Gijón acumula nueve sentencias que anulan el PGOU

ELCOMERCIO* : El Ayuntamiento tiene ya en su haber diez sentencias que anulan el vigente PGOU. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado otras nueve resoluciones que declaran «contrarios a Derecho» los acuerdos plenarios que dieron validez al documento que marca las directrices del crecimiento urbanístico de la ciudad y se suman así al primer varapalo judicial emitido el 15 de julio.

En este caso los recursos estimados por el alto tribunal asturiano corresponden al Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y a ocho particulares, uno de ellos una vecina de Deva afectada por el controvertido plan parcial de Cabueñes.
La nueva remesa de fallos judiciales utiliza como base jurisprudencial la argumentación de la primera sentencia de julio «por razones de igualdad y seguridad jurídica». Así, se vuelve a poner de relieve que «se ha encubierto una genuina operación de revisión del Plan General bajo un indebido supuesto de modificación puntual». Los diferentes ponentes del TSJA señalan también que la adaptación del PGOU gijonés a la Ley del Suelo del Principado va mucho más allá y conlleva, en la práctica, «una reconfiguración del modelo territorial». denominado por la propia Administración como 'urbs in rure' (ciudad en el campo), cuyo factor más novedoso es el salto de la ronda Sur.
Al hilo de todo lo anterior, las nuevas resoluciones inciden de nuevo en lo incorrecto del procedimiento seguido para actualizar el Plan General y dar suficiente cabida a la participación ciudadana. En concreto, se habla de «deficiente periodo de información pública anterior a la aprobación inicial, la falta de documentos esenciales (entre ellos la evaluación de impacto ambiental) y el deficiente estudio económico y financiero como consecuencia de la inadecuada tramitación de la adaptación como una modificación».
El equipo de gobierno municipal acogió ayer con aparente tranquilidad estos nuevos reveses judiciales. El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, fue ayer el encargado de valorar la creciente acumulación de fallos en contra del Plan Teixidor. El edil aseguró que la doctrina jurídica del TSJA está siendo la misma en las sentencias que ha notificado al Ayuntamiento como parte demandada desde el mes de julio. «Se invalida la tramitación por un error procedimental, pero no se anula el contenido», remarcó.
Sanjurjo también puso de relieve que las estimaciones de los recursos contencioso-administrativos por parte del alto tribunal asturiano no satisfacen, en ningún caso, las pretensiones de los demandantes en términos particulares sobre la calificación del suelo que deberían tener sus fincas. En su opinión, los criterios se mantienen fallo tras fallo, ya que el tribunal considera «irrelevantes» los motivos particulares de la demanda al dirimirse un documento de interés general como es el PGOU Además, a su juicio, las resoluciones judiciales dejan claro que «la determinación de la calificación del suelo es competencia de la Administración municipal y no de los órganos judiciales».

Estrategia sin cambios
La estrategia del Ayuntamiento no variará a pesar del aluvión de sentencias en su contra. Anunció que todos los fallos que vayan llegando se recurrirán en casación ante el Supremo y, en paralelo, se iniciará «a la mayor brevedad el trámite de revisión del PGOU para darle garantía jurídica a la normativa urbanística». El concejal explicó que de las 75 demandas interpuestas contra el Plan Teixidor, a día de hoy diez recursos fueron ya estimados, 25 se desestimaron, 16 están admitidos a trámite y 21 más están pendientes de resolución. Otros cinco recursos concluyeron por desestimiento, archivo o caducidad.
El PP de Gijón, a través de su presidenta Pilar Fernández Pardo, volvió a reclamar ayer la asunción de responsabilidades políticas , ya que, a su juicio, los nuevos varapalos judiciales dejan al gobierno de Paz Fernández Felgueroso en «una situación insostenible».
«La reiteración del criterio judicial sobre la ilegalidad del PGOU supone que estamos ya ante una verdadera doctrina de los tribunales, que ratifica la actuación fuera de la ley en materia de Urbanismo por parte de quien rige el Ayuntamiento, y ello, no por razones de forma, sino por vulnera normas con rango de ley en los ámbitos urbanístico, medioambiental y de procedimiento administrativo general», concluyó Pardo.






* El Comercio Digital - M. MORO - 27.09.09
Foto: Gijón - elportaldelosbarcos.es