El CES critica el cambio constante de la legislación urbanística gallega

LAVOZDEGALICIA* : El Consello Económico e Social (CES), organismo consultivo de la Administración autonómica, ha aprovechado el dictamen sobre la reforma de la Lei 9/2002 -aprobada por Fraga y revisada ahora por Feijoo para favorecer la edificación en las aldeas- para alertar sobre la inseguridad jurídica que propician los constantes cambios en la legislación urbanística.

El CES recuerda que desde el año 2002 la normativa de suelo se ha sometido ya a cuatro reformas de alcance y lamenta que, «nos sete anos de vixencia da citada lei non fora posible contar cun réxime estable en materia urbanística», una crítica que también ha aireado de forma constante en los últimos años la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
El dictamen que analiza la última reforma del Gobierno gallego aplaude los principales cambios, pero lanza un mensaje al departamento que lidera Agustín Hernández. «Non pode merecer unha valoración positiva por parte deste Consello a circunstancia de que o anteproxecto persista no erro conceptual de tratar de ordenar a pluralidade e complexidade de usos e actividades no medio rural dende unha lexislación urbanística e dende unha perspectiva de clasificacións de solo e réxime de uso, como xa acontecía nas leis 9/2002 e 15/2004».
La reforma de Feijoo -una vieja demanda de los concellos- amplía a cuatro las definiciones de núcleo rural, en las que establece distintos porcentajes de densidad edificatoria para habilitar nuevas construcciones, hecho que no cuestiona el informe consultivo del CES. Pese a la inseguridad jurídica que provoca el cambio constante de la normativa, tal y como se denuncia en el dictamen, el organismo aplaude que la reforma incluya en su exposición de motivos una justificación crítica de por qué se producen las modificaciones, que marque un escenario estable y que resuelva muchos de los problemas interpretativos que originó la Ley 9/2002. El CES confía en que la nueva normativa pueda dar solución a la situación de inseguridad jurídica en que se encuentran las naves industriales y las actividades que se venían desarrollando en suelo rústico.
La restitución de las competencias municipales para regular algunas actividades económicas también cuenta con el apoyo del CES, que considera positivo otro de los cambios que impulsa el nuevo marco diseñado por el Ejecutivo de Feijoo: la reducción de los plazos de tramitación de los instrumentos de planificación urbanística.
Con la Ley 9/2002, el Gobierno de Fraga buscaba acotar la proliferación de asentamientos dispersos, una de las señales más significativas del caótico panorama urbanístico gallego, que tuvo en la dejadez y en la inhibición administrativa su gran aliado. Los alcaldes entendieron entonces que esa reforma era rigurosa e intervencionista y han coincidido ahora con Feijoo en la necesidad de un nuevo marco legal que permita ocupar con nuevas viviendas terreno libre que haya entre núcleos dispersos. Es lo que la nueva Xunta ha definido como una apuesta por compactar la dispersión de los núcleos rurales.






* La Voz de Galicia - 29.12.09
Foto: Galicia - faculty-staff.ou.edu