El TSJA aplaza el derribo de 29 pisos en Marbella pese a que el PGOU no los legaliza

SUR/Málaga* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a aplazar la ejecución de una orden de demolición de viviendas construidas al amparo de una licencia ilegal concedida durante el gilismo hasta que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) esté aprobado.

La tesis, defendida tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento -dos de las partes, junto con la promotora, implicadas en el procedimiento- vuelve a ser la misma: que muchos de los 18.000 inmuebles que se encuentran en esta situación de la ciudad podrían encontrar acomodo en el Plan General si se acogen al sistema de compensaciones.

Hasta aquí, todo normal. Atiende las peticiones tanto del Ayuntamiento, -que ya en la época de la comisión gestora solicitó la paralización de la ejecución de las sentencias firmes que implicarían derribos hasta que el documento estuviera en vigor- como de la Junta, administración denunciante que se alineó posteriormente con la postura planteada en el incidente de ejecución de la sentencia por el Consistorio marbellí. Así, el Alto Tribunal Andaluz estima el recurso presentado y cree conveniente esperar a que el nuevo planeamiento vea la luz.

Resolución

Pero este último auto, al que ha tenido acceso este periódico, tiene una significación aún mayor. La promoción inmobiliaria en cuestión -los bloques 6, 7, 8 y 9 de la urbanización Playa Golf Río Real, que suman 29 casas habitadas en su mayoría y construidas en su día en terrenos calificados parques y jardines y equipamiento deportivo y cultural privado- es una de las 14 que a priori quedarían fuera de ordenación y que no tendrían más remedio que ser demolidas. Los bloques, además, invaden un yacimiento arqueológico.

Su incompatibilidad con el nuevo modelo de ciudad que recoge el PGOU, que se encuentra aprobado provisionalmente desde el pasado 19 de julio, y que destina estos suelos a un sistema de espacios libres vinculados al litoral dejaría poco margen de maniobra tanto a la promotora, Río Real Playa S. L., como a los propietarios.

El TSJA, tras conocer esta circunstancia por boca del propio equipo redactor, según recoge el auto, pospone igualmente pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia hasta que el Plan General tenga el visto bueno definitivo.

«Como la Administración autonómica solicita expresamente que nuestro pronunciamiento definitivo se realice una vez publicado el Plan actualmente en tramitación, debemos estimar el incidente en este punto rechazando hacer, en este momento, ningún pronunciamiento sobre demolición», recoge el auto, que alude a que los titulares de la licencia defienden por su parte la inejecución total de la sentencia y, por tanto, del derribo.

Abunda el juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en este sentido: «Todas las partes personadas en este incidente nos solicitan que la respuesta jurisdiccional a la petición de ejecución se vincule a la revisión del planeamiento urbanístico. La parte actora (la Junta), porque considera que la demolición será inevitable una vez que se haya aprobado el mismo, y la corporación municipal, así como la mercantil codemandada y la parte interesada, porque vinculan el supuesto de inejecución material a esta aprobación definitiva», abunda.

Son algunos de los argumentos clarificadores, que se pueden extrapolar a otras promociones inmobiliarias en idénticas circunstancias, que pone negro sobre blanco la resolución del TSJA. Otro pasa por la arrojar luz sobre el futuro de las viviendas a las que se le anulan las licencias. El magistrado matiza que la demolición es una «consecuencia necesaria» pero que no toda anulación de un permiso conduce al derribo. Alude a una modificación de planeamiento como una de las causas que puede llevar a la imposibilidad de ejecutar la sentencia.

Paradojas

No sólo eso. Pone el acento en la paradoja que sería demoler algo que podría ser autorizado en un nuevo Plan General y en que, actualmente, ese nuevo planeamiento para Marbella no está ni aprobado ni publicado; precisamente, dice, el «escenario patológico», la falta de un referente legal, que dio lugar a la emisión de la licencia anulada y a más de un millar de permisos en la misma situación. Recuerda por último el tribunal que «no tiene por qué conocer siempre si su propia sentencia se ha cumplido totalmente».






* Sur - CRISTINA GONZÁLEZ - 18 marzo 2008
Foto: A PIE DE PLAYA. Vista de la urbanización Playa Golf Río Real, que quedarían fuera del nuevo PGOU/ J.-L. diariosur.es