Derribos televisados en Vigo

M.LÓPEZ PRADO* : La suerte está echada si no cambian las cosas. En el próximo mes de febrero el Concello de Vigo, a través de su Gerencia de Urbanismo y por orden del alcalde, procederá a la voladura y derribo de unos bloques de viviendas, 180 apartamentos nada menos, en el corazón de la emblemática playa de Samil. Un proceso legal que duró una quincena de años toca a su fin. El TSXG dio la orden de derribo, una más sobre otras ilegalidades en Vigo, y el concello no tiene triquiñuelas para salvarlo, bien incluyéndolo, como otros, en el nuevo plan, o reformando in extremis con derribos parciales. Pero el caso Samil parece no tener esas singulares salidas. Con licencia para apartahotel, cinco edificios con esas 180 viviendas se vendieron como tales, como residenciales, y no como servicios hoteleros en primera línea de playa. Si llega el momento, el acto es digno de ser televisado en directo para toda Galicia y no por la posible espectacularidad de este – voladura controlada, etc.– sino por lo que supone de ejemplo para todos los concellos gallegos en permanente ilegalidad urbanística de siempre.

Si se lleva a cabo, repito, habrá un antes y un después en los comportamientos políticos, en sus concesiones ilegales, en una irresponsabilidad que nunca les cuesta nada. Estamos hablando de una ciudad como Vigo en la que hay casos escandalosos con órdenes de derribos de grandes construcciones, pero que podemos extender a otras ciudades y a concellos pequeños donde la postura de alcaldes y concelleiros de aplicar la política de “ti vai facendo que eu non miro para aí” ha hecho posible auténticas aberraciones e ilegalidades urbanísticas por todo el territorio galaico.

Las sentencias del TSXG son incumplidas desde hace tiempo. La actuación del alto tribunal también tiene sus sombras que deben de pesar sobre sus conciencias jurídicas.

Por un lado, los largos procesos judiciales permiten consolidar con el tiempo la finalización y ocupación de casas y viviendas, sin que haya vigilancia y se incumpla, por parte de los concellos, las órdenes de paralización de obras. Luego que una vez es sentenciado el caso, el TSXG, o incluso el Supremo, se encuentran casos de viviendas ocupadas por familias que en su día compraron sus pisos con todas la de la ley y luego se encontraron que quien la había infringido fue el equipo de gobierno que en su día dio la licencia. ¿Se ponen en la calle con sus enseres a esas familias?

Luego la discriminación e impotencia en los casos de derribo. En Vigo, por ejemplo, son cientos la órdenes de derribo que existen que no se ejecutan, pero sí se llevan a cabo son las primeras, las viviendas del rural unifamiliares las que pueden sentir el dolor de la piqueta. Nunca los grandes edificios o urbanizaciones.

El caso Samil, con la orden de derribo para febrero ya conocida no ha hecho más que empezar. Los vecinos y propietarios se defienden como gato panza arriba y pedirán indemnizaciones. Pero si un día asistimos al espectáculo televisado del gran derribo en la playa de Samil, que nos lleve a todos a reflexionar que la política urbanística hay que cambiarla de plano y que las infracciones e ilegalidades no tengan cobijo con cambios de leyes y planes circunstanciales para saltársela. Justicia para todos.


* Xornal - Opinión - 15.11.10