Las viviendas irregulares provocan un nuevo enfrentamiento político en Mijas

SUR/Málaga* : Un presunto defecto de forma a la hora de tramitar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mijas de 1995 y su posterior revisión en 1999 es la baza que esgrime la Asociación de Viviendas Irregulares de la localidad cuyo presidente, Juan Antonio Blanco, advierte que «el municipio vive en una situación urbanísticamente irregular desde entonces». De esta manera, y aunque siempre han barajado en torno a 8.000 los afectados por expedientes urbanísticos, la plataforma amplia enormemente esta estimación. Sin embargo, el alcalde, Antonio Sánchez recuerda que este tipo de argumentaciones «han sido rechazadas sistemáticamente por los jueces en todas y cada de las sentencias que hasta el momento se han dictado, fallando siempre en contra del abogado de la asociación». «Según el planteamiento del letrado, todo el suelo del municipio sería no urbanizable y, no se podría construir nada», apostilló.

El colectivo de afectados, que dio la rueda de prensa en la sede del PP local, destaca que ni el documento íntegro ni su revisión se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en tiempo y forma, «de manera que se está aplicando un texto urbanístico que legalmente no se puede aplicar». Así, el abogado del colectivo, Ricardo Santandreu anunció que estudian presentar una demanda por prevaricación a todos los representantes municipales cuya responsabilidad no haya prescrito.
Para el mandatario las acusaciones son «una locura», e insiste en que «no va a tolerar que se siga jugando políticamente con un tema tan sensible para muchas familias». Junto a ello, recordó la labor que la concejalía de Urbanismo realiza con la Junta en aras de encontrar una solución «que ya está cerca», anunció.
Además, el colegiado aseguró que el colectivo va a pedir la anulación «de todos los procedimientos que no cuenten con sentencia firme y la devolución de las multas, sin descartar que incluso se establezcan reclamaciones por daños y perjuicios». Por ello, recomiendan a los afectados que tengan alguna operación urbanística en trámite - excepto quienes tengan sentencias firmes, porque la situación no les afecta- a que busquen «un diagnóstico específico».
Por parte de la administración municipal se quiere recordar que la creación del catálogo de construcciones irregulares en el término municipal lo han realizado por encima del 90% y la cifra de casos afectados ronda los 3.000 expedientes «y en ningún caso la cifra que el colectivo anuncia».
Por otro lado, el PP anunció que la Junta Electoral de Zona ordena al PSOE la retirada de las vallas publicitarias y prohibiéndolas «incluso para anunciar mítines». También pide a la policía que verifique la retirada de la revista del partido.


* Sur - 9.04.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur

1 comentarios :

Pos ná dijo...

La complicada situación se lo arreglo yo rápidamente: derribar y los gastos a cargo de cada uno. El porque de dicha conclusión no merece explicación pero si además añadimos el extracto: «de todos los procedimientos que no cuenten con sentencia firme y la devolución de las multas, sin descartar que incluso se establezcan reclamaciones por daños y perjuicios» me confirma claramente que este tipo de vecinos se lo tendrían bien merecido.


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