Lanzarote: Un ´pelotazo´ de 18 millones

LAPROVINCIA* : El pastel, de haberse cocinado, hubiera alcanzado un tamaño colosal. La supuesta trama desvelada por la Operación Unión contra la corrupción en Lanzarote para 'desatascar' el desarrollo urbanístico de la parcela de Costa Roja (Playa Blanca, Yaiza) sobornando al entonces consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, el socialista Carlos Espino, tenía entre otros fines la generación de 18 millones de euros de beneficios una vez que se culminaran los planes urbanísticos previstos para esta pieza de terreno donde ahora crecen los tabobos, las aulagas y algún verol.

El proyecto para esta parcela, propiedad del promotor Luis Lleó, imputado por cohecho, está lastrado por dos procesos judiciales que supusieron su paralización cautelar por parte de los tribunales, lo cual frenó la construcción de 1.000 viviendas. Uno es de carácter contencioso-administrativo, interpuesto por el Cabildo, y otro de tipo penal a raíz de una denuncia de Espino y que supuso la imputación del ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes y del secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, entre otros.


Las conversaciones telefónicas interceptadas a Lleó ponen de manifiesto que éste había decidido quitarse de encima este "marrón" y para ello se habría pergeñado una supuesta "hoja de ruta" que contaría, siempre según el sumario, con la participación de empresarios hoteleros de Playa Blanca, con Juan Francisco Rosa a la cabeza. El plan consistiría en comprar los terrenos a Lleó para luego cederlos al Cabildo de Lanzarote para la realización de equipamientos y zonas verdes a cambio de la regularización de una veintena de hoteles y complejos de apartamentos ilegalizados en el sur de Lanzarote tras recursos de la corporación insular. La corrupta y presunta pieza final de la cadena consistiría en el soborno de Espino.


De la transcripción de la grabación de la conversación celebrada el cinco de junio de 2008 entre Espino y Fernando Becerra, vocal de la Cámara, intermediario de Lleó e imputado por cohecho, se extrae que al secretario insular del PSOE se le habrían planteado dos alternativas de actuación a cambio de una suculenta participación del 2,5 por ciento de los 18 millones de euros de beneficio previsto. Una consistiría en "dejar transcurrir un determinado plazo de tiempo para evitar un informe vinculante por silencio administrativo" y, la otra, "en la eventual retirada de la querella criminal sobre la base de un informe que diga que el procedimiento tiene escasas perspectivas de éxito", y así se vendería ante la opinión pública.







* La Provincia - 29.12.09
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