Camps ocupa el Palau sin escritura

LEVANTE/Valencia* : Técnicamente no está en la situación de un okupa, tampoco en la de un inquilino, ni es un ilustre invitado del vecino de enfrente, Alfonso Rus, ni un propietario al uso como tantos ciudadanos que han hecho realidad el sueño español de tener una casa propia, aunque sea a medias con el banco. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps -como todos los que le han antecedido en el cargo, empezando por Josep Lluís Albiñana- habita el Palau como máxima autoridad de un Consell cuya situación jurídica, respecto al edificio, es un poco la síntesis de todas las descritas. Camps vive, jurídicamente, en precario.

Porque en los 31 años que han pasado desde que la diputación cedió la propiedad del inmueble a la entonces embrionaria Generalitat, de la misma manera que se cedieron los hospitales u otras infraestructuras, la Administración Autonómica no ha podido materializar ese contrato de cesión en forma de escritura. Fue la primera cesión de inmueble perseguida por el equipo de Albiñana, quien se instaló en el Palau en el año 1979.

No ha elevado a público lo que es un acuerdo entre partes -diputación y Generalitat- por los problemas registrales que arrastra el Palau desde mucho antes de que le fuera transferido por la diputación. El origen del problema se remonta a las obras de reforma del edificio gótico del XV que se acometieron a mediados del siglo pasado -se finalizaron en 1953- consistentes en ampliar el cuerpo central del edificio y crear un acceso desde la Plaza de Manises, donde se levantó el torreón que le da simetría al edificio y en el que, por cierto, tiene Camps su despacho. Para acometer las obras, la diputación adquirió unas viviendas. Esa operación acarreó problemas registrales en las compra-ventas, que, como una especie de cargas, se traspasaron a la Generalitat en 1982. Hasta hoy.

El edificio forma parte del inventario de bienes autonómicos, pero en el registro de la propiedad figura a nombre de la institución provincial que preside Alfonso Rus. No tener el documento de cesión de propiedad elevado a escritura pública significa, en el caso de un ciudadano particular, que nunca puede hipotecarlo. Ni él ni un tercero comprador que no pudiera abonar la transacción a tocateja y necesitara recurrir a un préstamo hipotecario.

Unas circunstancias, la venta del edificio o su hipoteca, que, obviamente, son inimaginables en el caso del Palau. Y no porque la situación económica de la Generalitat no sea dramática. Pero, para tranquilidad general conviene recordar que estos bienes públicos son legalmente inembargables.




* Levante - 20.11.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com