En la disposición judicial se acuerda declarar la competencia de dicho juzgado para la instrucción de la causa, a los efectos de investigar la posible existencia de responsabilidad penal por parte Sánchez-Seco, que ostenta la condición de aforado, y de los demás denunciados. En el auto, que se fechó el 25 de noviembre, el juez también ha citado en calidad de imputados a los concejales del Ayuntamiento de Pastrana que votaron a favor de la concesión de dichas licencias y a tres técnicos municipales.
A este respecto, el juez reclama de oficio al Ayuntamiento pastranero una serie de pruebas documentales, como las actas de los Plenos o Juntas Locales de Gobierno en las que se acordó la concesión de las mencionadas licencias de construcción, con mención expresa de los integrantes de ambos órganos que dieron el visto bueno a las mismas. Además, solicita las referencias a la calificación urbanística de los terrenos afectados por estas licencias, que figuran en el Plan de Ordenación Municipal (POM) de esta localidad aprobado en 2003. El magistrado también pide a la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio un dictamen que determine si las licencias concedidas se ajustan a las normas urbanísticas vigentes en este municipio.
En los razonamientos jurídicos, el juez admite que la competencia para dilucidar causas que impliquen a personas aforadas, como es el caso del senador Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, es la Sala II del Tribunal Supremo. En este sentido, argumenta que la cuestión que debe resolverse es ‘(...) si existe base suficiente para poder estimar indiciariamente al menos, al aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de Senador, como presunto autor del delito del artículo 320.2 del Código Penal, o de cualesquiera otro que se pudiere estimar de aplicación’.
El artículo 320.2 de dicha norma dice que ‘con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia’. Este supuesto se vincula al epígrafe 1, que establece que ‘la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses’. Dicho artículo castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años a la autoridad o funcionario público que hubiera dictado una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
“Desde el PSOE no vamos a hacer ninguna valoración política sobre la citación judicial que atribuye a Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco la condición de imputado. Porque queremos ser respetuosos con el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción, aunque existen antecedentes que, cuando menos, suscitan dudas sobre los modos y maneras que se siguen en el Ayuntamiento de Pastrana en materia urbanística. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo la Fiscalía de Guadalajara solicitó a la Audiencia Provincial que remitiese al Tribunal Supremo la investigación que había abierto por este mismo caso, sobre el que ahora se ha pronunciado el juzgado que instruye las diligencias previas y ante el que el alcalde y senador del Reino tendrá que comparecer en calidad de imputado”, precisa Luis S. Tierraseca, secretario de Organización del PSOE de Guadalajara.
En cuanto al archivo de la querella presentada por Digital Plus contra el Ayuntamiento de Pastrana por el pirateo de tres señales en este municipio, Tierraseca recuerda que el PSOE ni fue el demandante ni alentó ni difundió aquella denuncia, como argumenta Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco para arremeter contra Jesús Alique y Javier Irízar. Los parlamentarios nacionales socialistas ofrecieron una rueda de prensa el 9 de mayo de 2008. Dos semanas antes, diversos medios de comunicación vinculados al Grupo Prisa se hacían eco de esta noticia con profusión. El 26 de abril, un periódico de tirada nacional titulaba ‘El alcalde de Pastrana ‘invitaba’ a Digital +’. El secretario de Organización explicita que Alique e Irízar solicitaron entonces la dimisión del alcalde pastranero si prosperaba la demanda.
* Guada Qué - 22.12.10
Foto: Pastrana - artecastellano
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