo largo de esta semana, según informaron fuentes de uno de estos colectivos ciudadanos.
De los dieciséis municipios españoles que tienen previsto visitar los diputados europeos, doce están en la Comunitat y, de éstos, nueve pertenecen a la provincia de Alicante.
Según la agenda de esa delegación europea, hecha pública hoy por la asociación alicantina de Veïns de Parcent, una de las entidades que ha denunciado presuntos abusos urbanísticos, los diputados de la UE visitarán las localidades alicantinas de Torrevieja, Orihuela, Catral, Parcent, Rojales, San Miguel de Salinas, Tibi, Benissa y Alicante.
La delegación visitará también los municipios castellonenses de Oropesa y Benicàssim y la ciudad de Valencia, así como Galapagar (Madrid), la propia capital española, Albox (Almería) y la capital almeriense.
Esta presencia de europarlamentarios para estudiar las leyes españolas de suelo y los proyectos de desarrollo urbano, la tercera que realiza en este sentido la Comisión de Peticiones de la UE, fue autorizada por el Parlamento Europeo el pasado 12 de febrero.
La Asociación Veïns de Parcent manifestó hoy que, según un escrito recibido desde la UE, la delegación europea estará integrada por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, adscrito al grupo parlamentario Unión por la Europa de las Naciones (UEN), y el vicepresidente de esta institución, el británico Michael Cashman, del Grupo Socialista Europeo (PES).
Acompañan a ambos los responsables de su Secretaría, David Lowe y Angel Ardaiz, y los asesores Kjell Sevon y Witold Ziobro.
Esta delegación de la UE mantendrá reuniones tanto con vecinos afectados por decisiones urbanísticas como con autoridades locales y regionales, según explicaron las citadas fuentes.
La visita se inicia mañana en Madrid, donde están previstas sendas reuniones con autoridades nacionales sobre "el nuevo marco legislativo referente al planeamiento del uso del suelo" y con los embajadores europeos.
Un día después, los parlamentarios se desplazarán hasta Almería para celebrar un encuentro de trabajo con autoridades locales y visitarán el municipio almeriense de Albox.
Posteriormente, se trasladarán a Orihuela (Alicante) para abordar diversas reuniones con asociaciones vecinales que el pasado año elevaron denuncias de posibles ilegalidades.
La tercera jornada de la agenda de visita, día 1 de marzo, la delegación europea recorrerá las localidades alicantinas de Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas y Catral, para mantener un encuentro de trabajo alrededor de las 13,00 horas en Alicante con la Sindica de Greuges, Emilia Caballero.
Por la tarde, los diputados de la UE se desplazarán hasta Tibi, Parcent y Benissa, municipios donde también mantendrán reuniones.
Al día siguiente, la representación europea acudirá a Jávea (Alicante) para proseguir viaje hasta Castellón, para conocer denuncias de propietarios en Benicassim, Oropesa y Els Mestrets (en la ciudad de Castellón), y posteriormente saldrán hacia Valencia donde está prevista una reunión con autoridades autonómicas.
*Levante, Lunes, 26 de febrero de 2007
http://www.levante-emv.com/
Sábado reivindicativo
ElPaís /Com.Valenciana* : "Centenares de personas dedicaron ayer parte de su tiempo libre del sábado a expresar en las calles su protesta, descontento o preocupación por la gestión de las administraciones públicas y algunos políticos, a los que enviaron sus mensajes de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.
El rechazo a la política urbanística reunió a 17 colectivos en la plaza de las Aulas de Castellón, donde celebraron el I Encuentro de Plataformas, Colectivos y Asociaciones en defensa del territorio. El encuentro culminó con la lectura de un manifiesto en el que hicieron una llamada a la "reflexión seria" sobre la ordenación del territorio y sus efectos en el medio ambiente, la salud y la calidad de vida.
En Valencia, un mar de miles de banderitas blancas plantadas en la plaza del Ayuntamiento resumió el malestar de una veintena de asociaciones y colectivos con la gestión de la alcaldesa, Rita Barberá, del PP. Reivindicaciones vecinales repetidas mandato a mandato, como los espacios verdes de El Botànic y el Parque Central, viviendas de protección oficial, el traslado de la clínica Virgen del Consuelo o el rechazo a la apertura de Blasco Ibáñez por El Cabanyal, se mezclaron con otras más recientes, como la oposición al pelotazo de Mestalla, la subestación eléctrica de Patraix, la recuperación de Tabacalera o de la cárcel Modelo. "Aprueban a su gusto lo que hacer con la ciudad sin contar con los ciudadanos", denunció Ana Puchalt, portavoz de la plataforma contraria al nuevo estadio del Valencia. Su aseveración refleja el sentir de los vecinos y colectivos reunidos en la plataforma Acció y Reflexió Ciutadana per València, organizadora del acto. "Queremos una Valencia habitable, saludable, sostenible y solidaria", reclamó la plataforma megáfono en mano. Sus quejas fueron escuchadas por paseantes, curiosos y candidatos a la alcaldía y concejales del PSPV-PSOE y EU-L'Entesa.
Mientras el manto de banderas de protesta luchaba contra el viento, varios centenares de personas recorrieron las calles entre el puente de Ademuz y la plaza del Ayuntamiento para exigir un centro de acogida de inmigrantes. Organizada por la Mesa de Entidades de Solidad, la Red de Acogida para la Integración de los Inmigrantes, el Foro Alternativo de la Inmigración y la Asamblea Baobab, los manifestantes exigieron el centro al gobierno local y autonómico "porque es una cuestión de justicia" y una "necesidad" mientras haya personas venidas de otros países para trabajar que duerman bajo los puentes del viejo cauce. "[La Generalitat] prestaría más atención a la situación de los inmigrantes y a los servicios sociales si fueran algo espectacular y visible como la Copa del América", denunció Lola Duato, de la Mesa de Entidades de Solidaridad.
Mientras, Barxeta se convirtió en la capital valenciana contra la alta tensión. El municipio de La Costera fue el punto de encuentro de organizaciones cívicas, ecologistas y colectivos educativos y culturales de toda la Comunidad Valenciana unidos contra la línea de alta tensión que Iberdrola construye entre Villanueva de Castellón y Gandia. La convocatoria partió del Fòrum Unitari contra l'Alta Tensió (FUCAT), la Coordinadora contra l'Alta Tensió per la Valldigna, la Plataforma pels Pobles de la Safor y el Ayuntamiento de Barxeta, dirigido por Vicent Antoni Giner (EU-L'Entesa), que lidera junto al de Simat de la Valldigna el movimiento contra la obra y ha llevado su lucha a los juzgados y a la Unión Europea. La línea afecta a más de una decena de municipios de La Costera, la Ribera y La Safor-Valldigna, que han anunciado su intención de sumarse a las acciones legales. La jornada festivo-reivindicativa se inició por la mañana con la inauguración de una exposición de artistas contra la alta tensión en la Casa de Cultura, y un concierto con músicos valencianos. Por la tarde se celebró una manifestación por las calles de Barxeta a la que se sumaron vecinos y políticos de los municipios afectados.
Otro recorrido escogieron 200 personas convocadas por la plataforma La Vega Baja no se vende, que pasearon su protesta por la Cala Mosca, la última zona verde de la costa de Orihuela. El PP ha aprobado un PAI que contempla 1.500 viviendas sobre casi medio millón de metros cuadrados en la única zona de costa de Orihuela sin edificar. Miguel Ángel Pavón, uno de los organizadores de la protesta, exigió la intervención de la Generalitat y del Ministerio de Medio Ambiente para parar lo que calificó de "barbaridad".
Contra la urbanización descontrolada se pronunció también Escola Valenciana, que conmemoró en Xàtiva el 300 aniversario de la batalla de Almansa y la pérdida de los fueros. La IV Nit de L'Escola Valenciana exigió por boca de Diego Gómez "un futuro más participativo, más respetuoso con el territorio" y "con más valenciano".
La protesta más tardía, a las dos de la mañana, fue la organizada por la federación de hostelería de Valencia contra la nueva Zona Acústicamente Saturada de Menéndez Pelayo, decretada a raíz de una sentencia que ganaron los vecinos tras denunciar el exceso de ruido. Los hosteleros invitaron a encender 100.000 bengalas.
Con información de Ezequiel Moltó, Eva Batalla, María Fabra y Sara Velert.
*EL PAÍS - Valencia - 25/02/2007
Foto: laverdad.es, Domingo, 25 de febrero de 2007: REIVINDICACIÓN. Vecinos marchan por la antigua cañada que servía de pasto a la ganadería de la zona. / T. SEVILLA
El fiscal de Urbanismo del Supremo dice que España consume tanto cemento como China
MARÍAZABALETA* : "Con apenas 45 millones de habitantes -casi la mitad que Alemania- y una superficie de medio millón de kilómetros cuadrados, España es el primer consumidor europeo de cemento y el quinto a nivel mundial. No es de extrañar, teniendo en cuenta que el uso de este material en territorio nacional mantiene desde hace años una tendencia al alza que, en 2006, se ponderó en un 6% respecto al ejercicio anterior. Estos datos asientan el país en cotas equiparables a las de vastas superficies como China, Brasil o Rusia y sitúan a España en el ojo del huracán de los delitos urbanísticos.
Desde esta perspectiva, y en el marco del I Congreso Nacional sobre Delincuencia Organizada que se clausuró ayer en Vitoria, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, desgranó en la capital alavesa las «dificultades» que entraña consonar, en la actualidad, la normativa urbanística y el Código Penal. «Con la Ley del Suelo de 1998 -explicó Vercher- el suelo urbanizable se declaró residual por lo que, en la actualidad, la inmensa mayoría del suelo español es susceptible de que se construya sobre él».
«Descoordinación»
En términos opuestos se expresa, en cambio, el Código Penal, que penaliza desde 1995 la «construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural», lo que conlleva, en palabras del propio fiscal, una «descoordinación absoluta entre el Código Penal y la normativa urbanística».
Esta disonancia, que según Vercher reside en la «absoluta novedad de la materia», tiene, sin embargo, los días contados. No en vano, a nueva Ley del Suelo estatal, que está a punto de entrar en el Senado, «cambiará las tornas» y garantizará una «conexión lógica y coherente de la normativa urbanística con el Código Penal». «Yo tengo un enorme cariño por el proyecto de la Ley del Suelo porque es una medida inteligente que va a suponer la resolución de muchos problemas», aseguró el fiscal del Tribunal Supremo.
En este sentido, y a pesar del gran escándalo de corrupción urbanística que sacude España en la actualidad -la Operación 'Malaya', a la que Antonio Vercher ni siquiera aludió- el experto en delitos urbanísticos aseguró que estos casos «no son un problema único de este país». «Hasta en Islandia se han atisbado casos de corrupción urbanística», alertó.
Con todo, Antonio Vercher reconoció que en España «se ha llegado a una situación insostenible» y adelantó que uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía es elaborar una base de datos que recoja todas las sentencias y la jurisprudencia dictadas en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio. «Se es consciente de que hay un problema y de que se quiere atajar y, en este sentido, la Ley del Suelo estatal es una medida inteligente», reiteró el fiscal.
*El Correo, Sábado, 24 de febrero de 2007
España: 'La reina europea del cemento'
SUVIVIENDA* : "¿Cómo se ve España desde fuera? 'El mercado de la demanda insaciable' y 'la reina europea del cemento' son algunas de las referencias europeas para hablar del 'boom' inmobiliario nacional. La economía española es una de las más potentes de Europa. Mientras motores tradicionales de la economía del Viejo Continente como Alemania todavía se están recuperando de procesos de recesión e inflación económica, España no hace sino crecer superando expectativas trimestre tras trimestre. El llamado 'boom' inmobiliario tiene mucho que ver en este fenómeno.
Esto no ha pasado desapercibido a nuestros vecinos. ¿Cómo nos ven desde más allá de los Pirineos? A pesar de ser clientes tradicionales de nuestro mercado inmobiliario, o precisamente por ello, alemanes, franceses, italianos y británicos no se han quedado al margen. Nuestros vecinos galos hablan de 'phénomène espagnol', desde Alemania se califica a España como 'la reina europea del ladrillo' y en Gran Bretaña se alude a una 'demanda insaciable', mientras que en Italia se preguntan si el mercado inmobiliario español pretende abastecer de segundas y terceras viviendas a toda Europa.
Avisos sobre el exagerado nivel de endeudamiento de las familias españolas o reportajes periodísticos titulados 'Los conquistadores de la edificación' abundan entre los medios europeos que miran con recelo el crecimiento económico español basado en un fenómeno marcado por la inestabilidad.
# ALEMANIA
CARLOS ÁLVARO, CORRESPONSAL EN BERLÍN
La «reina europea del cemento»
Hasta no hace mucho Tirana (Albania) era la única capital europea más barata que Berlín para comprar un piso. Hoy la capital alemana ha escalado algunas posiciones, pero continúa disponiendo de unas 100.000 casas vacías, los alquileres suben por debajo del IPC y la protección del inquilino frente al dueño por parte de la ley no anima a invertir en 'ladrillos'.
Por eso no es de extrañar que la prensa alemana se haya hecho eco del 'boom' inmobiliario en la tierra de los 'íberos', como gusta de llamar 'Die Welt' a los españoles. Este periódico, recientemente, hacía balance y recordaba que en apenas cinco años se han construido más de cinco millones de viviendas en España. «La reina europea del cemento», según coincide este diario con el 'Süddeutsche Zeitung', habría construido durante 2005 más casas que el Reino Unido, Francia, Gran Bretaña e Italia juntos. «¡Y todo para 44 millones de habitantes!», se sorprende el primero.
Ambos medios destacan que los españoles suelen invertir en propiedad inmobiliaria. 'Die Welt' subraya que desde la minirecesión de 1992-1993 los precios no han dejado de subir, encontrándose actualmente el metro cuadrado en Madrid a 3.788 euros. Y ojo, avisa el diario conservador: «Tienen la costumbre de pagar casi un 30% del total en dinero negro». Así que no es raro, según esta fuente, que España sea el país europeo donde las inmobiliarias se hagan millonarias de manera más rápida.
# GRAN BRETAÑA
ADRIÁN SACK , ESPECIAL PARA EL MUNDO / LONDRES
El mercado de la «demanda insaciable»
España ha pasado a ser un mercado inmobiliario de una sorprendente «demanda insaciable» para diversos observadores británicos, ya que, a pesar de contar con un coste de vida e inflación más baja que el Reino Unido, el precio ha aumentado el último año al mismo ritmo que en el país más caro del mundo para vivir.
Según un estudio del Real Instituto de Colegiados británico, difundido recientemente por el periódico 'The Guardian' y otras publicaciones locales, el continuo crecimiento del costo en las propiedades -que el último año alcanzó al 10% en ambos países- ha consolidado al mercado español como uno de los más vigorosos, pero también más sobrevalorados, de Europa Occidental.
Sin embargo, el incremento del coste no ha perjudicado la creciente demanda de casas y villas por parte de los británicos, que siguen teniendo a España como principal destino de inversiones inmobiliarias en el extranjero.
De acuerdo con los datos proporcionados por la consultora Kyero, lo que sí cambia es la tendencia de los compradores. Cada vez se concentran más en el interior de España -'España profunda'- que en la sobrevalorada costa mediterránea o las islas. Los inalcanzables precios de la costa han desviado la demanda hacia lugares como Badajoz, Cáceres o Teruel. En algunos periódicos se han ofrecido incluso «muy atractivas casas de tres dormitorios» en Cuenca por sólo 33.000 euros.
# FRANCIA
MARTA BELVER
Admiración por el 'boom'
Francia no sólo ha sido testigo de primera línea del 'boom' inmobiliario español de la última década, sino que ha experimentado a domicilio algunos efectos colaterales del mismo. El músculo financiero desarrollado por muchas inmobiliarias patrias ha propiciado que hayan cruzado los Pirineos para irse 'de compras' a su país vecino, tanto de edificios construidos y suelos en desarrollo como de 'mismísimas' compañías galas del sector.
«La salud del mercado inmobiliario en España en los últimos 10 años provoca admiración entre los franceses», apunta Thierry Julienne, director de Inversión de la consultora Exa. Según explica este experto, en París no se explican a ciencia cierta cuáles son las bases de este crecimiento, aunque consideran que parte de la 'culpa' de este desarrollo reside en la fortaleza del turismo de costa.
La prensa gala también se ha hecho eco del 'phénomène espagnol'. Recientemente un periodista del semanal 'Le Point' viajaba hasta Madrid para elaborar un artículo titulado 'Los conquistadores de la edificación', en el que se refería al ladrillo nacional como «la gallina de los huevos de oro».
# ITALIA
MARTA LOBATO, ESPECIAL PARA EL MUNDO / ROMA
La carrera que consume al país
A los italianos, asiduos veraneantes en las costas españolas, no les ha pasado desapercibido el 'boom' de la construcción en España. Vuelven de sus vacaciones y comentan con estupor la imponente carrera por construir que está consumiendo al país.
A diferencia de ingleses o alemanes, quizás los italianos no sueñan tanto con invertir en retiros dorados en la cálida España -las condiciones climáticas son similares en ambos países-, pero el fenómeno económico hispano basado en el ladrillo sí que es objeto de exhaustivos análisis por parte de la prensa económica.
«En España hay barrios en construcción por doquier, como si el país tuviese que dar una casa, y una segunda y tercera casa a todos los ciudadanos europeos», señalaba recientemente el suplemento económico del 'Corriere della Sera'.
«En España, el papel de la construcción es absolutamente desproporcionado para una economía moderna». El 'Corriere' recordó que el 85% de los españoles ya es propietario de casa y que el endeudamiento medio de las familias es tan elevado que los ciudadanos ya no disponen de ahorro para defenderse de eventuales crisis.
*El Mundo - Su Vivienda, 23 de febrero de 2007, número 480
Foto: Bahía del Hornillo - Águilas (Murcia)
Autoconstrucción
JoséÁngelBergua* : "Se dice que el problema de la vivienda viene del excesivo protagonismo que se le ha permitido tener en tal asunto al mercado. Yo más bien creo que los responsables son la legión de expertos que intervienen organizando y gestionando las ciudades. Esos especialistas no sólo se ocupan de la distribución del asfalto, las zonas verdes y los bloques de hormigón, sino de por dónde deben ir o venir las gentes y qué cualidades simbólicas ha de tener su ciudad.
El interés por construir y ordenar buenas ciudades nace tras la Revolución Industrial, cuando las grandes urbes europeas comenzaron a crecer en términos casi exponenciales. A principios del siglo XX, después de bastante experiencia experta acumulada, aparecen hasta "escuelas" que entienden la planificación de modos muy diferentes. Así, por ejemplo, mientras Le Corbusier apuesta por las grandes concentraciones, Lloyd Wright prefiere la dispersión. Hoy, los estilos de planificación a los que se abandonan nuestros gobernantes son más variados. Muchos de ellos, por ejemplo, más que por el cuerpo o forma de la ciudad se interesan por su alma.
En efecto, a la par que las construcciones se expanden y los centros se degradan, ciertos intelectuales de lo urbano suelen sentir nostalgia por lo que dicho centro fue, se sienten embargados por un irrefrenable deseo de regresar a los orígenes, se empeñan en preservar cuanto de interesante crean que queda y proceden a protegerlo y rehabilitarlo expulsando a sus pobladores. Este es sólo uno de los modos que utilizan los expertos para producir el aura de la ciudad. A menudo suele convivir con otros, más prosaicos, en los que las marcas, mensajes y logotipos de grandes corporaciones se convierten en sus más importantes símbolos. Aunque también puede ocurrir que la producción de cualidades espirituales tenga que ver con encargos de edificios, puentes, etc. a conocidos arquitectos o ingenieros.
Afortunadamente, esta lógica oficial o institucional no da cuenta de toda la subjetividad de la ciudad. Hay que tener en cuenta que las urbes surgidas entre los siglos XII y XIV en Europa no se construyeron con ningún objetivo. Simplemente ocurrieron. Esta capacidad de autoorganización todavía está presente. Está impulsada por la gente. Con su ir y venir por las aceras crean auténticas comunicaciones de banda ancha por las que fluye la información que más útil resulta a sus paseantes. También este nivel cotidiano o molecular es el responsable de la improvisación de espacios de encuentro, cotilleo y juego. Los grafitis, las firmas, las pintadas y distintas clases de mensajes escritos en las paredes son modos de estetizar ese habitar. Todo ello da a la ciudad una clase de alma que nada tiene que ver con la que fabrican los expertos.
La gente no sólo es creativa a la hora de dar cualidad y afecto a la ciudad. También lo es para afrontar el problema de la vivienda. Villa El Salvador, por ejemplo, es un suburbio de Lima que se creó en 1971 de un modo rápido y desordenado, pero que hoy, gracias al esfuerzo de autogestión de sus pobladores ha logrado satisfacer sus necesidades más básicas y ofrecer un buen nivel de vida. Esta autoconstrucción no sólo se ha practicado fuera de Europa. En Tessin (Suiza), el arquitecto Walter Segal la ha fomentado diseñando estructuras y proponiendo materiales fáciles de obtener. También se ha preocupado de que cada familia construya según su ritmo o capacidad y de que los niños y mayores puedan ayudar en lo que desean.
Aunque pueda parecer que este urbanismo sea una extravagancia, en realidad tiene una larga y dilatada historia. En los años 20 y 30 del siglo XX, mientras las clases populares inglesas construían sus propias casas utilizando material de derribo, el arquitecto italiano De Carlo reflexionaba sobre ello incubando lo que luego se llamaría "arquitectura comunitaria". Más tarde, en los años 50, un admirador suyo, el británico Turner, comprobó que en las favelas brasileñas, las colonias mexicanas y los ranchos venezolanos sucedía lo mismo. El arquitecto inglés propuso que la Administración facilitara esa autoorganización ayudando a obtener materiales y servicios especializados, proporcionando infraestructuras, legalizando los asentamientos, etc. En los años 80, este tipo de arquitectura recibió el inesperado respaldo del Thatcherismo. En Liverpool, por ejemplo, su ayuntamiento no sólo sugirió que los inquilinos participaran en los proyectos sino que se les dio el control absoluto. Los arquitectos que colaboraron con esas experiencias formaron el Grupo de Arquitectura Comunitaria del Real Instituto de Arquitectos Británicos.
Una experiencia similar es la que viene impulsando desde hace un tiempo el incombustible Sánchez Gordillo en Marinaleda. Primero ha expropiado y municipalizado miles de metros en los alrededores del municipio. Luego lo ha cedido gratuitamente, junto con los materiales que se logra obtener por convenio con la Junta de Andalucía, al autoconstructor. También le proporcionan varios albañiles para que dirijan las obras. Hasta el proyecto técnico de las viviendas (en el que colaboran activamente los propios interesados) es financiado por el ayuntamiento. Finalmente, el autoconstructor, reunido en asamblea, decide colectivamente el precio de lo que va a pagar por toda esa ayuda al mes. Por este método se han construido más de 350 viviendas en un pueblo que no tiene más de 3.000 habitantes. Cada casa dispone de 3 habitaciones, cuarto de baño y un patio de 100 metros cuadrados adaptado para futuras ampliaciones. Para las últimas viviendas se ha fijado una cuota de 15 euros al mes.
Marinaleda, Liverpool, Turner, Villa El Salvador, etc., demuestran que los expertos podrían ponerse al servicio de la capacidad de autoorganización de los pobladores de las ciudades. El problema es que prefieren otra clase de compañías. Da igual. Para la ciudad, considerada globalmente, no son tan importantes. La gente, en cambio, sí que es imprescindible.
* José Ángel Bergua es Sociólogo
elperiodicodearagon.com
Rebelion.org, 25-02-2007
Urbanismo al borde del mar
MARÍAFÁBREGAS* : "La idea surgió en octubre, pocas semanas antes de la celebración del I Congreso Internacional de Urbanismo en Santiago. Siete arquitectos se reunieron para realizar una radiografía de la costa gallega y analizar su situación actual "independientemente del poder político que haya detrás", señala la organización. Cada uno de ellos se adjudicó un tramo del litoral y juntos hicieron una reflexión acerca de las construcciones que rodean, a veces de forma caótica, el mar. Así nació Bordes de Mar en Galicia, una publicación promovida por el COAG y la Consellería de Política Territorial.
La publicación se presenta mañana en el Centro Cultural de Caixanova, en Vigo, acompañada por la exposición de las fotografías que se recogen en sus páginas, titulada Bordes de mar: 1723 kilómetros de litoral. Su objetivo es explicar con carácter documental las situaciones que más se repiten en la costa y explicar las razones por las que urbanistas y arquitectos entienden que son estrategias erróneas. Y, de paso, sensibilizar a la opinión pública de lo que sucede en el litoral de Galicia e invitar a la reflexión. El prólogo incluye la opinión de diferentes políticos, ecologistas e ingenieros, que resumen en 99 palabras cada uno, qué falla y cuál es el estado del urbanismo en los límites marítimos.
"Esto es lo que tenemos en nuestra costa", advierte Luciano Alfaya, arquitecto y uno de los editores de la publicación, con el libro en la mano. Desgraciadamente, los casos de un urbanismo mal planteado son más abundantes que los ejemplos a seguir. Las fotos comienzan en Ribadeo y terminan en A Guarda, de forma que el recorrido fotográfico abarca los 1.720 kilómetros de litoral gallego. Tanto en el libro como en la exposición, las imágenes han sido seleccionadas siguiendo cuatro parámetros: el medio físico, las transformaciones urbanísticas, el tejido social y las infraestructuras.
Bordes de mar ilustra las diferentes caras que puede tener Malpica, el puerto deportivo de Ortigueira, o la forma que tiene Viveiro de encontrarse con el mar. Este análisis demuestra que los problemas de urbanismo existen aunque no exista corrupción. "Estamos acabando con el territorio, aunque no se pretenda conseguir un beneficio económico", explica Alfaya. Para el arquitecto, el problema de fondo está en la ausencia de planificación comarcal y autonómica. En su opinión, el litoral es una zona mucho más sensible que el resto del territorio, por lo que necesita un incremento urgente de las medidas de protección.
Pero los errores no vienen sólo de un tiempo a esta parte. Los hay desde hace 30 años y aún hoy continúan haciendo daño a la costa. "Las heridas del territorio tardan muchísimo en curar", señala el arquitecto. La realidad es que en el libro "resulta más fácil encontrar destrozos alternándose con algo bueno, que al revés", añade, y así se observa en las 72 fotografías que componen la muestra.
Alfaya cree que aún no es tarde. "En Galicia estamos en un momento en el que se puede planificar el territorio y los errores cometidos hasta el momento no son tan graves", asegura. Por encima de cualquier norma, apela a una cuestión básica: el "sentido común".
*El País - Santiago - 25/02/2007
Embrollo urbanístico bajo la lupa europea
VANESSA PI* : "Dos mil viviendas ilegales construidas en un pueblo de 11.000 habitantes: éste es el embrollo urbanístico que una delegación del Parlamento Europeo intentará desentrañar la próxima semana en Albox, al norte de Almería. Algunas de estas casas pertenecen a españoles, pero la mayoría son de británicos jubilados que vendieron sus propiedades en el Reino Unido para poder comprarlas. Más del 10% de los empadronados en este lugar son británicos. Todo cuanto poseen son estos chalés, a 40 kilómetros de la costa.
Sus críticas se dirigen a los que permitieron la transformación de las tierras áridas sobre las que se erige Albox en un horizonte de casas blancas con jardín, sin adaptación alguna del Plan General (PGOU). Los chalés ilegales forman ahora pequeños grupos dispersos, sin calles, ni suministro eléctrico, ni los servicios básicos para un núcleo de población. Incluso se toleró la construcción de 11 viviendas en una rambla, que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga ahora a demoler.
Los propietarios de las viviendas en cuestión, constituidos desde hace cinco meses en la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, saben que sus casas son ilegales. Pero son ellos los que se han quejado a la Eurocámara. "Somos víctimas. Confiamos en lo que nos decían y ahora nadie asume la responsabilidad", afirma Bob Naya, de 62 años, el presidente de la asociación.
Los afectados no conciben que hubiese ilegalidad en unos contratos en los que intervinieron los abogados de las promotoras. "Para un británico, lo que dice un letrado va a misa", explica la abogada María Eugenia Navarro, que representa a una decena de afectados. Desde hace unos meses Bob Naya vive solo. Su mujer se hartó de la situación y regresó al Reino Unido. La pareja llegó hace cinco años a Albox y compró un terreno a una promotora que también construyó la vivienda. "Nos aseguraron que no habría problema por construir la casa, que obtendríamos la licencia". Casos como éste se cuentan por centenas. No sólo eso: en Albox hay unas 2.000 casas ilegales, pero son 6.000 en el conjunto del Valle de Almanzora.
Una cuarentena de torres de alta tensión rodea una colina de tierra seca convertida en urbanización, conocida como la Alhambra. "Las pagamos entre 12 propietarios, nos costaron 100.000 euros", señala Paul, otro de los afectados. También pagaron el transformador, sin saber que la compañía eléctrica no podía suministrarles la energía. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía impide a las empresas suministradoras de energía servir a viviendas sin cédula de habitabilidad.
La casa de Peter tampoco tiene electricidad. La semana pasada compró un generador que le costó 600 euros y sólo lo pone en marcha cuatro horas al día, "porque sale muy caro", razona su mujer. Llegaron a Albox hace tres años y medio, porque Peter tenía problemas de salud y los médicos le aconsejaron "un cambio de aires". Pero este antiguo mecánico de coches asegura que ahora tiene más "estrés". Sus vecinos, Tom y Anne, se las apañan con pequeñas lámparas solares que cargan en el jardín.
"Los ingleses empezaron a comprar casas de apero, destinadas a guardar los utensilios del campo. Pagaban la licencia, pero el Ayuntamiento ni la daba ni la denegaba, y la construcción seguía adelante", denuncia Ecologistas en Acción de Almería. El portavoz socialista en el Consistorio y candidato a la alcaldía, José García Navarro, acusa al Ayuntamiento de "hacer la vista gorda". Ambos apuntan a una falta de planificación. "Si cuando empezaron a llegar los ingleses, el Ayuntamiento hubiese revisado su PGOU, no hubiera habido problema, porque el crecimiento hubiera sido ordenado", razona el delegado de Obras Públicas de la Junta en Almería, Luis Caparrós. El alcalde, también concejal de Urbanismo, Francisco Granero, del PP, elude pronunciarse. Faltan tres meses para las elecciones municipales.
*El País - Albox - 25/02/2007
