Cabezas de hierro, leyes de paja

ÁNXEL VENCE* : Ahora que la vivienda ha dejado de ser un negocio para convertirse en un problema, el Gobierno gallego prepara una ley que vedará a conselleiros, alcaldes, concejales y mandamases en general el ejercicio de la profesión inmobiliaria. Tarde han piado los gobernantes. Justa y sin duda necesaria, la medida podría haber sido también eficaz si se aplicase hace una década, cuando comenzó el boom del ladrillo que ha dejado a Galicia alicatada de pisos hasta el techo.

Infelizmente, no parece que ahora vaya a ser de gran provecho, estando como estamos en pleno derrumbe del imperio inmobiliario que amenaza con sepultar bajo sus cascotes a la economía española.

No son pocos los constructores gallegos que, huyendo de la quema y de la quiebra, han liado los bártulos para instalarse en Polonia, Brasil, Cabo Verde y otros exóticos destinos donde el negocio ofrece todavía prometedoras expectativas de futuro. Difícilmente les alcanzará allí la ley de incompatibilidades que, con el retraso habitual, se dispone a aprobar el Parlamento gallego.

Tampoco parece que las nuevas disposiciones legales vayan a constituir un especial motivo de inquietud para los promotores que aquí siguen, seguramente más preocupados por la sequía de ventas que por la imposibilidad de compaginar la política con la construcción.

La experiencia sugiere que la eficacia de este tipo de leyes es más bien relativa. Tanto como para que sus rígidas limitaciones puedan vadearse mediante el recurso a la tradicional figura del testaferro.
Traducida literalmente del italiano, la expresión significa "cabeza de hierro" y alude a la persona que presta o alquila su nombre para ejercer la representación de un negocio que en realidad pertenece a otra. Testaferro es la denominación que en Italia se daba antiguamente a la celada de la armadura con la que los caballeros solían cubrirse el rostro. Ninguna imagen más apropiada para representar la idea de alguien que usa la cara de otro para ocultar la suya por razones de conveniencia.
De esto sabemos un montón aquí en Galicia, donde los contrabandistas del otrora pujante "chollo do fume" -ahora reconvertidos a la fariña y el chocolate- solían y suelen usar de toda suerte de testaferros, empresas interpuestas y abogados expertos en buscarle las vueltas a la ley. Acaso eso explique la circunstancia un tanto chocante de que la mayoría de ellos aleguen -y a menudo prueben- ser insolventes cuando se ven obligados a rendir cuentas ante algún tribunal.

Nada cuesta imaginar que las gentes simultáneamente tentadas por la política y la construcción encuentren también una solución a su problema en los testaferros de toda la vida. Aunque, en realidad, la práctica demuestre que las operaciones más o menos subrepticias en el ramo de la edificación pueden perpetrarse sin necesidad de que el alcalde o cualquier otro gobernante sea al mismo tiempo empresario del ramo.
Un modesto concejal de Urbanismo, pongamos por caso, tiene en sus manos la varita mágica que, adecuadamente usada, convierte de un solo toque -hale, hop- terrenos agrícolas sin apenas valor en parcelas edificables donde los billetes de banco crece con mucha mayor rapidez que las lechugas.

Cuentan quienes saben del asunto que esas magias no han escaseado en Galicia -y no digamos ya en Marbella- durante la década prodigiosa del ladrillo. Y, naturalmente, parece razonable pensar que los magos autores del truco obtuviesen alguna recompensa de los beneficiados sin necesidad de que en la operación mediase testaferro alguno.
Quiere decirse, en fin, que no resulta imprescindible ejercer de alcalde-constructor para edificarse un buen patrimonio personal a cuenta de la política. Con o sin el uso de testaferros -también llamados hombres de paja- el derrumbe del negocio inmobiliario reduce a mera paja una Ley de Vivienda que llega con diez años de retraso. Menuda novedad.






* Faro de Vigo - Opinión - 24 de marzo de 2008