Marbella: La mano derecha de Roca en Urbanismo firmó informes hasta el pasado marzo

SUR/Málaga* : Durante buena parte de la denominada 'era GIL' fue la encargada de advertir a los concejales sobre las licencias urbanísticas que debían ser aprobadas, según han relatado los concejales protagonistas de aquellas comisiones de gobierno. Su poder, según los ex ediles, emanaba del principal procesado del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, de quien era su mano derecha en Urbanismo. Su mensajera en dichas comisiones de gobierno. La abogada Raquel Escobar también era la responsable de los informes jurídicos que otorgaban la bendición de las licencias.

Unos informes jurídicos que la letrada ha seguido firmando hasta pocos días antes de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avalara su despido el pasado abril. Eso sí, lejos de Urbanismo. En Bienestar Social y en Comercio y Vía Pública. «Su trabajo como técnico era hacer informes», sostiene el coordinador de Personal, Carlos Rubio, que defiende la decisión del equipo de Gobierno del PP que Escobar siguiera emitiendo dictámenes jurídicos hasta que se resolviera su situación laboral y «siempre que no fuera en Urbanismo».
Un último dictamen
En su puesto como técnico de la delegación municipal de Comercio y Vía Pública la abogada emitía el pasado 30 de marzo el informe jurídico a las alegaciones formuladas por IU a la nueva ordenanza sobre protección de espacios públicos. En el dictamen, al que ha tenido acceso SUR, Escobar desestimaba todas ellas, decisión respaldada por la asesoría jurídica del Ayuntamiento.
La letrada fue despedida por primera vez por el Ejecutivo local en noviembre de 2007, junto a otra serie de trabajadores vinculados al GIL cuyas nóminas suponían un coste anual para el Ayuntamiento de casi 611.000 euros. Un ahorro que el Gobierno municipal cifra en cerca de 4 millones de euros al sumar los 72 despidos acometidos en los tres últimos años.
La resolución sobre Escobar no prosperó en los tribunales, que dieron la razón a la ex colaboradora de Roca en las dos ocasiones en las que el Ayuntamiento la despidió. Las sentencias obligaron a readmitirla. El TSJA, sin embargo, sí declaró justificado el despido con motivo de la amortización de su plaza por razones económicas el pasado abril.
El sueldo de la abogada alcanzaba los 4.998,06 euros al mes, por lo que la extinción de la relación contractual supone un ahorro de casi 60.000 euros anuales a las arcas municipales. Eso sí, la ex asesora jurídica no se marcha con las manos vacías. Percibirá, según la resolución judicial, más de 32.000 euros en concepto de indemnización y salarios por falta de preaviso en el cese.





* SUR - 4.05.10
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es