Castro: Pisos con vistas ¿a la piqueta?

ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : «Parte de las viviendas construidas por las promotoras Urdicam y Promociones Cotolino han sido vendidas sin advertir de las ilegalidades a los compradores que han adquirido viviendas ilegales e ilegalizables con el perjuicio que ello supone». Ilegales e ilegalizables. El juez Acayro tiene claro cual es el futuro de las 53 viviendas construidas por Urdicam y las 81 de Promociones Cotolino que se levantan en el entorno de Santa Catalina junto al colegio Arturo.

Lo tiene tan claro que en el auto en el que imputa a 32 personas por «desastre urbanístico» ya estima las posibles indemnizaciones a los compradores (24 en el caso de Urdicam y 20 en el de Promociones Cotolino). En conjunto, los daños y perjuicios ocasionados, incluidas las posibles costas, se cifran en 6 millones de euros en el caso de Urdicam y en un millón en el de Promociones Cotolino. «De tales perjuicios son responsables los promotores al 50% con las autoridades y funcionarios que han intervenido en la tramitación y que deben responder de manera directa y solidaria».
Las otras viviendas afectadas por la investigación de Acayro son las 21 que Inmobilaria Izarra construye en la actualidad. Aunque en este caso, el promotor -al que se le imputó erróneamente en su día presunta estafa- no ha vendido ningún piso. No obstante, se le atribuye un presunto delito de ordenación contra el territorio al igual que a las otras dos constructoras. Eso sí, no tendría ninguna responsabilidad civil.
El futuro de los compradores de Urdicam y Promociones Cotolino parece estar asegurado con las decisiones del juez, pero si los pisos son «ilegales e ilegalizables», ¿cuál es su futuro? ¿La piqueta llegará a Castro? Estos son algunos de los interrogantes que han surgido a raíz de las 60 páginas del auto en el que se ponen sobre la mesa presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa, estafa, falsedad de documento público...
Parece lógico pensar que si a estos tres promotores se les imputan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, «al llevar a cabo una construcción no autorizada sobre bienes de dominio público», sus viviendas podrían estar destinadas a sucumbir ante la piqueta. Pero tendrá que ser un juez en última instancia el que lo decida y el que confirme que estos pisos afectados son «ilegales e ilegalizables». Este periódico se ha puesto en contacto con varios abogados expertos en este tipo de cuestiones y todos coinciden a la hora de señalar que si finalmente estas construcciones se consideran ilegalizables, tendrán que ser demolidas. No habría otra opción.
Lo cierto es que el juez Acayro es muy explícito en su auto a la hora de señalar que ni Promociones Cotolino ni Urdicam «han respetado el estudio de detalle al ocupar el cauce de la vaguada que debía dejarse libre de edificación y que condicionan, 'per se', la ilegalidad de los edificios». A falta de que se resuelvan los recursos de las promotoras, está todo dicho.
Sin sentencias de derribo
A pesar de esa opinión generalizada de que en Castro Urdiales se ha construido en los últimos años 'sin límites', lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna sentencia de derribo contra alguna urbanización del municipio. Esta ha sido una de las tesis del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, para defender que «tan mal no se habrán hecho los cosas cuando no se ha demolido ninguna urbanización».
El último derribo de viviendas ilegales que se conoce data del 10 de julio de 2008. La empresa Excavaciones Brazomar S.L. ejecutó a instancias del Ayuntamiento de Castro Urdiales el derribo de las viviendas número 79 y 80 de la primera fase de la promoción de chalés que estaban ejecutando Bifamiliares y Adosados Castreños SL en La Loma. Dos viviendas que no se habían vendido aún y que fueron declaradas ilegales por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander por haber sido construidas sobre suelo rústico.






* El Diario Montañés - 13.01.10
Foto: Las viviendas «ilegales e ilegalizables» que se ven afectadas por el auto del juez Acayro están próximas a la zona de Santa Catalina. :: ABEL VERANO, eldiariomonanes.es