Marbella comunica a los tribunales que no ejecutará 900 sentencias de derribo

SUR/Málaga* : El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, en vigor desde hace casi medio año, establece un sistema de compensaciones para la regularización de 16.500 viviendas levantadas de manera ilegal en la ciudad. El método dispuesto para la normalización de inmuebles refleja el espíritu del nuevo ordenamiento a la hora de proteger a los llamados compradores de buena fe frente al posible derribo de edificaciones irregulares y avala ahora el dictamen elaborado por el Ayuntamiento para no ejecutar las 900 sentencias judiciales con carácter firme que anulaban licencias urbanísticas otorgadas en la 'era GIL'.

El Gobierno municipal acordó ayer informar a los tribunales de la «imposibilidad legal» del Consistorio para cumplir estas resoluciones judiciales, que afectan a cerca de 5.000 viviendas irregulares, al tratarse de inmuebles que serán normalizados por el PGOU, según anunció ayer la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. «No es que no queramos cumplir las sentencias firmes que anulan las licencias de obras, sino que el Plan prevé otra realidad y estamos absolutamente convencidos de que el futuro de Marbella pasa por ahí», señaló la regidora.
La medida adoptada en Junta de Gobierno Local establece que la Administración local «hace suyo» el dictamen elaborado por la asesoría jurídica de la delegación de Urbanismo con objeto de plantear incidente de ejecución en cada uno de los procedimientos judiciales en los que existe una sentencia firme que anula la licencia de construcción. El acuerdo incluye dar traslado del mismo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La iniciativa no es nueva, dado que el Ayuntamiento ya hizo lo mismo en algunas causas urbanísticas antes de que se aprobara el Plan. La diferencia es que entonces se correspondía con casos aislados y el argumento del Consistorio ante los tribunales era la necesidad de esperar a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento. Ahora se trata de actuar de manera global en los 900 procedimientos judiciales y de «hacer ver», según explicó Muñoz, que el nuevo PGOU ya contempla la regularización de las viviendas, por lo que no tiene cabida la ejecución de las sentencias que declaran nulas las licencias de estos inmuebles.
«Es un paso decisivo en el camino que iniciamos hace tres años y medio para la recuperación de la credibilidad y la normalización institucional», afirmó la alcaldesa, que recordó que, a la hora de redactar el PGOU, el Consistorio y la Junta de Andalucía consensuaron establecer «un sistema que nos permitiera una alternativa que no fuera la demolición» y que, al mismo tiempo, compensara la pérdida de suelo que en materia de equipamiento y zonas verdes había sufrido el municipio durante lustros con la construcción de edificaciones ilegales.
«No tendría ningún sentido demoler 5.000 viviendas, sobre todo cuando se encuentran habitadas por familias, terceros de buena fe, que han tenido todos los parabienes de las diferentes administraciones», indicó Muñoz, que destacó que «ahora que tenemos un Plan que permite esa alternativa no podemos ejecutar esas sentencias». Por ello, según apuntó la regidora, el Ejecutivo local planteará a los tribunales que la situación urbanística en Marbella ha cambiado y que no se pueden llevar a cabo las resoluciones judiciales «porque se ha aprobado un Plan General que está vigente, que es legal y que contempla otra salida».
En cuanto a la posible réplica de la Sala, la alcaldesa no mostró ninguna duda. «Estamos absolutamente convencidos de que la respuesta por parte de los tribunales seguirá el mismo planteamiento y aplicará el sentido común», apuntó. En este sentido, Muñoz recordó que el TSJA «ha percibido durante los últimos años la voluntad del equipo de Gobierno para desbloquear la situación» y expresó su confianza de que «entenderá la postura de este Ayuntamiento a la hora de dar una alternativa a lo que ocurría antes de aprobarse el Plan General de Ordenación Urbana».
Nuevo orden jurídico
El portavoz del Gobierno municipal, Félix Romero, defendió también la actuación y explicó que «la finalidad de una sentencia es la reposición de la legalidad, la restitución del orden jurídico que se ha alterado». En el caso de Marbella, según resaltó el edil, «tenemos un nuevo orden jurídico que viene definido por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en cuyo ámbito es precisamente donde se establecen las fórmulas de reposición de la legalidad».
«Lo extraño sería la ejecución de una sentencia que ya no tiene un soporte legal, sin tener en cuenta la nueva situación legal», aseveró Romero, que señaló que la pretensión del Ayuntamiento, por tanto, es «poner en conocimiento de los tribunales que existe un nuevo marco legal que establece de forma general y pública las fórmulas para reponer la legalidad a la situación previa de manera que nadie pueda sentirse agraviado o, incluso, perjudicado».



* Sur - 17.11.10
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es