´Canarias es la región con más conflictos urbanísticos´

LAPROVINCIA/Entrevista* : El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde ha hecho un alto en sus vacaciones en Lanzarote para hablar de la situación del urbanismo en el archipiélago canario, del papel de los ayuntamientos en ese ámbito y de la 'operación Unión'.
- ¿El grado de conflictividad urbanística en Canarias es superior al de otras comunidades autónomas?
- Después de los casos de urbanismo valenciano, que han sido como consecuencia de que ha existido una legislación específica y muy agresiva en un momento determinado, el mayor índice de conflictividad urbanística por metro cuadrado en todo el país es el de Canarias y, dentro del archipiélago, la provincia de Las Palmas tiene la mayor incidencia. El problema es que en Canarias, donde se han intentado varias veces distintos planeamientos urbanísticos que van en cascada -el PIOT, las normas subsidiarias, el plan general y el plan parcial- nunca se ha conseguido llegar al final del tema y que por fin hubiera un planeamiento acorde.

Toda esa situación de transición que ha habido entre un ordenamiento y otro y, por otro lado, las anulaciones que ha hecho la justicia de determinados planes, como la moratoria, hacen que al final surja el conflicto.

- ¿Existe alguna vía para la regularización de la veintena de hoteles ilegales de Lanzarote que cuentan con sentencias firmes anuladas por los tribunales de justicia?

- Evidentemente, las sentencias están para cumplirlas. Y una nulidad de una licencia o un planeamiento es como un pintor que se queda colgado de la brocha. Lo que ha perdido su esencia en la perspectiva jurídica no puede seguir existiendo en la material. Ahora bien, habrá que ver en cada caso concreto cuáles son las causas de nulidad. En Lanzarote ha habido nulidades como consecuencia de la ausencia de un informe del Cabildo que venía determinado por el Plan Insular (PIOT), y si ese plan ha sido anulado por los tribunales, como así ha ocurrido, a lo mejor resulta que ese requisito deja de ser exigible.

- ¿Los derribos de establecimientos hoteleros en Lanzarote son ejecutables?

- La propia legislación contempla la existencia de unas causas de transformación de lo que sería la ejecución de las sentencias que en muchos casos llevaría consigo la demolición de un edificio. En esto el culpable es también el propio sistema jurisdiccional, que cuando va a resolver algún tipo de conflicto a lo mejor ha transcurrido un número de años impresionante. Y si en consecuencia aplicamos un principio de moderación, seguridad jurídica y respeto a los terceros que han podido intervenir de buena fe, es muy duro en ese escenario proceder a ejecutar una sentencia conforme a una ilegalidad de 15 ó 20 años antes. Ése es el gran conflicto diario que se plantea el Tribunal Supremo.

- ¿Y cómo se puede resolver ese asunto para que los infractores no se vayan de rositas?

- La línea está en que si no se pueden llevar a cabo esas ejecuciones materiales por lo menos obligar a algún tipo de compensación urbanística. El que ha sido infractor no se puede ir de rositas, bien cumpliendo su sanción o contribuyendo al planeamiento general de una u otra forma. El Tribunal Supremo ha tardado demasiado en resolver los asuntos urbanísticos, del orden de siete u ocho años, y los juzgados de Primera Instancia tampoco han sabido adoptar en mucho casos medidas cautelares en un momento determinado de suspensión de las obras. En el ámbito administrativo, las comunidades autónomas no han vigilado suficientemente a las instituciones locales y estas administraciones han roto sus propios mecanismos internos de control.

- ¿Es partidario de restar competencias a los ayuntamientos en materia urbanística?

- El urbanismo se decide a nivel de técnicos y arquitectos y no existe esa capacidad de intervención política en el mismo. No creo que sea problema de quitar competencias a los ayuntamientos, sino dejarlas estrictamente en cuestiones técnicas. Los ayuntamientos han perdido la objetividad en sus propios controles internos al contratar a gusto de cada institución a los cuerpos nacionales que han existido como Intervención, Tesorería o Secretario General.

- ¿Lo ha sorprendido la operación Unión en Lanzarote?

- El nivel de conflictividad en Lanzarote a nivel municipal, al margen del tema urbanístico, es una constante histórica. En mi ordenador tengo conflictos de Lanzarote desde hace 20 ó 25 años y las clásicas mociones de censura. Lanzarote era un marca muy fuerte a nivel turístico y, sin duda alguna, esa marca, que llamaba mucho la atención a esa gente que venía a la isla, se está deteriorando por los conflictos. Me da la sensación, como decía un amigo, de que César Manrique se está diluyendo en la lejanía cercana. Es lo que está pasando también en Mallorca, que tenía su sello, reforzado por la Casa Real, y da la sensación de que el nivel de corrupción es mucho mayor. La solución que se ha adoptado en Marbella, al proponer la intervención del Estado cuando se disolvió el Ayuntamiento, creo que es una posibilidad que tiene que estudiarse por si algún día hubiera que aplicarla en Canarias.

- Con anterioridad hizo referencia a la conflictividad histórica que en temas judiciales ha tenido Lanzarote. ¿Debió llevarse a cabo antes una investigación como el caso Unión?

- Los delitos hay que perseguirlos en su justa correspondencia. A raíz de Unión y de lo que ha ocurrido en Marbella y Gürtel ha llegado el momento de plantearse por parte del poder legislativo la instrucción de las grandes causas. Esto de hacer unas escuchas telefónicas enormes y una instrucción genérica sine díe, que como un pulpo se van ramificando en la sociedad, hace un daño enorme a una serie de valores personales y familiares de las personas. Lo que debe llegar al juzgado es una actuación estrictamente delictiva. A veces me planteo algo que no tengo claro, que la instrucción penal de esos casos pase a manos del Ministerio Fiscal, que es lo que parece que el Ministerio de Justicia tiene entre manos. Por otro lado, habría que establecer con claridad un protocolo en la detención de las personas. Ha sido exagerada la forma de llevar a cabo estos grandes casos. La exhibición del detenido es algo que repele a los más estrictos derechos fundamentales.





* La Provincia - ARÁNZAZU FERNÁNDEZ - 14.08.10