´Son muchos los imputados que ganan elecciones´

LAPROVINCIA* : El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Javier Ródenas, califica de "extraordinariamente positivo" que la reforma del Código Penal endurezca las penas relacionadas con la corrupción urbanística y amplíe la responsabilidad de los funcionarios en los procesos de concesión de licencias. "Son muchos los alcaldes imputados que obtienen mayorías absolutas porque la sociedad no tiene conciencia de la gravedad de estos delitos", aseguró el representante del ministerio público en una de las ponencias que ayer cerraron las jornadas sobre la reforma penal celebradas en la capital grancanaria. Ródenas tachó de "dantesco" el panorama de "invasión" del dominio público que se ha apoderado de la costa, y situó el germen del problema en la falta de conciencia social. "Hemos fallado todos, incluida la Administración de Justicia, porque el pequeño propietario de un terreno sigue creyendo que puede construir lo que quiera como si fuera un conquistador del lejano Oeste", subrayó el fiscal.

También señaló con el dedo acusador a las administraciones, especialmente los ayuntamientos, por la "ineficacia de la disciplina urbanística" para vigilar y controlar la legalidad de las edificaciones. Los reproches alcanzaron a los propios jueces y fiscales. "No hay que confundir el principio de intervención mínimo que rige en el Derecho Penal con el de vagancia máxima", espetó Ródenas en clara alusión a las investigaciones que se quedan sobre la mesa por la complejidad de la materia.

Más investigaciones
En esa línea cuestionó las absoluciones que vienen dictando los juzgados penales en los delitos contra la ordenación del territorio, incluso reclamó a los jueces de lo Contencioso Administrativo que dedujeran más testimonios a la vía penal para investigar las polémicas actuaciones de las corporaciones en temas urbanísticos.

Y es que el Código Penal anterior sólo permitía perseguir bajo el paraguas de la prevaricación urbanística los actos concretos de concesión de licencias. Sin embargo, ahora, con la reforma legislativa que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre, se amplía el catálogo delictivo a la calificación y recalificación de terrenos, proyectos de urbanización y cualquier otra actuación relacionada con los instrumentos de planeamiento municipales. De ahí que el legislador extiende la responsabilidad penal de los funcionarios y de las autoridades públicas en esos procesos administrativos.

Después de la ponencia de Javier Ródenas, en horario de tarde, intervinieron el magistrado César Romero Pamparacuatro, que habló de los delitos de cohecho y la asociación ilícita, así como el fiscal del Tribunal Supremo Antonio del Moral, cuya conferencia versó sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, quizá la reforma más ambiciosa e importante del Código Penal. El debate posterior fue moderado por el abogado José María Palomino.

Por la mañana le tocó el turno a la fiscal delegada de delitos Socioeconómicos y Contra la Hacienda Pública en Las Palmas, Evangelina Ríos. La fiscal también destacó la escasa conciencia social que existe en la sociedad sobre los fraudes a las arcas autonómicas y estatales.

Antes, por la mañana, el fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga, Javier García Cabañas, abordó la nueva regulación que afecta a los delitos contra la salud pública, cuyas penas se reducen de los nueve a los seis años de prisión. Asimismo intervino José Manuel Maza Martín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.



* 20.11.10