Este sindicato cree que un macrocaso puede tardar en torno a un lustro en ejecutarse, al igual que STAJ: «Entre cinco y diez años mínimo, igual que ocurre con «Intelhorce», que tiene aún flecos sueltos».
Un ejemplo de la laboriosidad que requiere esta tarea es la sentencia del caso relativo a incineraciones irregulares, conocido popularmente como «Parcemasa». Este fallo fue declarado firme en diciembre de 2007; el Supremo absolvió a seis de los ocho encausados, pero también se declaró exentas de culpabilidad a dos aseguradoras, lo que ha propiciado que algunos de los afectados no hayan percibido aún sus indemnizaciones.
Los funcionarios de la Sección Primera sudaron tinta para buscar la forma de que éstos accedieran a sus merecidas retribuciones.
Ejecutar una sentencia no es sólo mandar al autor a prisión, sino, por ejemplo, localizar los bienes muebles e inmuebles de un condenado para que la víctima pueda cobrar la indemnización y el encausado haga frente a la multa. En cualquier caso, la insolvencia de los acusados es la tónica habitual: casi ninguna víctima percibe lo que le corresponde, según reconocen las fuentes consultadas por este periódico.
Es el ejecutor quien debe requerir a los procesados para que paguen, y el que coordina, con la supervisión del juez, todos los trámites iniciales para ver si se le suspende la condena a un procesado: si es condenado a menos de dos años de cárcel, no tiene antecedentes y ha pagado la responsabilidad civil –o es insolvente–, queda a discreción del juez su ingreso en la cárcel. Muchas veces no entra.
«Es un cachondeo: primero piden la suspensión del fallo teniendo en cuenta que no tienen antecedentes; si se les deniega, alegan que es inferior a dos años la pena impuesta; después piden la sustitución por multa, y así hasta el indulto parcial y total, llegando a alegar la prescripción de la pena», apunta otra fuente consultada.
«Y ahora, con los delitos de tráfico los juzgados de lo Penal ejecutan lo que les llega de los órganos de instrucción», aclara.
Hasta diez años
En «Ballena Blanca» y «Malaya», «la ejecución puede tardar años». Diez incluso. No sólo porque ha de instarse la entrada en prisión de los condenados, sino porque en la trama de corrupción se están levantando muchos embargos y para que respondan al pago de las responsabilidades pecuniarias habrá que buscarles nuevas propiedades y embargar algunas nóminas. «Se tardará años en ejecutar Malaya», dicen las fuentes consultadas, que proponen la creación de secciones especializadas en ejecución para hacer que se cumplan ambos fallos, algo que se quedará sólo en la buena intención de quien lo dice.
Los bienes hay que tasarlos, subastarlos, notificar el auto de adjudicación: «Es un mundo. No se puede comparar esto con una sentencia de tráfico. Si no pagan multa, hay que requerirlos, buscarles bienes, nóminas, etcétera, tasarlos, subastarlos y adjudicarlos. Es un procedimiento entero», dice con sorna otro de los consultados.
Otra fuente se queja de que en las ejecutorias se unen los aspectos penal y civil, lo que requiere una gran minuciosidad por parte de quien actúa. «Lo peor es cuando te dejan la indemnización a determinar durante la ejecución de sentencia». Eso supone un gran quebradero de cabeza para el tramitador o el gestor que tiene que manejar el fallo.
«Yo suelo tardar entre dos semanas y un mes en incoar la ejecutoria, pero con los macrocasos y los cada vez más presentes delitos económicos esto se ha complicado mucho», explica.
* La Opinión Málaga - 28.03.11
Foto: Imagen de un juzgado de lo Penal de la capital, en la que se puede observar el volumen de trabajo que soportan los funcionarios - laopinión
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