"Es claro que el entonces alcalde tenía conocimiento de las ilegalidades e infracciones contra el planeamiento vigente, y no procedió a la incoación de un expediente para restablecer el orden jurídico perturbado", sostiene la Fiscalía en su denuncia. Luego añade que el responsable de Disciplina Urbanística "no ha sancionado ni clausurado" la actividad del hotel, a pesar del acuerdo plenario tomado en ese sentido a finales de 2009.
El fiscal reprocha al ex regidor que concertara un convenio "con la espuria finalidad de legalizar una edificación que contraviene las ordenanzas a las que debería haberse ajustado". El acuerdo urbanístico se firmó en 2000. La empresa se comprometió a pagar 1.076.388 euros por la planta y los 1.735 metros cuadrados construidos de más, al tiempo que el Consistorio accedió a modificar la ordenanza para legalizar la obra y dar a la parcela uso "turístico de hotel especializado en temas de salud".
Convenio
Antes de formalizarse el convenio, en los años 1999 y 2000, los técnicos certificaron que la actuación realizada era "ilegalizable" y "muy grave", tanto por el incremento de edificación como por la finalidad de los trabajos, que fueron autorizados para ejecutar un centro médico.
La situación también fue denunciada por un vecino, que finalmente acudió a la vía Contencioso Administrativa porque el Ayuntamiento no le hacía caso. Es ahí donde entra en juego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anula en 2003 el convenio suscrito por Santana para legalizar las polémicas obras. Esa sentencia es confirmada en 2008 por el Tribunal Supremo, pero el Ayuntamiento no sólo incumple sus propios acuerdos para acatarla, sino que en 2010, "pasmosamente" según el fiscal, devuelve a la empresa el dinero pagado por el exceso de metros construidos sin imponerle ninguna sanción.
* La Provincia - 2.11.10
Foto: San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), plaza de Maspalomas en Playa del Inglés - EFE
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