Fadesa sabía que el edificio coruñés con orden de derribo era ilegal

ELPAÍS* : Enorme es el embrollo al que se enfrenta el Ayuntamiento de A Coruña, ahora gobernado por el PP, para cumplir la sentencia en firme que ordena la demolición de uno de los edificios más grandes del centro de la ciudad, el Conde de Fenosa. Y no solo por lo costoso y la gran dificultad técnica que supone ejecutar ese fallo judicial irrevocable. Esta espinosa herencia urbanística dejada por el exalcalde socialista Francisco Vázquez puede también acarrear importantes responsabilidades penales y económicas tanto para los responsables o funcionarios municipales, por otorgar en 1997 una licencia urbanística ilegal, como para la promotora del inmueble, Martinsa-Fadesa cuando estaba bajo el mando de su fundador, el coruñés Manuel Jove.
Hasta ahora, tras 14 años de litigio judicial y una década de recursos fallidos (ya no hay margen para más), nadie asumió responsabilidad alguna por este desaguisado nacido en la época dorada del vazquismo y del bum inmobiliario de A Coruña. Y hay múltiples indicios e incluso documentos que apuntan a que tanto en el Ayuntamiento como la propia inmobiliaria eran conscientes de la ilegalidad en la que incurrían al conceder y obtener, respectivamente, una licencia de obras que era contraria al Plan General de Ordenación Municipal vigente.

El puñado de vecinos que inició en solitario en los tribunales su cruzada contra esta urbanización cuando ni siquiera se habían iniciado las obras está dispuesto a seguir adelante, "exigiendo el cumplimiento de la sentencia y responsabilidades". El propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en su auto de diciembre de 2010, advierte de posibles responsabilidades penales si así estiman oportuno exigirlas los denunciantes. Su portavoz, Valentín Souto, es tajante: "No nos va a temblar el pulso en pedirlas, aunque esperaremos ahora a ver cómo se ejecuta la sentencia". La comunidad de propietarios del inmueble de tres bloques ocupado ahora por un centenar de viviendas, oficinas y locales también confían en que el Ayuntamiento halle una solución para cumplir la orden judicial evitando el derribo del inmueble. "Pero habrá que pedir responsabilidades, los políticos no se pueden ir de rositas", afirma a título personal Francisco Cabanal, dueño de uno de los bajos comerciales.

Todo comenzó en junio de 1997 cuando Fadesa compró a Fenosa, por 2.250 millones de pesetas (13,52 millones de euros), el solar y edificio que albergó durante décadas, en el centro de A Coruña, la sede de la eléctrica. Cinco meses después, la promotora obtenía del Ayuntamiento, siendo concejal de Urbanismo el expresidente de la Diputación coruñesa y actual secretario provincial del PSOE, Salvador Fernández Moreda, la licencia para cambiar el uso del edificio, de terciario a residencial, y rehabilitarlo aumentando la superficie construida en 2.500 metros cuadrados.

Un incremento de la edificabilidad suculento pero que estaba prohibido en el plan en vigor, el de 1985. Establecía que no se podía aumentar el volumen de un edificio al rehabilitarlo, y menos alterar, como se hizo, el de su cubierta y fachadas. El propio proyecto técnico que presentó Fadesa para obtener la licencia, luego anulada por ilegal por los tribunales, incluía un informe del Ayuntamiento que advertía que al reformarse el edificio, "se deben respetar los límites de edificabilidad".

La inmobiliaria también reconoció en junio de 1998 que incumplía la norma sobre las edificaciones con patio interior, pero alegaba que estaba en trámite un nuevo plan (se aprobaría en octubre de ese año) que recogía la posibilidad de hacer las obras que pretendía. Un argumento que tumbó el Superior, como los intentos posteriores del Ayuntamiento por legalizar la reforma. Pero tardó cuatro años en emitir la sentencia que anula la licencia y ordena la demolición de un inmueble, que al no pararse nunca las obras, ya estaba terminado y habitado.

45 millones sin alternativas

El Gobierno municipal de Carlos Negreira (PP) trata de ganar tiempo para articular una solución ante "la herencia envenenada" que representa, según la definición del alcalde, la orden de derribo del céntrico edificio Conde de Fenosa. Pero las alternativas a una demolición que todas las partes quieren evitar son escasas y de muy difícil ejecución. La resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimando los últimos recursos es de julio, y aunque no la dio a conocer hasta el pasado viernes, el equipo de Negreira sabe que trabaja a contrarreloj para articular "la mejor solución para todos".

En mayo, el tribunal emitió un auto que daba 15 días al Ayuntamiento para informar de las medidas en marcha para ejecutar la sentencia. Y le advertía de que podía enfrentarse a multas coercitivas, que aumentan por cada día de demora en cumplir el fallo judicial.

No está en juego la demolición integral del edificio, ya que lo que se anuló, por ilegal, es una licencia de rehabilitación. Pero devolver el Conde de Fenosa a su estado original, es decir, al volumen que tenía cuando albergaba la sede de la eléctrica, supondría abatir 2.400 metros cuadrados de su actual superficie. Tras fallar reiteradamente los intentos del PSOE de legalizar la edificación, el BNG insta a Negreira a pedir ante el tribunal la imposibilidad material de ejecutar la sentencia. "Reponer el edificio a la situación anterior resulta de imposible ejecución", afirma el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Carril.

Los tribunales, tanto el Superior de Galicia como el Supremo, no sólo anularon la licencia urbanística con la que Fadesa reformó en 1997 el edificio, sino también consideraron ilegales que tuviera menos plazas de garajes que viviendas, así como las dimensiones del patio interior de este inmueble de tres bloques. Rectificar esas ilegalidades tampoco es técnicamente fácil. Y el derribo de uno de los edificios más grandes del centro urbano de A Coruña puede abocar a las arcas municipales a la bancarrota: la operación podría costar entre 40 y 45 millones de euros. El Bloque asegura que es el titular de la licencia anulada, Martinsa-Fadesa, el que, por ley, está obligado a presentar un proyecto de demolición para ejecutar la sentencia.

La solución se anuncia difícil. Y más cuando los magistrados ya recriminaron a los responsables municipales por "alargar indefinidamente con recursos un asunto que ya está juzgado". Durante 10 años intentaron revocar la orden judicial de derribo. Y es algo que los denunciantes tampoco están dispuestos a pasar por alto sin que nadie asuma responsabilidades.


* El País - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 26/09/2011
Foto: A Coruña, edificio Fenosa a derribar - laopinioncoruna.es

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