Zerrichera

HERMINIO PICAZO* : "Los paisajes protegidos, las ZEPA, los LIC o la conservación de los montes han entrado de rondón en nuestras vidas para alegría de muchos
y preocupación de unos pocos". Al principio de esta semana el Gobierno regional aprobaba el plan de gestión del área protegida de la Sierra de la Almenara y en paralelo derogaba su propia norma del año 2006 que permitía la urbanización del paraje de la Zerrichera en el interior de esta área. Punto y final, agraciado y positivo punto y final a una desquiciada temática que nunca debió de sustanciarse y que concitó unas enormes dudas legales y la lógica presión ambientalista y ciudadana que a la postre, como ahora se ha visto, resultó la única posición sensata. El episodio de La Zerrichera, destinado a partir de ahora a formar parte de la carpeta de las cosas a arrojar a un olvido que no obstante genera enseñanzas, ha sido enorme y gratuitamente lesivo para los intereses de esta región y de su imagen y supuso uno de los peores exponentes de esa época reciente en la que algunos pensaron que en materia de urbanismo —nunca mejor dicho— todo el monte era orégano. El coste de la Zerrichera ha sido alto. Los expedientes, tanto de protección como de desarrollo, entraron como por ósmosis en terrenos de incertidumbre, paralización y surrealismo. La seguridad jurídica se demostró como una entelequia. La comunicación externa de esta bendita región se hizo complicada. La duda sobre la limpieza de las cosas se extendió imparablemente. La conservación de las áreas protegidas —una batalla que parecía estar semiganada— volvió a entrar en el desafortunado terreno de los asuntos inciertos.

Quizás el coste, a partir de ahora, se amplifique más o menos anecdóticamente si hubiera requisito legal para compensar en alguna forma los gastos incurridos por los propietarios a los que se les aprobó la iniciativa. Si fuera así, y con independencia del montante, tampoco convendrá olvidar que ese coste lo pagaremos todos.

Ahora, el plan de gestión de la ZEPA de la Almenara, Moreras y Cabo Cope ha sido aprobado. Bienvenido sea, y más si en alguna forma —psicológica, política o técnicamente— supone algún tipo de espoleta para la aprobación de los muchos otros planes de gestión de áreas protegidas y planes de ordenación de los espacios naturales que esta región lleva años esperando.

Y es que hay que entender que proteger los espacios naturales es un reto que conforma un nuevo valor prioritario para las sociedades avanzadas y democráticas. Así de sencillo: guste más o guste menos. Son ya muchos los datos, las investigaciones, los documentos, las legislaciones, las directivas comunitarias o los pronunciamientos internacionales que demuestran que la conservación de la naturaleza no es un caprichoso lujo hippie producto del radicalismo de unos cuantos, sino una obligación estratégica sin el que las sociedades serán a medio plazo más pobres y contarán con menos recursos y perspectivas. Partiendo de esos conceptos, los parques, los paisajes protegidos, las ZEPA, los LIC o la conservación de los montes han entrado de rondón en nuestras vidas para alegría de muchos y preocupación de unos pocos. Y su planificación y gestión es una obligación ineludible, allegando suficientes recursos, aun en estos tiempos de crisis, y realizando políticas activas que consigan la siempre teorizada y pocas veces concretada resolución de las múltiples tensiones que convergen sobre el territorio.

Las áreas protegidas son uno de los principales activos de nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra propia identidad regional. Y esos son conceptos muy gruesos que merecen, creo, toda nuestra atención.


* LaOpinión Murcia - Opinión - 24.12.10