El abogado de 30 afectados, Antonio Salceda, cree que la prueba clave contra Construcuatro fue que, al saltar las denuncias, presentase una declaración complementaria para regularizar sus cuentas con Hacienda en la que incluía las cantidades cobradas en exceso. De los 88 vecinos, la Xunta ve probados los 62 casos reconocidos por la promotora ante el fisco. Los afectados pagaron entre 12.000 y 35.000 euros en metálico, sin quedar registrado en la contabilidad. Pero los extractos bancarios documentan las entradas y salidas del dinero. Salceda cree que el caso debía haber seguido la vía penal por engaño.
Fuentes de la Xunta indicaron que Construcuatro es una empresa que está sometida a un proceso sancionador y sigue un procedimiento exactamente igual que todas las demás firmas. La Administración abre ahora un período de audiencia de 15 días en los que las partes podrán formular alegaciones o presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes. Después, la consellería mandará la propuesta de resolución y los documentos y alegaciones presentados al órgano competente para resolver el expediente sancionador. Si hay recurso, el asunto podría llegar al juez de lo contencioso-administrativo. Los vecinos podría tardar tres años en cobrar.
Guillermo Vivero, un afectado, dijo ayer: «Estamos con alegría contenida», porque ignoran si la sociedad sancionada recurrirá. Este denunciante logró autorización judicial para grabar con un micrófono oculto la entrega de 22.000 euros en negro que le pidió la promotora. «La sanción confirma que no mentimos ni nos inventamos nada, aunque la jueza entendió que la vía administrativa era más correcta que la penal», señala.
El afectado le dio dinero a Sobra y otros a Torres en una oficina en Pontevedra. «Nos dijeron que llevásemos billetes grandes para que no ocuparan espacio. Nos decían que era el precio que había que pagar por conseguir una vivienda y si no, que tenían una lista de espera para llenar dos edificios. Nos cobraron un dinero que no debían y nos mintieron al prometer mejoras ficticias en los pisos. A Telmo nunca lo he visto», añade.
La mayor sanción impuesta en Galicia por sobreprecios en pisos protegidos fue a Vigolar con 3,26 millones. Y, además, debió devolver 1,6 millones a 49 clientes. La de Construcuatro es la segunda en cuantía.
* La Voz de Galicia - 13.1.10
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
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