Los acampados de Moraleja de Enmedio invitan a Aguirre a su primer aniversario

EFE/Madrid* : Los cooperativistas de La Tenería acampados en Moraleja de Enmedio para exigir la construcción de los pisos que llevan pagando 10 años han invitado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al director general de Urbanismo, José Trigueros, a celebrar con ellos el primer año de su protesta. El objetivo de los acampados es que Aguirre y Trigueros conocieran de primera mano su situación y les informaran de cuáles son los pasos que el Plan de Urbanismo de Moraleja de Enmedio pudiera ir dando, pero saben que ninguno de los dos acudirá porque su problema "no les preocupa demasiado", aseguran, ya que no han contestado a la invitación.
Mañana sábado, 1 de octubre, se cumple un año del campamento protesta que varios jóvenes cooperativistas instalaron en los terrenos que adquirieron en Moraleja de Enmedio. Desde hace años, los mas de 1.200 socios de la cooperativa "La Tenería" han invertido una media de 50.000 euros en unos terrenos rústicos pendientes de calificar, ya que contaban, aseguran, con las "promesas" tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid.

Además de esas "promesas", su cooperativa firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento por el cual pagaban su parte por la pormenorización de uno de sus sectores, en concreto 314.000 euros que no han vuelto a ver.

Afirman que su principal problema es que el Plan de Urbanismo propuesto por el ayuntamiento, que contemplaba la construcción de alrededor de 10.000 viviendas, se encuentra rechazado por la Comunidad de Madrid, que ofrecía como solución la realización de una modificación puntual de las normas subsidiarias que redujera el número de viviendas a un máximo de 3.000.

Los cooperativistas quieren que se lleve a cabo este trámite "a la mayor celeridad posible", ya que consideran que el tiempo corre en su contra y que de no llevarse a cabo tendrían que liquidar la cooperativa y dar por perdidos definitivamente sus ahorros.

Para conmemorar el aniversario del campamento, donde además de tiendas de campaña existen ya chabolas de madera, cartón e incluso ladrillo, han elaborado una "tarta de cumpleaños" de aproximadamente tres metros de diámetro por otros tres de altura que tendrá en su parte mas alta un número 1.

También se encadenaremos a mediodía unos a otros.

En estos días se preparan además para pasar otro invierno en el campamento y uno de los jóvenes está construyendo una caseta de madera para sustituir a la tienda de campaña.

También han rehabilitado la caseta general que hace las veces de sala de juntas y comedor de los acampados, e incluso están colocando suelo de cerámica.


* ABC - EFE - 30.09.11
Foto: Moraleja de Enmedio (Madrid), ayuntamiento - tecno-control

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Bilbo.- Miles de personas muestran su apoyo a Kukutza

GARA* : Bajo el lema "Kukutza aurrera!-Denok gara Kukutza!'', miles de personas se han acercado a Bilbo esta tarde para participar en la marcha que ha arrancado a las 19.00 de la tarde desde la delegación del Gobierno de Lakua y que ha concluido frente al ayuntamiento.
La movilización para denunciar el desalojo y derribo del emblemático gaztetxe, así como "la brutalidad y violencia policial que han impedido cualquier expresión solidaria con el proyecto social de Kukutza", se ha desarrollado bajo un ambiente festivo, en el que predominan los cánticos a favor del gaztetxe.
Ayer, en su presentación, miembros de las decenas de colectivos que la impulsan denunciaron públicamente "la manipulación, el atropello indiscriminado a los derechos civiles que se han producido en estos días, la tergiversación y criminalización que han hecho los poderes políticos tanto del proyecto social como de las personas que solidariamente han salido a la calle a demostrar su apoyo" a Kukutza III.

Al igual que ya han hecho otros, exigieron la dimisión del alcalde, Iñaki Azkuna, y del consejero de Interior, Rodolfo Ares, al señalarlos como "responsables directos" del "estado de sitio" que vivió días atrás Errekalde y buena parte de Bilbo.
Dos alemanes siguen encarcelados en Basauri
Dos jóvenes alemanes, de Hamburgo y Bremen, permanecen en la prisión de Basauri desde la tarde del viernes después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbo, "inexplicablemente" según fuentes jurídicas, ordenase su encarcelamiento, como presuntos autores de "desórdenes públicos" a raíz del desalojo de Kukutza. Ni las gestiones de su abogado ni las realizadas por el cónsul en Bilbo y la Embajada en Madrid han conseguido su puesta en libertad, lo que es considerado una "arbitrariedad".


* Gara - 29.09.11
Foto: La marcha ha recibido el respaldo de miles de personas. (Jon HERNAEZ/ARGAZKI PRESS)

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Un juez pide al exalcalde del PP en Calp que avale con sus bienes los sobrecostes

LEVANTE/Alicante* : El Tribunal de Cuentas del Estado pidió ayer al exalcalde de Calp por el PP, Javier Morató, y a dos los que fueron concejales de su gobierno, José Perles y Fernando Penella, avales con los que puedan responder con sus bienes y su patrimonio ante el procedimiento abierto que investiga irregularidades en diferentes obras municipales y sobrecostes durante el mandato municipal de 2003 a 2007. La misma medida ha sido solicitada también por el Tribunal de Cuentas (TCU) para el interventor municipal, José Santacreu, el arquitecto del ayuntamiento, Alberto Mengual, y los dos secretarios que en equella época ejercieron en el consistorio, Antonio Iglesias y Antonio Revert. La investigación, iniciada a raíz de una denuncia interpuesta en 2008 por el PSPV, ha determinado que el daño económico presuntamente ocasionado a las arcas municipales rozaría los 1.100.000 euros, y considera presuntos responsables del mismo a los tres políticos y los cuatro técnicos citados, según los datos aportados por fuentes del TCU que corroboró después el edil socialista Luis Serna.

A las 10 de la mañana de ayer, en Madrid, estaban convocados los políticos y los técnicos en la sede del tribunal, donde tuvo lugar el acto de liquidación provisional por un procedimiento de responsabilidad contable. Finalmente, Morató, Perles y Penella no comparecieron, pero enviaron a sus representantes legales. Sí que acudieron los 4 técnicos, así como el socialista Luis Serna, en calidad de denunciante.
La investigación se originó por la denuncia del PSPV, que hacía alusión a la manera en que se recalificó de rústica a dotacional una parcela para ubicar en ella un recinto ferial municipal, a pesar de que la operación no contaba con el visto bueno de los propietarios. Sin embargo, a raíz de la documentación solicitada por el tribunal al ayuntamiento, el caso se fue ampliando a otras presuntas irregularidades en la gestión contable municipal. Por ejemplo, la inversión de 800.000 euros en la Radiotelevisió de Calp para obras sin expediente de contratación, así como sobrecostes en otras actuaciones municipales y de Aguas de Calpe.
En la sesión de ayer, se informó a los tres políticos y los cuatro técnicos de la calificación provisional de los hechos, previa a la definitiva, en la que se decidiría convocar juicio o no. Los 7 son considerados por el TCU responsables del daño ocasionado, por lo que se les pidió los avales. Según fuentes del tribunal, este es un procedimiento habitual en estos casos y tiene como fin evitar un posterior alzamiento de bienes. Es decir, "el juez instructor cita a los, en principio, imputados para que presenten los avales correspondientes", de modo que, en caso de una posterior condena, se pueda echar mano de esos avales para resarcir al ayuntamiento.

El PSPV, que puso la denuncia, lamenta ahora que el caso salpique a los técnicos
El cariz que ha tomado el caso que investiga el Tribunal de Cuentas asusta incluso al PSPV de Calp, que fue quien denunció los hechos. El portavoz de los socialistas en el ayuntamiento, Luis Serna, que compareció también ayer en el TCU en calidad de denunciante, lamentó tras el acto que "la bola se ha hecho demasiado grande". Y es que los socialistas consideran una mala noticia que la investigación haya acabado salpicando también a técnicos del ayuntamiento, algo que, en sus planes, "no estaba previsto".
En este sentido, Serna señaló que, cuando se puso la denuncia, "buscábamos la responsabilidad política" de los ediles del PP por los hechos que se investigan. En cambio, que el TCU haya citado también a los técnicos como supuestos responsables de las irregularidades "no es lo que buscábamos".
El portavoz municipal de los socialistas calpinos aseguró que en el acto celebrado ayer en Madrid quedó claro que "la conclusión del Tribunal de Cuentas es totalmente provisional", por lo que confió en que todavía pueda ser "rectificada".


* Levante - SERGI GARCÍA - 28.09.11
Foto: Calpe (Alicante), ayuntamiento - ccoo.es

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Murcia.- Los detractores de la urbanización de la Fuensanta van a los tribunales

LAVERDAD* : La Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta continúa su batalla para impedir la construcción de 1.300 viviendas en la ladera del santuario de la Fuensanta, aprobadas por el Ayuntamiento. Las organizaciones, que hicieron una marcha a pie hasta Murcia durante la Feria, ya ratificaron “llegar hasta las últimas consecuencias en la lucha contra este disparate”. El Ayuntamiento de Murcia no ha respondido en plazo al recurso de reposición que presentó Huermur, por lo que la plataforma ha decidido no seguir esperando 'sine die'.
En la mañana de hoy, representantes de las organizaciones integrantes de la Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta han presentado en los juzgados de Murcia una nueva iniciativa contra el plan aprobado que pretende construir 1.300 viviendas a los pies del santuario de la Patrona de Murcia.

Esta nueva iniciativa consiste en un recurso contencioso-administrativo, lo que supone que la justicia tendrá que decidir sobre la legalidad o no de dicho plan parcial. Desde los colectivos, ya han advertido en varias ocasiones sobre posibles irregularidades que podría contener el plan y que harían inviable que siguiera adelante, y por las que el Ayuntamiento no debería haberlo aprobado.
Entre los argumentos de su recurso figura que: el plan nunca contó con aprobación inicial, por lo que no se ha sometido a exposición pública; afecta a zonas de campeo de aves protegidas que viven en el parque regional El Valle-Carrascoy, sin haberse realizado estudio de impacto ambiental; el listado de propietarios que indican los planos del plan no coincide con un informe oficial de la Gerencia de Urbanismo, que con datos del Catastro certifica que el mayor propietario del plan es el Obispado y que el plan arrasa el mirador más emblemático de Murcia, el de la Fuensanta.
El recuso administrativo, que ha sido el paso previo al recurso contencioso en el juzgado, se presentó en la Gerencia de Urbanismo el 1 de julio de 2011. Por lo tanto, el recurso de Huermur ya ha sido contestado por silencio administrativo del Ayuntamiento de Murcia de forma desestimatoria, obligando así a la Plataforma en Defensa del Pasaje de la Fuensanta, donde está integrada Huermur, a continuar por la vía judicial.
Es por todo ello que las entidades integrantes de esta Plataforma van a seguir trabajando desde todos los frentes posibles para que esta actuación no se lleve a cabo, y "si los propios promotores y el Ayuntamiento no quieren reconocer su error, tendrá que ser la justicia la que lo haga", han expresado.


* La Verdad - 28.09.11
Foto: Murcia, santuario Fuensanta - galeon

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Ronda.- 'Toti', el tránsfuga camaleónico

SUR/Málaga* : Hace casi un año, a las redacciones de los periódicos y en los cenáculos políticos corrió el rumor de que la Fiscalía y la Policía Judicial iban a registrar el Ayuntamiento de Ronda por corrupción urbanística. Cuando se le preguntó al entonces alcalde, el socialista Antonio Marín Lara, por este asunto se limitó a comentar que no era la primera vez que se decía algo así y luego no sucedía nada. Al final, aunque con cierto retraso, sí ha ocurrido.
El de ayer, junto al pasado 27 de mayo cuando, a tenor de los resultados de las urnas, comprobó la imposibilidad de poder continuar en la Alcaldía, han sido dos de los días más duros en la vida de este político nacido hace 52 años en Málaga, bautizado en la iglesia del Sagrario, padre de tres hijos y casado con Josefa del Valle, que también fue concejal en el Consistorio de la Ciudad del Tajo en la pasada corporación. Con fama de altanero y algo fanfarrón, en Ronda se hacían apuestas sobre el momento en que este abogado especialista en Derecho Penal, Urbanístico y Criminología por la Universidad de Granada tendría que rendir cuentas ante la Justicia por su gestión municipal relacionada con el urbanismo. Uno de los probables focos de la sospecha recae sobre uno de sus proyectos estrella, la recalificación de suelo para la construcción del gran centro comercial Eroski en los antiguos terrenos de la feria y el campo de fútbol.

Marín Lara, o 'Toti', como es conocido popularmente, entró en política en 1989 al afiliarse al Partido Andalucista (PA), formación con la que logró ser concejal en la oposición. A finales del pasado siglo, fue presidente de los festejos taurinos en la plaza de Ronda, ya que es aficionado a los toros y siente predilección por Javier Conde.
En esa época, con la política local rondeña marcada por la irrupción del GIL, Marín Lara ya empieza a ambicionar la Alcaldía. En 2003, tras las municipales, apoya a la socialista Isabel Aguilera como alcaldesa y se sitúa como primer teniente de alcalde, pero apenas un año después firma una moción de censura con los herederos de Gil y el PP para desbancar al PSOE del sillón. Él cogió la vara de mando. Seguidor del Sevilla CF -es muy amigo del presidente del club, José María del Nido-, todavía bajo las siglas del PA ganó las municipales de 2007 aunque necesitó del apoyo del PP para gobernar.
Un 'noviazgo' político que no duró ni un año. En mayo de 2008, el alcalde mandó a la Policía Local con una carta a los cuatro ediles populares de su equipo de gobierno anunciándoles la ruptura del pacto y la destitución de sus cargos. En ese momento aún era secretario general del PA de Málaga, partido por el que se presentó como cabeza de lista por la provincia en las autonómicas de ese año sin resultado positivo.
En junio de 2009, este apasionado de la política y la cultura francesa que dice haber sido marcado por la figura de Valéry Giscard d'Estaing, abandonó el PA en medio del naufragio andalucista e ingresó en las filas del PSOE, con el objetivo de seguir haciendo carrera política y mantener la Alcaldía. Sin embargo, el pasado mayo, como cabeza de cartel de los socialistas, no lo consiguió. Y su sueño de seguir como regidor se esfumó, aunque, según cuentan algunos allegados, actualmente estaba maquinando movimientos políticos para intentar, antes de un año, volver a ocupar la Alcaldía. Tal es su obsesión por ella que no hace mucho mandó una carta a la Real Maestranza de la Caballería de Ronda en la que firmaba como 'alcalde perpetuo' de la ciudad.


* Sur - 28.09.11
Foto: Ronda (Málaga) exalcalde 'Toti' detenido - elconfidencial

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Córdoba.- Sandokán pide legalizar todas las parcelas

ELPAÍS* : La imagen que nadie podía imaginar hace solo diez meses se hizo ayer realidad. El empresario y concejal de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, imputado en el caso Malaya y deudor de unos 30 millones al Ayuntamiento de Córdoba, se sentó en el Consejo Rector y la Comisión de Licencias del órgano local de desarrollo urbanístico de la ciudad. Entre los asuntos prioritarios que piensa plantear, se encuentra la total legalización de las cerca de 10.000 viviendas irregulares que hay en la capital. Incluidas aquellas que están en terrenos inundables y que se vieron arrasadas por las últimas crecidas del Guadalquivir.
Así lo anunció su partido hace dos días. Y así lo recordó ayer el propio Gómez. "Considero que todos los partidos hemos dicho que debíamos arreglar el tema de las parcelaciones con la ley en la mano. Y cumplir con esa inquietud que tienen tantas familias", insistió antes de entrar en la primera de las reuniones en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Sandokán anunció también que se opondrá a la imposición de multas a los parcelistas ilegales.

"Hay mucha gente que está en jubilación o que tiene 400 o 500 euros de paga y que le meten una multa en un momento dado de ciento y pico mil euros. Eso no tiene ni pies ni cabeza porque han hecho las viviendas y ahora se les multa. Mire usted, no hubiese usted dejado que se hiciesen". En todo caso, una vez que empezó la reunión, Gómez no abrió la boca para plantear el tema de las parcelas. En su turno de palabra, Gómez se limitó a decir: "Vengo a servir a Córdoba" y a restar importancia a sus pleitos personales.

Y es que, a una escala económica mucho mayor que la de los parcelistas ilegales, Sandokán comparte un problema muy similar con ellos. Él mismo construyó donde no podía. En concreto, cuatro hectáreas de naves ilegales en la sede de su empresa Arenal 2000. Una de las primeras cosas que hizo Sandokán tras recoger su acta de concejal, fue pedir el expediente completo de la multa de 24,6 millones, que lleva años enfrentándole en los tribunales con el Consistorio.

El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, dijo ayer que "los cordobeses que le votaron lo hicieron en base a unas propuestas altamente irrealizables", como es la completa legalización de las parcelas. Torrico insistió en que Unión Cordobesa tiene derecho, "democrático y legal" para hacer "las propuestas que considere oportunas". A pesar de que Sandokán afirma que entre los planes del PP también está la legalización, Torrico señaló que sus propuestas en la GMU nada tienen que ver con las de Unión Cordobesa.


* El País - MANUEL J. ALBERT - Córdoba - 29/09/2011
Foto: Córdoba, inundaciones Guadalquivir (archivo) - elpais.com

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Alhaurín.- El tribunal desestima las pruebas que pidió el fiscal del 'caso Troya'

ELPAÍS/Málaga* : El juicio del caso Troya sobre la corrupción urbanística en Alhaurín el Grande ha salido del trámite de cuestiones previas prácticamente igual que entró. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha desestimado las peticiones más relevantes tanto de la Fiscalía como de los abogados defensores del alcalde, Juan Martín Serón, del PP y de las otras 19 personas que le acompañan en el banquillo de los acusados.
El tribunal, presidido por el magistrado Fernando González Zubieta, ha rechazado la petición del fiscal encargado del caso, Juan Calvo-Rubio, de que un arquitecto y un jurista de la inspección urbanística de la Junta emitan un dictamen sobre el plan urbanístico vigente en Alhaurín en el año 2006, año en que se iniciaron las investigaciones. El fiscal alegaba que al recibir con retraso los escritos de defensa de los abogados no pudo saber que estos habían aportado distintos dictámenes de expertos en derecho urbanístico que apuntaban que el planeamiento vigente en la localidad permitía otorgar las licencias sospechosas. El ministerio público acusa a Martín Serón y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, de cobrar sobornos a empresarios a cambio de dar los permisos de obra con aumento de edificabilidad.

Esta negativa del tribunal puede acarrear consecuencias jurídicas. El fiscal Calvo-Rubio anunció en la sesión de exposición de las cuestiones previas que si la sala no aceptaba esta petición solicitaría la devolución de la causa al juzgado de instrucción.

Los magistrados también desestimaron la petición de nulidad de las grabaciones realizadas al edil Guerra por parte de un empresario que denunció ante la policía que le habían pedido un soborno. Según la sala, estas grabaciones sirven simplemente para afianzar la credibilidad de la denuncia del empresario y no afecta a los derechos de Guerra.

La Audiencia también rechazó la alegación del abogado de Martín Serón, Carlos Larrañaga, que se quejaba de que en el escrito acusatorio del fiscal no se exponían claramente qué hechos delictivos se imputan al regidor, lo que provocaba "indefensión" a su cliente. Larrañaga pretendía que se diera un nuevo plazo al fiscal para presentar un escrito más detallado. El tribunal considera que el alegato del ministerio público es suficientemente concreto y rechazó su nulidad.


* El País - F. J. P. - Málaga - 29/09/2011
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE (archivo)

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La Fiscalia imputa un nuevo delito al alcalde de Torremocha de Jarama

ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Fiscalía de Madrid imputa al alcalde de Torremocha de Jarama un nuevo delito contra la ordenación del territorio. Se trata del segundo procedimiento de estas características que se tramita en los juzgados de Torrelaguna contra el mismo alcalde. Ecologistas en Acción que recientemente se ha personado como acusación popular, teme que pueda pactar con la Comunidad de Madrid la aprobación de un nuevo plan general de ordenación urbana con el que se pretendería legalizar las actuaciones por las que se le juzga.
En marzo de 2010, el único concejal de la oposición del ayuntamiento de Torremocha de Jarama, denunció numerosas actuaciones que podrían ser constitutivas de diferentes delitos. La Fiscalía de Madrid dividió estas denuncias en dos bloques, uno que engloba los hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública (malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas) y contra la Hacienda Pública (fraude de subvenciones). Y un segundo bloque que podría constituir delitos contra el medio ambiente o la ordenación del territorio. Es este segundo bloque el que se investiga por la sección de medio ambiente de la Fiscalía y en el que Ecologistas en Acción se ha personado recientemente como acusación popular, tras ser remitido a los juzgados de Torrelaguna.

La Fiscalía ha denuncia la ejecución de la conexión eléctrica a una parcela de la propiedad del alcalde aprovechando la realización de unas obras municipales de soterremiento de líneas eléctricas. Las obras de soterramiento afectaron a una vía pecuaria para lo que hubiera requerido autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Entre los hechos denunciados inicialmente también se encuentra la apertura, en 2009, de dos graveras para extracción de áridos en parajes clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, uno junto al arroyo San Román, protegido por su interés paisajístico y otro por su interés agrícola, junto al arroyo del Mortero.
Es el segundo caso de presunto delito contra la ordenación del territorio por el que se juzga al alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera Rivera, de la Agrupación de Independientes de Torremocha, El Retiro y Tomillares-Sierra Norte (ITRTSN). En el primer procedimiento que está a la espera del juicio oral, se le imputa por asfaltar y realizar diversas construcciones en la vía pecuaria denominada Cañada de las Calerizas a su paso por la urbanización Los Tomillares. En ese caso la Fiscalía solicita tres años de prisión y el agravante de prevalerse de cargo público.
Ante estos hechos el ayuntamiento de Toremocha de Jarama, el pasado mes de agosto, aprobó provisionalmente un nuevo plan general de ordenación urbana con el que se pretendería legalizar estas actuaciones y dejar sin efecto los hechos por los que se le juzga. A pesar de que el documento contiene numerosas irregularidades ha sido informado favorablemente tanto por la Dirección General de Medio Ambiente como por la Dirección General de Evaluación Ambiental, estando pendiente únicamente el informe final de la Dirección General de Urbanismo, todas ellas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.


* Ecologistas en Acción Madrid - 28.09.11
Foto: Torremocha de Jarama (Madrid), ayuntamiento - turismo

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Alicante.- El juez imputa al hermano de Castedo en la trama del plan general por tráfico de influencias

ELPAÍS* : El juez ha imputado José Luis Castedo, abogado urbanista hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, en la rama del caso Brugal que investiga una supuesta trama corrupta para amañar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, también acusa al exedil socialista Javier Gutiérrez, socio del familiar de la regidora en el bufete Salvetti Abogados. La policía sostiene que en este despacho se diseñó el planteamiento a favor del promotor Enrique Ortiz.
José Luis Castedo y Javier Gutiérrez serán interrogados por el juez el próximo 26 de octubre. En su escrito de acusación inicial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a ambos los supuestos delitos de tráfico de influencias, uso privilegiado de información y asesoramiento ilegal.

La imputación de Castedo y Gutiérrez se produce apenas una semana después de que los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante remitieran al instructor el informe del registro realizado en el despacho Salvetti Abogados el pasado mes de abril. En el disco duro de los ordenadores intervenidos, los agentes hallaron pruebas de la supuesta información privilegiada de los imputados sobre el desarrollo del PGOU, extremo que les permitió tramitar con éxito numerosas alegaciones que les generaron supuestamente una ganancia de un millón de euros.

Los agentes también encontraron en los ordenadores otros archivos que apuntan a un supuesto espionaje de la trama corrupta a los investigadores, entre ellos el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. Uno de esos documentos contenía datos sobre la vivienda particular del fiscal. También había un documento sobre las actividades privadas del exalcalde socialista de Alicante Ángel Luna, ahora vicepresidente segundo de las Cortes.

En esta pieza separada del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante, el juez ha imputado ya a nueve personas. Junto a José Luis Castedo y Gutiérrez, están imputados el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, un empresario, un abogado y dos altos cargos de Bancaja y la CAM. El fiscal, no obstante, acusa a un total de 21 personas, entre ellas, los dos alcaldes del PP, Sonia Castedo y su antecesor y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi. La imputación de Castedo y Alperi en la causa tendrá que acordarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dada su condición de aforados.


* El País - 27.09.11
Foto: Alicante, Castedo y Ortiz en el estadio (archivo) - lasprovincias

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La nueva valoración del suelo rústico abre un agujero millonario en la banca

ELCONFIDENCIAL* : El 31 de diciembre es la fecha clave. Ese día, expira la prórroga extraordinaria que dio el Gobierno Zapatero a la banca para valorar el suelo rústico a precios reales. La moratoria de 20 meses fue publicada en el BOE en abril del año pasado, y su vencimiento supone un contrapié millonario contra los balances bancarios en unos momentos especialmente delicados para el sector por problemas de liquidez y solvencia. En particular, para las entidades de crédito -fundamentalmente cajas de ahorros- que durante años se han beneficiado de una valoración del suelo rústico en su poder que incorporaba expectativas de generación de plusvalías, lo cual encarecía las expropiaciones y alimentaba fenómenos especulativos ante una hipotética reclasificación por decisiones políticas. Esas expectativas son las que han engordado los balances bancarios con valoraciones artificiales y completamente al margen de la realidad económica. Y son las que han obligado a las administraciones a pagar cifras millonarias en los procesos de expropiación forzosa.
Lo cierto es que el terreno rústico apenas vale hoy un euro a la luz de la Ley del Suelo de mayo de 2007, que en su artículo 23 lo valora en función de la renta real o potencial, pero no sobre expectativas. Como dice el preámbulo de la norma, con la anterior ley del Partido Popular “se llegaba así a la paradoja de pretender que el valor real no consistía en tasar la realidad, sino también las meras expectativas generadas por la acción de los poderes públicos” (recalificaciones).

Hecha la ley, sin embargo, hecha la excepción, y lo cierto es que en una disposición transitoria de la propia normativa se declaró una moratoria de tres años a partir de la entrada en vigor de la ley, el 28 de mayo de 2007. El motivo que se dio es que así se garantizaba una “suave transición”. Esa moratoria es la que en 2010 se prorrogó nuevamente casi dos años más en un real-decreto extraordinario del Gobierno que salvó a la banca. En paralelo, y dentro de su labor prudencial, el Banco de España ha obligado a las entidades financieras a imputarse descuentos significativos sobre el valor de las garantías, y que en el caso del suelo puede llegar al 50%.

El plazo, sin embargo, está ahora a punto de acabar en medio de la interinidad del actual Gobierno, y todo indica que -al menos sobre el papel- los propietarios de suelo rústico (no sólo bancos o cajas de ahorros, sino también inmobiliarias) tendrán que hacer una nueva valoración de sus activos. Por supuesto que a la baja a la vista de la situación del mercado. Y no es asunto baladí teniendo en cuenta que el suelo en poder del sistema financiero se sitúa en el entorno de los 28.000 millones de euros.

Pérdidas millonarias

Fuentes de toda solvencia del equipo económico del Partido Popular dijeron a El Confidencial que, de ganar las elecciones, “la reforma bancaria pasará por una valoración de los activos a precios de mercado”. ¿Qué significa eso? Pues que a expensas de sorpresas de última hora, los propietarios de suelo rústico estarán obligados a anotarse millonarias pérdidas inmobiliarias o hacer fuertes provisiones para cubrirse de un mercado fundamentalmente ilíquido. Sobre todo en momentos como los actuales.

La ley del Suelo establece que los terrenos “se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial” incluyendo subvenciones. Y sólo podrá duplicarse en caso de situaciones excepcionales, como la localización o la cercanía a centros de actividad económica. La norma obliga a utilizar como tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. Y los bonos a cinco años cotizan hoy en el entorno del 4,47%, muy por debajo de las expectativas de revalorización en caso de que el suelo fuera declarado urbanizable por la legislación urbanística.

La norma no obliga únicamente a los tenedores de suelo rústico no declarado formalmente urbanizable, sino también a los urbanizables siempre que no exista previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la legislación de ordenación territorial y urbanística. Como recuerda la ley, las reglas a que se refiere el párrafo anterior serán de aplicación “hasta el 31 de diciembre de 2011”. Esta salvedad es la que dejará sin apenas valor a miles de solares y parcelas.



* El Confidencial - Carlos Sánchez.- 27/09/2011
Foto: suelo rústico - reuters

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Tres operaciones urbanísticas centran la investigación de Ronda

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Medio Ambiente dudó, en un polémico escrito, de la moralidad del exalcalde socialista de Ronda Antonio Marín Lara, ya que, pese a no haber prevaricado al dar licencia para Los Merinos, esa decisión sí podía atentar contra principios de protección del medio, «morales y éticos». Hoy, esas reflexiones, que sirvieron para archivar este proceso judicial contra el exregidor, cobran actualidad tras conocerse que ésta es una de las operaciones urbanísticas, junto a la de los terrenos del campo de fútbol y algún caso relacionado con La Hoya del Tajo, que conforman la columna vertebral del caso Acinipo, que estalló ayer con la detención de siete personas.
Los Merinos, en cuyos terrenos estaba previsto construir 800 viviendas de lujo, campos de golf y hoteles, se convirtió con el paso de la pasada década en El Algarrobico malagueño; decenas de organizaciones ecologistas denunciaron supuestas prevaricaciones o una cadena de corruptelas. Sólo una de estas últimas forma parte de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso de Los Merinos, el fiscal recordaba que no se prevaricó porque la Declaración de Impacto Ambiental era favorable condicionada, es decir, que la Junta dijo sí, pero con dos excepciones: que se solucionara el déficit hídrico y que se edificara más allá de una determinada parcela. La Junta cambió de discurso a mediados de 2006, viendo la que se le venía encima: «Los informes técnicos con los que cuenta el imputado –por Marín Lara, luego exonerado de prevaricación– son todos favorables, cierto es que muchos de ellos son de técnicos municipales, pero salvo que se pueda acreditar que en tales dictámenes existe algún tipo de connivencia para la adopción de los mismos y que, de forma torticera, se hayan alterado, no puede presumirse, sin más, que por el hecho de ser peritos del Consistorio van a realizar su trabajo de forma maliciosa», apunta el fiscal.

Pero el caso central de las pesquisas es el análisis de la recalificación y venta de los terrenos del campo de fútbol para construir un megacentro comercial, bajo la marca de Eroski, un caso que fue fuertemente criticado por el PP e IU en la oposición. De hecho, el Registro de la Propiedad de Ronda rechazó el primero de abril dar asiento a la escritura de venta de la parcela. En concreto, detectó defectos en el procedimiento. Por ejemplo: el Consistorio adjudicó en un pleno la venta de los terrenos a la empresa Ruiz Jurado, que posteriormente cedió la parcela a otra sociedad, vinculada a su vez con la primera. De esta operación, se llevó la Udyco ayer abundante documentación de Urbanismo y de otras dependencias. En esa fecha, el Ayuntamiento había ingresado 3,5 millones de euros por la venta de esa superficie.

«Es la espina dorsal del caso», dicen las fuentes, que también hablan del terreno de La Hoya del Tajo, una zona que ha protagonizado una decena de denuncias de los ecologistas, incluso desde 2003, y en la que han proliferado numerosas construcciones irregulares. La Udyco se llevó muchos documentos relativos a este lugar y a determinadas edificaciones que hay en él. Paralelamente, el 1 de agosto se abrió procedimiento abreviado por un delito contra la ordenación del territorio cometido por la edificación de una nave agrícola supuestamente ilegal en la zona. Entre los imputados está Marín Lara, quien dijo no saber nada.

Las fuentes judiciales consultadas alertaron de algún que otro convenio más, aunque son estas tres operaciones presuntamente irregulares –en cada parcela hay decenas de movimientos dudosos– las que han protagonizan los primeros pasos de la Udyco y del fiscal Anticorrupción. Ahora sólo queda ver qué pasará cuando se desvele el secreto de sumario.


* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 28.09.11
Foto: Ronda (Málaga), urbanización Los Merinos - 20minutos.es

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El proceso judicial sobre Valdecañas sigue adelante a pesar de la homologación

HOY/Cáceres* : El proceso judicial sobre el complejo turístico de Valdecañas sigue adelante a pesar de la homologación publicada en el Diario Oficial de Extremadura. De esta manera, la Junta continúa pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación que presentaron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declarase nulo el PIR (Proyecto de Interés Regional) con el que el se había autorizado en 2007. Esa sentencia, que no era firme, determinaba que la iniciativa empresarial no justificaba su interés regional, social o de utilidad pública y ordenaba que los terrenos se restituyesen al estado en el que se encontraban antes de autorizarlo, entre otras cosas por el valor ambiental que le reconocía.
La respuesta del Gobierno autonómico fue modificar la Ley de Ordenación del Suelo, con el fin de encajar el PIR en la legalidad. De ahí que se estableciese que el hecho de que un área geográfica extremeña tuviese algún grado de protección no invalidaba automáticamente su desarrollo urbanístico.

La homologación que se ha hecho pública supone esa adaptación, pero no invalida el proceso judicial abierto por ‘Ecologistas en acción’, que además va a presentar una demanda contenciosa administrativa contra la misma. Si finalmente se resuelve a favor de los conservacionistas, devolver Valdecañas al estado que presentaba antes de empezar a construir el complejo supondría demoler todo lo que se ha construido. En tanto en cuanto se conoce el final judicial de este proceso, los opositores piden que se ordene la ejecución provisional de la sentencia del TSJEX, para que no se pueda seguir construyendo lo que falta, ni tampoco vendiendo propiedades.
Alegaciones al proceso de homologación
En el proceso de homologación del proyecto, presentaron alegaciones cuatro organizaciones ecologistas y se dio audiencia a los municipios afectados, El Gordo y Berrocalejo, que se mostraron contrarios a las alegaciones y favorables a la homologación. Además, en la tramitación del expediente se solicitaron informes a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, que no consideraron necesario el pronunciarse de nuevo sobre la iniciativa, que no tendría así que someterse a una nueva evaluación ambiental.
El representante de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental en la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio fijó que "la declaración como ZEPA de unos terrenos no implica su automática y obligada clasificación como Suelo No Urbanizable Protegido o incompatiblidad para su transformación".
Se ha incorporado al expediente de homologación que finalmente ha sido aprobado un informe sobre la evaluación de los valores avifaunísticos de la ZEPA "Embalse de Valdecañas ". En este informe, elaborado por la Dirección General del Medio Natural, se concluye, según recoge el DOE, que "la población de aves objeto de declaración como ZEPA muestra una tendencia positiva tras la fase de obras del complejo, entre 2006 y 2011", a la par que asegura que la construcción del complejo no ha perjudicado ni a la población de aves, ni a la ZEPA, ni a la Red Natura 2000.


* Hoy - 26.09.11 - PILAR ARMERO | AGENCIAS
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion (archivo) - ecologistasenaccion.org

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Los obispos dejan a Estepona sin herencia

ELPAÍS/Málaga* : El dinero de la herencia de María Catalina Nadal debe quedarse en Estepona. Varios colectivos de este municipio de la Costa del Sol, entre ellos una plataforma de vecinos, empresarios y partidos políticos, están dispuestos a plantar cara al Obispado de Málaga para asegurarse de que la millonaria herencia de María Catalina Nadal Guerrero se quede en el municipio, tal y como estableció esta en su testamento en 1973. Están preocupados porque el obispo Jesús Catalá, albacea del legado, transfirió 16,8 millones de la cuenta bancaria de la parroquia de Los Remedios -beneficiaria del testamento- a un Fondo Común Diocesano, cuyos movimientos no pueden controlar.
María Catalina Nadal, fallecida en 1978, dispuso en su testamento que un tercio aproximado de sus terrenos en Estepona -en torno a 780.000 metros cuadrados- se destinaran preferentemente para "obras de tipo cultural, social y religioso de la parroquia de Los Remedios de Estepona". Esos bienes, que fueron vendidos en 2005, debían ser gestionados por una fundación, que gestiona el Obispado de Málaga.

Todos los colectivos consultados inciden en que el testamento es muy claro en cuanto al uso que se debía dar al dinero y que el Obispado, designado albacea y no beneficiario, lo está ignorando deliberadamente. El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), les ha pedido tiempo para abordar el asunto en frío. El viernes pasado mantuvo un primer encuentro con el obispo. Según fuentes municipales, percibieron una "disposición absoluta" para aclarar el asunto. El regidor ha pedido que le dejen agotar las vías de la negociación, antes de ir a los juzgados.

La alarma saltó el pasado agosto, cuando el consejo pastoral de la parroquia de Los Remedios, hizo públicos sus temores. "Llevábamos un año notando las transmisiones de dinero de una cuenta a otra", relata un miembro de este organismo. El consejo está formado por 14 seglares vinculados a la parroquia y presidido por el párroco. Primero convocaron una reunión abierta, a la que acudió el ecónomo del Obispado. "Solo sacamos en claro que ese dinero lo iba a manejar el Obispado y que se iba a invertir en la Diócesis", añade.

Como la salida de fondos continuaba, "de forma unilateral y sin aviso a la parroquia", pidieron al cura de entonces, Francisco Baquero, que les gestionara una cita con el obispo, Jesús Catalá. Querían hacerle llegar su malestar por la salida del dinero y pedirle que, como consejo pastoral o bien creando una fundación, les dejara conocer y participar en la toma de decisiones con respecto a la gestión de la herencia.

No hubo forma de ver al obispo, pero en agosto consiguieron reunirse dos horas con un abogado y un gestor del Obispado en una asesoría de Málaga. La postura continuaba siendo la misma: que el obispo puede disponer libremente del dinero del legado para otras necesidades de la Diócesis o de otras iglesias de la provincia.

A la semana de la reunión, supieron que el cura de los Remedios había sido trasladado a la parroquia de Arriate. Los feligreses hablan de su papel en el conflicto en una cariñosa carta de despedida. "Apostó porque esa herencia no solo era de Estepona, sino que debía administrarse e invertirse en el pueblo", inciden. Según el escrito, se mantuvo "firme" en el apoyo a las ideas del consejo de su parroquia, "frente a las del Obispado", algo que, "ha desembocado en un traslado forzoso".

En el Obispado de Málaga defienden que la parroquia "no ha perdido la propiedad de los 16,8 millones". El ecónomo, Luis López de Sebastián, certifica que ese dinero continúa en el Fondo Común Diocesano, señalan. La solución al problema debe encontrarse, según estas mismas fuentes, en la propia parroquia, cuyo nuevo titular y representante del obispo, dio su primera misa el domingo pasado.

La plataforma vecinal de Estepona y la asociación de empresarios están dispuestas a reclamar este dinero ante cualquier instancia. "Queremos reunir firmas para que nos reciba el obispo, si no lo conseguimos, nos plantearemos manifestarnos frente a la Catedral, avanza el representante del colectivo, Miguel Quirós.

David Valadez, exalcalde de Estepona y portavoz de la oposición socialista, cree que las vías de negociación están agotadas y que el Obispado únicamente prevé acciones puntuales en el municipio, como la compra de unas casas para construir salones parroquiales o la gestión del colegio privado Juan XXIII, algo que solo supondría inversiones por cuatro millones.

Valadez asegura que existe un informe jurídico que considera legitimado al pueblo de Estepona para recurrir a la vía judicial y exigir el cumplimiento íntegro del testamento. "El PSOE está dispuesto a llegar a este extremo", asegura.


* El País - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 25/09/2011
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org

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Ourense privatizará un parque que se abrió en junio y que costó 3,6 millones

ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Ourense privatizará la gestión de uno de los proyectos estrella del Gobierno municipal de PSdeG y BNG. El jardín botánico de Montealegre podría pasar a gestión privada debido al alto coste del mantenimiento de los 122.000 metros cuadrados que ocupa. Inaugurado aún en obras y sin recepcionar el pasado 10 de junio, ahora ha sido clausurado por las graves deficiencias que presenta. El alcalde, Francisco Rodríguez, admitió ayer que se contempla la gestión privada del espacio, una vez se subsanen los problemas que presenta, a través de un órgano independiente.
El recinto, con un coste de más de 3,6 millones, fue estrenado por el exconcejal socialista Demetrio Espinosa, el día antes de que se formara la nueva corporación municipal. La edil responsable de Medio Ambiente es la nacionalista Marta Arribas, que hereda el problema. El mantenimiento del parque, según las fuentes consultadas por este periódico, absorbería todo el presupuesto que se destina a la conservación de los espacios verdes de la ciudad y que suman más de un millón de metros cuadrados de superficie.

Ahora el parque presenta un evidente estado de abandono: no tiene electricidad, el sistema de agua corriente no funciona, el acceso para minusválidos es deficiente, la maleza crece en los caminos, las especies plantadas se están secando, las pantallas electrónicas han sido robadas y los muros se han llenado de pintadas. Y por si fuera poco, un incendio intencionado calcinó en la madrugada del domingo al lunes una pequeña superficie del recinto. Cinco focos estratégicamente situados ardieron durante casi tres horas. El alcalde lo calificó como un "atentando". "Quieren matar a la criatura antes de nacer", dijo.

Los grupos de la oposición, PP y Democracia Ourensana, tachan el proyecto de despilfarro, fruto de un "capricho del concejal Demetrio Espinosa". Dicen que es un "presunto jardín" y que la clasificación de botánico le viene grande porque "es un secarral". También se quejan de la opacidad del gobierno local, al que acusan de impedir el acceso a las facturas del acto de inauguración y a las partidas de gasto de la obra, financiada a través del Plan E. Democracia Ourensana incluso contempla la posibilidad de solicitar esa documentación a través del juzgado. El PP cuestiona la presencia de empleados municipales en el recinto durante el tiempo que permaneció abierto.

Para cobrar las subvenciones del Estado a la obra debe constar el acta de recepción y la certificación final, que aún no están en poder del Ayuntamiento.


* El País - PABLO TABOADA - Ourense - 27/09/2011
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

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El negocio estaba en el parque

JUAN R. GIL/Alicante* : Los periodistas somos animales de costumbres. Eso tiene su parte buena. A veces insistimos tanto en el mismo asunto que los representantes públicos acaban, agotados, cantando las cuarenta. Pero también tiene su lado malo. Demasiado a menudo, llevados de una inercia que nos resulta muy cómoda, no somos capaces de ver los cambios que se registran y, por tanto, no cumplimos con nuestra misión de alumbrar aquello que se pretende que permanezca en la sombra.
Un buen ejemplo es el urbanismo. Durante años, los periodistas nos hemos encelado en un solo término: recalificación. Sólo buscábamos recalificaciones. Era sencillo: si un suelo en el que no se podía construir pasaba a adquirir la condición de urbanizable, ahí podía haber un posible pelotazo, otro palabro fetiche, que todo periodista que se precie, incluso si era crítico taurino, debía utilizar al menos una vez en la vida en sus crónicas. No nos dimos cuenta a tiempo de que las cosas mutaban y seguimos persiguiendo lo que ya no era, sin atender dónde estaba el verdadero negocio. Primero salió la legislación sobre los famosos PAIs, obra del último director general de Urbanismo que parió el ejecutivo de Joan Lerma, Gerardo Roger, cuyos perniciosos efectos multiplicaron hasta el infinito los sucesivos gobiernos del PP que vinieron después y que nunca desarrollaron los reglamentos que debían acotar tan peligrosa norma. Se dejaba así en manos de los más poderosos un instrumento en la práctica expropiatorio, y el negocio pasaba de la construcción a la proyección y urbanización de enormes planes parciales, con o sin el consentimiento de los dueños de los terrenos. Pero los periodistas seguíamos jugando al sota, caballo y rey: fijándonos en quién levantaba la casita y no en quien, valiéndose de ingentes recursos, se hacía con el suelo y con la infraestructura; con el santo y la peana. Así se hizo un hombre Enrique Ortiz. Y encima era legal.


Después vino el nuevo Plan General de Ordenación de Alicante. Y los periodistas continuamos husmeando recalificaciones. Es más: cuando la terminología legal se modificó, y lo que antes era recalificación ahora pasó a llamarse reclasificación, los periodistas alardeamos de que los políticos eran tontos si pensaban que con un simple cambio de nombre nos iban a engañar. ¿Qué más da recalificación que reclasificación? ¡Pelotazo! ¡Eso es lo que hay!
El pelotazo estaba en otro sitio. Pero sólo ahora lo vemos. Fueron magos. Y nosotros, el espectador listillo que siempre acude al espectáculo convencido de que va a pillar al prestidigitador y, en lugar de cazarlo, sale cazado. Y eso que el truco era el mismo: enseñar algo muy llamativo con una mano, para que sólo te fijaras en ella, mientras con la otra te birlaban la cartera o el reloj. En el circo, al final de la función, te devuelven, entre grandes ¡ohhh!, lo que te han distraido mientras mirabas para otro lado. Pero aquí no.

La vuelta a la tortilla. Resulta que la inversión, el negocio, el pelotazo, estaba nada menos que en los parques naturales (¡Ohhhh!) En una regulación que, de vericueto en vericueto, al final se resumía en que aquel cuyo suelo, no edificable ya de entrada, pasara a adquirir la condición de parque protegido, tenía derecho a obtener en otro lugar sí urbanizable los mismos metros cuadrados que hubiera perdido en esa zona a partir de ahora intocable. O sea que, dándole la vuelta a la tortilla, de lo que se trataba no era de tener opciones en suelo que de no urbanizable iba a pasar a serlo (la antigua recalificación que todos buscábamos), sino de lo contrario: de hacerse con terreno que no valía nada y que, cuando se aprobara el PGOU, aún iba a valer menos puesto que su protección antiedificatoria iba a ser absoluta. Pero, si tenías ese suelo, lograrías otro a cambio. Y habrías comprado por tres euros lo que pasaba a valer luego, aunque en otro lugar, 140. Una mina. Un negocio redondo. Y, encima, del que todos salían bien parados: el político anunciaba que, con el nuevo PGOU que iba a hacer, la ciudad, Alicante verbigracia, iba a pasar a ser la reserva ecológica más importante de España, por no decir de Europa. Nada menos que 11 enclaves naturales protegidos, 14 millones de metros cuadrados a salvo de las grúas. Para hacerle un monumento al alcalde. Y el especulador se forraba sin que nadie le echara cuentas.
La clave, sin embargo, radicaba, como siempre, en que fluyera la información. En que con adelanto suficiente, y hablo de años, se supiera qué suelo iba a ser protegido para que unos cuantos seleccionados compraran a precio de saldo ese terreno. Aprobado el plan, nadie podría decirles ni mu: habían comprado por muy poco lo que al final había acabado valiendo nada. Pero resulta que se habían llevado compensaciones multimillonarias por ese mismo solar que, sobre el plano, era una ruina.
¿Qué era necesario para que el negocio cuadrara? Insisto: que circulara la información. Y puesto que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, responsable del informe que esta semana ha vuelto a provocar otro terremoto en Alicante, se cura en salud, subrayando en sus primeros párrafos que no quiere extraer conclusiones excesivamente contundentes por la falta de tiempo y medios que ha tenido para analizar todo lo extraido de los ordenadores del desapacho de abogados que compartían, en el Palacio Salvetti, los letrados Javier Gutiérrez, exconcejal socialista, y José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa de Alicante; puesto que la pasma se pone tan a resguardo, digo, no seré yo el que vaya más lejos. Pero el esquema es, para qué engañarnos, elocuente: primero hay un alcalde, Luis Díaz Alperi, que tiene una estrecha relación con importantes empresarios, entre otros los dueños en ese momento de los dos clubes de fútbol de la ciudad, ambos del ramo del ladrillo, Enrique Ortiz y Antonio Solana. Ese alcalde encarga la redacción de un nuevo PGOU y tiene como responsable de Urbanismo a una concejal tan de su confianza que acabaría dejándole la presidencia de la Corporación, cuyo hermano está colocado en la conselleria de Urbanismo. El primer redactor del plan se pone farruco, así que lo echa y coloca a otro. Pero hace falta más: un despacho especializado, porque son muchos los papeles y no es el alcalde, ni la de edil, los que deben presentarlos, sino las empresas. ¿Salvetti? Sea. Y que el nuevo redactor del plan contrate la asesoría jurídica con ese despacho. Amén. Ya tenemos, pues, todo: la potestad política, el control del planeamiento y la capacidad de representación ante la Administración. Sólo falta llamar a los amigos y decirles dónde van a ir esos parques. ¿Se produjo algo así? El sumario Brugal recoge testimonios de Alperi y algunos empresarios. "Hay que comprar aquí, que luego se sacará allí". Más o menos.

El juego de las sillas. Hay un momento en que Alperi ve que él mismo tiene que quitarse de enmedio. U otros lo ven por él, da igual. Pero entonces viene la segunda parte y asistimos a una especie de juego de las sillas: a Alperi le sucede en la Alcaldía quien era su concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el hermano de ésta deja su puesto en la conselleria y pasa a ser socio de Gutiérrez en Salvetti. Pero en la placa falta un nombre, porque el que de verdad pisaba ese palacio seguía siendo Alperi, al que además, según la Policía, el propio bufette le pone un salario nada menos que como asesor. Todos nos movemos de la silla para acabar todos, de nuevo, sentados. Guay.
Sonia Castedo hace mucho tiempo que fue advertida de que entre los empresarios había cundido la especie de que, si querías algo del Ayuntamiento en urbanismo, era preciso pagar el peaje de pasar por ese despacho. Y como ya escribí en otra ocasión sobre ella, no sé si no quiso, no supo o no pudo cortarlo, pero las fechas de los documentos hallados en los ordenadores indican que, en todo caso, la maquinaria siguió funcionando. Y en política la omisión tiene un coste en la práctica tan alto como la comisión. Aunque tarde más en pagarse.

Ninguna explicación. La defensa de todos los que se están viendo salpicados por este asunto es la de que no obtuvieron finalmente ganancias. No sé. Los jueces dirán. Pero en todo caso, el tráfico de información privilegiada es independiente del beneficio que se obtenga con ella, de la misma manera que no hace falta llevárselo crudo para que te condenen por aceptar unos trajes. Lo peor del caso es eso, que Alicante va pareciéndose cada vez más a la Valencia que dejó Camps: un territorio donde sus representantes están más pendientes del juzgado y de la Policía que de la gestión de los intereses públicos. Un sitio donde nadie cree que deba ninguna explicación a los ciudadanos que no sea la descalificación y el victimismo. Un lugar donde se ha instalado hasta tal punto el todo vale que ahora quieren cuadrar el círculo nombrando jefa de Urbanismo a la hija del protagonista principal del sumario. Una ciudad que siempre presumió de cielo azul y brisa relajante pero que poco a poco se acerca a la definición que un amigo me dio de Bruselas: el problema es que tiene el cielo gris y demasiado bajo, me dijo. Eso mismo ocurre con Alicante: que se está volviendo irrespirable. Y deprimente.


* Información - Opinión - 25.09.11

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El ex alcalde de Ronda, entre los detenidos en el registro del Ayuntamiento de Ronda

SUR/Málaga* : Varios agentes de la Policía registran esta mañana desde muy temprano el Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda así como la sede de Urbanismo. Por ahora se desconocen los motivos que han llevado a la inspección, aunque se estima que podría deberse a posibles delitos urbanísticos relacionados con la anterior Corporación. Los primeros datos apuntan a que habría al menos cuatro detenidos, entre los que se ha confirmado la presencia del anterior alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara.
La operación ha levantado una gran expectación en la ciudad del Tajo. Incluso entre los propios funcionarios del Ayuntamiento, algunos de los cuales no han podido acceder a sus puestos de trabajo y otros se han encontrado con el bloqueo cuando han vuelto de desayunar. La Fiscalía Anticorrupción, junto al instructor de la causa abierta por este asunto y agentes especializados en cuestiones urbanísticas, llevan más de un año indagando en la posible comisión de diversos delitos, entre ellos prevaricación urbanística. Tras meses de investigación, que ha incluido la intervención de teléfonos por orden judicial, esta mañana se están registrando las dependencias municipales, aunque está previsto que se realicen otros registros posteriores.

Los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación.
Los primeros indicios apuntan a que podría habría cuatro miembros de la anterior corporación municipal implicados más un abogado. Aunque este extremo está aún por confirmar, sí ha trascendido que uno de los arrestados en esta operación por presuntos delitos urbanísticos. El anterior equipo de gobierno estaba presidido por el exalcalde Antonio Marín Lara, la exconcejal de Urbanismo María José Martín de Haro y el primer teniente de alcalde y el secretario local del PSOE, Franciso Cañestro. Marín Lara, que fue alcalde de Ronda por el PA en 2004, con el apoyo del PP y el GIL, ocupó la Alcaldía de Ronda también en 2007 y se pasó al PSOE. durante bastantes años hasta que fue desbancado por el acuerdo PP-PA, partidos que rigen actualmente el Consistorio.


* SUR - 27.09.11 - VANESSA MELGAR / EFE
Foto: Policías esta mañana en el Ayuntamiento de Ronda - sur

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Valencia.- El Ivvsa debe más de 8,5 millones a 17 constructoras en obras de rehabilitación y mantenimiento

LEVANTE* : El objetivo anunciado por el Gobierno central de afianzar un nuevo modelo urbanístico basado en fomentar las obras de rehabilitación en lugar de la construcción de obra nueva se va al garete si se tiene en cuenta la deuda de las propias Administraciones con las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Y para muestra, un botón. El Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) adeuda, desde hace 18 meses, más de 8,5 millones de euros a las 17 constructoras que tiene contratadas para obras de mantenimiento y reformas.
Los afectados llevan más de 18 meses en silencio y sin parar de trabajar para atender las obras de rehabilitación previstas por el Ivvsa. Por ello, en el mes de marzo, los 17 afectados -10 empresas de Valencia y 7 de Alicante- le enviaron al entonces conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, un escrito en el que alertaban de la "grave situación" que había provocado en sus empresas "la negligencia presupuestaria del Ivvsa y su nefasta gestión en los impresionantes retrasos y su forma de pago, algo que, pos supuesto, no ha ocurrido en nuestra atención a sus obras presupuestadas o a aquellos partes de urgencia que nos han hecho atender con toda celeridad".

Y es que las empresas contratadas para la rehabilitación y mantenimiento de viviendas del Ivvsa han cumplido con el trabajo acordado durante más de un año y medio, "y sin ver ni un euro, para hacer frente al pago de materiales, sueldos y facturas". Las pequeñas y medianas empresas afectadas aseguran que han cumplido su parte del contrato, con creces. Y ahora piden que les paguen con la misma moneda, o al menos, que les paguen.
La media que adeuda el Ivvsa a cada una de las empresas supera los 500.00o euros. "Hay muchos puestos de trabajo comprometidos", advierten los afectados, porque la situación "es insostenible para cualquier economía familiar y empresarial". Y es que "ni podemos negociar papel (pagarés, cheques o efectos aceptados) porque ustedes no nos los facilitan, ni podemos llevar más facturas de las pendientes como reconocimiento de crédito a nuestras entidades financieras porque los bancos ya no nos aceptan más recibos para realizar los anticipos de cobro, al ser insostenible la demora con la que el Ivvsa está abonando los importes, con el consiguiente gasto financiero, que no hace más que agravar nuestra situación de endeudamiento y liquidez", explican los 17 afectados en el escrito dirigido a Juan Cotino.
Pero ahí no acaba la cosa. Los empresarios añaden en el texto que tanto trabajadores como proveedores "están planteando demandarnos por falta de pago" y que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que son "nuestra única vía de escape", dejarían sin servicio las obras previstas del Ivvsa, por lo que "ambas partes quedaríamos perjudicadas".
Por ello, los empresarios añaden que necesitan una solución rápida "para poder darle una garantía a las entidades financieras, y con ello, evitar el descalabro de nuestras empresas". Es más, platean, incluso, que el Ivvsa, como empresa pública, medie con las entidades financieras "para que nos acepten las facturas a más plazo ya que nuestras propiedades y garantías personales no soportan tanto endeudamiento".

Compromiso escrito

Los promotores afectados aseguran que la propuesta más inmediata es solicitar al Ivvsa la liquidación de todas las facturas pendientes del ejercicio 2009 y formalizar un plan de viabilidad y compromiso escrito para afrontar las facturas pendientes del ejercicio 2010 y 2011 ya que, de esta forma, "tendríamos la confianza necesaria para dirigirnos a nuestras entidades financieras y solicitar una nueva negociación de nuestras pólizas, para que nos mantengan la clasificación necesaria, dentro de unos plazos prudenciales de pago comprometidos por el Ivvsa".
Por lo tanto, los empresarios contratados por el Ivvsa "necesitamos que nos faciliten ese plan urgente de cobro, que entendemos debiera ajustarse a la aplicación de la Ley de Morosidad, para dar el curso más inmediato a la liquidación de los recibos pendientes".
El escrito data de marzo, pero las empresas, a día de hoy, siguen sin cobrar, sin previsión de hacerlo y sin respuesta alguna ni del Ivvsa ni de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Por ello, antes de bajar definitivamente la persiana, han lanzado la voz de alarma.


* Levante - 26.09.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Fadesa sabía que el edificio coruñés con orden de derribo era ilegal

ELPAÍS* : Enorme es el embrollo al que se enfrenta el Ayuntamiento de A Coruña, ahora gobernado por el PP, para cumplir la sentencia en firme que ordena la demolición de uno de los edificios más grandes del centro de la ciudad, el Conde de Fenosa. Y no solo por lo costoso y la gran dificultad técnica que supone ejecutar ese fallo judicial irrevocable. Esta espinosa herencia urbanística dejada por el exalcalde socialista Francisco Vázquez puede también acarrear importantes responsabilidades penales y económicas tanto para los responsables o funcionarios municipales, por otorgar en 1997 una licencia urbanística ilegal, como para la promotora del inmueble, Martinsa-Fadesa cuando estaba bajo el mando de su fundador, el coruñés Manuel Jove.
Hasta ahora, tras 14 años de litigio judicial y una década de recursos fallidos (ya no hay margen para más), nadie asumió responsabilidad alguna por este desaguisado nacido en la época dorada del vazquismo y del bum inmobiliario de A Coruña. Y hay múltiples indicios e incluso documentos que apuntan a que tanto en el Ayuntamiento como la propia inmobiliaria eran conscientes de la ilegalidad en la que incurrían al conceder y obtener, respectivamente, una licencia de obras que era contraria al Plan General de Ordenación Municipal vigente.

El puñado de vecinos que inició en solitario en los tribunales su cruzada contra esta urbanización cuando ni siquiera se habían iniciado las obras está dispuesto a seguir adelante, "exigiendo el cumplimiento de la sentencia y responsabilidades". El propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en su auto de diciembre de 2010, advierte de posibles responsabilidades penales si así estiman oportuno exigirlas los denunciantes. Su portavoz, Valentín Souto, es tajante: "No nos va a temblar el pulso en pedirlas, aunque esperaremos ahora a ver cómo se ejecuta la sentencia". La comunidad de propietarios del inmueble de tres bloques ocupado ahora por un centenar de viviendas, oficinas y locales también confían en que el Ayuntamiento halle una solución para cumplir la orden judicial evitando el derribo del inmueble. "Pero habrá que pedir responsabilidades, los políticos no se pueden ir de rositas", afirma a título personal Francisco Cabanal, dueño de uno de los bajos comerciales.

Todo comenzó en junio de 1997 cuando Fadesa compró a Fenosa, por 2.250 millones de pesetas (13,52 millones de euros), el solar y edificio que albergó durante décadas, en el centro de A Coruña, la sede de la eléctrica. Cinco meses después, la promotora obtenía del Ayuntamiento, siendo concejal de Urbanismo el expresidente de la Diputación coruñesa y actual secretario provincial del PSOE, Salvador Fernández Moreda, la licencia para cambiar el uso del edificio, de terciario a residencial, y rehabilitarlo aumentando la superficie construida en 2.500 metros cuadrados.

Un incremento de la edificabilidad suculento pero que estaba prohibido en el plan en vigor, el de 1985. Establecía que no se podía aumentar el volumen de un edificio al rehabilitarlo, y menos alterar, como se hizo, el de su cubierta y fachadas. El propio proyecto técnico que presentó Fadesa para obtener la licencia, luego anulada por ilegal por los tribunales, incluía un informe del Ayuntamiento que advertía que al reformarse el edificio, "se deben respetar los límites de edificabilidad".

La inmobiliaria también reconoció en junio de 1998 que incumplía la norma sobre las edificaciones con patio interior, pero alegaba que estaba en trámite un nuevo plan (se aprobaría en octubre de ese año) que recogía la posibilidad de hacer las obras que pretendía. Un argumento que tumbó el Superior, como los intentos posteriores del Ayuntamiento por legalizar la reforma. Pero tardó cuatro años en emitir la sentencia que anula la licencia y ordena la demolición de un inmueble, que al no pararse nunca las obras, ya estaba terminado y habitado.

45 millones sin alternativas

El Gobierno municipal de Carlos Negreira (PP) trata de ganar tiempo para articular una solución ante "la herencia envenenada" que representa, según la definición del alcalde, la orden de derribo del céntrico edificio Conde de Fenosa. Pero las alternativas a una demolición que todas las partes quieren evitar son escasas y de muy difícil ejecución. La resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimando los últimos recursos es de julio, y aunque no la dio a conocer hasta el pasado viernes, el equipo de Negreira sabe que trabaja a contrarreloj para articular "la mejor solución para todos".

En mayo, el tribunal emitió un auto que daba 15 días al Ayuntamiento para informar de las medidas en marcha para ejecutar la sentencia. Y le advertía de que podía enfrentarse a multas coercitivas, que aumentan por cada día de demora en cumplir el fallo judicial.

No está en juego la demolición integral del edificio, ya que lo que se anuló, por ilegal, es una licencia de rehabilitación. Pero devolver el Conde de Fenosa a su estado original, es decir, al volumen que tenía cuando albergaba la sede de la eléctrica, supondría abatir 2.400 metros cuadrados de su actual superficie. Tras fallar reiteradamente los intentos del PSOE de legalizar la edificación, el BNG insta a Negreira a pedir ante el tribunal la imposibilidad material de ejecutar la sentencia. "Reponer el edificio a la situación anterior resulta de imposible ejecución", afirma el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Carril.

Los tribunales, tanto el Superior de Galicia como el Supremo, no sólo anularon la licencia urbanística con la que Fadesa reformó en 1997 el edificio, sino también consideraron ilegales que tuviera menos plazas de garajes que viviendas, así como las dimensiones del patio interior de este inmueble de tres bloques. Rectificar esas ilegalidades tampoco es técnicamente fácil. Y el derribo de uno de los edificios más grandes del centro urbano de A Coruña puede abocar a las arcas municipales a la bancarrota: la operación podría costar entre 40 y 45 millones de euros. El Bloque asegura que es el titular de la licencia anulada, Martinsa-Fadesa, el que, por ley, está obligado a presentar un proyecto de demolición para ejecutar la sentencia.

La solución se anuncia difícil. Y más cuando los magistrados ya recriminaron a los responsables municipales por "alargar indefinidamente con recursos un asunto que ya está juzgado". Durante 10 años intentaron revocar la orden judicial de derribo. Y es algo que los denunciantes tampoco están dispuestos a pasar por alto sin que nadie asuma responsabilidades.


* El País - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 26/09/2011
Foto: A Coruña, edificio Fenosa a derribar - laopinioncoruna.es

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Alicante.- La hija de Alperi controlará el Urbanismo en la provincia en plena investigación del caso Brugal

INFORMACIÓN* : En plena investigación sobre el supuesto amaño en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, la hija de Luis Díaz Alperi, al que la Policía sitúa en en el epicentro de una red de conexiones y contactos que tenían como objetivo principal controlar el planeamiento de la capital, será la responsable de dirigir el Urbanismo en el conjunto de la provincia. Elisa Díaz González, diputada en las Cortes Valencianas hasta los comicios del pasado 22-M, ya ha sido nombrada por la Generalitat para hacerse cargo de la dirección territorial de Urbanismo, un departamento que tiene competencias directas en las decisiones sobre el planeamiento de los 141 municipios alicantinos.
Pasados los comicios autonómicos, la dirección regional del PP, según explicaron fuentes populares, realizó un recuento de los diputados autonómicos que se habían quedado sin escaño y optó por distribuirlos, en función de su perfil, en diferentes ubicaciones de la administración autonómica. La hija de Alperi, que tomó posesión del escaño en la recta final de la pasada legislatura, es licenciada en Derecho y tiene un Máster en Ordenación del Territorio, explicaron fuentes del PP que, precisamente, aludieron al currículum como el principal motivo que justifica su designación para ese puesto en concreto.

Elisa Díaz González, en opinión de la cúpula regional del PP, cumple con el perfil. Su nombramiento, de hecho, quedó resuelto antes de las vacaciones de verano. Apenas ha podido ejercer a raíz de su maternidad. Pero lo cierto, sin embargo, es que llegó al cargo a sabiendas de que el planeamiento urbano de Alicante, cuya revisión fue impulsada por su padre desde la Alcaldía, está, en estos momentos, bajo sospecha.

Eso es, precisamente, lo que preocupa entre dirigentes populares consultados. Una cosa es que la exdiputada autonómica, que sonó con insistencia para ocupar un sillón de concejal, cumpla con un cierto perfil y disponga de la formación necesaria para asumir el cargo. Y otra muy diferente es que tenga el control sobre el Urbanismo en la provincia mientras Luis Díaz Alperi, que sí mantiene su escaño en las Cortes, figura, en todos los casos, en los diferentes informes policiales sobre la elaboración del PGOU de Alicante.
En el último, aparece, incluso, como propietario de una empresa -a través de la cual tiene la propiedad de un yate- cuya razón social es la iniciativa urbanística. Alperi tiene ahora en su poder la totalidad de la firma. Ahora mismo está dedicada a casi por completo a la gestión del catamarán. Pero, por ejemplo, en julio de 2010, el ex alcalde firmó un contrato de consultoría con Salvetti -el despacho del hermano de Castedo y del exsocialista Javier Gutiérrez hacia el que la Policía apunta en la investigación- para recibir asesoramiento urbanístico.
El exalcalde, además, mantiene relaciones muy estrechas tanto con Antonio Solana, que fue su socio en la empresa del barco; y con Enrique Ortiz, dos de los grandes constructores y promotores alicantinos. En este escenario, tendrá que moverse Elisa Díaz, directora territorial de Urbanismo, mientras la Policía investiga la actuación de su padre, el exalcalde Alperi, en el PGOU de la ciudad de Alicante.


* Información - 23.09.11
Foto: Alicante, Alperi y su hija - información

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Barcelona, ante la charlotada urbanística

ABC* : El blindaje, patrimonial y de usos, dificulta la reconversión de la Monumental, y el Ayuntamiento, ni quiere, ni puede, comprar la plaza de los Balañá.
A expensas de lo que pueda dictaminar el Tribunal Constitucional, el último festejo de ayer en la Monumental significará el fin de la Fiesta en Cataluña y puede que, a la vez, el inicio de lo que podría ser una nueva época dorada del toreo bufo o charlotada, esta vez en versión urbanística. Aquí, el protagonista no sería José Tomás sino la propia Monumental, un apetecible espacio en el centro de la ciudad, 10.000 m2, pero cuya calificación la convierte en un toro nada fácil, por así decirlo. La Monumental (1914) tiene un doble blindaje que complica su reconversión. Blindaje urbanístico por un lado, que impide destinarla a otros usos que no sean comunitarios (centros sanitarios, culturales, religiosos, deportivos, recreativos...); y patrimonial, por otro, que obliga a respetar tanto la fachada exterior como la estructura interior.

Así las cosas, desde sectores pro taurinos se tem que la administración pretenda una recalificación —como ya sucedió en la plaza de las Arenas— que sirva para pagar la indemnización en forma de lucro cesante que reclama la familia Balañá, propietaria del espacio. En declaraciones a este diario, Alberto Fernández, jefe del grupo del PP en Barcelona, advierte: «Hay que impedir que la voluntad de unos cuantos de acabar con los toros se pague a costa de perjudicar los intereses de la ciudad».

Frente a quienes alertan de un pelotazo urbanístico de dos orejas y rabo para compensar a los Balañá —clamorosamente ausentes en todo el debate sobre los toros—, otras voces señalan que la cifra millonaria que se ha barajado es del todo exagerada. Como mucho alcanzará unos cientos de miles de euros, señalan, teniendo en cuenta que, excepto algún festejo, la rentabilidad de los toros en Barcelona es muy cuestionable.

Entre unos y otros, en el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento se opta por la prudencia. Nadie está por arrimarse y, de entrada, se recuerda lo elemental, la Monumental «es propiedad de un privado», explica a ABC el concejal de Urbanismo, Antoni Vives, esperando que los Balañá den el primer capotazo de la lídia urbanística; «estudiaremos todas las propuestas que nos presenten». Por otra parte, y en una época de presupuestos públicos afeitados, es impensable que el Ayuntamiento compre la plaza, al menos antes de diez años, aseguraba ayer el alcalde, Xavier Trias. Con este cartel, el futuro de la Monumental de Barcelona, la ciudad que hizo mito a José Tomás, es tan incierto como una tarde de toros antes de que suenen los clarines.


* ABC - ÀLEX GUBERN / BARCELONA - 26/09/2011
Foto: Barcelona, la Monumental - abc

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Madrid.- La calle es de Florentino: historia de un pelotazo en la Castellana

CARLOS SÁNCHEZ* : Vender un trozo del paseo de la Castellana no es asunto trivial. Ni siquiera los ricachones de la segunda mitad del siglo XIX lo lograron. Y eso que estamos hablando de la nueva aristocracia económica surgida en la España isabelina al calor del comercio, la banca extranjera y el ferrocarril. En esos predios de la capital, construyeron sus palacios de inspiración francesa, muy al gusto de la época. Y ya por entonces se extendió la costumbre de alinear la fachada principal de cada palacete al paseo de la Castellana, separando las edificaciones de la calzada por una verja no muy alta y un coqueto jardín con fuente en medio. En la parte posterior se ubicaban las caballerizas.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de este tipo de construcciones se localiza en lo que hoy es el paseo de Recoletos, y fue construido para su deleite por el marqués de Salamanca, arquetipo del empresario ladino y poderoso. Y que como nuestro héroe también tuvo una fugaz carrera política. Pero hasta el propio marqués de Salamanca -que murió arruinado y apartado de los cenáculos del poder en los carabancheles madrileños- tuvo que ajustarse a las normas urbanísticas de la época. Su casoplón -antigua sede del Banco Hipotecario y hoy del BBVA- no sobrepasa ni un milímetro los lindes de la Castellana.
Florentino Pérez no es todavía el marqués de Salamanca, pero está camino de conseguirlo. Como el malagueño, sus negocios siempre tienen que ver de una u otra manera con el poder político, ya sea a través de una concesión administrativa u operando en un sector regulado. Juega siempre con red. No hay actividad empresarial suya que no exija la firma de una autoridad política.

Y así es como el ingeniero Pérez se ha convertido, como todo el mundo sabe, en un personaje extraordinariamente influyente. Hasta el punto de que ha logrado lo que ni siquiera consiguió el marqués de Salamanca. Comerse un trozo del paseo de la Castellana para que el Real Madrid dé un pelotazo. Hay quien dice de 200 millones de euros.

En cualquier parte del mundo civilizado, la operación hubiera tenido tintes de escándalo. ¿Se imaginan que el ayuntamiento de París vendiera un trozo de los Campos Elíseos o que se privatizara parcialmente Trafalgar Square para levantar un centro comercial?

Sin embargo, en la corte de los milagros en que se ha convertido este país desde que los reyes del ladrillo emergieron al albur de la burbuja del crédito, no pasa nada. Los periódicos callan, la clase política está como ausente, que diría Neruda, y a nadie parece importarle que sobre terrenos públicos situados en la zona de mayor dinamismo económico de la capital, en plena milla de oro, vaya a levantarse un suculento negocio que sólo beneficia a una entidad privada.

Por supuesto que la operación Castellana se hace con la inestimable ayuda de un ayuntamiento entregado desde tiempo inmemorial a la causa florentina, y que para camuflarla ha valorado unos terrenos de uso deportivo (los que sirven para hacer la permuta) en nada menos que 22 millones de euros. Es lo que cuesta colonizar un trozo del paseo más emblemático de Madrid. Por supuesto, dando por buena aquella voluntarista valoración.

El palco de los prodigios

Se trata de una cifra verdaderamente singular en unos momentos como los actuales, en los que sobra suelo y falta financiación. Claro está, salvo para el moderno marqués de Salamanca, quien al fin y al cabo ha construido en torno al palco del Santiago Bernabéu su particular teatro de operaciones. Sindicalistas, políticos, periodistas, empresarios y funcionarios con ganas medrar se sienten poderosos durante 90 minutos de palco; y como la condición humana es así de vulnerable, las artes del hipnotizador de conciencias no caen en saco roto.

El periodista Mariano Guindal* acaba de publicar un libro en el que reproduce una conversación con la dirigente socialista Matilde Fernández, concejal del ayuntamiento en los tiempos de la recalificación de la antigua Ciudad Deportiva:
-“Cuando me opuse a la construcción de las torres, Florentino me llamó a sus despacho y me advirtió que si mantenía esa postura echaría contra el PSOE a todo el madridismo. Me quedé helada”, asegura, “y unos días después me llamó Rubalcaba, que como sabes es muy madridista y amigo de Florentino, para decir que no me opusiera al proyecto. ¡Me pareció increíble!”, declara incrédula la dirigente socialista. Ver para creer, que dice el clásico

Tiempo después, y ya con el negocio en la buchaca, otro periodista recordaba cómo desde su despacho, y absorto de tanto poder, el ingeniero Florentino observaba las cuatro torres y le decía a su interlocutor: “Mira, ahí están. Una es Ronaldo, otra Beckham, otra Figo y la de más allá Zidane.

Así es como golpe a golpe y recalificación a recalificación, Florentino ha construido un auténtico gobierno de concentración del que forman partes antiguos dirigentes sindicales, empresarios de tronío y compañeros de viaje que quieren tocar el poder de cerca. Aunque sea sólo un apretón de manos el día del partido con los barandas del país.

Privatización de la vía pública

Desde luego que el éxito está asegurado, y eso explica que si nada lo remedia un trozo de vía pública vaya a ser privatizado. El ayuntamiento podría haber entregado al Real Madrid cualquier otro terreno del amplio Patrimonio Municipal de Suelo para satisfacer una deuda contraída en 1998 -en tiempos de Lorenzo Sanz-, pero nunca lo hizo. Nadie sabe por qué. Y ahora argumenta que no es posible hacer la entrega no por razones físicas, lo cual sería desde luego insoslayable, sino jurídicas, algo que suena a dislate toda vez que los terrenos siguen siendo del propio ayuntamiento. Pero la pantomima llega a su máximo expresión cuando en el convenio se admite que mucho antes de que el Madrid vendiera 30.000 metros cuadrados al ayuntamiento de la antigua Ciudad Deportiva, que es el origen de la deuda, el club blanco se había comprometido a construir en los aledaños del Santiago Bernabéu un aparcamiento subterráneo y una plaza pública. Eran los tiempos de Ramón Mendoza.

Como reconoce el convenio, aquellas obras nunca se realizaron, pero el ayuntamiento nunca dijo ni mu. Y ahora, 20 años después, se acuerda de que ni hay plaza pública ni hay parking, y valora ese incumplimiento en 2,8 millones. Pero no vaya a creer que se le aplican recargos o sanciones como a cualquier ciudadano que elude sus compromisos económicos con la administración. Ni un euro de multa.

Total, que lo comido por lo servido. El Real Madrid de Florentino Pérez se queda con patrimonio público por 8,04 euros que de forma desprendida condona el municipio, como reconoce el convenio.

Aquí paz y después gloria. Los vecinos de Chamartín se quedan sin plaza, sin aparcamiento y tendrán una nueva mole de hormigón al lado; mientras que el ingeniero Florentino habrá dado un paso más hacia la gloria. El alcalde Gallardón puede dormir tranquilo. Trabajo bien hecho. Como aquel que sirvió a los albertos para controlar el Central de Alfonso Escámez. Dos solares por un banco. También en el paseo de la Castellana. La historia sigue siendo circular.

* El Confidencial - Opinión - 25.09.11
Foto: Alberto Ruiz Gallardón y Florentino Pérez (EFE).

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Alicante.- La mano que tejió la trama

ELPAÍS* : La policía apunta a Díaz Alperi como cerebro del amaño del PGOU de Alicante. Trece años en el sillón de una alcaldía, paradigma del denominado desarrollismo urbano, y cuatro más en el escaño de un Parlamento regional, es el bagaje político de Luis Díaz Alperi. El exregidor de Alicante y actual diputado autonómico del PP ha cosechado en estas casi dos décadas un abultado historial de imputaciones judiciales, el grueso de ellas vinculadas al urbanismo y otras a sus ruinosos negocios privados.
El exalcalde afronta ahora otro enésimo cara a cara con la justicia: la rama del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La policía apunta a que la piedra angular de la trama corrupta es Alperi.
Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, junto a otras 15 personas están acusados por el fiscal. El juez ya ha imputado formalmente a Ortiz, al redactor del plan, Jesús Quesada, y a otras cinco personas. La imputación de los dos alcaldes del PP de la ciudad está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dada su condición de aforados.

Para el trenzado de la red, según el sumario del caso Brugal, el exalcalde utilizó como puente a la firma Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa, y del exedil socialista Javier Gutiérrez. Junto al despacho Salvetti Abogados, la trama, siempre según las diligencias, incluye dos nudos gordianos: los promotores locales Antonio Solana (este no está ni implicado ni acusado) y Enrique Ortiz. Solana tuvo un protagonismo destacado en los inicios de la carrera de Alperi en la alcaldía, cargo al que accedió acosado por las deudas y con sus empresas privadas embargadas (una firma inmobiliaria y una empresa de comida rápida). Solana obtuvo millonarias plusvalías en operaciones impulsadas por el Ayuntamiento. El empresario llegó a ofrecer a Alperi incluso casa, pero el regidor declinó y que dejó entrever su sueño: "Prefiero tener un yate que una casa".

Al filo de cerrar su etapa en la alcaldía, en abril de 2008, Solana vuelve a aparecer en la vida de Alperi. El alcalde compró al promotor el 50% de una firma dedicada al negocio inmobiliario, la sociedad Andarx Business. Al mes la sociedad adquirió un yate por 600.000 euros. La embarcación, y una segunda que también tiene la empresa, pasó a ser propiedad de Alperi en febrero de 2010, cuando compró el 49% restante de las acciones por 1.502 euros. En la línea de la funesta estrategia empresarial de Alperi, Andarx Busines, también está embargada, según consta en el Registro Mercantil.

Alperi dejó la alcaldía en septiembre de 2008 con la Fiscalía Anticorrupción pisándole los talones por el desfalco de Mercalicante y el caso de los aparcamientos subterráneos. El TSJ exoneró meses más tarde a Alperi en ambos sumarios.

Alperi legó a Castedo la vara de mando sin culminar su otro sueño: un nuevo Plan General. Lo intentó sin éxito en la recta final de mandato, cuando contrató al afamado arquitecto Lluís Cantallops. El profesional no se plegó a los deseos del alcalde, y éste lo despidió.

En febrero de 2008, adjudicó la redacción del plan a una firma del arquitecto Jesús Quesada. Esta empresa ya tenía previamente un contrato de colaboración con una mercantil de Gutiérrez. Este, junto con José Luis Castedo, crearon en diciembre de 2008 el bufete Salvetti Abogados. En julio de 2010 la empresa de Alperi firmó un contrato de asesoramiento con la de Gutiérrez por 2.500 euros al mes.

Las relaciones de Ortiz y Alperi no han sido menos llamativas. El promotor ha cimentado su imperio económico a la sombra del Gobierno de Alperi. En compensación, según el sumario, en otras supuestas dádivas, el promotor regaló al alcalde un viaje en jet privado a Creta.

Pese al negativo balance de su negocio privado, Alperi ha pasado de la ruina en el inicio de su carrera política a los regalos de lujo, entre ellos, un reloj Franck Muller, valorado en 24.000 euros, al diputado del PP Ricardo Costa, según recoge el sumario de caso Gürtel.

Endogamia política para perpetuarse
El veterano político Luis Díaz Alperi, padre de tres hijos, ya tiene quien siga sus pasos en el seno familiar. Su hija Elisa Díaz, exdiputada autonómica en el anterior mandato, descabalgada en última instancia de la lista al Ayuntamiento de Alicante, es la nueva directora territorial de Urbanismo de Alicante.

El acceso al cargo de la hija del exregidor y ahora diputado autonómico se produce en pleno auge de la rama del caso Brugal que investiga una supuesta trama corrupta vinculada al trámite del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, cuyo cabecilla, según el sumario, sería precisamente Alperi. Elisa Díaz no solo tendrá competencia sobre el planeamiento de la capital sino sobre el total de los municipios de la provincia.

El PGOU de Alicante fue aprobado provisionalmente, por segunda vez, por el Ayuntamiento de Alicante en mayo de 2010. El documento está pendiente del visto bueno definitivo de la Generalitat Valenciana.

El nombramiento de la hija de Alperi al frente del urbanismo de Alicante ha provocado las criticas de la oposición. Así, Francesc Signes, portavoz del PSPV de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en las Cortes Valencianas, ha señalado que "lo único que conocemos del currículo de la nueva directora territorial de Urbanismo de Alicante son las imputaciones de su padre". "Un ejemplo más del nepotismo que el PP ha instalado en un Consell que antepone sus intereses partidistas a las necesidades de los valencianos".

Por su parte, la diputada autonómica de EU Esther Barceló exigió ayer la dimisión inmediata de la alcaldesa Castedo. "Resulta intolerable la existencia de un informe contra el fiscal, lo que demuestra que Castedo y su clan están diseñando un contraataque dirigido a todo aquel que denuncie sus operaciones", señaló López.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 25/09/2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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