La Guardia Civil implica a un total de 25 personas en la red mugardesa

LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : El alcalde de Mugardos, Xosé Fernández Barcia (BNG), será el primero en declarar, la semana próxima, sobre la trama urbanística descubierta por la Guardia Civil en el municipio con la operación Virgin. Con él ha sido convocada, también por la jueza instructora e igualmente en calidad de imputada, la arquitecta Elia Estraviz Prado, supuestamente integrante de la parte privada del entramado de tráfico de influencias. La Guardia Civil implica a un total de 25 personas como copartícipes, en diverso grado, si bien aún no se ha confirmado que la Fiscalía haya formalizado la imputación contra todos ellos.

En la querella criminal del fiscal especial Antonio Roma aparecen, además de los dos ya convocados por la jueza, la también arquitecta Julia Cortizas Díaz, que fue asesora municipal durante unos meses, y su hermano Pedro, con el que puso en marcha el estudio de arquitectura Xcale, de Fene, uno de los nudos de intercambio de influencias, según la investigación. En la misma querella, por último, se cita a Carmen Piñeiro, la aparejadora municipal y la persona que fue advertida, según las últimas pesquisas, por su pariente funcionaria judicial de que iba a ser investigada y de la intervención de su teléfono.

Los delitos

La unidad especializada en delitos urbanísticos de la Guardia Civil, que se estrenó con este caso de Mugardos, imputa en su informe delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Así, la arquitecta asesora, la aparejadora y los cargos públicos que acaben imputados lo serán por uno o ambos delitos, si prospera esta tesis. Mientras que los que se mueven en el ámbito privado lo serían solo del primero u otros, porque la instrucción de la causa está todavía comenzando. El guardia local Ovidio Torrente, cuya fecha de comparecencia ante la autoridad judicial no trascendió, igualmente podría ser imputado de dos delitos.

La Guardia Civil, en diferente grado, incluye en su atestado a un promotor-constructor, a otro constructor y también a los dos últimos ediles de Urbanismo, si bien se desconoce si el Ministerio Fiscal confirmará la imputación sobre ellos. Y sigue la relación de encartados que hace la Guardia Civil hasta un total de 25.

Todos formarían un ente de colaboración, intercambio de información, agilización de proyectos urbanísticos y contraprestaciones con direcciones de obra a las técnicas por los favores realizados. Parte de ellos formaban una sociedad de promoción que fue asimismo objeto de indagación durante los siete meses que duró la pesquisa semisecreta de la Guardia Civil. A juzgar por los castigos que fija el Código Penal, la peor parada podría ser la funcionaria judicial que quebrantó el secreto, y es que el tráfico de influencias tiene un tratamiento muy benévolo en el ordenamiento legal español.








* La Voz de Galicia - Francisco Varela - 13/12/2007
Foto: Mugardos (A Coruña), vista - mma.es