Esta petición no encontró eco en el seno del gobierno municipal, quien considera que pese a los cambios en el documento urbanístico es imposible la concesión de la licencia. Por esta razón, tras meses de parón se optó por la suspensión de licencias a fin de modificar el planeamiento urbanístico.
La paralización de las licencias fue una medida que pilló por sorpresa a todos los implicados en el asunto. Desde el Concello se explicó que en las actuales circunstancias (las de febrero pasado) era imposible conceder una segunda licencia con posibilidades de éxito ante el Tribunal Superior de Xustiza.
En aquel momento desde Urbanismo se sugirió que el siguiente paso sería adjudicar a un equipo externo la redacción del nuevo planeamiento urbanístico en la zona. Sin embargo, nueve meses después todo sigue igual y no se tiene noticia de que el encargo realmente se haya producido.
Polémica en sordina
Si bien en el plano jurídico-administrativo todo sigue igual, esto es, no se ha producido avance alguno, en la esfera política la suspensión de licencias ha operado como un bálsamo. Después de muchos meses de polémicas públicas entre socialistas y populares la cosa ha cambiado.
A lo largo del pasado invierno los responsables municipales del PSOE criticaron con dureza a los del PP por la concesión de licencias a Finca do Conde en la etapa en la que los populares gobernaron el Concello vigués. Desde febrero pasado, sin embargo, los enfrentamientos por este asunto se han reducido al mínimo.
Pese a ello, la situación no puede alargarse mucho ya que en febrero culminará el plazo de suspensión de licencias. A partir de ese momento el gobierno vigués no tendrá otro remedio que tramitar la licencia solicitada por la promotora hace más de dos años. Otra cosa es que antes de que venza el plazo la Gerencia de Urbanismo disponga de una propuesta de modificación del Plan Xeral, aunque su tramitación es compleja y tardará en entrar en vigor.
Indemnización
Salvo sorpresa, lo que parece evidente es que Finca do Conde seguirá en la misma situación legal (sin licencia y con orden de derribo) cuando lleguen las elecciones municipales de mayo del 2011. El asunto no es baladí ya que si las dos torres y el centro comercial tuvieran que ser derribados el Concello debería hacer frente a una indemnización superior a los 300 millones de euros.
En este caso las dos torres, con 230 viviendas en total, y el complejo terciario, con unas 150 tiendas más un hipermercado, fueron construidos con licencia municipal que posteriormente anuló el Tribunal Superior, una medida que después ratificó el Supremo. Por tanto, la responsabilidad de Urbanismo resulta evidente, lo que ha llevado a todos los grupos municipales a buscar la forma de lograr la normalización jurídica del proyecto.
Ello no implica que los socialistas hayan optado por abandonar la política de desgaste del PP por su responsabilidad en este asunto. Por su parte, el PP se ha escudado en todo momento en que cumplió las decisiones emanadas de los tribunales..
* La Voz de Galicia - 5.12.10
Foto: Los hornos de la Panificadora llevan tres décadas esperando un nuevo destino - lavozdegalicia
0 comentarios :
Publicar un comentario