La primera circunstancia llamativa, en opinión del fiscal anticorrupción, es que el Ayuntamiento expropió 520 metros de la parcela sobre la que se está levantando el hotel y, sin embargo, no inscribió ese terreno como propio -segregación registral-, por lo que continúa figurando como propiedad de los promotores del complejo.
Más aún, Urbanismo aceptó como bueno que la superficie de los terrenos era de 3.200 metros cuadrados, como aseguraron los impulsores del hotel en su proyecto técnico. Los redactores de ese documento advertían, «de forma sorprendente», según el fiscal, que «las dimensiones de la parcela no son definitivas al estar trabajando sobre un plano levantado con escasa precisión».
Una manifestación que lleva al representante del Ministerio Fiscal a preguntarse entre exclamaciones (¡¡¡¡) «¿para qué se supone que sirve un plano topográfico?», y también cómo es posible que, con los medios técnicos actuales, unos profesionales afirmen haber medido la parcela casi a ojo de buen cubero.
En realidad, la parcela tendría poco más de 3.000 m2, y ese incremento 'ficticio' de superficie aceptado por el Consistorio habría tenido una repercusión importante sobre el proyecto: teniendo en cuenta que la edificabilidad otorgada era de 2m2/m2, los 180 m2 de diferencia habrían permitido edificar otros 360 m2 , lo que en la práctica es casi una planta más entera.
El fiscal sostiene además que las supuestas irregularidades se extienden a la concesión de la licencia de obras, otorgada en 2005, ya que el proyecto presentado «incumple la normativa del Plan General de Ordenación (PGO)». En concreto, señala Lozano, basándose en las declaraciones de los propios técnicos, el hotel se tendría que haber retranqueado obligatoriamente en una distancia equivalente a la mitad de su altura, lo que habría sido obviado por el Consistorio.
Para eludir esa obligación, «el Ayuntamiento procedió a 'trampear' su propia normativa», según reseña el fiscal, de tal forma que antes de otorgar la licencia del hotel, la concedió para hacer sus tres sótanos, como si fueran un proyecto distinto. Algo que la propia Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma ya consideró ilegal en su día.
Por último, relata el Ministerio Fiscal que cuando el Ayuntamiento comprobó que la parcela tenía menos metros que los afirmados por los promotores del hotel, en vez de sancionarlos «por su mala fe» y reducir la edificabilidad total, le aplicó retroactivamente una normativa que les favorecía y no le computó la edificabilidad de la planta destinada a los equipos técnicos del hotel. Con lo cual todo se quedó como estaba en origen.
Este hotel, que en un principio iba a tener quince plantas, finalmente se construyó con veinte, ya que los promotores se beneficiaron de una norma específica promulgada por el Ayuntamiento que prima la construcción de estos complejos. En la actualidad, las obras llevan varios años paradas a causa de la crisis.
La investigación que dirije el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, es consecuencia de la denuncia presentada contra el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el ex jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, por parte de los dueños de un solar colindante, que se consideran perjudicados por estas decisiones administrativas.
* La Verdad - 23.12.10
Foto: Murcia, ayuntamiento - regmurcia
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